Sentencia Administrativo Nº 621/2008, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 6, Rec 69/2008 de 07 de Abril de 2008

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.6

MADRID

SENTENCIA: 00621/2008

Recurso de apelación 69/2008

Ponente: Sra. Teresa Delgado Velasco.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Sección Sexta.

S E N T E N C I A núm. 621

Ilmos Sres.

Presidente:

D. Jesús Cudero Blas

Magistrados:

Dª Teresa Delgado Velasco

Dª Cristina Cadenas Cortina

Dª Amparo Guilló Sánchez Galiano

Dª Eva Isabel Gallardo Martín de Blas

D. Francisco de la Peña Elías

En la villa de Madrid a 7 de abril del año 2.008.

Visto por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el

presente recurso de apelación número 69/08 interpuesto por la procuradora doña MARIA PILAR VIVED DE LA VEGA actuando

en representación de don Pedro Jesús contra el AUTO del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 6 de Madrid ,

de fecha 12 de septiembre de 2.007, dictado en el procedimiento abreviado nº 424/07.

Es ponente Doña Teresa Delgado Velasco, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO- El presente recurso de apelación fue interpuesto por la procuradora doña MARIA PILAR VIVED DE LA VEGA actuando en representación de don Pedro Jesús contra el AUTO del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 6 de Madrid , de fecha 12 de septiembre de 2.007, dictado en el procedimiento abreviado nº 424/07, que no accede a la medida cautelar de la suspensión de la inactividad de la Administración o de la resolución negativa por silencio administrativo de la Delegación del Gobierno de Madrid sobre la caducidad y archivo del expediente de expulsión.

SEGUNDO- Finalizada la tramitación, quedó el pleito pendiente para deliberación y fallo, señalándose la audiencia del día 4 de abril de 2008 , teniendo lugar así.

Es ponente Doña Teresa Delgado Velasco , quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO- El recurso de apelación se centra en impugnar el AUTO del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 6 de Madrid , de fecha 12 de septiembre de 2.007, dictado en el procedimiento abreviado nº 424/07, que en un procedimiento sobre impugnación de la inactividad de la Administración o de la desestimación presunta por la Delegación del Gobierno de Madrid de la petición de caducidad del expediente de expulsión (como dice la sentencia de instancia), acuerda no acceder a la medida cautelar de la suspensión de la resolución negativa por silencio administrativo de la Delegación del Gobierno de Madrid sobre la caducidad y archivo del expediente de expulsión.

Se centra don Pedro Jesús , como parte apelante, en los argumentos siguientes:

-en que la actuación llevada a cabo por la Administración demandada se desconoce por el actor, que la Delegación de Gobierno no ha dado cumplimiento a la obligación impuesta por el Legislador, por lo que la indefensión es manifiesta. Nos encontramos ante un procedimiento sancionador en el que no existe resolución decisoria que le ponga fin, dejando indefenso al administrado.

-que está acreditada la apariencia de buen derecho que justifica la suspensión solicitada en orden a asegurar la efectividad de la ulterior sentencia que recaiga teniendo por objeto preservar el resultado del proceso, de manera que una ejecución anticipada no frustre las consecuencias inherentes a la tutela judicial efectiva.

-que tiene solicitados los permisos de residencia y trabajo.

- y que no hay perturbación de ninguna clase del interés general que justifica la denegación de la medida cautelar.

SEGUNDO- Dispone el articulo 130.1 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que "previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legitima al recurso".

Es decir, requiere la norma una previa y circunstanciada valoración de los intereses en conflicto, limitando la posibilidad de la adopción de esta medida, frente a la regla normal de la ejecutividad del acto, a los casos en que, de llevarse a efecto la ejecución, el recurso carecería ya de objeto.

En el presente supuesto, solicita la parte recurrente y ahora apelante don Pedro Jesús la suspensión de la inactividad de la Administración sobre la no declaración de caducidad pues existe el fumus boni iuris al haber transcurrido más de seis meses desde la incoación del expediente de expulsión en 9 de diciembre de 2006 hasta el momento de la interposición del recurso en primera instancia el día 11 de junio de 2007.

TERCERO.- Las medidas cautelares se regulan en la LJC, en el Título VI, Capítulo II, disponiendo el art. 129 , que podrán solicitarse por los interesados, en cualquier estado del proceso "cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia"

En primer lugar , puesto que nos movemos en el limitado ámbito de la pieza de suspensión y consiguiente adopción o denegación de medidas cautelares , hemos de partir de los términos en que se pronuncia el artículo 130 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -invocado por el actor en su escrito de interposición - cuando establece que "previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso. La medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada".

Los términos de dicho precepto obligan a realizar una valoración adecuada respecto de aquellas cuestiones a las que ha aludido el propio Tribunal Supremo en Autos de suspensión tales como el dictado en fecha 21 de Marzo de 2001 , en el que se manifiesta : "La exégesis del precepto conduce a las siguientes conclusiones: a) la adopción de la medida, exige de modo ineludible, que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa, entre otras posibles interpretaciones, y desde luego que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia que se dicte e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad, en el caso de estimarse el recurso; b) aún concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar, siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre un juicio comparativo de todos los intereses en juego; y, c) en todo caso el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el Órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige una motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada".

Pero, en el presente supuesto, conforme indica el Abogado del Estado, la suspensión se solicita respecto de un acto no impugnado, puesto que el recurso contencioso se dirige contra la inactividad de la Administración sobre el expediente de expulsión incoado frente al recurrente, mientras que resulta evidente que la petición de suspensión y su argumentación se dirige al propio acuerdo del expediente de expulsión, y que obviamente aún no se ha producido.

Por otra parte, en el caso que nos ocupa , no se ha acreditado -pese a decirlo. ni que el actor hubiera iniciado trámites para regularizar su situación en momento anterior a la Resolución presunta, ni ha demostrado su arraigo económico o personal o familiar a efectos de adoptar una medida cautelar en esta pieza de suspensión .

En virtud de todo ello, entiende la sala que la resolución dictada en la instancia ha ponderado correctamente la cuestión suscitada, y razonado suficientemente que lo pretendido por el recurrente como medida cautelar no sería sino la mera ejecución de una eventual sentencia estimatoria de la demanda contenciosa interpuesta, de forma que la adopción de tal medida de suspensión exigiría entrar a conocer del fondo del asunto en la pieza de medidas cautelares.

Esta Sala, en apelación, no puede sino considerando que lo impugnado en el recurso no es la iniciación del expediente de expulsión, sino la inactividad de la Administración argumentada con apoyo en el transcurso del plazo legalmente previsto para que se produjese la correspondiente caducidad del referido expediente en el momento de interposición del recurso, confirmar el Auto impugnado pues, aunque conforme mantiene el recurrente la mera iniciación del expediente de expulsión pueda producir efectos perjudiciales para el recurrente, lo que no se niega, no es menos cierto que dicha resolución no es la verdaderamente impugnada y argumentada en contra mediante el recurso que nos ocupa, que se basa exclusivamente en la caducidad del expediente de expulsión por el no hacer administrativo, aunque para ello el actor no haya presentado en vía administrativa el necesario escrito para ello.

TERCERO.- En cuanto a los perjuicios invocados de carácter irreparable que se asocian a la ejecución de la Resolución , hemos de decir que éste no es argumento en sí mismo para acordar la suspensión de la Resolución porque atendiendo al criterio de la reparabilidad , en caso de estimarse el recurso se repondría al actor en la situación anterior a la emisión de la Resolución en todos sus aspectos , sobre todo cuando no se sabe qué sanción va a recaer en el expediente.

Por otra parte, la ponderación de los intereses en conflicto obliga a tener en consideración que no habiendo acreditado los extremos relativos al arraigo debe estimarse superior el objetivo de control de la permanencia regular en España conforme a la política de inmigración que el particular del actor en permanecer en territorio nacional .

Y por otra parte el acto recurrido no es mas que la inactividad de la Administración o la denegación presunta de la caducidad y la continuación del expediente de expulsión, pero no la expulsión misma, que todavía no se sabe si acaecerá, por lo que no puede existir de momento ningún perjuicio de muy difícil o imposible reparación como invoca el actor en su demanda.

CUARTO.- Por lo expuesto, en suma, la resolución impugnada no puede sino confirmarse en esta apelación, porque en ella se efectúa aplicación motivada y correcta de la legalidad en materia de suspensión.

No procede hacer declaración sobre costas, al haberse planteado cuestiones de naturaleza jurídica que ofrecen dudas, y ello en base a lo dispuesto en el art. 139.2 de la Ley de Jurisdicción Contencioso -administrativa en relación con lo dispuesto en el art. 394.1 de la LEC , supletoriamente aplicable.

Vistos los artículos citados, los alegados por las partes y demás de general y pertinente aplicación , y por cuanto antecede,

Fallo

Desestimando el presente recurso de apelación número 69/08 interpuesto por la procuradora doña MARIA PILAR VIVED DE LA VEGA actuando en representación de don Pedro Jesús contra el AUTO del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 6 de Madrid , de fecha 12 de septiembre de 2.007, dictado en el procedimiento abreviado nº 424/07, que no accede a la medida cautelar de la suspensión de la inactividad de la Administración sobre el expediente de expulsión incoado frente al recurrente (o si se quiere de la resolución presunta negativa por silencio administrativo de la Delegación del Gobierno de Madrid sobre caducidad y archivo del expediente de expulsión); debemos confirmar y confirmamos el mismo por ser adecuado a derecho.

Notifíquese esta resolución como se indica en el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , expresando que contra la misma no cabe recurso.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos principales para su devolución al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.