Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 832/2022, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 10, Rec 1054/2021 de 19 de Octubre de 2022

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección DécimaC/ Génova, 10 , Planta 2 - 28004

33010280

NIG:28.079.00.3-2020/0025752

Recurso de Apelación 1054/2021

Recurrente: D. Benigno

PROCURADOR D. FERNANDO RODRIGUEZ-JURADO SARO

Recurrido: DELEGACION DEL GOBIERNO EN MADRID

Sr. ABOGADO DEL ESTADO

SENTENCIA Nº 832/2022

Presidente:

Dña. Mª DEL CAMINO VÁZQUEZ CASTELLANOSMagistrados:

D. RAFAEL BOTELLA GARCÍA-LASTRA

Dña. GUILLERMINA YANGUAS MONTERO

En la Villa de Madrid a 19 de octubre de 2022.

VISTOpor la Sección Décima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso de apelación que con el número 1054/2021ante la misma pende de resolución y que fue interpuesto por la letrada doña Silvia Paloma Tabera García en nombre y representación de don Benigno, nacional de Venezuela, posteriormente representado por el procurador don Fernando Rodríguez-Jurado Saro, contra la sentencia de fecha 13 de septiembre de 2021, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 25 de los de esta Villa, y en el Procedimiento Abreviado seguido ante el mismo con el número 468/2020, por la que se desestimó el recurso contencioso-administrativo por aquel interpuesto contra la resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid, de 16 de noviembre de 2020, dictada en el expediente nº NUM000, por la que se acordó su expulsión del territorio nacional, con la consiguiente prohibición de entrada en España por un período de cinco años por la comisión de una infracción prevista en el artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social.

Ha sido parte apelada la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID,representada y asistida por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.-Con fecha 13 de septiembre de 2021, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 25 de los de esta Villa y en el Procedimiento Abreviado seguido ante el mismo con el número 468/2020, se dictó Sentencia cuyo Fallo, literalmente transcrito, dice así:

'F A L L O

Desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto DON Benigno contra la resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid, de fecha 16 de noviembre de 2020, dictada en el expediente NUM000, que se describe en el primer antecedente de hecho, resolución que confirma por resultar ajustada a Derecho. Sin costas.'

SEGUNDO.-Notificada que fue la anterior resolución a las partes, se interpuso por don Benigno, representado por el procurador don Fernando Rodríguez-Jurado Saro y asistido por la letrada doña Silvia Paloma Tabera García, recurso de apelación que, tras ser admitido a trámite se sustanció por sus prescripciones legales ante el Juzgado de que se viene haciendo mención y elevándose las actuaciones a esta Sala.

Se ha opuesto a la apelación la Delegación del Gobierno en Madrid, representada y asistida por el Abogado del Estado.

TERCERO.-Recibidas que fueron las actuaciones en esta Sección Décima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se acordó formar el presente rollo de apelación y dar a los autos el trámite previsto en los artículos 81 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; y se señaló para la votación y fallo del presente recurso de apelación la audiencia del día 4 de mayo de 2022, habiendo sido suspendido dicho señalamiento debido a baja por enfermedad de la Magistrada ponente y siendo señalado nuevamente para el día 13 de octubre de 2022, fecha en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. Mª. del Camino Vázquez Castellanos, quien expresa el parecer de la Sección.

Fundamentos

PRIMERO.-El recurso de apelación interpuesto por don Benigno, nacional de Venezuela, se dirige contra la sentencia de 13 de septiembre de 2021, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 25 de los de esta Villa, y en el Procedimiento Abreviado seguido ante el mismo con el número 468/2020, por la que se desestimó el recurso contencioso-administrativo por él interpuesto contra la resolución de 16 de noviembre de 2020, dictada en el expediente NUM000, dictada por la Delegación del Gobierno en Madrid, por la que se acordó su expulsión del territorio nacional con la prohibición de entrada en España por un período de 5 años por la comisión de una infracción prevista en el artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social.

Frente a la citada sentencia se alza en esta instancia jurisdiccional don Benigno solicitando la revocación de la sentencia apelada y la anulación de la resolución administrativa recurrida por estimar que no es conforme a derecho. En apoyo de su pretensión y, en esencia, alega:

- que la sanción de multa es la genérica y solo pude imponerse la expulsión por razones excepcionales, concurriendo en el caso elementos suficientes para imponer una sanción distinta de la que ha sido acordada.

- Lleva en España desde hace más de dos años, con domicilio conocido, empadronado y reside con su mujer y su hija menor, documentación que consta en el expediente administrativo.

- Que la sentencia incurre en un grave en la valoración de la prueba. Expuso en el expediente administrativo que tiene arraigo familiar y social, que se encuentra en España desde hace dos años, que ha solicitado protección internacional el 8 de febrero de 2019 por la situación en la que se encontraba en su país, Venezuela, y ha tenido conocimiento de que le había sido denegada el 16 de marzo de 2020, pero no se le notificó la denegación hasta que fue detenido en el mes de agosto.

- Su intención es regularizar su situación en España ya que cuenta con arraigo pues reside con su mujer, y tienen una hija recién nacida en España, se encuentra empadronado, goza de tarjeta sanitaria, y no ha procedió a la regularización con antelación porque estaba pendiente de la resolución de la protección solicitada. La denegación de protección internacional no es firme, y se encuentra recurrida ante la jurisdicción competente e igualmente, dada la situación de arraigo, podrá solicitar autorización de residencia por razones humanitarias.

- Teniendo en cuenta las condiciones del país de origen y las circunstancias sociales y económicas, de ser expulsado se encontraría en grandes dificultades para acceder a la alimentación, medicación o vivienda.

- Es la primera vez que es sancionado por estancia irregular y no consta antecedente negativo ni ninguna conducta antisocial; considera más ajustada a derecho la sanción de multa.

El abogado del Estado, por su parte, solicita la confirmación de la sentencia porque estima que el recurso de apelación al reitera los exactos argumentos utilizados en la demanda inicial, y, por otra parte, porque la sentencia apelada es conforme a derecho. En su escrito de oposición al recurso de apelación pone de relieve que no concurre ninguna de las excepciones previstas en los apartados 2 a 5 del artículo 6, de la Directiva 2008/115/CE, de 16 de diciembre de 2008, y que existen elementos negativos en la conducta del actor que justifican la opción por la expulsión: indocumentación al tiempo de la detención; no acredita que hubiera formulado la correspondiente declaración de entrada, que en todo caso sería preceptiva para un extranjero que provenga del espacio Schengen como establece el art. 12 del Reglamento de Extranjería de 2004; no ha realizado ningún trámite para regularizar su situación en España; falta de arraigo familiar y laboral; se desconoce con qué medios hace frente a los gastos básicos de su vida ordinaria; antecedentes policiales pues constan detenciones por delitos de malos tratos físicos en el ámbito familiar, que excluyen el arraigo familiar al haber ha sido detenido por atentar violentamente en el ámbito de la familia, con absoluto desprecio a su núcleo familiar, considerando además el riesgo que supone la permanencia en nuestro país de quien ostenta antecedentes policiales por delitos de este tipo.

SEGUNDO.-La sentencia apelada identifica la resolución administrativa recurrida, así como, sucintamente, los motivos de impugnación formulados por el recurrente en la demanda, y, de oposición, formulados por la administración demandada, y concluye, en los siguientes términos:

'IV.- En el presente caso si bien el recurrente alega desproporción en la imposición de la sanción de expulsión, ello no es suficiente para anular la resolución recurrida toda vez que ya no existe, conforme a la Jurisprudencia citada, la alternativa de imposición de multa para sancionar la infracción de encontrase irregularmente en territorio español, salvo en supuestos excepcionales, lo que se ha determinado en el momento de dictarse resolución de expulsión que se ha de confirmar por resultar ajustada a derecho.

Se ajusta a derecho la imposición de la sanción de expulsión del territorio nacional y prohibición de entrada que se le ha impuesto al recurrente; sanción que se ha motivado y que resulta proporcionada a la infracción que se sanciona, no concurriendo ninguno de los supuestos previstos en el art 5 y apartados 2 a 6 de la Directiva 2008/115/CE, de 16 de diciembre de 2008.

No se conoce cuándo y por dónde entró el recurrente en el territorio nacional y si lo hizo por un puesto fronterizo habilitado al efecto; en el expediente figura que en la base de datos de la administración consta como antecedente negativo el haber sido detenido por malos tratos físicos en el ámbito familiar, no se demuestra arraigo familiar o social alguno, no acredita tampoco sus medios de vida.

Todas estas circunstancias son suficientes para considerar proporcionada la sanción de expulsión y prohibición de entrada impuesta al recurrente.'

La resolución administrativa recurrida por la que se decretó la expulsión del territorio nacional de don Benigno expresa en su fundamentación jurídica que concurren datos negativos en su conducta como consecuencia de su anterior detención por la comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, lo cual considera que demuestra su comportamiento antisocial en nuestro país.

El acuerdo de inicio del expediente sancionador dice que en el momento de la detención, el día 28 de agosto de 2020, el interesado se encontraba indocumentado y que tiene denegada con fecha 16 de marzo de 2020 su solicitud de protección internacional. Al folio 7 del expediente administrativo constan los datos de identificación del interesado, momento en el cual manifestó que su domicilio en España era en la CALLE000 número NUM001 de Madrid; en el acta de identificación de derechos no consta que el interesado hubiera manifestado su deseo de comunicar su detención a alguna persona (tampoco a la que afirma que es su mujer y con la cual dice en sus alegaciones que convive); al folio 10 del expediente administrativo constan las actuaciones practicadas respecto de don Benigno en relación con una anterior detención, en el año 2019, por la presunta comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, actuación que originó, a su vez, actuaciones judiciales habida cuenta de que fue acordado un control específico; el aquí apelante presentó en el expediente administrativo escrito de alegaciones al que acompaño fotocopia de la primera página de su pasaporte y copia del volante individual de empadronamiento expedido el día 4 de junio de 2019, según el cual se dio de alta en la vivienda que indica dicho certificado el día 1 de junio de 2019, por tanto, poco más de un año antes desde la fecha de su detención y apertura del expediente sancionador el día 28 de agosto de 2020; también aportó una copia de su solicitud de tarjeta sanitaria y copia de su libro de familia en el que consta el nacimiento de la menor el día NUM002 de 2020. Al folio 32 y siguientes del expediente administrativo consta copia de la resolución denegatoria de la protección internacional solicitada.

La propuesta de resolución dictada en el expediente sancionador recoge la situación de indocumentación que afecta al interesado al no haber aportado su pasaporte, habiendo sido identificado a través del número de identificación de extranjero. Dicha resolución contiene expresa referencia, en su fundamentación fáctica, a la orden de alejamiento y de comunicación que pesa sobre don Benigno respecto de su mujer y madre de su hija, orden que el aquí apelante habría incumplido y que motivó su detención por dicho motivo, así como por infracción de la normativa de extranjería. La notificación de la resolución finalmente dictada en el expediente de expulsión se llevó a cabo en el domicilio manifestado por el recurrente, coincidente con el domicilio que consta en el certificado de empadronamiento por él aportado al expediente administrativo, en la CALLE000, de Madrid.

TERCERO.- Habida cuenta de que por el abogado del Estado se solicita la desestimación del recurso de apelación porque considera que el recurso interpuesto carece de la necesaria crítica de la sentencia apelada, hemos de rechazar, en primer lugar, que concurra dicha causa de desestimación pues aun cuando mediante el recurso interpuesto se abunde en los argumentos y motivos de impugnación expresados por el recurrente en su demanda, resulta claro que el apelante no se ha limitado a formular una mera reiteración de los mismos ni tampoco se ha limitado a una reiteración mimética de los mismos que permitiera considerar que ha dejado incumplidas las previsiones normativas y jurisprudenciales en la materia.

Recordemos, por una parte, que dispone el artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que '1. En virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación'.

El Tribunal Supremo ( STS de 17 de marzo de 1999) recuerda que el recurso de apelación debe contener una argumentación dirigida a combatir los razonamientos jurídicos en los que se basa la sentencia de instancia. No es admisible, en esta fase del proceso, plantear, sin más, el debate sobre los mismos términos en que lo fue en primera instancia, como si en ella no hubiera recaído sentencia, pues con ello se desnaturaliza la función del recurso. Tal doctrina jurisprudencial viene siendo reiterada de modo constante por el Tribunal Supremo que, entre otras muchas, afirmó en la sentencia de 4 de mayo de 1998 que 'las alegaciones formuladas en el escrito correspondiente por la parte actora al evacuar el trámite previsto en el anterior articulo 100 Ley 29/1998, son una mera reproducción de las efectuadas en primera instancia, y aun cuando el recurso de apelación transmite al tribunal ad quem la plenitud de competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas en primera instancia, en la fase de apelación se exige un examen crítico de la sentencia, para llegar a demostrar o bien la errónea aplicación de una norma, la incongruencia, la indebida o defectuosa apreciación de la prueba o cualesquiera otras razones que se invoquen para obtener la revocación de la sentencia apelada, sin que sea suficiente como acontece en el presente caso la mera reproducción del escrito de demanda, lo que podría justificar que resultara suficiente reproducir los argumentos del Tribunal de primera instancia si se entienden que se adecuan a una correcta aplicación del ordenamiento jurídico (en este sentido, las Sentencias de esta Sala de 10 de febrero, 25 de abril, 6 de junio y 31 de octubre de 1997 y 12 de enero y 20 de febrero y 17 de abril de 1998)'.

En ese mismo sentido abunda la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1991, al afirmar que 'el recurso de apelación no tiene por objeto reabrir el debate sobre la adecuación jurídica del acto administrativo, sino revisar la Sentencia que se pronunció sobre ello, es decir, la depuración de un resultado procesal obtenido con anterioridad, por lo que el escrito de alegaciones del apelante ha de ser, precisamente, una crítica de la Sentencia impugnada con la que se fundamente la pretensión revocatoria que integra el proceso de apelación, de suerte que, si esa crítica se omite, se priva al Tribunal ad quem del necesario conocimiento de los motivos por los que dicha parte considera a la decisión judicial jurídicamente vulnerable, sin que se pueda suplir tal omisión ni eludir la obligada confirmación de la Sentencia por otro procedimiento, ya que la revisión de ésta no puede 'hacerse de oficio por el Tribunal competente para conocer del recurso' ( Sentencia de 19 de abril de 1991)'.

La STS de 26 de septiembre de 1997 (recurso nº 210/1992, Roj STS 5687/1997, FJ 1º), expresa:

'El recurso de apelación tiene por finalidad depurar un resultado procesal obtenido con anterioridad, de suerte que el contenido del escrito de alegaciones del apelante - artículo 100.5 de la Ley Jurisdiccional (RCL 1956/1890 y NDL 18435)- ha de consistir, precisamente, en una crítica de la sentencia impugnada que sirva de fundamento a la pretensión de sustitución de sus fundamentos por otros distintos. Por ello, este Tribunal Supremo tiene declarado en numerosas Sentencias -7 y 24 noviembre y 21 diciembre 1987 (RJ 1987/8783, RJ 1987/7928 y RJ 1987/9596), 5 diciembre 1988 (RJ 1988/9764), 20 diciembre 1989 (RJ 1989/221), 24 septiembre 1991 (RJ 1991/6823), 15 diciembre 1992 (RJ 1992/9839), etc.- que aunque con la apelación se transmite al Tribunal 'ad quem' la plenitud de competencias para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas en primera instancia, aquél no puede revisar de oficio los razonamientos y fallos de la sentencia apelada como fundamento de su pretensión revocatoria, que como todas las procesales requiere la individualización de los motivos que le sirven de fundamento, a fin de que el Tribunal de apelación pueda examinarlos dentro de los límites y en congruencia con los términos en que venga ejercitada.'

En consecuencia, procede desestimar que concurra dicho motivo de oposición.

CUARTO.- La sanción de expulsión fue impuesta a don Benigno al estimar acreditada la situación de estancia irregular en territorio nacional, reconocida expresamente por el actor, subsumible en la infracción grave tipificada en el artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que, en lo referente a la sanción, el artículo 57.1 del mismo texto legal dispone que ' Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a ), b ), c ), d ) y f) del artículo 53.1 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción.'

El artículo 55.1.b) de la Ley Orgánica 4/2000, en redacción dada por la Ley Orgánica 2/2009, prevé que ' Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas en los términos siguientes:

b) Las infracciones graves con multa de 501 hasta 10.000 euros. En el supuesto contemplado en el artículo 53.2.a) de esta Ley , además de la sanción indicada, el empresario también estará obligado a sufragar los costes derivados del viaje.'

Por su parte el artículo 55.3 de la Ley Orgánica 4/2000, en redacción dada por la Ley Orgánica 2/2009, dispone que ' Para la graduación de las sanciones, el órgano competente en imponerlas se ajustará a criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad y, en su caso, el daño producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia.'

El artículo 57.1 de la Ley Orgánica 4/2000, en redacción dada por la Ley Orgánica 2/2009, dispone que'Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a ), b ), c ), d ) y f) del artículo 53.1 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción.'

En el ámbito del Derecho de la Unión debe atenderse a lo previsto en el artículo 1 de la Directiva 2008/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (' Directiva 2008/115/CE') dispone:

'La presente Directiva establece normas y procedimientos comunes que deberán aplicarse en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, de conformidad con los derechos fundamentales como principios generales del Derecho comunitario, así como del Derecho internacional, incluidas las obligaciones en materia de protección de los refugiados y de derechos humanos.'

El artículo 5 de la citada Directiva 2008/115/CE dispone:

'Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta:

a) el interés superior del niño,

b) la vida familiar,

c) el estado de salud del nacional de un tercer país de que se trate, y respetarán el principio de no devolución'.

Por su parte, el artículo 6.1 de la Directiva 2008/115/CE dispone:

'1. Los Estados miembros dictarán una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio, sin perjuicio de las excepciones contempladas en los apartados 2 a 5.'

Y, en relacion con la salida voluntaria el mismo artículo 6 de la Directiva 2008/115/CE, tambien dispone:

'La decisión de retorno establecerá un plazo adecuado, cuya duración oscilará entre siete y treinta días, para la salida voluntaria, sin perjuicio de las excepciones contempladas en los apartados 2 y 4. Los Estados miembros podrán disponer en sulegislación nacional que este plazo se concederá únicamente apetición del nacional de un tercer país interesado. En tal caso,los Estados miembros informarán a los nacionales de terceros países de que se trate de la posibilidad de presentar una solicitud en este sentido.

....

Durante el plazo de salida voluntaria podrán imponersedeterminadas obligaciones para evitar el riesgo de fuga, talescomo la presentación periódica ante las autoridades, el depósitode una fianza adecuada, la entrega de documentos o la obligaciónde permanecer en un lugar determinado.

Si existiera riesgo de fuga, o si se desestimara una solicitud de permanencia legal por ser manifiestamente infundada o fraudulentao si la persona de que se trate representara un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional, los Estados miembros podrán abstenerse de conceder unplazo para la salida voluntaria, o podrán conceder un periodo inferior a siete días.'

Es sabido que en las sentencias del Tribunal Supremo de 27 y 31 de enero de 2006, 10 de febrero de 2006, 21 de abril de 2006, 19 de mayo de 2006, 30 de junio de 2006, 29 de septiembre de 2006, 22 de febrero de 2007, 19 de julio de 2007 y 27 de mayo de 2008, entre muchas otras, se declaraba que la Administración no podía optar discrecionalmente entre la imposición de la multa o la expulsión sin justificarlo, por lo que la expulsión del territorio español, como sanción más grave y secundaria, precisaba de una causa específica y motivada, distinta o complementaria de la multa que, en el sistema de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, se consideraba la sanción principal que correspondía a la pura permanencia ilegal.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de abril de 2015, dictada en el asunto Zaizoune, C-38/2014 ('STJUE Zaizoune') en un procedimiento prejudicial planteado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, declaró que la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de dicho Estado, impone, dependiendo de las circunstancias, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, siendo ambas medidas excluyentes entre sí de modo que, a partir de la STJUE Zaizoune la multa no era idónea como alternativa excluyente a la expulsión para sancionar la infracción de estancia irregular de los extranjeros en España.

El Tribunal Supremo, a partir de la Sentencia de 12 de junio de 2018, dictada en el recurso de casación nº 2958/2017, estableció la siguiente interpretación del artículo 57.1, en relación con los artículos 53.1.a), y, 55.1.b), todos ellos de la Ley Orgánica 4/2000:

'(...) Todo lo expuesto lleva a rechazar la interpretación que se propone por la parte recurrente sobre la sanción aplicable a los extranjeros cuando hayan incurrido en las conductas tipificadas como graves en el apartado a) del artículo 53.1 de la Ley Orgánica 4/2000 , considerando más acertada y justificada la interpretación llevada a cabo por la Sala en la sentencia recurrida, en cuanto mantiene que lo procedente es decretar la expulsión del extranjero cuando concurra un supuesto de estancia irregular, salvo que concurra alguno de los supuestos de excepción previstos en los apartados 2 a 5 del artículo 6 de la Directiva retorno o, en su caso, de los supuestos del art. 5 que propicien la aplicación del principio de no devolución'.

Dicha doctrina ha sido reiterada en ulteriores pronunciamientos de la Sala Tercera, según se sintetiza en la sentencia de 22 de octubre de 2019, dictada en el recurso nº 1713/2018 que, en sus fundamentos de derecho quinto, sexto y séptimo, realiza las siguientes consideraciones:

'4º. Por todo lo anterior, la STS de 12 de junio de 2018 concluyó, fijando doctrina, en los siguientes términos:

'Todo lo expuesto lleva a rechazar la interpretación que se propone por la parte recurrente sobre la sanción aplicable a los extranjeros cuando hayan incurrido en las conductas tipificadas como graves en el apartado a) del artículo 53.1 de la Ley Orgánica 4/2000 , considerando más acertada y justificada la interpretación llevada a cabo por la Sala en la sentencia recurrida, en cuanto mantiene que lo procedente es decretar la expulsión del extranjero cuando concurra un supuesto de estancia irregular, salvo que concurra alguno de los supuestos de excepción previstos en los apartados 2 a 5 del artículo 6 de la Directiva retorno o, en su caso, de los supuestos del art. 5 que propicien la aplicación del principio de no devolución'.

SEXTO.- Pues bien, esta interpretación de los preceptos indicados la hemos reiterado en supuestos posteriores de similar contenido:....

Doctrina que podemos sintetizar en los siguientes términos, en relación con los artículos 53.1º.a), 55.1º.b) y 57.1º, todos ellos de la LOEX:

A) 'Lo procedente es decretar la expulsión del extranjero cuando concurra un supuesto de estancia irregular, salvo que concurra alguno de los supuestos de excepción previstos en los apartados 2 a 5 del artículo 6 de la Directiva retorno o, en su caso, de los supuestos del art. 5 que propicien la aplicación del principio de no devolución' ( STS 980/2018, de 12 de junio ).

B) 'No es posible optar entre la sanción de multa o expulsión, sino que ha de imponerse preceptivamente la de expulsión. De otra parte, en relación con la segunda de las cuestiones suscitadas en el presente recurso, conforme se razona en la sentencia transcrita anteriormente, debe concluirse que la mencionada doctrina es aplicable incluso a aquellos hechos que acontecieron con anterioridad a la fecha referida y a los procedimientos iniciados con anterioridad a la mencionada fecha de la sentencia' ( SSTS 1716/2018, de 4 de diciembre , así como 1817/2018 y 1818/2018, ambas de 19 de diciembre ).

C) 'Que, en primer lugar y como ya señalamos en la sentencia de 12 de junio de 2018 , la interpretación de la Directiva 2008/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo , en atención a los pronunciamientos de la STJUE de 23 de abril de 2015 , determina que la sanción aplicable a los extranjeros cuando hayan incurrido en las conductas tipificadas como graves en el apartado a) del artículo 53.1 de la Ley Orgánica 4/2000 consiste en decretar la expulsión, que, no obstante, podrá no llevarse a efecto cuando concurra alguno de los supuestos de excepción previstos en los apartados 2 a 5 del artículo 6 de la Directiva retorno o, en su caso, de los supuestos del art. 5 que propicien la aplicación del principio de no devolución. En segundo lugar, que tales supuestos de excepción, incluido el previsto en el art. 6.4 de la Directiva, no operan como criterios de ponderación o proporcionalidad a efectos de aplicar alternativamente y de manera sustitutoria la sanción de multa' ( STS 38/2019, de 21 de enero ).

SÉPTIMO.- Reiterada la anterior doctrina jurisprudencial, en el concreto caso enjuiciado debemos proceder a casar la sentencia impugnada 893/2017, de 22 de diciembre, dictada por la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , al tratarse el recurrente expulsado de un ciudadano natural de Argentina, mayor de edad (nacido el NUM000 de 1995), que carecía de autorización alguna para su estancia en España, siendo, por ello, claro que concurría el supuesto de hecho tipificado como infracción grave en el art. 53.1.a) de la LOEX, por lo que, en aplicación del art. 57.1, procedía su expulsión del territorio nacional, sin que concurran ninguno de los supuestos (al menos en ningún momento quedó acreditado) que faculta, ex art. 5 de la Directiva 2008/15/CE (interés superior del niño, vida familiar y/o estado de salud), a aplicar el principio de no devolución, ni a abstenerse de dictar una decisión de retorno, ex art. 6.5 de la citada Directiva (un procedimiento pendiente de renovación del permiso de residencia u otra autorización que otorgue el derecho de estancia).

La interpretación de las normas que se acaba de reiterar conduce a la confirmación de la desestimación del recurso contencioso administrativo llevada a cabo por el Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 1 de Madrid mediante SJCA 64/2017, de 10 de marzo , por cuanto la interpretación realizada por la Sala de instancia ha de entenderse superada tras la sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015 , y que tampoco responde a la naturaleza de las excepciones y supuestos de no devolución, que no constituyen elementos de valoración a efectos de determinación alternativa de la sanción de expulsión o multa sino, como ya hemos señalado, excepciones a la efectividad de la medida de expulsión del extranjero en situación irregular, excepciones que han de apreciarse a través del procedimiento correspondiente.

En consecuencia, la estimación del recurso de casación conlleva a la revocación de la sentencia recurrida, dictada en apelación, manteniéndose la sentencia de primera instancia, que confirma la resolución administrativa impugnada.'

QUINTO.-El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a pronunciarse sobre la materia que nos ocupa en la sentencia de 8 de octubre de 2020 (la ' STJUE de 8 de octubre de 2020'), dictada en el asunto C568/19, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y que viene a matizar las conclusiones de la La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de abril de 2015, dictada en el asunto Zaizoune.

La cuestión prejudicial planteada en el asunto C568/19 tenía por objeto determinar si era posible aplicar directamente la Directiva 2008/115/CE para obviar lo dispuesto en la Ley de extranjería española, en la que se prevé para la infracción grave del artículo 53.1.a) una multa de 501 hasta 10.000 euros, pudiendo imponer la expulsión solo cuando concurran los presupuestos del artículo 57 de la misma Ley y que requería una valoración motivada de los hechos que configuran la infracción, y que el TS había interpretado como necesidad de que concurrieran circunstancias agravantes adicionales a la mera estancia irregular.

Con este nuevo enfoque, y tras abordar el análisis de la cuestión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye en la sentencia de 8 de octubre de 2020:

'...ha de contestarse a la cuestión prejudicial planteada que la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que, cuando la normativa nacional, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, imponga, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, teniendo en cuenta que la segunda medida solo puede adoptarse si existen circunstancias agravantes en la persona de dichos nacionales, adicionales a su situación irregular, la autoridad nacional competente no podrá basarse directamente en lo dispuesto en la Directiva para adoptar una decisión de retorno y hacer cumplir dicha decisión aun cuando no existan circunstancias agravantes.'

Con posterioridad, el Tribunal Supremo en la sentencia dictada el 17 de marzo de 2021, recurso de casación 2870/2020, ha dado respuesta a la cuestión de interés casacional suscitada en el auto de admisión del recurso en relación con el alcance de la sentencia del TJUE 2020/807, declarando que ha de entenderse:

'Primero, que la situación de estancia irregular determina, en su caso, la decisión de expulsión y no cabe la posibilidad de sustitución por una sanción de multa.

Segundo, que la expulsión, comprensiva de la decisión de retorno y su ejecución, exige, en cada caso y de manera individualizada, la valoración y apreciación de circunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la medida adoptada, tras la tramitación de un procedimiento con plenas garantías de los derechos de los afectados, conforme exige la jurisprudencia comunitaria.

Tercero, que por tales circunstancias de agravación han de considerase las que se han venido apreciando por la jurisprudencia en relación a la gravedad de la mera estancia irregular, bien sean de carácter subjetivo o de carácter objetivo, y que pueden comprender otras de análoga significación'.

Y como criterios meramente orientativos para decretar una orden de expulsión ha considerado aprovechables los anteriores pronunciamientos del Tribunal Supremo antes de la aprobación de la Directiva de Retorno, enunciando 'ad exemplum' los siguientes:

- El encontrarse el extranjero en situación irregular pero sin documentación alguna por la que pudiera ser identificado ( sentencia de 27 de mayo de 2008 ).

- O incluso con el añadido de ignorar, por esa ausencia de documentación, no solo los datos personales, sino también la forma de entrada en territorio nacional ( sentencias de 26 de diciembre de 2007 ; 14 de junio de 2007 ; y de 5 de junio de 2007 ).

- No haber cumplimentado voluntariamente una orden previa de salida obligatoria, adoptada conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Extranjería ( sentencia de 22 de febrero de 2007 ).

- La constatación de que la residencia autorizada fue obtenida de manera fraudulenta, basada en hechos posteriormente declarados falsos y revocada dicha residencia ( sentencia de 8 de noviembre de 2007 ).

- Los supuestos a que se hace referencia en el artículo 63.1º, párrafo segundo, de la precitada Ley Orgánica al regular el Procedimiento Preferente de acuerdo con el artículo 7.4º de la Directiva, referido a los supuestos en que la decisión de retorno puede ejecutarse sin plazo de salida, en concreto: 1.- Que el extranjero en estancia irregular constituya 'un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional'; 2.- Que el extranjero en situación irregular, por las peculiaridades que se acrediten, trate de evitar o dificultar la expulsión; 3.- Y que exista riesgo de incomparecencia.

- Los criterios establecidos en la Instrucción 11/2020, de 23 de octubre, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, de la Dirección General de la Policía, del Ministerio del Interior, en concreto:

- Haber sido detenido el extranjero en el marco de la comisión de un delito o que al mismo le conste antecedentes penales.

- Que el extranjero invoque una falsa nacionalidad.

- La existencia de una prohibición de entrada anterior.

- Carencia de domicilio y de documentación.

- Incumplimiento de una salida obligatoria.

- Imposibilidad de comprobar cómo y cuando entró en territorio español determinada por la indocumentación del extranjero o de la ausencia de sello de entrada en el documento de viaje.'

Dichos criterios han sido reproducidos de manera sintética en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 27 de mayo de 2021, recurso de casación 1739/2020.

El TJUE se ha pronunciado de nuevo sobre la cuestión en su reciente sentencia de 3 de marzo de 2022, asunto C-409/2020 (la ' STJUE de 3 de marzo de 2022').

Este pronunciamiento del TJUE tiene por objeto una decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra, en la que se planteaba si debe interpretarse la Directiva 2008/115 (artículos 4.3, 6.1, 6.5 y 7.1) en el sentido de que se opone a una normativa nacional que sanciona la permanencia irregular de extranjeros sin circunstancias agravantes en un primer momento con una sanción de multa unida a un requerimiento de retorno voluntario al país de origen, seguida, en un segundo momento, de la sanción de expulsión si el extranjero no se regulariza ni retorna voluntariamente a su país.

Partiendo de la premisa del órgano jurisdiccional remitente (a saber, que la normativa española permite, cuando no concurren circunstancias agravantes, sancionar la situación irregular de los nacionales de terceros países en el territorio nacional con una multa que lleva aparejada una obligación de retorno, y, sucesivamente, con una orden de expulsión), y sobre la base de las consideraciones realizadas en su sentencia, el TJUE ha declarado lo siguiente:

'La Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, en particular sus artículos 6, apartado 1 , y 8, apartado 1, leídos en relación con los artículos 6, apartado 4 , y 7, apartados 1 y 2 , de la misma, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que sanciona la permanencia irregular de un nacional de un tercer país en el territorio de ese Estado miembro, cuando no concurren circunstancias agravantes, en un primer momento, con una sanción de multa que lleva aparejada la obligación de abandonar el territorio de dicho Estado miembro en el plazo fijado salvo que, antes de que este expire, se regularice la situación del nacional de un tercer país y, en un segundo momento, si no se ha regularizado su situación, con una decisión en la que se ordena obligatoriamente su expulsión, siempre que dicho plazo se fije de conformidad con las exigencias establecidas en el artículo 7, apartados 1 y 2, de esta Directiva.'

Mas recientemente el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, ha dictado la Sentencia 337/2022, de 16 de marzo de 2022 (la ' STS de 16 de marzo de 2022') en la que se analiza el alcance de la STJUE de 3 de marzo de 2022 en relación con la resolución de este tipo de recursos. Reitera el Tribunal Supremo en dicha sentencia que:

'(...) las sentencias de 17 de marzo y 27 de junio de 2021 no suponen la vuelta a la jurisprudencia clásica de este Tribunal Supremo en el sentido de considerar preferente la multa y segundaria la expulsión en atención al principio de proporcionalidad, en razón de la concurrencia de circunstancias agravantes. Otra cuestión es que, la expulsión como única respuesta a la situación de estancia irregular, comprensiva de la decisión de retorno y su ejecución, exija, en cada caso y de manera individualizada, la valoración y apreciación de circunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la medida adoptada y que, como tales circunstancias de agravación puedan considerase las que se han venido apreciando por la jurisprudencia en relación a la gravedad de la mera estancia irregular, bien sean de carácter subjetivo o de carácter objetivo'. (F.D. tercero).

Indica el Tribunal Supremo en su sentencia de 16 de marzo de 2022 que:

'(...) esta interpretación del ordenamiento jurídico que propugna una doble sanción, en forma sucesiva, de la estancia irregular, inicialmente de multa con obligación de retorno y seguidamente, caso de no regularización o salida voluntaria, la sanción de expulsión, viene siendo rechazada reiteradamente por este Tribunal desde la indicada sentencia de 17 de marzo de 2021 (rec. 2870/20 ), en la que se razona ampliamente que la única sanción posible para la estancia irregular es la expulsión; que no es admisible interpretar el artículo 57.1º en el sentido de poder aplicar la pretendida opción de multa o expulsión al extranjero en situación irregular, porque, o procede su expulsión o la acción debe quedar al margen del ámbito sancionador, en el criterio que establece el mencionado precepto; y que nada opta a ese razonamiento que el artículo 28 de nuestra LOEX haga referencia a una tan inconcreta como ineficaz orden de salida obligatoria, que es contraria a la Directiva, en cuanto no fija su ejecución en tiempo razonable, ni se arbitran medios para dicha efectividad'.

Concluye el TS en dicha sentencia de 16 de marzo de 2022:

'Efectivamente, en nuestro Derecho, la situación de estancia irregular se califica en el Título III de la Ley, relativo a las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador, como infracción grave en el art. 53.1.a), regulándose el procedimiento para su sanción, bien sea ordinario o preferente, pero en todo caso único, como única es la sanción que puede imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el art. 57 de la Ley.

Este carácter único de la sanción en el mismo procedimiento no ha sido objeto de controversia a lo largo de la evolución que se ha producido en la interpretación de las normas, que se refleja ampliamente en la citada sentencia de 17 de marzo de 2021 , precisamente porque desde el primer momento existe el mandato normativo expreso del art. 57 en el sentido de que en ningún caso podrán imponerse conjuntamente las sanciones de expulsión y multa, y si bien el término 'conjuntamente' pudiera hacer pensar en la posibilidad de una imposición sucesiva de ambas sanciones, ello ha de entenderse desde la consideración que, admitida por el precepto la opción de que la estancia irregular pueda ser sancionada con multa, cabe la posibilidad de que, siempre en un posterior expediente sancionador abierto con ocasión de una nueva situación de estancia irregular, ya no se imponga dicha sanción de multa sino la de expulsión, posibilidad que desaparece cuando, como resulta de la doctrina del Tribunal de Justicia que se acoge en nuestra jurisprudencia, abierto un procedimiento sancionador por estancia irregular no cabe la opción de la sanción de multa o expulsión sino que en todo caso ha de acordarse la expulsión, cuando se den las circunstancias exigidas al efecto.

A ello se refiere en sus amplios razonamientos la sentencia de 17 de marzo de 2021, que en aplicación de la doctrina establecida por el Tribunal de octubre de 2020 (asunto C-568/19 ) señala como sanción única procedente la de expulsión, siempre que se aprecien las circunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la medida adoptada Y es a la ejecución de la resolución sancionadora recaída en el procedimiento correspondiente, a la que se refieren los plazos de cumplimiento voluntario, en el caso del procedimiento ordinario y las posibilidades de su prórroga por las causas previstas en el art. 246 del Reglamento de Extranjería aprobado por Real Decreto 557/2011 de 20 de abril, de la misma manera que es a dicha resolución a la que se refieren los supuestos de suspensión o inejecución de la expulsión previstos en la Ley y el Reglamento.

Siendo esta la interpretación del Derecho nacional que se sostiene reiteradamente por este Tribunal, que no es la que se sostiene por el Abogado del Estado en este recurso y por el Juzgado remitente de la cuestión prejudicial resuelta en la sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2022 , ha de efectuarse el enjuiciamiento de este recurso atendiendo al régimen jurídico al que ha de sujetarse la resolución administrativa de expulsión adoptada en el único procedimiento abierto al respecto y en aplicación de la doctrina que reiteradamente se viene estableciendo desde las sentencias de 17 de marzo de 2021 y 27 de mayo de 2021 .'

Por tanto, de conformidad con la legislación y con la jurisprudencia citadas hemos de entender que procederá la sanción de expulsión si tras analizar las circunstancias concurrentes en cada caso, y de manera individualizada, se concluye, conforme a lo establecido en la citada STS de 21 de marzo de 2021, que concurren circunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la decisión adoptada. Todo ello, siempre y cuando no resulten afectados por la decision de expulsión el interés superior del niño, la vida familiar o el estado de salud del interesado, según la interpretación que ha realizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea del artículo 5 de la Directiva 2008/115/CE, en cuyo caso habría que concluir que no procedería la expulsión al concurrir causas excluyentes de la misma.

En el caso de que no concurran circunstancias que puedan ser consideradas como circunstancias de agravación procedería, teniendo en cuenta la STJUE de 3 de marzo de 2022, asi como la STS de 16 de marzo de 2022, anular la sancion de expulsion sin que sea posible la opcion entre la sancion de expulsion y la sancion de multa, pues como ha declatado el TS en dicha sentencia '... abierto un procedimiento sancionador por estancia irregular no cabe la opción de la sanción de multa o expulsión sino que en todo caso ha de acordarse la expulsión, cuando se den las circunstancias exigidas al efecto' (F.D.4º).

SEXTO.- Por tanto, de conformidad con la legislación y con la jurisprudencia citadas, habrá de valorarse singularmente en cada caso las circunstancias que concurren distintas o complementarias de la pura permanencia irregular en España y que pudieran determinar la exclusión de la sancion de expulsión, de acuerdo con los criterios expresados en la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2021, y ratificados en la sentencia de la Sala Tercera, de 27 de mayo de 2021, recurso de casación 1739/2020, en aplicación del principio de proporcionalidad; o bien porque pudieran resultar afectados por la decisión de expulsión el interés superior del niño, la vida familiar o el estado de salud del interesado, según la interpretación que ha realizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea del artículo 5 de la Directiva 2008/115/CE.

Como ha quedado expresado más arriba el apelante fórmula el recurso de apelación porque considera que la sentencia apelada no ha valorado correctamente sus circunstancias y pone de relieve que en él concurre una situación de vida familiar porque tiene una hija nacida en España; también pone de manifiesto que lleva viviendo en España más de dos años, y que tiene arraigo; en relación con la denegación de su solicitud de protección internacional manifiesta que ha interpuesto los correspondientes recursos; señala en su recurso de apelación que en él concurriría una situación de arraigo que le permitiría ser acreedor de un permiso de residencia por arraigo.

Por el contrario, el abogado del estado pone de relieve en su escrito de oposición al recurso de apelación que en contra del apelante concurren elementos negativos suficientes, puestos de manifiesto en el expediente administrativo.

La sentencia apelada, como ha quedado expuesto, concluye que procede desestimar el recurso interpuesto en atención a los datos negativos que constan en contra del interesado, una vez descartada la posibilidad de imponer en casos como el presente una sanción de multa como sanción más benigna o menos grave respecto de la sanción de expulsión. Considera el juez de instancia que concurren en contra del interesado elementos negativos suficientes para justificar, desde el punto de vista de la proporcionalidad, la sanción de expulsión que ha sido impuesta.

Más arriba nos hemos referido a los datos más relevantes que constan en el expediente administrativo, así ha quedado reflejado en dicho expediente que el interesado no aportó en ningún momento su pasaporte habiendo aportado únicamente copia de la primera página de su pasaporte; también ha aportado copia de su solicitud para la obtención de la tarjeta sanitaria y copia del libro de familia en el que aparece como progenitor de una niña nacida en España en el año 2020 y , por tanto, menor de edad. También aportó con su escrito de alegaciones copia del certificado de empadronamiento individual en Madrid que indica su alta en el padrón municipal por cambio de residencia el 1 de junio de 2019, habiendo sido expedido dicho certificado el día 4 de junio de 2019. Habida cuenta de que el expediente de expulsión fue incoado en agosto de 2020, no podemos considerar que dicha certificación sea actual a la fecha en la que se inició la tramitación del expediente de expulsión , no ha aportado el recurrente ningún otro documento que indique que convive con su hija y con su mujer, respecto de la cual, como también consta documentado en el expediente administrativo, se han dictado medidas de alejamiento, el impedimento para la comunicación con ella por el juzgado de violencia sobre la mujer.

A pesar de que el apelante manifiesta que lleva viviendo en España desde hace más de dos años, la única fecha más antigua a la que podemos atender es la fecha que resulta del certificado de empadronamiento a la que nos hemos referido más arriba, 1 de junio de 2019. No tenemos constancia exacta de la fecha en la cual el apelante realizó su entrada en España.

Tampoco tenemos constancia de la forma y manera a través de la cual el aquí apelante atiende sus obligaciones como progenitor respecto de su hija nacida en España habida cuenta de que no acredita que contribuya a su cuidado, mantenimiento, vestido y habitación, tampoco indica si dispone de recursos económicos para la atención económica de su hija menor de edad, con la cual no acredita que conviva.

La resolución de expulsión consta notificada en el domicilio que resulta del certificado de empadronamiento, que es el domicilio que manifestó el interesado que tenía en la declaración prestada en aquel procedimiento, en el cual no consta adoptada prevención alguna en relación con su pasaporte, teniéndole por indocumentado la propuesta de resolución, en la cual se identificó al recurrente a través de su número NIE, si bien facilitó la identificación de sus progenitores tanto verbalmente, a través de la copia de la primera página del pasaporte.

A pesar de que la sentencia apelada realiza una expresa referencia a la falta de constancia del momento y lugar por el cual el recurrente realizó su entrada en España el apelante no realiza en su recurso de apelación el más mínimo intento de acreditarlo.

Tampoco realiza el más mínimo intento de acreditar que contribuye al mantenimiento y sostenimiento, tanto económico como afectivo, de su hija menor de edad respecto de quién no nos ofrece información alguna de cómo contribuye al cumplimiento de sus obligaciones como padre. En relación con el domicilio el cual vive su hija, hemos de significar que el recurrente no ha acreditado que su lugar de residencia sea Madrid, o bien otra localidad habida cuenta de que no ha acreditado cuál es el lugar de residencia de su hija, ni tampoco si la niña acude a algún centro educativo infantil o guardería.

Se ha puesto de manifiesto en el expediente administrativo que concurren datos negativos sobre la conducta del interesado habida cuenta de que se ha dictado por el juzgado de violencia sobre la mujer resolución por la cual se le han impuesto limitaciones de comunicación y acercamiento a su mujer, sin que haya acreditado a fecha actual que dichas medidas han cesado o, en su caso, la eventual decisión absolutoria respecto del procedimiento abierto en dicho juzgado. Tampoco ha acreditado, como decimos, que tenga convivencia o relación con su hija menor de edad.

En relación con la solicitud de protección internacional, como también ha quedado reflejado, se ha incorporado al expediente copia de la resolución denegatoria de su solicitud, pero no consta que el interesado, como afirma, haya interpuesto recurso alguno contra la misma. A pesar de que afirma que dicha resolución de 27 de junio de 2020, que denegó su solicitud, no se le notificó, es lo cierto que ha conocido que la misma ha sido incorporada al expediente administrativo y ha podido conocer su contenido y, en consecuencia, hubiera podido impugnarla si a su derecho hubiera convenido. Sin embargo, no consta que contra la misma haya interpuesto recurso alguno, contrariamente a lo que afirma.

Consideramos con la sentencia apelada que la imposición de la sanción de expulsión no resulta desproporcionada en atención a las circunstancias del caso pues, por una parte, se ha acreditado en el expediente administrativo que concurren en contra del interesado datos negativos, tal y como ha quedado reflejado, y, por otra parte, desde la perspectiva de vida familiar la aplicación de la directiva de retorno, Directiva 2008/115/CE, no procede apreciar en don Benigno una situación protegible de vida familiar.

Procede desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada.

SEPTIMO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas procesales al apelante con el límite, por todos los conceptos, de 300 €.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Por la potestad que nos confiere la Constitución Española;

Fallo

Que debemos desestimar el recurso de apelación número 1054/2021, interpuesto por la letrada doña Silvia Paloma Tabera García en nombre y representación de don Benigno, nacional de Venezuela, contra la sentencia de 13 de septiembre de 2021, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 25 de los de esta Villa, y en el Procedimiento Abreviado seguido ante el mismo con el número 468/2020, que se confirma; con imposición de las costas procesales lo hasta el límite, por todos los conceptos, de 300 €.

Así por esta Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 4982-0000-85-1054-21 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo conceptodel documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 4982-0000-85-1054-21 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.