Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 2656/2006 de 18 de Marzo de 2009

Fundamentos

SENTENCIA

Número de Recurso: 2656/2006
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil nueve

VISTOpor la Sección Segunda de la Sala Tercera de este Tribunal, integrada por los Excmos. Señores Magistrados anotados al margen, el Recurso de Casación Ordinario interpuesto porla entidad Ibérica de Energías, S.L.,representada por la Procuradora Dª. Mª. Luisa Sánchez Quero y, estando promovido contra la sentencia dictada el 23 de marzo de 2006, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el Recurso Contencioso- Administrativo seguido ante la misma bajo el número 783/2003, en materia de Impuesto de Sociedades, en cuya casación aparece, como parte recurrida,la Administración General del Estado,representada y dirigida por el Abogado del Estado.

FUNDAMENTO DE HECHO

PRIMERO.-Se impugna, mediante este Recurso de Casación Ordinario, interpuesto por la Procuradora D. Mª. Luisa Sánchez Quero, actuando en nombre y representación de la entidad Ibérica de Energías, S.L., la sentencia de 23 de marzo de 2006 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional , por la que se desestimó el Recurso Contencioso-Administrativo número 783/03 de los que se encontraban pendientes ante dicho órgano jurisdiccional.

El citado recurso había sido iniciado por quien hoy es recurrente en casación contra el acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 8 de mayo de 2003, y se declara conforme a derecho este acuerdo relativo a la solicitud de suspensión de garantías de la deuda tributaria derivada de la liquidación del acta del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1998.

La sentencia de instancia desestimó el recurso y no conforme con esa sentencia la demandante interpone el Recurso de Casación que decidimos.

SEGUNDO.-Los motivos de casación esgrimidos son: Primero.- Al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte. En concreto, la Sentencia impugnada produce infracción de los artículos 24 y 120 de la Constitución Española, 33 y 67 de la Ley Jurisdiccional y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los cuales exigen la adecuada motivación de las sentencias y la congruencia de las mismas con las pretensiones de las partes. Segundo.- Al amparo del apartado d) del artículo 88.1 LJCA , por infracción del artículo 24 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 , por vulneración del principio de tutela judicial efectiva por valoración ilógica, poco razonable y, en definitiva, arbitraria de las pruebas aportadas, motivo casacional reconocido por la Jurisprudencia de este Alto Tribunal (por todas sentencias de 14 de diciembre de 2000 ), produciéndose, asimismo, infracción del artículo 76 del Reglamento de Procedimiento para las Reclamaciones Económico-Administrativas y de la sentencia de este Alto Tribunal de 18 de julio de 2002 .

TERCERO.-El primer motivo de casación se centra en la incongruencia y falta de motivación de la sentencia de instancia, fundamentalmente, por dos razones. En primer lugar, por no responder a la cuestión principal planteada y no ofrecer una respuesta coherente con los argumentos utilizados a lo largo de la resolución y, en segundo lugar, por las distintas consecuencia que se derivan de la declaración de inadmisión a trámite y de la denegación de la suspensión, y en especial, el inicio de la vía de apremio.

Por lo que respecta a la motivación de las sentencias, esta Sección, en sentencias, entre otras, de 14 de diciembre de 2007 (rec. 3118/2002) y de 26 de Septiembre de 2005 (rec. 1710/2000 ), han resumido el alcance y significado de la motivación de las sentencias, señalando que "la motivación sólo puede entenderse cumplida, cuando se exponen las razones que motivan la resolución y esa exposición permite a la parte afectada conocer esas razones o motivos a fin de poder cuestionarlas o desvirtuarlas en el oportuno recurso, pues lo trascendente de la motivación es evitar la indefensión y ésta, ciertamente, se ocasiona cuando el Tribunal deniega o acepta una petición y la parte afectada no sabe cual ha sido la razón de su estimación o denegación.".

De conformidad con la doctrina expuesta no cabe admitir el motivo de casación, ya que la sentencia de instancia sí ofrece respuesta a la cuestión planteada por el ahora recurrente en el Fundamento Jurídico Tercero de la sentencia recurrida cuando establece que, aun considerando que hubiese procedido la admisión a trámite "el TEAC ha entrado a analizar los requisitos y las alegaciones que la actora formula para solicitar la suspensión, por lo que habiéndose pronunciado el Tribunal Administrativo sobre el fondo, hemos de concluir que dicha resolución se encuentra debidamente motivada y que en consecuencia no concurre la nulidad pretendida, pues ninguna indefensión se ha producido a la recurrente.".

Hecha esta aclaración, la Audiencia Nacional, en virtud de diversas consideraciones de fondo, desestima el recurso.

Resulta patente que la sentencia impugnada no es incongruente. Ante ella se ha propuesto una cuestión formal. La Sala la analiza, primero, y ofrece una explicación de la anomalía denunciada; finalmente, confirma en cuanto al fondo la resolución adoptada. Podrá afirmarse que el razonamiento es erróneo pero es evidente que no contiene incongruencia alguna, ni omisiva, ni lógica, pues el problema propuesto lo analiza, y le da la solución que estima procedente, que, en modo alguno puede entenderse irracional, ilógica o absurda.

De ello, se infiere la necesidad de desestimar el motivo que examinamos.

CUARTO.-En el segundo motivo, antes expuesto, se sostiene que la valoración de la prueba efectuada es ilógica y arbitraria, además de infringir lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento de Procedimiento de las Reclamaciones Económico-Administrativas , cuestión que ya ha sido resuelta por esta Sala en sentencias de 6 de noviembre de 2008 (rec. nº 536/2006) y de 28 de enero de 2009 (rec. nº 1467/2006 ).

En esta última, dictada en un recurso interpuesto por el mismo recurrente y concepto, aunque ejercicio distinto (1999), señalábamos expresamente: "(...)A tal fin la recurrente pone de relieve las valoraciones contradictorias de los elementos probatorios que lleva a cabo la sentencia de instancia. De un lado, "... la sociedad recurrente acredita la imposibilidad de aportar aval bancario, aportando las certificaciones bancarias (Bank of America) que están unidas al expediente administrativo. Y, en segundo lugar, tampoco puede ofrecer la constitución de garantías alternativas, dada la existencia del crédito sindicado suscrito entre la entidad EMESL (sic, debería ser Ibérica) y un sindicato de bancos, cuyo incumplimiento de las cláusulas conlleva la devolución automática del mismo con las penalizaciones pactadas; además de los gravámenes que pesan sobre los activos con valor material, como se desprende del Informe de Auditoría aportado a este recurso.". De otro, "La Sala entiende que, si bien son ciertas dichas circunstancias, se ha de señalar que la entidad posee elementos patrimoniales suficientes como para ofrecer otras garantías...".

QUINTO.- Estas valoraciones de la sentencia impugnada no se pueden entender sin un examen cuidadoso de losartículos 74 y siguientes del Reglamento. (También del 76, que la recurrente cita como infringido, aunque no menciona el párrafo vulnerado).

En primer término, la facultad delartículo 76, que habilita a la suspensión sin garantías, está presidida por lo dispuesto en elartículo 74.2 que otorga naturaleza "excepcional" dicha facultad y a "consideración" el Tribunal. En segundolugar, el otorgamiento queda supeditado a la concurrencia de "perjuicios de difícil o imposible reparación".

Prescindiendo del análisis histórico y orígenes de la expresión "perjuicios de difícil o imposible reparación" es evidente que este texto implica una consideración y examen del estado patrimonial del solicitante de la suspensión, si el acto recurrido se ejecuta. Pero no menos evidente es que la concurrencia de los "perjuicios de imposible o difícil reparación" exige el examen y ponderación de los intereses públicos afectados por la suspensión pretendida. Cuando el contraste de esta ponderación de perjuicios no es claramente favorable al administrado la denegación de la suspensión se impone.

Esto es lo que sucede en el caso analizado y lo que explica los pronunciamientos aparentemente contradictorios de la sentencia de la Audiencia Nacional.

Si por un lado parece patente la imposibilidad de la prestación de la garantía por parte de la entidad solicitante, no es menos evidente que la deuda tributaria que se pretende asegurar resultará insalvable a la vista del estado patrimonial en que la recurrente se encuentra. Resulta obvio, pues, que la ponderación de los intereses en conflicto obliga a denegar la suspensión, lo que comporta la desestimación del motivo. (No se puede desconocer que la deuda tributaria corre el riesgo, a la vista de esa situación patrimonial del obligado, de la falta de afianzamiento y de la inexistencia de otras garantías, de que no pueda ser hecha efectiva).

A mayor abundamiento, y como insinúa el Abogado del Estado, la "imposibilidad de prestación de garantías" no puede asimilarse, como pretende la recurrente a los "perjuicios de imposible o difícil reparación.". Se trata de conceptos que no son identificables y que además operan en ámbitos fácticos diferentes.".

Por ello, y en virtud del principio de unidad de doctrina, el motivo debe ser desestimado.

QUINTO.-Lo expuesto comporta la desestimación del recurso, con expresa imposición de las costas causadas a la entidad recurrente, que no podrán exceder de 1.500 euros en virtud de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional .

En su virtud, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 23 de marzo de 2006 y en el recurso antes referenciado, dictó Sentencia con la siguiente parte dispositiva:"FALLO:DESESTIMAR el Recurso Contencioso-Administrativo formulado por la Procuradora, Dª Mª Luisa Sánchez Quero, en nombre y representación de la entidad IBÉRICA DE ENERGÍAS S.L., contra la resolución de fecha 8.5.2003, dictada por el Tribunal Económico- Administrativo Central, y DECLARAR que dicha resolución es conforme a Derecho en el sentido de que deniega la suspensión sin garantías. Sin hacer mención especial en cuanto a las costas.".

SEGUNDO.-Contra la anterior sentencia, la representación procesal la entidad Ibérica de Energías, S.L. formuló Recurso de Casación al amparo de dos motivos: "Primero.- Al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte. En concreto, la Sentencia impugnada produce infracción de los artículos 24 y 120 de la Constitución Española, 33 y 67 de la Ley Jurisdiccional y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los cuales exigen la adecuada motivación de las sentencias y la congruencia de las mismas con las pretensiones de las partes. Segundo.- Al amparo del apartado d) del artículo 88.1 LJCA , por infracción del artículo 24 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 , por vulneración del principio de tutela judicial efectiva por valoración ilógica, poco razonable y, en definitiva, arbitraria de las pruebas aportadas, motivo casacional reconocido por la Jurisprudencia de este Alto Tribunal (por todas sentencias de 14 de diciembre de 2000 ), produciéndose, asimismo, infracción del artículo 76 del Reglamento de Procedimiento para las Reclamaciones Económico-Administrativas y de la sentencia de este Alto Tribunal de 18 de julio de 2002". Termina suplicando de la Sala se case y anule la sentencia recurrida, dictando otra más ajustada a Derecho.

TERCERO.-Señalada, para votación y fallo, la audiencia del 4 de marzo pasado, tuvo lugar en esa fecha la referida actuación procesal.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL VICENTE GARZÓN HERRERO, Magistrado de la Sala

FALLO

Que debemos desestimar el Recurso de Casación Ordinario interpuesto por la Procuradora Dª. Mª. Luisa Sánchez Quero, actuando en nombre y representación dela entidad Ibérica de Energías, S.L., contra la sentencia dictada el 23 de marzo de 2006, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ; todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la entidad recurrente que no podrán exceder de 1.500 euros.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección que edita el Consejo General del Poder Judicial lo pronunciamos, mandamos y firmamos R. Fernández Montalvo M.V. Garzón Herrero J.G. Martínez Micó E. Frias Ponce M. Martín Timón A. Aguallo AvilésPUBLICACIÓN.-Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. MANUEL VICENTE GARZÓN HERRERO,estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que, como Secretaria de la mismaCERTIFICO.