Sentencia Administrativo Nº 877/2006, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 166/2005 de 02 de Mayo de 2006

Encabezamiento

T.S.J.CASTILLA-LEON CON/AD

VALLADOLID

SENTENCIA: 00877/2006

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección : 001

VALLADOLID

65591

C/ ANGUSTIAS S/N

Número de Identificación Único: 47186 33 3 2005 0101823

Procedimiento:

RECURSO DE APELACION 0000166 /2005

Sobre ADMINISTRACION LOCAL

De D/ña. IBERDROLA GENERACION, S.A.

Representante: PROCURADORCARLOS MUÑOZ SANTOS

Contra D/ña. AYUNTAMIENTO DE VELILLA DEL RIO, FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON CENTRALES HIDROELEC. Y EMBALAJES.

Representante: PROCURADORCARLOS SASTRE MATILLA , PROCURADOR CARLOS

SASTRE MATILLA

ROLLO DE APELACIÓN NÚM. 166/05

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SEDE EN VALLADOLID

Dimanante del procedimiento ordinario núm. 249/03

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

Número UNO de Palencia

ILUSTRÍSIMOS SEÑORES:

Presidente:

Don EZEQUÍAS RIVERA TEMPRANO

Magistrados:

Don AGUSTÍN PICÓN PALACIO

Don FRANCISCO JAVIER PARDO MUÑOZ

En Valladolid, a dos de mayo de dos mil seis.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, integrada por los Magistrados expresados al margen, ha pronunciado en grado de apelación la siguiente

SENTENCIA NÚM. 877/06

En el rollo de apelación núm. 166/05 interpuesto contra la sentencia de 20 de diciembre de 2004, dictada en el procedimiento ordinario núm. 249/03 seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número UNO de Palencia , en el que son partes: como apelante la entidad mercantil Iberdrola Generación, S.A., representada por el Procurador Sr. Muñoz Santos y defendida por el Letrado Sr. Ruiz González; y como apeladas el Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión (Palencia) y la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses, representados por el Procurador Sr. Sastre Matilla y defendidos por el Letrado Sr. Gonzalo Migueláñez.

Ha sido ponente el Magistrado don FRANCISCO JAVIER PARDO MUÑOZ, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- En el procedimiento de referencia se dictó la sentencia de 20 de diciembre de 2004 en la que se desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad mercantil Iberdrola Generación, S.A., contra el Acuerdo del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión (Palencia) de fecha 5 de noviembre de 2003, desestimatorio a su vez del recurso de reposición formulado contra la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales, ejercicio 2003, número de recibo 10089793, correspondiente al inmueble sito en el término municipal de Velilla del Río Carrión, Bº Terminor, sin efectuar especial pronunciamiento en cuanto a costas procesales.

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución la entidad mercantil Iberdrola Generación, S.A., interpuso recurso de apelación solicitando su revocación y que, en su lugar, se dictase otra sentencia anulando y dejando sin efecto la liquidación impugnada.

TERCERO.- Admitido el recurso por el Juzgado y conferido el oportuno traslado, el Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión y la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses se opusieron al mismo solicitando su desestimación y la confirmación de la sentencia apelada.

CUARTO.- Transcurridos los plazos de los artículos 85.2º y 4º de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , se elevaron los autos y el expediente administrativo a la Sala.

QUINTO.- Por providencia de se acordó la formación y registro del presente rollo de apelación, designándose ponente, y una vez quedaron conclusos los autos se señaló para votación y fallo el día veintiocho de abril de dos mil seis.

SEXTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites marcados por la Ley, aunque no los plazos en ella fijados dado el volumen de trabajo y la pendencia que existe en la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- La resolución judicial objeto de apelación desestimó el recurso contencioso- administrativo en su día interpuesto por la entidad mercantil Iberdrola Generación, S.A., contra el Acuerdo del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión (Palencia) de fecha 5 de noviembre de 2003, desestimatorio a su vez del recurso de reposición formulado contra la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales, ejercicio 2003, número de recibo 10089793, correspondiente al inmueble sito en el término municipal de Velilla del Río Carrión, Bº Terminor, por entender, en esencia, que tanto la Ley 51/2002, de 27 de diciembre , de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales , como la Ley 48/2002, de 23 de diciembre , del Catastro Inmobiliario -ambas derogadas en la actualidad- establecen un período transitorio que justifica el mantenimiento del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales y las reducciones en la base imponible para los bienes ya catastrados y, en cambio, la aplicabilidad de los tipos de gravamen fijados en la Ley 51/02 correspondientes a dichos bienes inmuebles de características especiales, y subsidiariamente la aplicación del tipo de gravamen correspondiente a los bienes inmuebles urbanos, sin que ello suponga una equiparación de naturalezas ni de regímenes jurídico aplicables; que no puede sostenerse la nulidad de la Ordenanza fiscal -impugnada indirectamente en el recurso contencioso-administrativo-, cuyo artículo 8 fija un tipo de gravamen del 1,3 % para las presas, saltos de agua y embalses, por supuesta retroacción prohibida en relación con su publicación en fecha 31 de marzo de 2003 habida cuenta que la retroactividad a fecha 1 de enero de 2003 está prevista y habilitada por la propia ley 51/02 ; y que no se estima procedente suscitar cuestión alguna de inconstitucionalidad al no ofrecer dudas razonables la adecuación de los preceptos legales aplicables al texto constitucional.

La entidad mercantil Iberdrola Generación, S.A., formula recurso de apelación alegando que la interpretación realizada por la sentencia de instancia de las Disposiciones Transitorias es errónea por llegar a una situación absolutamente contradictoria y anómala jurídicamente, pues para conseguir la finalidad del régimen transitorio -garantizar que mientras se posibilita la configuración catastral y tributación por el IBI de los bienes de características especiales, éstos continúen figurando catastralmente y tributando por el IBI como bienes urbanos; que el precepto no faculta a los Ayuntamientos para fijar un tipo de gravamen propio del régimen especial de los "bienes de características especiales" en orden a la aplicación de dicho tipo a los bienes inmuebles que durante el período transitorio conserven la condición legal de bienes urbanos; que la aplicación del tipo impositivo recogido en la correspondiente Ordenanza incurre en una retroactividad absoluta y prohibida por el ordenamiento jurídico, reiterando la petición de posible planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad respecto del apartado 1 de la disposición transitoria quinta de la Ley 51/02 ; que el nuevo régimen de los bienes de características especiales conculca los principios constitucionales de igualdad, de reserva de ley, capacidad económica y de justicia tributaria; y que la facultad atribuida a los Ayuntamientos para fijar el tipo de gravamen del IBI aplicable a estos bienes, sin sujeción a criterio alguno de modulación, vulnera el ordenamiento jurídico constitucional y la jurisprudencia que lo interpreta en lo referente al principio de reserva de ley.

Como se ha dicho, las apeladas solicitan la íntegra confirmación de la sentencia.

SEGUNDO.- Así las cosas, el recurso ha de correr suerte desestimatoria, debiendo recordarse la doctrina contenida en la STSJ de Castilla y León (Burgos) Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 2ª, de 22 de octubre de 2004, dictada en el recurso 341/2003, que analiza los motivos de impugnación que cabalmente se invocan en esa alzada, y conforme a la cual "PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso jurisdiccional la elevación a definitivo del acuerdo provisional del Pleno del Ayuntamiento de Maderuelo en sesión celebrada el 6 de febrero de 2003, aprobando la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, cuyo texto íntegro se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia número 39, de fecha 31 de marzo de 2003.

Invoca la recurrente en apoyo de sus pretensiones anulatorias varios motivos causas de impugnación, que a modo de síntesis podemos concretar en los siguientes:

a).- Inexistencia de cobertura legal para la aplicación en el ejercicio 2003 de un tipo de gravamen especial del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

b).- Aplicación con retroacción absoluta y prohibida del tipo de gravamen del IBI en el ejercicio 2003.

c).- Disconformidad con el ordenamiento jurídico del régimen especial del IBI aplicable a los "bienes de características especiales".

d).- Que la facultad atribuida a los Ayuntamientos para fijar el tipo de gravamen del IBI aplicable a los "bienes de características especiales" es disconforme con el ordenamiento jurídico.

Tales pretensiones, son rebatidas puntual y detalladamente de contrario, interesándose la desestimación del recurso por entender que las resoluciones impugnadas son conformes a derecho.

SEGUNDO.- Por lo que se refiere a la inexistencia de cobertura legal para la aplicación en el ejercicio 2003 de un tipo de gravamen especial del IBI a los denominados "bienes de características especiales", sostiene la recurrente que el régimen transitorio previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 48/2002 en relación con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 51/02 , garantiza que en tanto se hace posible la configuración catastral y tributación por el IBI de los "bienes de características especiales", estos continúan figurando catastralmente y tributando por el IBI como bienes de naturaleza urbana, y para conseguir esa finalidad, es preciso que dicho régimen transitorio disponga la inaplicación de los elementos que conforman el régimen especial de los mencionados "bienes de características especiales", y en este marco es en el que debe interpretarse el inciso del párrafo primero de la disposición transitoria primera de la Ley 51/2002 , y en función de ello, sólo cabe entender que la expresión " dichos bienes" está referida a los "bienes de características especiales", en su condición legal y transitoria de bienes urbanos, por lo que en modo alguno se faculta los Ayuntamientos a fijar durante el periodo transitorio comprendido entre 2003 y 2005 un tipo de gravamen propio del régimen especial de los bienes de características especiales, resultando nula de pleno derecho la Ordenanza Fiscal que sirve de base a las liquidaciones.

Para resolver la cuestión suscitada, hemos de partir de conforme a la nueva redacción dada al art. 62 de la L. R. H. L . por la Ley 51/02, de 27 de diciembre , de reforma de la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas Locales , constituye el hecho imponible del IBI la titularidad de los siguientes bienes y derechos sobre los bienes inmuebles rústicos urbanos y sobre los bienes inmuebles de características especiales:

a).- De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.

b).- De un derecho real de superficie.

c).- De un derecho real de usufructo.

d).- Del derecho de propiedad.

Ahora bien, la definición de los bienes inmuebles urbanos, de los bienes inmuebles rústicos, y de los bienes inmuebles de características especiales, ya no se lleva a cabo en la L. R. H. L., sino en la Ley 48/02 de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario , y en este sentido, es de destacar la creación de una nueva categoría de bienes inmuebles, concretamente la de bien inmueble de características especiales, que se desgaja de la categoría de bienes inmuebles urbanos.

Conforme a lo preceptuado en el apartado 7 del art. 2 de la Ley 48/2002 del Catastro Inmobiliario , los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble.

Se consideran bienes inmuebles de características especiales los comprendidos en los siguientes grupos:

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares.

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso, excepto las destinadas exclusivamente al riego.

c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

d) Los aeropuertos y puertos comerciales.

Ambas leyes, entraron en vigor el día 1 de enero de 2003 (véase la D.F.Cuarta de la Ley 48/02 y la D.F. Segunda de la Ley 51/02 ), si bien en ambas normas se establece un régimen transitorio, y así la Disposición Transitoria Primera de la Ley 48/02 establece que:

1. La clasificación de bienes inmuebles rústicos y urbanos establecida por la presente Ley tendrá efectividad desde el 1 de enero de 2006. Las incorporaciones o modificaciones en el Catastro Inmobiliario que para ello procedan se realizarán de oficio por la Dirección General del Catastro y no requerirán notificación individualizada a los titulares catastrales, siempre que no se modifique la descripción catastral de dichos bienes.

Hasta dicha fecha, los bienes inmuebles que figuren o que se den de alta en el Catastro Inmobiliario tendrán la naturaleza que les correspondería conforme a la normativa anterior.

No obstante, en los procedimientos de valoración colectiva de carácter general que se inicien a partir de la entrada en vigor de la presente Ley será de aplicación la clasificación de bienes contenida en la misma, con la excepción de las construcciones ubicadas en suelo rústico, que se regirán por lo establecido en el párrafo anterior.

2. Los bienes inmuebles de características especiales que a la entrada en vigor de la presente Ley consten en el Catastro Inmobiliario conforme a su anterior naturaleza mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2005 el valor, sin perjuicio de su actualización cuando proceda, así como el régimen de valoración.

La incorporación al Catastro Inmobiliario de los restantes inmuebles que, conforme a esta Ley, tengan la condición de bienes inmuebles de características especiales se practicará antes del 31 de diciembre de 2005.

3. La descripción de los bienes inmuebles contenida en el Catastro Inmobiliario a la entrada en vigor de esta Ley se mantendrá hasta que tenga lugar la práctica de otra posterior conforme a los procedimientos de incorporación en ella regulados o hasta que por cualquier otro medio se modifique, sin perjuicio de la actualización de valores.

No obstante, será a partir del 1 de enero de 2005 cuando se incorporen las titularidades que correspondan conforme a los supuestos y reglas de esta Ley, siempre que así resulte de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral previstos en la misma e iniciados con posterioridad a la citada fecha.

Por su parte, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 51/02 establece que: Los bienes inmuebles de características especiales que a la entrada en vigor de la presente Ley estén inscritos en el Catastro Inmobiliario conforme a su anterior naturaleza, mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2005 la reducción en la base imponible que tuvieran conforme a la normativa anterior, y les serán de aplicación los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles previstos para dichos bienes en esta Ley. Los restantes bienes inmuebles de características especiales empezarán a tributar en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles el día uno de enero del año inmediatamente posterior al de su inscripción en el Catastro Inmobiliario, estableciéndose en la Disposición Transitoria Quinta.1. de dicha Ley que:

1. Con efectos exclusivos para el ejercicio de 2003, los Ayuntamientos que decidan aplicar, en uso de su capacidad normativa, las modificaciones establecidas en esta Ley en los tributos periódicos con devengo el 1 de enero de dicho año deberán aprobar el texto definitivo de las nuevas ordenanzas fiscales y publicarlas en el Boletín Oficial correspondiente, todo ello con arreglo a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales , antes del 1 de abril de 2003.

¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.

En el supuesto de que para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles no se haga uso de la autorización contenida en el párrafo anterior, el tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales será el correspondiente a los bienes inmuebles urbanos.

A la vista de esta normativa, nos encontramos desde el 1 de enero de 2003 con una nueva categoría de bienes, los denominados bienes de características especiales, anteriormente subsumidos -por lo que se refiere al supuesto que aquí examinamos- en la categoría de bienes de naturaleza urbana; bienes que han de ser objeto de una valoración específica, y de una ponencia especial, a tenor de lo preceptuado en el art. 13 de la Ley 48/2002 , lo que será efectivo a partir del 1 de enero de 2006.

Hasta esa fecha, y con carácter transitorio, los bienes de características especiales que a fecha 1 de enero de 2003 consten en el Catastro Inmobiliario conforme a su anterior naturaleza mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2005 el valor, sin perjuicio de su actualización cuando proceda, así como el régimen de valoración ( DT Primera de la Ley 48/02 ). Queda claro que dicha disposición se refiere solo al "valor" esto es, a su valoración conforme a su anterior naturaleza de bien urbano, que debe mantenerse hasta el 31 de diciembre de 2005, que es el plazo legal máximo para elaborar las correspondientes ponencias especiales, pero ello no quiere decir que esos bienes no tengan la consideración de bienes de características especiales hasta el año 2006 -tesis de la recurrente- y decimos esto, porque desde el día uno de enero del 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 48/02 y de la Ley 51/02 los bienes antes referenciados ya no son de naturaleza urbana, sino que tienen la consideración de bienes de características especiales por imperativo legal, sin perjuicio del régimen transitorio establecido en ambas leyes.

La anterior conclusión, se ve reforzada por lo prevenido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 51/2002 , conforme a la cual, los bienes inmuebles de características especiales que a la entrada en vigor de esa Ley estén inscritos en el Catastro Inmobiliario conforme a su anterior naturaleza, mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2005 la reducción en la base imponible que tuvieran conforme a la normativa anterior, y les serán de aplicación los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles previstos para dichos bienes en esta Ley.

Como vemos, y de forma transitoria, los bienes inmuebles de características especiales que a 1 de enero del 2003 estuviesen inscritos en el Catastro conforme a su anterior naturaleza mantendrán hasta 31 de diciembre de 2005 el valor como bienes de naturaleza urbana, así como la reducción en la base imponible que tuvieran por tal condición de urbanos conforme a la normativa anterior -ya que a tenor de la reforma acometida del artículo 68.4 de la L. R. H. L . en ningún caso será aplicable esa reducción a los inmuebles clasificados como de características especiales- eso sí, aplicándose los tipos de gravamen del IBI previstos para esos bienes de características especiales en la Ley 51/2002 , sin necesidad de tener que esperar a la aprobación de la correspondiente ponencia.

Corrobora esta interpretación la propia Disposición Transitoria Quinta de la Ley 51/2002 que permite con efectos exclusivos para el ejercicio de 2003, que los Ayuntamientos que decidan aplicar, en uso de su capacidad normativa, las modificaciones establecidas en esa Ley en los tributos periódicos con devengo el 1 de enero de dicho año deberán aprobar el texto definitivo de las nuevas ordenanzas fiscales y publicarlas en el Boletín Oficial correspondiente, todo ello con arreglo a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales , antes del 1 de abril de 2003, previendo expresamente que: En el supuesto de que para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles no se haga uso de la autorización contenida en el párrafo anterior, el tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales será el correspondiente a los bienes inmuebles urbanos.

Consecuentemente, una interpretación conjunta de las Disposiciones Transitorias citadas nos lleva a concluir que el Ayuntamiento de Maderuelo, en uso de su capacidad normativa, podía aplicar las modificaciones establecidas en la Ley 51/02 mediante la aprobación del texto definitivo de una nueva Ordenanza Fiscal, en los términos prevenidos en la D.T. 5º de dicha Ley , en relación con la D.T. 1º de la Ley 48/2 y D.T.1º de la Ley 51/02 , al existir cobertura legal para la aplicación en el ejercicio 2003 de un tipo de gravamen especial del IBI, por lo que tal motivo impugnatorio ha de decaer.

TERCERO.- Alega la recurrente que la aplicación con efectos de 1 de enero de 2003 del tipo de gravamen especial del IBI a los bienes de características especiales, incurre en retroacción absoluta y prohibida por el ordenamiento jurídico, ya que la Ordenanza Fiscal que se aplica ha entrado en vigor con posterioridad al devengo del impuesto, esto es, con posterioridad al 1 de enero de 2003, sin que la circunstancia de que sea una norma de rango legal la que ampara tal retroactividad justifique tal actuación.

En relación con el problema de si una Ordenanza puede adelantar a fechas previas a su publicación el momento de comenzar su efectividad jurídica (o, con otras palabras, si es posible, o no, su aplicación retroactiva), hemos de estar a la "doctrina constitucional sobre la no prohibición de normas tributarias retroactivas", que no vulneran en principio la proscripción contenida en el artículo 9 de la Constitución sobre la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales.

En efecto, como afirma constante doctrina jurisprudencial -entre otras la STS de 30-10-99 - no existe prohibición constitucional para la existencia de legislación tributaria retroactiva, puesto que el principio de irretroactividad viene referido por la Constitución a las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales. Sin embargo, lo que no se admite, es que una norma con rango reglamentario, como es una Ordenanza, pueda determinar "per se" su aplicación retroactiva, pues se estaría ante una retroactividad absoluta o, como reiteradamente se la ha llamado, auténtica o propia, porque afectaría a hechos imponibles o situaciones producidos o realizados con anterioridad a su vigencia.

Como matiza la STS de 28-1-99 la decisión de dotar de retroactividad a unas prestaciones patrimoniales -como son las tributarias- sólo corresponde al legislador (como así lo reconoce la sentencia 126/1987 del Tribunal Constitucional -TC-), de modo que el problema se reconduce a examinar hasta qué punto hay habilitación legal, en el caso de autos, para proceder del modo con que lo ha hecho el Ayuntamiento, pues sólo en la medida en que una norma con rango de ley permita, para supuestos determinados, la aplicación anticipada de una figura tributaria respecto a la fecha de publicación de la Ordenanza reguladora, sólo entonces podrá la Corporación, habilitada por esa norma legal singular, acordarlo y hacerlo constar, así, en aquélla.

Aplicando la precedente doctrina al presente caso, nos encontramos que conforme a lo preceptuado en la Disposición Transitoria Quinta.1. de la Ley 51/02 : 1. Con efectos exclusivos para el ejercicio de 2003, los Ayuntamientos que decidan aplicar, en uso de su capacidad normativa, las modificaciones establecidas en esta Ley en los tributos periódicos con devengo el 1 de enero de dicho año deberán aprobar el texto definitivo de las nuevas ordenanzas fiscales y publicarlas en el Boletín Oficial correspondiente, todo ello con arreglo a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales , antes del 1 de abril de 2003.

En el supuesto de que para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles no se haga uso de la autorización contenida en el párrafo anterior, el tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales será el correspondiente a los bienes inmuebles urbanos.

Existe por tanto una disposición legal, que excepcionalmente, para el ejercicio 2003, permite a los Ayuntamientos que decidan aplicar las modificaciones establecidas en esa Ley, aprobar las nuevas Ordenanzas Fiscales y publicarlas en el Boletín correspondiente antes del 1 de abril de 2003, constituyendo tal Disposición Transitoria una excepción al principio general de eficacia temporal de dichos actos, y en especial, de las Ordenanzas Fiscales.

Consecuentemente, estamos en presencia de una retroactividad admitida por la propia Ley y que como señala la STS de 27-2-99 deriva de la aplicación de la Ordenanza Fiscal a relaciones tributarias generadas anteriormente y que es de las llamadas de segundo grado, pues hace referencia a las relaciones nacidas y aún no satisfechas o extinguidas, a diferencia de la retroactividad de primer grado absolutamente prohibida por el art. 9.3 de la Constitución y que se refiere a las relaciones desenvueltas y extinguidas bajo el régimen jurídico anterior.

Una copiosa jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional - desde la clásica sentencia 126/87- como de la Sala Tercera del T.S ., ha reiterado esta distinción que elimina el reproche de legalidad que se formula en el recurso, con respecto a la aplicación retroactiva de la norma.

En definitiva hemos de concluir que la Ordenanza impugnada no vulnera la doctrina jurisprudencial recaída en materia de retroactividad.

CUARTO.- Invoca la recurrente la disconformidad con el ordenamiento jurídico del régimen especial del IBI aplicable a los bienes de características especiales en cuanto infringe el principio de igualdad ( art. 1.1., 14.1 y 31.1 de la Constitución ), el principio de capacidad económica proclamado en el art. 31.1 de la Constitución y el principio de justicia tributaria consagrado en el mismo precepto, al suponer dicho régimen especial una carga tributaria superior a la que resulta para los inmuebles rústicos y urbanos.

Para resolver esta cuestión, procede previamente efectuar una serie de matizaciones, y así:

a).- Que corresponde al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la constitucionalidad de una disposición legal una vez aprobada la Constitución Española, en tanto que corresponde a los Tribunales de Justicia plantear la cuestión de inconstitucionalidad cuando se estime que la cuestión legal aplicable al caso enjuiciado infringe o vulnera un precepto constitucional.

b).- Que la alegación de inconstitucionalidad alegada por las partes en un proceso no tiene carácter vinculante para los Tribunales de Justicia, para obligarles necesariamente a plantear la Cuestión de Inconstitucionalidad.

c).- Que la disposición legal que se estima inconstitucional ha de constituir el núcleo fundamental del proceso, pues con base a ella se ha de determinar la legalidad o ilegalidad del acto impugnado, de tal forma que procederá la desestimación del recurso si dicha disposición legal se estima conforme al Texto Constitucional, o en su caso, su estimación si se considera por el Tribunal Constitucional que vulnera el referido Texto Constitucional.

d).- Que es en este momento, el tiempo de dictarse sentencia, cuando nos encontramos en la fase procesal oportuna para suspender el procedimiento y plantear la cuestión de inconstitucionalidad o rechazar la cuestión planteada y desestimar la pretensión deducida.

Así las cosas, y por lo que respecta a la determinación del hecho imponible, entendemos que no se ha producido vulneración alguna del art. 14 de la C.E . por establecer tres tipologías de bienes, pues ello obedece a la voluntad del legislador, sin perjuicio de que lo que ahora se denominan bienes de características especiales, ya eran bienes que gozaban de un tratamiento singular en las distintas Ponencias de Valores, atendidas las singularidades específicas de los mismos, siendo de destacar al respecto la STS de 28-2-03 , que admite que se puedan aplicar coeficiente correctores distintos de los establecidos con una alcance general, en los supuestos de bienes en los que concurran características especiales, como los saltos de agua.

Por lo que se refiere a la prohibición de la doble imposición, procede remitirse a lo declarado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 233/99, de 16 de diciembre , que ha concluido que la prohibición de doble imposición en materia tributaria únicamente "garantiza que sobre los ciudadanos no pueda recaer la obligación material de pagar doblemente por un mismo hecho imponible" -SSTC 37/1987, fundamento jurídico 14; 149/1991, fundamento jurídico 5º A); 186/1993, fundamento jurídico 4º c); 14/1998 , fundamento jurídico 11 C)-. Y llegados a este punto, no podemos decir que estamos en un supuesto de doble imposición entre el IAE y el IBI, como pretende la recurrente, pues el primero es un impuesto directo y de carácter real cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto, mientras que le IBI es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en la Ley, constituyendo su hecho imponible la titularidad de los siguientes bienes y derechos sobre los bienes inmuebles rústicos urbanos y sobre los bienes inmuebles de características especiales:

¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.

a).- De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.

b).- De un derecho real de superficie.

c).- De un derecho real de usufructo.

d).- Del derecho de propiedad.

Tampoco puede decirse que concurra esa doble imposición con el ICIO, pues éste es un tributo directo, cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro de un término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, por lo que hemos de concluir que no se produce una duplicidad de tributación sobre el mismo hecho imponible.

En otro orden de cosas, y por lo que a la base liquidable se refiere, invoca la recurrente la vulneración del principio de igualdad, por la desigualdad de trato que se produce entre los bienes urbanos, rústicos y los de características especiales, en la medida que a estos últimos se les veta toda reducción de la base imponible. Sin embargo, no compartimos tal argumentación, pues nuevamente estamos ante una opción del legislador, regulando de forma distinta bienes diferentes, sin que ello suponga vulneración del principio de igualdad, ya que la desigualdad de trato legal no afecta a una identidad de situaciones, premisa proclamada por la Jurisprudencia para estimar la violación del artículo 14 de la Constitución .

En la misma línea, sostiene la actora que el tipo de gravamen previsto para los bienes de características especiales supone una carga tributaria superior a la de otros bienes, lo que vulnera el principio de igualdad, capacidad económica y justicia tributaria.

Sin embargo, tal alegación no puede prosperar, pues como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 55/98, de 16 de marzo , no toda proclamación constitucional del principio de igualdad es reconducible, sin más, a la efectuada por el art. 14 C.E ." y que "específicamente no lo es, en cuanto aquí interesa, la del principio de igualdad en materia tributaria contenida en el art. 31 C.E ., como así lo ha declarado con rotundidad este Tribunal en diversas ocasiones (SSTC 19/1989, 53/1993 y 54/1993 )", pues "si bien ello no significa que este Tribunal no pueda llegar a apreciar (...) una infracción del art. 14 por la Ley Tributaria , si excluye claramente que, capa de una invocación meramente formal del art. 14 C.E ., en realidad el recurrente de amparo venga a apoyarse en el art. 31.1 C.E ., precepto éste que, como se ha dicho, no puede servir de fundamento a una pretensión en este proceso constitucional, por imperativo del art. 53.2 C.E . y del art. 41.1 LOTC " (todo ello, en STC 159/1997 , fundamento jurídico 3º, también reproducido en STC 183/1997 , fundamento jurídico 3º).

A mayor abundamiento, señalar que no cabe hablar de vulneración del principio de igualdad, por el diferente trato que la Ley otorga a los bienes de características especiales, desde el momento que la diferencia trae su causa en la nueva clasificación que en la Ley se otorga a esos bienes, al formar un conjunto complejo de uso especializado integrado por el suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización, lo que provoca que dadas sus peculiaridades características, tengan una diferente valoración, no pudiéndose por ello equiparar a los bienes de naturaleza urbana, ni a los de rústica, en los que no concurren esas peculiaridades, habiendo optado el legislador por gravar en mayor medida a los bienes de características especiales en atención a su mayor capacidad contributiva, sin que ello vulnere el principio de igualdad en los términos expuestos, por lo que no se estima procedente plantear cuestión de inconstitucionalidad alguna.

QUINTO.- En último término plantea la actora que la facultad atribuida a los Ayuntamientos para fijar el tipo de gravamen del IBI aplicable a los bienes de características especiales, es disconforme con el ordenamiento jurídico, ya que el art. 73.2 de la LRHL no establece criterio alguno para modular la facultad municipal de aumento o disminución del tipo de gravamen general, de forma que esa facultad municipal se ejerce sin más restricciones que las derivadas de los límites máximos y mínimos, esto es, 1,3 % y 0,4%, lo que a su juicio vulnera le principio de igualdad, en relación con el principio de reserva de Ley.

A este respecto, señalar que la STC núm. 233/1999 (Pleno), de 13 diciembre, que resolvió los recursos de Inconstitucionalidad núms. 572/1989, 587/1989 y 591/1989 (acum.) y Cuestiones de Inconstitucionalidad núms. 2679/1996, 4626/1996, 2820/1996, 4646/1996 y 745/1997 (acum.) recuerda que nos hallamos en un campo jurídico donde existe reserva de ley estatal, y que el art. 60 LHL garantiza la autonomía local respetando al mismo tiempo aquel principio. En lo que aquí interesa, esa STC recuerda que la LHL otorga a los Ayuntamientos un suficiente margen de decisión en la fijación de la cuantía de todos los tributos propios (preceptivos y potestativos) al autorizarles, dentro de los límites establecidos en la propia norma, bien a incrementar las cuotas (arts. 88, 89 y 96 de la LHL ) o los tipos de gravamen (arts. 73 y 103 LHL ) legalmente establecidos, bien a fijar la escala de gravamen (art. 109 LHL ). Con esas previsiones legales ya se entiende respetada esa autonomía sin que proceda en modo alguno, a juicio de esta Sala, una ampliación vía jurisprudencial de esos límites.

Estamos en definitiva ante una manifestación concreta del principio de autonomía consagrado en el art. 140 de la Constitución , habiendo optado el legislador por cohonestar el principio de reserva de Ley con el de autonomía municipal, por lo que no se produce la vulneración constitucional denunciada, no procediendo en consecuencia plantear cuestión de inconstitucionalidad alguna, lo que conlleva la desestimación del recurso interpuesto".

TERCERO.- Hasta aquí la sentencia citada que, por lo demás, ha seguido esta Sala de modo reiterado; por todas, sentencia de 17 de octubre de 2005 dictada en el recurso 1385/2003 promovido por la aquí apelante, y en la que se dice que "se suscita en el presente caso una problemática muy similar a la planteada por dicha sociedad y por otras del mismo ramo de actividad contra distintas Ordenanzas de un contenido semejante, recursos que han sido ya decididos en un mismo sentido por distintos Tribunales Superiores de Justicia, entre los que cabe citar el de Cataluña, sentencias de 27 de febrero de 2004 y 13 de enero de 2005, el de la Comunidad Valenciana , sentencia de 22 de diciembre de 2004, el de Galicia , sentencia de 18 de marzo de 2005, el de Extremadura , sentencia de 18 de abril de 2005, y éste de Castilla y León, tanto el que tiene su sede en Burgos , en la sentencia de 22 de octubre de 2004, como esta misma Sala de Valladolid en diversas sentencias de 29 de julio y 7, 12 y 28 de septiembre de 2005 ".

En fin, procede dar por reproducida la doctrina que se ha expuesto lo que conlleva la desestimación del recurso.

CUARTO.- De acuerdo con el criterio objetivo del vencimiento que se establece en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , procede imponer las costas de esta segunda instancia a la parte apelante, al haber sido totalmente desestimadas sus pretensiones impugnatorias.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

DESESTIMAR el recurso de apelación formulado por la entidad mercantil Iberdrola Generación, S.A., contra la sentencia de 20 de diciembre de 2004 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número UNO de Palencia , la que se confirma en su integridad, imponiéndose a la recurrente las costas de esta alzada.

Devuélvanse los autos originales y el expediente al órgano judicial de procedencia, acompañando testimonio de esta sentencia, y dejando el original en el libro correspondiente.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Publicada ha sido la anterior sentencia en el día de su fecha, de lo que doy fe.