Sentencia Administrativo Nº S/S, Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 6331/2001 de 09 de Diciembre de 2004

El TS desestima el recurso de casación interpuesto por la entidad recurrente, contra la sentencia que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por aquella contra el acuerdo del Ayuntamiento recurrido puntos primero, segundo y tercero sobre la resolución del expediente iniciado por acuerdo plenario para la finalización de las obras con imposición de penalidad, aprobación definitiva de la retención de la vigésimo quinta certificación de obra e incautación de la garantía definitiva prestada por la contratista. Entiende la Sala que el previsto en el apdo b) del art. 84 (sobre contenido de los expedientes de contratación) se halla dirigido exclusivamente a la Administración a fin de facilitar a ésta los datos seguros de que la obra es realizable sobre los terrenos a fin de evitar el llegar a una contratación de realización imposible. Norma reglamentaria que en la actualidad ha alcanzado rango legal al incorporarse al art. 129 RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, TR la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con antecedente en el mismo artículo de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP). La aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que defina con precisión el objeto del contrato de obras pretende evitar proyectos que luego hubieren de modificarse encubriendo, en determinados casos, contrataciones vulneradoras de las reglas que impregnan la contratación administrativa. Más pronto han surgido excepciones legales en determinadas obras públicas. Así, esgrimiendo razones de eficacia, cuya efectividad está por contrastar, se ha dispensado del requisito previo de la disponibilidad de los terrenos en los expedientes de contratación referentes a obras de infraestructuras hidráulicas y de transportes, por mor de la disposición adicional segunda de la Ley 9/1996, de 15 de enero, así como en Decretos-Leyes ulteriores, 6/2001, 7/2001, ambos de 6 de abril, 7/2002, 22 de noviembre, sin perjuicio, claro está en aras a respetar lo preceptuado por la L.E.F. en consonancia con el art. 33 CE, de que la ocupación efectiva de aquellos no se realice hasta que se haya formalizado el acta de ocupación. La nueva redacción legal del apdo segundo del art. 129 en TRLACP dispensa también a los expedientes de carreteras. Mientras la comprobación a que se refiere el art. 127 RGCE se halla encaminada a asegurarse de que el contratista no tiene reserva respecto de la ejecución de la obra a realizar, circunstancia ésta a la que el párrafo segundo del articulo mencionado condiciona la orden o autorización de su iniciación, concretando el párrafo tercero del mismo artículo que, en el caso de que el contratista haga reservas quedará suspendida la iniciación de las obras hasta que por la autoridad u organismo contratante se adopte la resolución pertinente. Y, actualmente, con el marco establecido en el TRLCAP en su art. 142 que mantiene el rango legal del acto de comprobación del replanteo tras la formalización de la adjudicación del contrato de obras. Es en este acto donde el contratista podrá formular las oportunas reservas a la viabilidad o no del proyecto. Su aquiescencia veda el surgimiento posterior de argumentos detectables en tal acto.