Sentencia Administrativo Nº 96/2013, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 383/2011 de 25 de Febrero de 2013

Encabezamiento

SENTENCIA

En la ciudad de Burgos, a veinticinco de Febrero de dos mil trece.

En el recurso número 383/2011, interpuesto por BARSIL, S.L.U. representado por el Procurador Ana Marta Miguel Miguel y defendido por el Letrado Jesús del Ojo Carrera, contra Resolución del Tribunal Económico Administrativo de Castilla y León, Sala de Burgos de 30 de noviembre de 2011, reclamación nº 5/004/10 sobre Impuesto sobre Bienes Inmuebles, habiendo comparecido, como parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado en virtud de representación que por ley ostenta.

Antecedentes

PRIMERO:Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso-administrativo ante esta Sala el día 6 de julio de 2011.

Admitido a trámite se dio al mismo la publicidad legal y se reclamó el expediente administrativo; recibido se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectuó en legal forma por medio de escrito de fecha 26 de marzo de 2012, que en lo sustancial se da por reproducido y en el que terminaba suplicando se dicte Sentencia por la que: 'estimando nuestras pretensiones, anule los actos impugnados y las bases de la Ponencia de Valores Catastrales (en las particulares que incumple las normas de aplicación y en cuanto al polígono y zonas de valor considerados y su aplicación a los inmuebles de la actora), por contrarios a derecho; e imponiendo las costas a la Administración demandada si se opusiera. Es justo'.

SEGUNDO: Se confirió traslado de la demanda por término legal al Sr. Abogado del Estado, quien contestó a medio de escrito de 25 de mayo de 2012, oponiéndose al recurso y solicitando su desestimación en base a los fundamentos jurídicos que aduce.

TERCERO:Una vez dictado Auto de fijación de cuantía, y recibido el recurso a prueba se practicó con el resultado que obra en autos, y habiendo solicitado las partes la presentación de conclusiones escritas, se evacuó traslado para cumplimentar tal trámite, quedando el recurso concluso para sentencia, y no pudiéndose dictar ésta en el plazo de diez días previsto en el art. 67.1 de la Ley 29/1998 , al existir recursos pendientes de señalamiento para Votación y Fallo con preferencia, y puesto que el art. 64.3 de la misma Ley , establece que tal señalamiento se ajustará al orden expresado en el apartado 1 del artículo anterior y existiendo en la Sala recursos conclusos de fecha anterior, y por tanto con preferencia para efectuar su señalamiento al de este recurso, quedaron los autos pendientes de señalamiento de día para Votación y Fallo, para cuando por orden de declaración de conclusos correspondiese, habiéndose señalado el día 7 de Febrero de 2013para votación y fallo, lo que se efectuó. Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de este recurso.

Fundamentos

PRIMERO.- Se recurre la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos, acumulada a la desestimación presunta, que estima parcialmente la reclamación número 05/4/2010 interpuesta por la actora contra la notificación individual del valor catastral dictada por la Gerencia Territorial del Catastro de Ávila en el procedimiento de valoración colectiva de carácter general practicado en el municipio de Ávila en relación con los inmuebles de referencia catastral 8308502UL5080N0001ZK y valor catastral 1.339.196 euros, 8310957UL5081S0001QB y valor catastral 1.911.221 euros, 8310984UL5081S001WB y valor catastral 718.413,50 euros, 8310987UL5081S0001YB y valor catastral 1.730.408,50 euros y 8412701UL5081S0001JB y valor catastral 1.588.261,50 euros.

La estimación de la reclamación afecta a la superficie edificable de determinadas fincas, que se estima errónea, por lo que debe ser modificada.

SEGUNDO.- La parte actora pretende en este recurso que se deje sin efecto la Resolución recurrida, anulando los actos impugnados y la Ponencia de Valores Catastrales en los particulares expuestos.

En apoyo de su pretensión, alega, en primer lugar, que el Tribunal Económico Administrativo no analiza la totalidad de los motivos de impugnación expuestos en su reclamación, al considerar que la Ponencia de Valores aplicada quedó firme, al no haberse deducido el oportuno recurso, denunciando que la Jurisprudencia admite la impugnación indirecta de tales Ponencias, dado su carácter cuasi reglamentario.

En segundo lugar, considera que la Ponencia de valores incumple las normas catastrales que debe desarrollar y es insuficiente para asignar el valor catastral al inmueble de la entidad actora.

Concretamente denuncia que la Ponencia se limita a transcribir la normativa de aplicación, acompañando cuadros y especificaciones supuestamente singulares para el municipio de Ávila y un Estudio de mercado del que se desconoce si es de aplicación.

Así dice que la ponencia no expresa motivación alguna que justifique cual ha sido el criterio de delimitación del polígono y zona de valor considerados y tampoco explica como opera el MBR=800 respecto de los suelos genéricamente delimitados como ampliación y a virtud de qué operaciones o criterios se traslada aquel a valores de repercusión de polígonos y zonas así como cual es el valor de mercado en estos suelos.

En tercer lugar, se alega que dado que las fincas a valorar tienen la condición de solares, el acto de valoración individual debe descender a nivel de parcela, lo que, a su juicio no se ha hecho, siendo improcedente utilizar valores generales de la zona.

En cuarto lugar, sostiene que el Tribunal Económico Administrativo ha desconocido sus propios actos, ya que el valor base de algunas de las parcelas a las que este recurso de refiere ha sido modificado.

Por su parte, la Administración demandada sostiene la conformidad a derecho de la resolución recurrida, oponiendo la imposibilidad de revisar el contenido de la Ponencia de Valores, para, seguidamente, matizando siempre lo que puede ser o no modificado o impugnado por traer causa directa de la ponencia de valores pasa a analizar las alegaciones concretas sobre las parcelas, oponiendo, además, como desviación procesal las alegaciones que se hacen en relación al valor base por tratarse de una cuestión nueva.

TERCERO.- Entrando en las alegaciones en las que se basa la impugnación de la recurrente, en las que claramente pretende la impugnación de la ponencia de valores por considerar que no es conforme a derecho por las razones que expone, y la no impugnabilidad de la ponencia de valores que sostiene el Abogado del Estado, hemos de valorar la naturaleza jurídica de las Ponencias de Valores y su impugnabilidad, lo que nos permitirá determinar el alcance del recurso interpuesto. Para ello hemos de traer a colación la doctrina del Tribunal Supremo que resulta de resoluciones recientes como el auto de 20 de Octubre del 2011 dictado en el recurso 5615/2010 siendo PonenteDon RAFAEL FERNANDEZ MONTALVO cuando estando analizando la admisibilidad del recurso de casación valora la naturaleza de las Ponencias de Valores y dice: ' No obstan a la anterior conclusión las alegaciones realizadas por la recurrente en el trámite de audiencia, en relación a la naturaleza de las Ponencias especiales de valores a efectos de justificar la fijación de la cuantía del recurso como indeterminada, pues tal y como se ha señalado por esta Sala en Sentencia de 10 de Febrero de 2011 (Recurso de Casación 1348/2006 ), «las Ponencias de Valores son actos administrativos y no disposiciones generales, debiendo señalarse al respecto que si tuvieran este último carácter no serían impugnables ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado, tal y como se indica en el artículo 70-3 de la Ley de Haciendas Locales , pues es sabido que los artículos 15 del Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre y 37 y 38 del Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas , aprobado por Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo , se refieren sólo a 'actos impugnables', pero no atribuyen competencia a los Tribunales Económico-Administrativos para conocer de impugnación de disposiciones generales. Y es que los actos de aprobación de las Ponencias de Valores, insertados en un procedimiento de determinación del valor catastral, tienen carácter general por su contenido y destinatarios, pero ello no les hace perder su carácter de ser consecuencia de la aplicación del ordenamiento jurídico, por lo que no forman parte del mismo y no pueden equipararse a las disposiciones generales. En todo caso, en las Sentencias de esta Sala de 7 de marzo y 7 de mayo de 1998 ya se señaló que 'los acuerdos que se adoptan en el seno de los Consorcios, para la Gestión e Inspección de las Contribuciones Territoriales, ahora en el Centro de Gestión Catastral, y Cooperación Tributaria, para elaborar y aprobar las ponencias que sirven para la fijación o revisión de los valores catastrales correspondientes a un municipio, son actuaciones administrativas de gestión de un tributo, dirigidas a determinar sus bases, que se materializan en las que afectan a cada sujeto pasivo y que pueden ser objeto de impugnación en vía económico administrativa y revisión jurisdiccional, al combatir dichas bases, ya lo sean con ocasión de su preceptiva notificación o, eventualmente, a través de la liquidación o, incluso puesta al cobro del recibo de la cuota resultante, si aquella notificación no se produjo en su momento, pero no tienen -las referidas actuaciones preparatorias de la determinación de bases- la condición de disposiciones generales que pretende atribuirle la apelante, por que, más allá del establecimiento concreto de las mismas, carecen de fuerza normativa externa a la propia Administración que las elabora'.

La exclusión del carácter de disposiciones generales de las Ponencias de Valores ha sido confirmada por Sentencias posteriores a las antes indicadas, como las de 24 de febrero de 2003 y 21 de noviembre de 2006 , declarándose en esta última, con el valor que da ser resolutoria de un recurso de casación para la unificación de doctrina, ' que se ha dicho reiteradamente por esta Sala (por todas, Sentencias de 13 de junio de 1997 , 7 de marzo y 4 de abril de 1998 que las ponencias de valores no tienen el carácter de disposiciones generales, por lo que su impugnación no permite acceder a la casación por la vía del artículo 26 de la LRJCA (impugnación indirecta de disposiciones generales)'.

Esta doctrina si bien excluye el recurso de casación por la vía de la impugnación indirecta de disposiciones generales, lo cierto es que también excluye la inadmisibilidad del recurso por acto firme y consentido al considerar que son actuaciones administrativas de gestión de un tributo, dirigidas a determinar sus bases, que se materializan en las que afectan a cada sujeto pasivo y que pueden ser objeto de impugnación en vía económico administrativa y revisión jurisdiccional, al combatir dichas bases, ya lo sean con ocasión de su preceptiva notificación o, eventualmente, a través de la liquidación o, incluso puesta al cobro del recibo de la cuota resultante, si aquella notificación no se produjo en su momento.

Doctrina esta que viene a consolidar y matizar el criterio expuesto por esta Sala en las sentencias dictadas en los recurso 402 y 403/09 donde decíamos ' esto es, cabe la impugnación indirecta de la Ponencia de Valores en los aspectos que afectan al valor catastral que ha sido notificado al actor, pero no de manera general.'

En términos similares se pronuncia la Sala de Madrid en sentencias de 19 de Julio del 2011 y 22 de Junio del 2010 Ponente: BERTA MARIA SANTILLAN PEDROSA, en las que después de refleja el procedimiento de valoración catastral dice: ' De acuerdo con lo arriba expuesto, el método para la fijación de valores, esto es la Ponencia, puede desde luego ser cuestionado, tanto en el momento de la publicación de la ponencia, lo que podríamos considerar como impugnación directa de la misma, como cuando, concretamente se notifiquen los específicos valores que la Administración asigna a cada uno de los inmuebles que integran el área geográfica afectada por la Ponencia' y con cita de la Sentencia del T.S. de 11 de abril del 2006 , en lo que a la elaboración de las Ponencias respecta:' TERCERO: Una vez determinada la naturaleza y alcance de la Ponencias de Valores, debemos entrar en el análisis de las cuestiones planteadas, y sobre este punto entendemos que, de acuerdo con la precisa observación desde la que el Abogado del Estado construye su contestación a la demanda, la cuestión que se plantea es puramente fáctica, pues no se denuncia una concreta violación de la normativa aplicable, y se hace desde la discrepancia subjetiva de los recurrentes respecto de la forma de elaborar la Ponencia de Valores por parte de la Administración, y más concretamente sobre su hipotética falta de acierto en el desarrollo de la Memoria y Estudios realizados. A este respecto debe decirse que efectivamente el procedimiento de elaboración de la Ponencia, indudable instrumento adscrito a la consecución del fin legalmente previsto, justifica su existencia en la medida en que garantiza la observancia de unas mínimas exigencias que se convierten en la garantía de la interdicción de la arbitrariedad. Por ello, si se constata el cumplimiento de las referidas normas, contenidas en el art. 70 de la Ley 39/1988 y RD citado en lo que a la elaboración de las Ponencias respecta, las impugnaciones que puedan hacerse sólo podrán prosperar en los supuestos en los que se impute a la actuación administrativa arbitrariedad en su modo de proceder, ya que tampoco puede olvidarse que los Tribunales de Justicia no pueden sustituir el margen de apreciación concedido por la ley a la Administración entre varias alternativas posibles, por cuanto lo impide el principio de discrecionalidad técnica, aplicable en todos los casos en los que la Administración debe pronunciarse antes distintas posibilidades de actuación; obviamente lícitas. Así las cosas, no cabe duda de que una simple discrepancia subjetiva entre el parecer de un contribuyente y el de la Administración está directamente condenada al fracaso, si además no está acompañada de un dictamen pericial que evidencie fuera de toda duda que la denunciada actuación fáctica constituye una arbitrariedad o una manifiesta infracción del ordenamiento jurídico, lo que no ocurre en el presente supuesto, pues la prueba practicada se limita, además de la documental, a la aportación de un informe pericial que no sea ratificado en vía judicial en presencia de las partes, por lo que sólo pueden ser valoradas como una opinión de parte que no desvirtúan el conjunto de dictámenes y trabajos adjuntos a la Ponencia emitidos por funcionarios públicos'. Concluye ' Y en este caso el actor no aporta ningún dictamen pericial que evidencie fuera de toda duda que la denunciada actuación fáctica constituye una arbitrariedad o una manifiesta infracción del ordenamiento jurídico en relación con la valoración catastral que excede de los valores de mercado que se exigen. Nos encontramos ante una mera opinión de parte que no desvirtúan el conjunto de dictámenes y trabajos adjuntos a la Ponencia emitidos por funcionarios públicos. Y, por tanto, se desestima la pretensión de que el valor del catastro asignado es excesivo por no acreditarse en autos mediante ninguna prueba que el Valor Catastral asignado al inmueble de su propiedad supera el límite del valor del mercado.'

En consecuencia en el presente caso nos encontramos que cabe la impugnación del valor catastral rebatiendo la aplicabilidad de las bases contenidas en la Ponencia al bien en cuestión por no ajustarse las circunstancias objetivas de este a las previsiones contenidas en la ponencia. O no ajustarse el resultado a las previsiones legales. Si la realidad del bien no encaja dentro de las previsiones de la Ponencia, y lo que ha de primar es la realidad, difícilmente puede decirse que lo dicho en la ponencia es firme y consentido y vincula, cuando resulta que queda acreditado que no se adapta a la realidad.

Citar a mayor abundamiento la sentencia de la Sala de Madrid de 25 de Octubre del 2012 Recurso: 42/2011 , Ponente: JOSÉ DANIEL SANZ HEREDERO que después de recoger las distintas posturas jurisprudenciales y doctrinales en el fundamento Cuarto, acaba por justificar la postura de la Sección diciendo: ' Esta Sección, pese a la consideración de que las Ponencias de valores no deben ser consideradas disposiciones generales, sin embargo, se decanta por la posibilidad de que al hilo de la impugnación del concreto valor catastral notificado, pueda el reclamante poner de manifiesto no sólo una aplicación incorrecta o defectuosa de la Ponencia, cuestionándose así el valor individual impugnado, sino también, en su caso, de que se pueda poner de manifiesto determinados vicios que afectan directamente a la propia Ponencia de valores. Son varias, creemos, las consideraciones que avalan dicha conclusión.

En primer lugar, dicha posibilidad salvaguarda mucho mejor los derechos de los contribuyentes afectados, puesto que cuando se asume plena conciencia del alcance y contenido de la Ponencia de valores es cuando la Administración procede a efectuar la notificación individualizada del valor catastral correspondiente. En la notificación se contienen los datos esenciales que contribuyen a la formación del valor catastral como son: la superficie de la finca, el polígono y zona de valor donde se incluya la finca, el valor de repercusión o, en su caso, valor unitario que resulte aplicable, el valor de la parcela o subparcela, coeficientes correctores del suelo y de la construcción, etc., y como consecuencia de todo ello, el concreto valor catastral, tanto del suelo como de la construcción si la hubiere. Por tanto, sólo entonces el contribuyente afectado, repetimos, tiene cabal y completo conocimiento de las concretas consecuencias valorativas que sobre los bienes de su propiedad despliegan los correspondientes criterios de valoración establecidos en la pertinente Ponencia de valores.

Es cierto que el acuerdo de aprobación de las Ponencias de valores totales o parciales, con carácter previo a la notificación individual, habrá sido objeto de la correspondiente publicación en el correspondiente boletín oficial de la provincia, en cuya publicación se indicará, en todo caso, el lugar y plazo de exposición al público de la Ponencias a que se refiera (artículo 27.3 del TRLCI), y que podrá recurrirse en vía económico-administrativa (artículo 27.4 TRLCI), pero no es menos cierto que con aquélla publicación en modo alguno el contribuyente tiene conocimiento, pleno y exacto, de las correspondientes consecuencias valorativas. Sería preciso que por parte de éste, a modo de especie de examen o consulta preventiva, se procediese a efectuar una actividad investigadora sobre todos y cada de los apartados contenidos en la correspondiente Ponencia, a fin de poder extraer, de forma anticipada, en qué medida los criterios y bases valorativas contenidas en aquélla le afectarían, finalmente, a partir del 1 de enero del año siguiente.

A todo ello debemos añadir, además, que el contenido de la Ponencia de valores no es objeto de publicación en el correspondiente boletín oficial, sino tan sólo es objeto de publicación el mero anuncio de su aprobación.

Además, debemos resaltar que el contenido de la Ponencia de valores es ciertamente complejo y muy técnico, con una mixtura de conocimientos jurídicos y valorativos que no hacen nada fácil su comprensión. Por lo tanto, el particular que estuviese dispuesto a efectuar dicha actividad investigadora-preventiva se vería forzado a contratar los servicios de asesoramiento correspondiente, tanto jurídicos como técnicos.

Que tal actividad supone un serio gravamen para el contribuyente resulta evidente, como evidente es que el procedimiento ideado por la Ley para dar a conocer el contenido de la Ponencia de valores está muy lejos de garantizar su objetivo. La publicidad edictal no garantiza suficientemente el conocimiento del contenido y alcance de dicho acto general, ni su trascendencia en la valoración del inmueble. El mecanismo de publicidad, por tanto, ideado por la Ley está muy lejos de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los contribuyentes destinatarios de la Ponencia de valores.

Por otra parte, el procedimiento de valoración individual no podemos considerarlo como un acto aislado, sino como un conjunto de actos administrativos, integrados ' en un procedimiento complejo que se realiza en varias fases que resultan encadenadas entre sí y que dan lugar a la determinación del valor que resulta aplicable a cada inmueble concreto '.( Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1995 ). Esto es, en dicho procedimiento se distinguen diversas fases, culminando una de ellas con el acuerdo aprobatorio de la Ponencia de valores, a la que sigue la aplicación valorativa individualizada, mediante la aplicación de las bases y criterios en aquélla incluidos, que culmina con la notificación al contribuyente de la correspondiente valoración catastral. Sólo, en este último, instante, el titular catastral está en condiciones en considerar si el valor catastral adjudicado a su inmueble se aproxima o se aleja del que él considera que tiene.

Por tanto, de aceptarse que sólo es posible impugnar el contenido de las Ponencia de valores mediante su impugnación directa, de tal forma que el contribuyente que hubiese dejado pasar el correspondiente plazo de impugnación sólo puede cuestionar el valor catastral desde la óptica de su conformidad o disconformidad con la Ponencia de valores, impidiéndole toda posible consideración en relación a la no conformidad al ordenamiento jurídico de la propia Ponencia, se estaría restringiendo y limitando, hasta el extremo de hacerlo prácticamente inexistente, el derecho constitucional a la obtención de la tutela efectiva de Jueces y Tribunales.

Por otra parte, no podemos dejar de recordar como el propio Tribunal Supremo, en ocasiones (Sentencias de 1 de febrero de 2005 , 25 de febrero de 2010 y 31 de mayo de 2010 ) ha considerado que las Ponencias de valores tienen ' un carácter cuasi reglamentario, y de ahí que el legislador haya querido imponer su publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia, y su exposición durante 15 días ( art. 70.4 de la Ley de Haciendas Locales ) '. Por tanto, desde dicha óptica, nada impide que podamos entender aplicable, por analogía, los mecanismos de impugnación de las normas y disposiciones reglamentarias, establecidos por el ordenamiento jurídico, y en concreto, los establecidos en el artículo 26 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . Tal posibilidad, además, ha sido admitida, como ya hemos dicho por el Tribunal Supremo, pudiendo citarse al efecto, por su cercanía en el tiempo, la Sentencia de 31 de mayo de 2010 , que se ocupa, ciertamente, del conocimiento de una impugnación indirecta de una Ponencia de valores con ocasión de la impugnación de la valoración catastral individualizada, por cuyo motivo considera de cuantía indeterminada el recurso de casación a los efectos de su admisión, lo que, lógicamente, presupone la factibilidad de impugnación indirecta de las Ponencias de valores

De cuanto antecede, creemos, en las circunstancias expuestas, que sólo la opción de que el titular catastral pueda cuestionar la propia Ponencia de valores al hilo de la impugnación del valor catastral garantiza y salvaguarda el derecho de aquél a la tutela judicial efectiva'.

Incluso se ha de recordar que como reconoce el Abogado del Estado en su escrito de conclusiones, hasta el TEAC reconoce la puesta en tela de juicio de las Ponencias de Valores con motivo de la impugnación de las valoraciones individuales notificadas, con el alcance y las limitaciones que de dicha impugnación resulta al limitarse al bien objeto de valoración.

CUARTO.- Desde la perspectiva general que nos dan los razonamientos anteriores, debemos proceder al análisis de la demanda, comenzando por la falta de motivación que se denuncia, y para ello debemos tener en cuenta lo razonado en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de diciembre de 2012, que desestima el recurso de casación número 7158/2010 interpuesto contra la Sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de noviembre de 2010 (recurso 615/2009 ), Ponente Excmo. Sr. Huelin Martínez de Velasco, que dice 'Ocurre así porque la obligación de motivar los actos administrativos, que es consecuencia de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de las arbitrariedad de los poderes públicos, garantizados por el artículo 9.3 de la Constitución española , y que se enmarca en el deber de la Administración de servir con objetividad los intereses generales y de actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho, como le impone el artículo 103 de la Constitución , se traduce en la exigencia de que los mismos contengan una referencia sucinta pero precisa y concreta de los hechos y de los fundamentos de derecho que permitan conocer al administrado la razón fáctica y jurídica de la decisión administrativa, posibilitándole el ejercicio de su derecho de defensa, tanto en la vía administrativa previa como en la ulterior jurisdiccional contencioso-administrativa. Ahora bien, respetado ese límite infranqueable, la concreta motivación exigible en cada caso dependerá de la potestad administrativa ejercitada, del acto administrativo de que se trate y de las circunstancias concurrentes [véanse, por todas, las sentencias de 5 de octubre de 2012 (casación 4430/10, FJ 10 .º) y 24 de marzo de 2011 (casación 2885/06 , FJ 4.º)]. '

En el presente caso, la potestad que se ejercita es la de valoración de inmuebles donde la exigencia de motivación viene establecida en la norma mediante la remisión a la Ponencia de valores aprobada legalmente de la que aquellos traen causa.

A estos efectos hay que recordar el artículo 25.1 del Texto Refundido del Catastro Inmobiliario cuando establece: ' La ponencia de valores recogerá, según los casos y conforme a lo que se establezca reglamentariamente, los criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo la determinación del valor catastral, y se ajustará a las directrices dictadas para la coordinación de valores' .

La Ponencia con arreglo a la que se han dictado los valores catastrales impugnados cumple con dicho precepto.

Tomando lo dicho por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de Noviembre del 2012 Recurso: 587/2010 , Ponente: MARIA ASUNCIÓN SALVO TAMBO, diremos que ' La lectura del precepto pone de manifiesto que se efectúa una remisión a la regulación reglamentaria, con la finalidad de establecer los elementos para llevar a cabo la determinación de los valores catastrales. El precepto no efectúa alusión alguna a la necesidad de recoger los criterios de coordinación, aunque, como no podía ser de otra manera, la Ponencia deberá ajustarse a las directrices para la coordinación nacional de valores establecidos por la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria.

En consecuencia la Ponencia no hace sino desarrollar unos criterios que se establecen con anterioridad para la Coordinación por el órgano encargado de llevarla a cabo.

Basta examinar la Ponencia de Valores para comprobar que contiene los criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo la determinación del valor catastral, en los términos exigidos por el precepto citado. En realidad las afirmaciones contenidas en la demanda, giran en torno a la idea de una insuficiencia en la fundamentación de los criterios utilizados, pero ello no implica falta de motivación.'

Es más de la lectura integrada de la ponencia resulta que aparece como un todo en principio lógico y en el apartado de análisis y conclusiones del mercado se aportan parámetros generales que sirven de justificación a los criterios de valoración, la división en zonas de valoración, siendo relevantes las tipologías constructivas en cuanto a la valoración y los usos etc.

Por otro lado, hay que constatar que el Estudio de Mercado ha tomado en consideración un número suficiente de inmuebles y, para percatarse de la suficiencia y validez de los análisis y conclusiones de los estudios de mercado realizados para la elaboración de la Ponencia de Valores, basta observar los documentos de la propia Ponencia para comprobar que los referidos estudios cumplen sobradamente los requisitos exigidos por las Normas 22 y 23 del Real Decreto 1020/1993.

La Norma 22 del Anexo del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, sobre normas técnicas de valoración, dispone en el punto dos que las ponencias de valores serán realizadas por las Gerencias Territoriales del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, teniendo en cuenta la normativa urbanística y la de valoración catastral, así como los estudios y análisis del mercado inmobiliario establecidos en la norma 23, agregando en el siguiente punto 3 que las ponencias de valores se acompañarán, en documento separado, de los análisis y las conclusiones de los estudios de mercado y de los resultados obtenidos por aplicación de los mismos a un número suficiente de fincas, al objeto de comprobar la relación de los valores catastrales con los valores de mercado.

En relación a los estudios del mercado inmobiliario urbano, especifica la norma 23 que el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria establecerá los criterios y contenido mínimo de los estudios del mercado inmobiliario que servirán de base para la redacción de las ponencias de valores.

Estos estudios tienen por objeto la realización de una investigación de los datos económicos del mercado inmobiliario urbano, su posterior recopilación y análisis y la elaboración de unas conclusiones que reflejen la situación del mercado a los efectos de lo previsto en el artículo 66 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales .

En relación a los estudios de mercado la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2009 que se remite a la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2005 y 8 de febrero de 2008 señala que ' la finalidad del estudio de mercado es orientar a los técnicos de la Ponencia para que fijen unos valores básicos a las calles y polígonos del municipio, de forma que su aplicación a fincas concretas conduzca a unos valores catastrales que resulten referidos a los valores del mercado.

Ahora bien, no resulta obligado recoger fichas o muestras, a estos efectos, en cada uno de los polígonos fiscales, sino en las distintas áreas homogéneas que se definan dentro de un mismo término municipal si existen distintos enclaves geográficos con diferentes valores medios de mercado, pues, en otro caso, las áreas económicas homogéneas son asimilables al concepto de término municipal .

Asimismo, hay que reconocer que el número preciso de fichas que han de realizarse no se encuentra fijado normativamente, aunque se requiere el suficiente, para comprobar la adecuada correspondencia'.

Pues bien en el Ponencia se indica el número de transacciones de las que se tiene constancia, de las que extrae unos valores medios. Obran en el expediente aportado en CD la ponencia de valores y los estudios de mercado, y se puede observar su amplitud y detalle. Por otra parte, la fiabilidad de estos estudios no es del cien por cien, pero dado que los mismos no constituyen la Ponencia de Valores, sino un elemento para su elaboración, y que la Ley ha previsto los mecanismos correspondientes para que el Valor de Mercado tenga un reflejo en la base de cálculo del Valor Catastral.

En cuanto al número e identidad de las fincas tenidas en cuenta para realizar el Estudio de Mercado, no es necesario para la realización de una investigación de los datos económicos del mercado inmobiliario urbano' realizar una suerte de catálogo de fincas porque el estudio de mercado no equivale a un inventario de fincas y sus características, sino que, como se ha señalado tiene otra finalidad.

Consecuentemente, la afirmación genérica de que la Ponencia de Valores aparece como un documento tipo que recoge la normativa de aplicación junto con unos cuadros y especificaciones para el municipio de Ávila y un estudio de mercado sin muestras de aplicación al caso no se corresponde con la realidad.

QUINTO.- Por otro lado, rechazada desde ya una impugnación genérica de las previsiones de la ponencia de valores, lo cierto es que en la misma partiendo del Módulo de Valor M, que recordemos se establece con carácter general por el Gobierno, siendo la última vez que se fijó antes de la elaboración de la ponencia en 2005, mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 1213/2005 de 26 de abril, resulta que por aplicación de las previsiones del art. 16 de las Normas de Valoración en la redacción dada por la Disposición final Primera del RD 1464/2007 , asigna el Modulo Básico de la Construcción MBC y del Suelo MBR.

Debe en este punto especificarse a propósito de la concreta alegación que hace el actor en su demanda en el sentido de que ese módulo debe fijarse anualmente, que la Disposición Final Primera de la citada Orden 1213/2005 dice 'En tanto no se produzcan variaciones significativas en los valores de mercado de los bienes inmuebles urbanos que, de acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 1020/ 1993, de 25 de junio , justifiquen la aprobación de un nuevo módulo M, se aplicará el establecido en la disposición única de esta Orden.', por lo que la infracción que se denuncia no es de apreciar.

Asimismo de la ponencia resulta la división de polígonos y zonas de valoración en función de los coeficientes F aplicables, recogiéndose respecto de las zonas de valoración los valores aplicables según los usos y destinos de los bienes.

Es cierto que en la notificación del valor catastral no se recogen todos estos datos, pero resultan de la Ponencia y se tienen en cuenta en las hojas de valoración que han sido aportadas por el Abogado del Estado con la contestación a la demanda, y a las que tuvo acceso la recurrente en fase de alegaciones, como lo demuestra el tenor de las mismas, tal y como pone de manifiesto el Abogado del Estado.

Además la notificación del valor si que cumple con las exigencias que establece el art.12.3 del Texto Refundido de la Ley del Catastro que establece: 3. Los actos resultantes de los procedimientos de incorporación serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho. Cuando el acto incluya la determinación de un nuevo valor catastral, éste se motivará mediante la expresión de la ponencia de la que traiga causa y, en su caso, de los módulos básicos de suelo y construcción, el valor en polígono, calle, tramo, zona o paraje, el valor tipo de las construcciones y de las clases de cultivo, la identificación de los coeficientes correctores aplicados y la superficie de los inmuebles.

Por tanto la notificación del valor catastral cumple con el requisito de motivación exigido legalmente.

Lo que se denuncia por el actor en la demanda no es la falta de motivación de los valores catastrales notificados individualmente, que no es de apreciar, ya que la misma cumple con lo dispuesto en el citado artículo 12.3, sino que lo que se denuncia es la falta de motivación de las determinaciones generales de la Ponencia, lo que, con arreglo a lo expuesto, no es posible puesto que no nos encontramos antes una disposición de carácter general, pero es que, en todo caso, tales alegaciones en los concretos términos que se formulan no se corresponden con la realidad.

Desde este punto de vista no pueden ser objeto de enjuiciamiento, a partir de la impugnación de la notificación individual de los valores catastrales, las alegaciones contenidas en la demanda en la que se reprocha que no se justifique en la ponencia los criterios de delimitación de los polígonos y de sus zonas de valor (lo que, por otro lado, no es cierto) o que no se explique cómo opera el módulo básico de repercusión del suelo (MBR) o cómo se traslada este a los valores de repercusión, así como la denuncia de que falta la referencia al valor de mercado (que tampoco es cierto).

Y tampoco las alegaciones que se introducen en conclusiones ya que son determinaciones generales de la Ponencia

Lo mismo cabe decir en relación a la alegación genérica de que los suelos ya valorados en el 2008 han visto incrementado su valor en el 2009 por 2 ya que hay que tener en cuenta que la valoración parcial realizada en el año 2008, se ajusta a los criterios de la anterior ponencia, dando cumplimiento a las previsiones del art.28.3.b) del RDLeg 1/04 que aprueba el TR de la LCI que exige que los valores resultantes de una ponencia parcial estén coordinados con los del resto del municipio.

La Ponencia de Valores se elabora conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1020/1993 de 25 de junio y el resto de la normativa de desarrollo y tiene en cuenta todos los trabajos y estudios previos para que la misma pueda cumplir con la finalidad que le es propia, que es fijar el valor catastral de los bienes inmuebles.

A partir de ahí corresponde al actor alegar y probar que el bien de su propiedad se ha ubicado en un polígono o zona de valor que no le corresponde o que el módulo básico de repercusión que corresponde al municipio de Ávila no es el que recoge la Ponencia sino otro distinto.

SEXTO.- Por lo tanto, el seguimiento del procedimiento previsto reglamentariamente nos proporciona una presunción de acierto del resultado obtenido y, en consecuencia, le corresponde al recurrente acreditar que efectivamente ese resultado no es acorde a las exigencias legales pues no respeta el valor de mercado del bien objeto de valoración, o no se ajusta a las condiciones de la finca.

Descendiendo a las concretas alegaciones referidas a los inmuebles a los que este recurso se refiere, hay que recordar que ya hemos dicho más arriba que de la lectura integrada de la Ponencia resulta que aparece como un todo en principio lógico y en el apartado de análisis y conclusiones del mercado se aportan parámetros generales que sirven de justificación a los criterios de valoración, la división en zonas de valoración, siendo relevantes las tipologías constructivas en cuanto a la valoración y los usos, etc.

En lo que a la falta de individualización del valor catastral con respecto de la ponencia, hay que decir que la notificación de los valores catastrales valora singularmente cada uno de los inmuebles, de acuerdo con los márgenes y módulos que se señalan en la ponencia de valores, atendiendo tanto a su situación en una zona de valor concreta como a su consideración física.

La parcela 8308502UL5080N0001ZK y la parcela 8310957UL5081S0001QB se encuentran en la zona de valor R44 y esta zona de valor, como señala el Sr Abogado del Estado, no es genérica de la ponencia, sino que es la que singularmente corresponde a todas aquellas parcelas que se sitúan en la franja o zona determinada en función de la situación física de cada una.

Con arreglo a la ponencia, a la zona R44 y para aquellas parcelas cuyo uso sea vivienda, le corresponde un valor de suelo de 263 euros/m2, por lo que claramente está individualizado el valor que corresponde al bien, a partir de los datos de la ponencia, debiéndose significarse, no obstante, que al ser suelo en los que no hay construcción, se valora solo aquel, pero no esta, porque no existe.

Las alegaciones que se contienen en la demanda en el sentido de que la valoración individual debe descender al valor de la parcela al tratarse ya de solares, carecen de sentido, ya que los valores generales de los que parte la ponencia deben ser siempre referidos a la parcela en cuestión con independencia de que haya concluido o no el proceso de transformación del suelo, y así si se trata de parcelas que se encuentran en fase de urbanización se aplicarán determinados coeficientes reductores (UA ó UN, en función de que se haya aprobado o no instrumento de desarrollo del planeamiento, y, en el caso de que se haya aprobado, que no haya concluido la urbanización).

La parcela 8310984UL5081S001WB se encuentra en una zona de valor distinta, R41 y por este motivo se aplica un valor distinto, que es el que resulta de los criterios que son de aplicación, destino, construcciones, urbanización, etc., (conforme prevé la Norma 7 del Real Decreto 1020/1993 de 25 de junio) lo que demuestra lo impropio de la alegación de la actora: precisamente por encontrarse las parcelas en zonas de valor distinto, los valores catastrales son diferentes, lo que pone de manifiesto, al contrario de lo que sostiene el actor, que se ha producido la individualización de los valores que se demanda.

Y lo mismo cabe argumentar en relación a las otras parcelas a las que este recurso se refiere.

Por otro lado, de las alegaciones de la parte actora parece también desprenderse la idea de que como las cinco fincas a las que estas actuaciones se refiere son colindantes y tienen la misma consideración de suelo urbano consolidado, la valoración ha de ser la misma.

Ahora bien, dejando a un lado, que no se especifica qué valoración es la incorrecta y, por lo tanto, cual ha de ser la valoración correcta para todas ellas, lo cierto es que no solo son esas circunstancias las que determinan las zonas de valor en las que debe incluirse una y otras fincas y como estas son distintas la consecuencia es que su valor también lo es.

La prueba practicada en nada apoya la tesis del actor, ya que como señala la Sra Abogada del Estado en conclusiones el Ayuntamiento informa que tanto el sector Los Castillejos como el sector Tornadizos III han mantenido el mismo régimen urbanístico en el Plan General de 1998 y en el de 2005 y no resulta acreditado que la distinta valoración venga dada por el hecho que se alega de que en el año 1998 dichas fincas se encontrasen en áreas de reparto y etapas de programación distintas.

SEPTIMO.- Sostiene el actor en su demanda que el Tribunal Económico Administrativo ha desconocido sus propios actos y, en concreto, que no ha tenido en cuenta que los valores base han sido modificados, lo que hace que tanto la reducción como la base liquidable sean erróneas e invoca a tales efectos el artículo 66 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales .

Frente a esta alegación, la Administración demandada alega en su escrito de contestación que se incurre en desviación procesal, ya que no fue planteada en vía administrativa, y que, en todo caso, la misma afectaría al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por lo que debe ser desestimada.

El análisis de este motivo impugnatorio exige precisar que el valor base al que se refiere el actor es la base liquidable del impuesto sobre bienes inmuebles del ejercicio anterior, como este dice en su demanda, y tiene el interés de que sobre la diferencia entre el valor base y los nuevos valores se va a establecer un coeficiente reductor anual con el fin de mitigar los efectos de los nuevos valores catastrales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y asi obtener la base liquidable de este impuesto ( artículos 65 , 66 y 68 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales)

Así las cosas nos parece que el actor incurre en desviación procesal al introducir hechos nuevos -y no un nuevo motivo impugnatorio- y ello en la medida en que el valor base no se identifica con los nuevos valores catastrales, que es el objeto de la impugnación, sino con la base liquidable del ejercicio anterior, y sus efectos se producen en relación a un tributo local, como es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por lo que, con independencia de que estos valores bases se incorporen en la notificación de los nuevos valores catastrales, la impugnación de estos es independiente de la de aquellos, y por ello no constituye argumento para impugnar los nuevos valores catastrales que lo valores base sean incorrectos sino que tal alegación lo que hace es introducir un nuevo debate sobre el que la Administración no ha tenido ocasión de pronunciarse con carácter previo, produciéndose el vicio que denuncia la parte demandada.

Las consideraciones que se hacen en conclusiones para explicar las razones por las que nada se dijo en relación a los valores bases no alteran lo que se ha razonado, ya que efectivamente si los valores catastrales son incorrectos, esto afectará a la cuantía de la reducción que se obtiene sobre la diferencia entre la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del ejercicio anterior (valor base) y los nuevos valores catastrales, pero que los nuevos valores catastrales se ajusten a derecho o sean contrarios al mismo (que es el objeto de este recurso) no depende de que el valor base está bien determinado o no.

Dicho de otra manera las consecuencias de la impugnación de un valor catastral afectará a los valores bases, pero no constituye argumento para impugnar el valor catastral que esos valores bases sean contrarios a derecho.

OCTAVO.- De conformidad con el art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no procede una expresa condena en las costas procesales causadas.

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha dictado el siguiente:

Fallo

Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil 'BARSIL, S.L.U.', representada por la Procuradora Doña Ana Marta Miguel Miguel y defendida por el Letrado Don Jesús del Ojo Carrera contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos de 30 de noviembre de 2011 por la que se estima parcialmente la reclamación económico administrativa seguida con el nº 5/4/10, acumulada a la desestimación presunta, contra la notificación individual de valores catastrales derivada del procedimiento de valoración colectiva de carácter general practicado en el municipio de Ávila y relativa a las fincas con referencia catastral que se describen en el encabezamiento de la presente Sentencia.

Ello sin hacer expresa condena en costas procesales causadas.

Contra esta resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Una vez firme esta sentencia, devuélvase el expediente administrativo al Órgano de procedencia con certificación de esta resolución para su conocimiento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la sentencia anterior por el Ilmo Magistrado Ponente Sr. D. Luis Miguel Blanco Dominguez, en la sesión pública de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos) a veinticinco de Febrero de dos mil trece, de que yo el Secretario de la Sala Certifico.