Sentencia Civil 9/2024 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 104/2023 de 11 de marzo del 2024

PRIMERO. - El recurso extraordinario por infracción procesal.

1. El recurso extraordinario por infracción procesal se halla articulado en un único motivo al amparo del ordinal 3º del art. 469.1 LEC, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE) y de la obligación constitucional que se impone a los padres de prestar asistencia de todo orden a sus hijos menores del art. 39.3 CE , en relación con los arts. 233 y 237 CCCat (sic), por lo que se refiere a " la determinación y alcance jurídico del error en la valoración de la prueba sobre los hechos probados al haber incurrido la sentencia recurrida en error patente y notorio, con vulneración del principio de proporcionalidad en la pensión de alimentos... en aplicación de los arts. 233 y 237 del Codi Civil de Catalunya y vulneración del interés del menor [con] infracción del art. 39.3 CE ".

Si bien la representación de la Sra. Cecilia asume que al tiempo de recurrir contra la sentencia de apelación -en realidad dos meses antes de ser dictada esta, concretamente desde el 24/10/2022- tiene unos ingresos salariales de 600 euros/mes, mediante este recurso pretende denunciar que el abono de la pensión de alimentos que le ha sido impuesta por la Audiencia Provincial no le permitirá asumir el coste de los desplazamientos para ver dos veces al mes a su hijo desde Burgos a DIRECCION000 y vuelta a Burgos -entre 350 y 450 euros por viaje-, a los que deberán añadirse los gastos que deba afrontar para su propio mantenimiento y el del menor durante los contactos que tenga con él, sin atender para ello a la evidente diferencia de ingresos entre ambos progenitores y sin analizar debidamente cuál sea el importe total de los gastos necesarios para el cuidado del hijo, de manera que entiende que se ha producido una vulneración evidente del principio de proporcionalidad que " debe ser objeto de recurso de casación" (sic), que comportará un perjuicio para el propio menor en la medida en que sus dificultades económicas propiciarán frecuentes incumplimientos del régimen de visitas.

2. Como pone acertadamente de manifiesto el MINISTERIO FISCAL en su escrito de oposición, este recurso contiene una argumentación de carácter eminentemente sustantivo, que se superpone y en algunos puntos reitera la del recurso de casación, por lo que procede reconducirla al examen de este en interés del menor afectado.

Téngase en cuenta que cuando la infracción denunciada no incurre, en puridad, en una errónea valoración de la prueba, sino que incide en una indebida valoración jurídico-sustantiva, susceptible de ser revisada exclusivamente en casación, " la cita del art. 24 de la Constitución no pasa de ser una licencia puramente retórica para cuestionar la fundamentación jurídica, no fáctica, de la sentencia recurrida" (ATS 15 dic. 2021 [ ECLI:ES:TS:2021:16294A]), que no tiene cabida en el estrecho marco de un recurso extraordinario por infracción procesal, que solo admite alegaciones sobre cuestiones estrictamente procesales o, si se quiere, fácticas (Cfr. SSTS 1/2021 de 13 ene. FD14; 458/2020 de 28 jul. FD2; 604/2019 de 12 nov. FD4 in fine; en el mismo sentido las SSTS 615/2016 de 10 oct. y 303/2016 de 9 may.)

En definitiva, cuando en el recurso extraordinario por infracción procesal se plantean o se entremezclan sin orden argumentos de naturaleza diversa, incluyendo cuestiones sustantivas, que no pueden plantearse en el recurso extraordinario por infracción procesal, incurre en una falta manifiesta de fundamento [ art. 473.2 1º LEC, en relación con el art. 469.1 LEC) que determina su inadmisión (AATS 30 mar. 2022 [ ECLI:ES: TS:2022:4783A]; 23 nov. 2022, [ ECLI:ES:TS:2022:16582A]).

En consecuencia, el recurso extraordinario por infracción procesal habrá de ser desestimado por carecer manifiestamente de fundamento e incurrir por ello en una causa de inadmisión, sin que constituya óbice para poder hacerlo el que dicho recurso hubiere pasado el filtro del recurso de queja y de la fase de admisión, ya que, como hemos dicho en numerosas ocasiones precedentes, las causas de inadmisión del recurso se convierten en causas de desestimación del mismo por tratarse - la del cumplimiento de los requisitos del recurso- de una cuestión de orden público procesal (Cfr. SSTSJCat 9/2022 de 28 feb. FD1 y 9/2021 de 3 feb. FD1, y las que en ellas se citan), todo ello sin perjuicio de tomar en consideración al examinar el recurso de casación cuanto se argumenta y se reconoce en él, con la limitación de no poder alterar los hechos declarados probados en la instancia, salvo aquellos que, como sucede con el incremento de los ingresos salariales de la recurrente, hayan sido reconocidos por ella en su recurso.

SEGUNDO. - Examen preliminar del recurso de casación .

1. El recurso de casación se halla dividido en dos motivos y, sin embargo, como acertadamente advierte la Fiscal en su escrito de oposición, plantea tres cuestiones distintas: a) el régimen de relaciones personales estándar que le ha sido impuesto -fines de semana alternos- a la recurrente por el tribunal a quo, en lugar de establecer otro más adecuado a las circunstancias del caso habida cuenta la dificultad que supone la considerable distancia entre los domicilios de los progenitores; b) el importe de la pensión por los alimentos del hijo, por considerar que no respeta el principio de proporcionalidad habida cuenta las respectivas capacidades económicas de los progenitores y la falta de cuantificación de las necesidades del hijo; y c) los costes de los desplazamientos que la recurrente se verá obligada a afrontar por sí sola entre Burgos y DIRECCION000, incluyendo la vuelta a Burgos y demás gastos asociados, para poder relacionarse con su hijo, en lugar de establecer una distribución equitativa que incluya al otro progenitor.

2. Siendo la estructura del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Sra. Cecilia claramente deficiente en orden a abarcar esas tres cuestiones separadamente, solo el hecho de que en él se encuentre directamente empeñado el interés superior del menor afectado ( Luis Pedro), como ya anunciamos en nuestro auto de 21/04/2023 de estimación del precedente recurso de queja, nos permitirá afrontar el examen individualizado de las mismas, contando además, como ya hemos avanzado, con las alegaciones superpuestas, cuando no reiteradas, del recurso extraordinario por infracción procesal.

En este sentido, como también pone de manifiesto la Fiscal, a cuya intervención ex parte en defensa de los intereses del menor puede atribuírsele un efecto sanador añadido de los defectos del recurso, son varias las resoluciones en las que nos hemos referido a que en aquellas cuestiones en las que se encuentre empeñado el interés superior de un menor y, por ello, puedan apreciarse elementos indiscutibles de ius cogens, el tribunal puede suplir ciertas carencias del recurso, siempre que ello se haga sin mengua del derecho de defensa de la parte contraria (Cfr. SSTSJCat 29/2008 de 31 jul. FD1; 3/2016 de 21 ene. FD1; 66/2016 de 8 sep. FD2; 45/2017 de 16 oct. FD2; 4/2018 de 8 ene. FD1).

El hecho de que la representación procesal del demandado -D. Teodoro- haya decidido no personarse en este Rollo no es óbice para que debamos plantearnos el examen de las tres indicadas cuestiones desde la perspectiva anunciada, teniendo en cuenta que la intervención del Ministerio Fiscal, conforme a lo previsto en el art. 749 LEC y en el art. 3.7 del EOMF aprobado por Ley 50/1981 de 30 diciembre, garantiza la defensa de los intereses del menor afectado.

TERCERO. - El primer motivo: el régimen de relaciones personales o de "visitas" .

1. En el primer motivo del recurso se denuncia la infracción del art. 39.3 CE a fin de que se modifique " el régimen de visitas", adecuándolo a las circunstancias del caso, es decir, al hecho de que la recurrente, como progenitor visitante, vive y trabaja a 600 km de distancia del domicilio que ocupa el menor con su progenitor custodio, y a que ella no disfruta de medios económicos suficientes para atender el pago de la pensión de alimentos y, además, para afrontar los gastos de los desplazamientos que debe hacer para relacionarse regularmente con su hijo, con el objetivo de evitar que se produzcan incumplimientos indeseados de dicho régimen que redunden en perjuicio del menor.

2. El régimen de relaciones establecido en primera instancia consistía, en concreto, en:

"b) La guarda y custodia se ejercerá por Teodoro.

Cecilia tendrá derecho a visitar a su hijo dos fines de semana alternos, desde la salida del colegio el viernes, hasta el domingo a las 20 horas que lo reintegrará al domicilio paterno. Cecilia podrá estar con el menor en Burgos o en DIRECCION000, pero el coste de desplazamiento será a su cargo.

c) Las vacaciones de navidad se dividen en dos periodos: el primero comprenderá desde la salida del colegio del último día lectivo hasta las 20 h del 30 de diciembre, y el segundo desde este día y hora hasta el reinicio de las clases.

Los años impares corresponderá a la madre el primer periodo, y al padre el segundo periodo mientras que en los años pares será a la inversa.

La Semana Santa se divide en dos periodos: el primero comprenderá desde el último día lectivo hasta las 20h del miércoles Santo, mientras que el segundo desde este día y hora hasta el reinicio de las clases.

Los años impares corresponderá a la madre el primer periodo, y al padre el segundo periodo mientras que en los años pares a la inversa.

Las vacaciones de verano se repartirán los meses de julio y agosto por quincenas, de la siguiente forma:

Del 1 de julio a las 10 horas al 15 de julio a las 20 horas.

Del 15 de julio a las 20 horas al 31 de julio a las 20 horas.

Del 31 de julio a las 20 horas al 15 de agosto a las 20 horas.

Del 15 de agosto a las 20 horas al 31 de agosto a las 20 horas.

Las entregas y recogidas, salvo pacto en contrario, serán a las 20 horas en el domicilio de la persona al que le vaya a corresponder la custodia en ese periodo.

En las vacaciones de verano de 2021, el mes de julio corresponderá a la madre, y el mes de agosto al padre.

Las recogidas y entregas del menor, salvo cuando tengan lugar en el centro escolar, se efectuarán en el domicilio paterno.

No ha lugar a ninguna otra pormenorización en cuanto al régimen de visitas se refiere sin perjuicio de los acuerdos a los que puedan llegar los progenitores.

Cada progenitor, y en particular, Cecilia, podrá comunicarse con su hijo vía teléfono y/o internet, siempre respetando el horario del menor y del otro progenitor o resto de su familia, favoreciendo así las relaciones entre padres e hijos, y coadyuvando a mantener el vínculo entre ellos ."

En la sentencia de apelación se dispuso confirmar el pronunciamiento de la instancia, pero " complementándolo en el sentido de reiterar que el régimen de relación maternofilial que fija la sentencia se establece con carácter subsidiario, salvo otro acuerdo de las partes ", y precisando que " en el caso de imposibilidad del cumplimiento del régimen de visitas maternofilial la Sra. Cecilia deberá avisar con un plazo mínimo de una semana si no puede cumplir con la visita fijada ".

El tribunal a quo explica que el vínculo emocional madre/hijo justifica que " la distancia que existe entre las residencias del menor y la de su madre no debe impedir ni dificultar la comunicación ni los encuentros constantes entre ellos" (FD3).

Frente a dicho pronunciamiento, la recurrente no propone ninguna alternativa concreta ni explica si el progenitor guardador se ha negado a llegar a otros acuerdos sobre su cumplimiento más satisfactorios para ella y, en su caso, para el menor.

3. Como hemos declarado en otras ocasiones (ver entre otras, las SSTSJCat 48/2021 de 27 sep. [FD2] y 64/2023 de 16 nov. [FD4]), en lo tocante a las relaciones personales del menor con sus parientes, incluido el progenitor no custodio, se ha de tener en cuenta lo previsto en la Convention on Contact concerning Children del Consejo de Europa, adoptada el 15 mayo 2003 en Estrasburgo y firmada por España el 9 octubre 2015, que, sin embargo, todavía está pendiente de ser ratificada por nuestro país, no obstante lo cual la hemos considerado una estimable referencia hermenéutica en la materia.

En esa Convención se dota a la expresión " relaciones personales", que hasta entonces adolecía de una evidente vaguedad, de una loable precisión al declarar que en su ámbito familiar comprenden, según los casos y dependiendo de lo que aconseje la protección su interés, las siguientes posibilidades: " i) la estanciadel menor, limitada en el tiempo, en el domicilio de una persona de las relacionadas en los arts. 4 [progenitores] o 5 [otros parientes y allegados] , con quien dicho menor no conviva habitualmente, o el encuentroentre el menor y dicha persona; ii) todas las formas de comunicaciónentre el menor y dicha persona; iii) la comunicación a esa persona de informaciónsobre el menor, o a la comunicación al menor de información sobre esa persona " (art. 2.a).

En la sentencia recurrida en este caso, se reconoce un régimen de relaciones abierto basado principalmente en los acuerdos puntuales o generales de los progenitores, a quienes se supone el deseo de no someter el menor a incomodidades y molestias inasumibles, y en el que se incluye en todo caso el derecho a comunicarse con él a distancia, telefónica y telemáticamente, sin interferir en sus rutinas ni en las del otro progenitor. Solo en defecto de acuerdo, se reconoce el derecho de la madre de estar con él en DIRECCION000 -donde, sin embargo, no consta que disfrute de un domicilio adecuado- o en Burgos los fines de semana alternos de viernes a domingo, debiendo advertir por adelantado al padre -y al menor- cuando no pueda ejercitar dicho derecho.

Precisamente, en nuestra STSJCat 5/2018, de 11 enero, examinamos un supuesto en el que el progenitor no guardador hubo de trasladar su residencia al País Vasco durante la sustanciación del recurso de apelación, mientras el menor permanecía bajo la guarda del otro en DIRECCION001. En ese caso, el progenitor recurrente solicitó que el inicial régimen de relaciones establecido en la primera instancia -fines de semana alternos y un día intersemanal, además de la mitad de las vacaciones- se redujera a fines de semana alternos además de a la mitad de las vacaciones. Es decir, renunció al día intersemanal. También solicitó la reducción de la pensión de alimentos.

Ante ello, la Audiencia Provincial de Barcelona (12ª) consideró que el nuevo régimen propuesto por el apelante no estaba justificado, al dudar de que pudiera cumplirlo, dadas sus dificultades para abonar la pensión de alimentos.

En cambio, consideró más adecuado para el menor, ex art. 236-5.1 CCCat, establecer solo " un fin de semana al mes, que en defecto de acuerdo entre las partes, será el primer fin de semana de cada mes, no incluido en las vacaciones escolares", considerando que "tal régimen es factible, desde el momento que el progenitor mantiene vivienda alquilada en DIRECCION002 [en la DIRECCION003, a 12 km de DIRECCION001], en donde podrían desarrollarse las estancias de los menores en el ejercicio del régimen de visitas que hemos considerado oportuno, a tenor de las características concurrentes" y, además, "implicaría menos gastos de desplazamiento y facilitaría el pago de las pensiones de alimentos, al no incidir de manera sustancial sobre la capacidad económica del obligado".

Nosotros, sin embargo, estimamos el subsiguiente recurso de casación interpuesto por el progenitor visitante con fundamento en los arts. 233-8.3 y 233-13.1 CCCat -en relación con el art. 236-5.1 CCCat-, así como en la doctrina recogida en la STSJCat 9/2016 de 18 febrero (FD4), por considerar que " la distancia entre el País vasco y Cataluña [517 km] no justifica por sí sola la reducción de las relaciones personales a una vez al mes, pues el régimen de estancias de fines de semanas alternos puede cumplirse sin más incomodidad que la del padre que es quien se desplaza desde su residencia habitual", teniendo en cuenta además que " el sistema que solicita el recurrente se viene realizando en la práctica sin especiales problemas" y que " la comunicación y estancias del progenitor que no ostenta la guarda y custodia permanente del hijo menor de edad se configura como un derecho del que aquél podrá gozar en los términos que se señalen judicialmente sin que pueda sufrir limitación o suspensión salvo la concurrencia de graves circunstancias que así lo aconsejen o cuando incumplieren sus deberes, debiendo disponerse un régimen de relaciones personales suficientemente amplio en relación con las circunstancias del caso cuando no existan pruebas que corroboren la conveniencia de un régimen de relaciones personales más restrictivo ".

4. Pues bien, a la vista de lo razonado ut supra y atendidas las circunstancias del caso que se examina ahora, el régimen de relaciones personales establecido por la Audiencia Provincial de Barcelona (18ª) no puede ser considerado ni arbitrario ni vulnerador del interés superior del menor ni del derecho de este a relacionarse con su madre ni tampoco del de esta a hacerlo con su hijo, no siendo posible, por otra parte, contrastar su mayor o menor razonabilidad y mejor o peor conveniencia para el interés del menor ( art. 211-6.1 CCCat) con la de cualquier alternativa, ya que la recurrente no ha propuesto ni sugerido ningún otro.

Por lo demás, no es razonable restringir el régimen dispuesto por el tribunal a quo, teniendo en cuenta el saludable vínculo afectivo que le une a su madre, ni siquiera sobre la base de la previsión de que dicho régimen habrá de ser incumplido con relativa frecuencia, porque esta previsión está ya contemplada -aunque de forma condicionada- en la decisión del tribunal de apelación y, por tanto, no podrá serle reprochada a la recurrente a ningún efecto.

En consecuencia, se desestima la pretensión de la recurrente de modificar el régimen de relaciones personales establecido por el tribunal a quo y con ello este primer motivo de su recurso de casación.

CUARTO. - El segundo motivo: el importe de la pensión de alimentos .

1. En su motivo segundo, la recurrente denuncia, en primer lugar, que la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona (18ª) ha infringido el " principio de proporcionalidad" que debe regir a la hora de fijar el importe de la pensión de alimentos del hijo del que deberá hacerse cargo ella -150 euros/mes- a contar desde la fecha de la propia sentencia de apelación (16/12/2022).

La sentencia de primera instancia le había eximido de dicha carga y solo había establecido que se hiciera cargo de los gastos extraordinarios en un 40%, extremo que no es objeto de impugnación.

La recurrente cita como preceptos infringidos los arts. 142, 145 y 146 C.C., inaplicables en Cataluña, en lugar del art. 237-1 y, sobre todo, del art.237-9.1 CCCat . De nuevo, advertimos que el error en la cita de los preceptos que se dicen infringidos deberá tenerse por subsanado en base al interés superior del menor.

2. En este punto, debemos tener en cuenta el incremento en los ingresos salariales que admite -y también documenta- la recurrente en el motivo único de su recurso extraordinario por infracción procesal, 600 euros/mes en lugar de los 282 euros/mes tenido en cuenta por el tribunal de apelación, frente a los entre 1.800 y 2.500 euros/mes atribuidos al padre. En cuanto a los gastos de habitación de ambos progenitores, el tribunal a quo tuvo en cuenta que los dos vivían con sus respectivos padres, pero no consta que la madre disponga de alguna vivienda en DIRECCION000 o en sus cercanías para disfrutar de la compañía del menor durante los fines de semana que esté en su compañía.

No conocemos, en cambio, el importe a que ascienden los gastos el menor, porque, como es desgraciadamente frecuente en estos casos, no han sido cuantificados en la instancia. Sin embargo, en la sentencia recurrida sí se razona que el importe de los alimentos se ha fijado en atención al " mínimo vital" y a las " necesidades más básicas del menor", así como que la madre " ha trabajado, es joven y no se ha acreditado impedimento alguno para que vuelva a hacerlo", además de que el padre debería asumir " el resto de los alimentos, dada su mejor situación económica".

Como veremos, buena parte de este motivo segundo es dedicado por la recurrente a discutir que se le haya impuesto a ella exclusivamente el coste íntegro de los desplazamientos para ver a su hijo, pero hemos preferido dedicar a esta cuestión un apartado específico para una mayor claridad, sin perjuicio de reconocer su íntima relación con el relativo a la pensión de alimentos.

No podremos, en cambio, entrar a conocer si la distribución de los gastos extraordinarios de menor entre los dos progenitores, a la vista de los ingresos respectivos, respeta adecuadamente o no el principio de proporcionalidad a la luz de lo que declaramos en nuestra STSJCat 53/2021, de 3 noviembre (FD2), porque se trata de una cuestión no impugnada y respecto de la cual el demandado no ha podido defenderse.

Pues bien, en la materia de que se trata ahora, hemos declarado reiteradamente que la cuantía de los alimentos, a falta de acuerdo que no se considere perjudicial para el menor, debe determinarse en proporción a las necesidades de los alimentistas y a las posibilidades de las personas obligadas a prestarlos, sin exigir que el tribunal atienda para ello "necesariamente" a fórmulas aritméticas o matemáticas, de manera que su determinación constituye "una facultad exclusiva del tribunal de instancia, que para ello deberá examinar las circunstancias concurrentes en los miembros de la familia obligados a sufragarlos conforme a los criterios más acordes con su nivel de vida o 'status', no pudiendo ser objeto esta facultad de revisión en casación salvo que se funde en un razonamiento ilógico, arbitrario o irracional" (Cfr. STSJCat 36/2022 de 13 jun. [FD2], con cita de las SSTSJCat 88/2016 de 3 nov. [FD6] y 4/2016 de 28 ene. [FD2]).

Es cierto, además, que con carácter general hemos dicho que " cuando ambos progenitores cuentan con ingresos o patrimonio propio, no hay razón jurídica que justifique que los alimentos corran exclusivamente a cargo de uno solo de los obligados" (STSJCat 32/2018 de 12 abr. FD4).

Pero debemos hacer constar que, no obstante, en algún supuesto precedente (STSJCat 9/2020 de 21 may.) en que la Audiencia Provincial no consideró expresamente probado que el progenitor no guardador tuviera ingresos económicos -ni siquiera de la " economía sumergida"- ni que se hubiera insolventado de forma intencionada para no hacer frente a la pensión alimenticia, y la decisión del tribunal de apelación de imponerle, no obstante, una pensión (150 euros/mes) se fundó solo en que " el recurrente no sufre impedimento físico o enfermedad que le impida trabajar [sin tener cualificación profesional alguna] y de que la menor tiene unas determinadas necesidades que su progenitor no puede dejar de atender, sea con sus propios medios, sea con los que obtenga de la ayuda que le presten amigos y familiares", dijimos que " i) solo en casos extremos ante una situación de pobreza absoluta o desamparo total del alimentante cabe suspender excepcionalmente la contribución a los alimentos de los hijos menores; ii) paralelamente, tampoco es siempre indispensable la fijación de un mínimo vital para el menor alimentado si sus necesidades alimenticias están cubiertas con la contribución suficiente de uno de los progenitor y el otro no cuenta con capacidad económica para ello ".

Sin embargo, en el caso comentado el recurrente había ofrecido voluntariamente el pago de 50 euros/mes, lo que demostraba que no se hallaba en la más absoluta pobreza, de manera que casamos la sentencia e impusimos una pensión por importe ofrecido, teniendo en cuenta que el impago de la pensión de alimentos podría comportar diversas consecuencias jurídicas, incluso de carácter penal, por lo que " los tribunales que las establecen deben ajustarse a las previsiones legales y valorar no solo las necesidades de los hijos sino también las posibilidades reales de los obligados al pago conforme a las pruebas practicadas en los autos, sin que quepa, como hace la sentencia recurrida, derivar indirectamente los deberes alimenticios a terceras personas -'amigos y familiares'- a las que el art. 237-6 del CCCat no impone tales obligaciones" (STSJCat 9/2020 de 21 may. FD3, con cita, entre otras, de la STSJCat 58/2017 de 23 nov.).

Si bien y por otra parte, también hemos dicho que solo " con carácter muy excepcional y con criterio restrictivo y temporal será posible decretar la suspensión de la obligación [de prestar alimentos] , pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aun a costa de un gran sacrificio del progenitor alimentante; en este sentido, por ejemplo, se justificaría la suspensión de la obligación en los casos de 'pobreza absoluta', como es el de un alimentante absolutamente insolvente, cuyas necesidades son [a su vez] cubiertas por aquellas personas que, por disposición legal, están obligados a hacerlo, conforme a los arts. 142 siguientes del Código Civil , y en aquellos otros en los que el cumplimiento de la obligación dejaría al alimentante en la 'absoluta indigencia'" (STSJCat 58/2017 de 23 nov. FD3 con cita de la STSJCat 17/2916 de 21 mar.).

4. En el supuesto del presente recurso, una vez que la recurrente ha admitido que sus ingresos se han visto incrementados en más del doble -de 282€/mes a 600€/mes-, no obstante lo cual representan solo entre una tercera y una cuarta parte de los que disfruta el demandado -entre 1.800€/mes y 2.500€/mes-, y que ambos tienen resuelta su necesidad de vivienda al vivir en casa de sus respectivos padres, sin que consten otros gastos necesarios, salvo aquellos a los que se hará referencia en el siguiente fundamento, consideramos que la decisión del tribunal de instancia no es, en este punto, ni ilógica ni arbitraria ni irracional, razón por la cual no procede estimar esta parte del motivo segundo de recurso de casación, que por tanto se desestima parcialmente.

QUINTO. - El segundo motivo: el coste de los desplazamientos del progenitor no guardador para relacionarse con su hijo .

1. Como ya hemos avanzado, la recurrente plantea también en el segundo motivo, bajo la misma denuncia de infracción del principio de proporcionalidad en materia de alimentos, ex arts. 237-1, 237-9.1 y, en este caso, 237-9.2.c) CCCat , que la imposición íntegra de los costes de los desplazamientos -coste que la recurrente cifra entre 350 y 450€ por viaje de ida y vuelta, sin contar los gastos de estancia en el lugar de residencia del menor- que deberá afrontar periódicamente para ver a su hijo, comportan asimismo una vulneración del interés superior del menor, ex art. 39.3 CE , al propiciar el frecuente incumplimiento del régimen de visitas por imposibilidad de hacer frente a su abono, con el lógico perjuicio para su hijo y para ella, lo que, por más que se encuentre admitido y descontado en la sentencia recurrida, no puede considerarse una consecuencia satisfactoria para aquel.

2. En este punto, debemos dejar constancia que existe una doctrina firme y reiterada e esta Sala que ha sido desconocida por el tribunal de apelación.

En efecto, en nuestra STSJCat 36/2022 de 13 junio (FD3) -con cita de las SSTSJCat 5/2018 (FD3) y 9/2016 (FD3) y de la STC 176/2008-, en relación con un supuesto en que los domicilios de los progenitores distaban entre sí 200 km, los que median entre DIRECCION004 (Huesca) y DIRECCION005 (Barcelona), en el que la Audiencia Provincial de Barcelona entendió que los costes de los desplazamientos para hacer efectivo el régimen de relaciones personales debían ser de cuenta íntegra del padre, por ser él quien había abandonado el domicilio familiar para acceder a un nuevo trabajo, declaramos que las dificultades económicas no pueden suponer una barrera para el ejercicio del derecho de los padres a relacionarse personalmente con sus hijos, " de modo que se impone un reparto equitativo de dichas cargas a ambos progenitores, en tanto que titulares de la potestad parental, no siendo relevante la circunstancia de quien haya partido la decisión de alejarse del domicilio familiar ".

Este pronunciamiento, como decimos, constituye una doctrina jurisprudencial reiterada de esta Sala y la constituía ya en el momento en que fue dictada la sentencia aquí recurrida, puesto que en nuestra STSJCat 72/2015, de 14 octubre, en cuyo supuesto los domicilios de los progenitores también se distaban considerablemente entre sí -los 1.774 km que median entre Girona y Berlín-, ya concluimos que debía establecerse " un reparto equitativo de las cargas de manera que ambos progenitores contribuyan a sufragar los costes de los traslados de manera equilibrada y proporcionada a sus circunstancias personales, familiares, disponibilidad horaria, etc."; y con posterioridad, reiteramos dicha pauta interpretativa en las SSTSJCat 30/2019, de 15 abril (FD2), 1/2020 de 13 enero (FD3), y 40/2021, de 1 julio (FD2), imponiendo en todos los casos el establecimiento de un reparto equitativo entre los progenitores de los costes de los traslados para hacer efectivas las estancias con sus hijos en supuestos de larga distancia entre los respectivos domicilios y precisando que, sin perjuicio de estar en cada caso a las circunstancias concurrentes en el mismo, " el modo usual de afrontar este reparto equitativo de los costes en caso de domicilios alejados es que el progenitor no guardador recoja a los menores en el domicilio en el que residen y el otro los reintegre desde el domicilio del no custodio corriendo cada uno con el coste de estos traslados", fórmula que se estableció, por ejemplo, en los supuestos de las SSTSJCat 72/2015 de 14 octubre y 66/2016 de 8 septiembre.

En consecuencia, se estima parcialmente el motivo segundo del recurso de casación, de manera que, en defecto de cualquier otro acuerdo que puedan alcanzar las partes al respecto, que en todo caso deberán comunicar diligentemente en interés del menor al Juzgado encargado de la ejecución, asumirán por mitad los gastos de desplazamiento, incluyendo la ida y la vuelta, de la madre -D.ª Cecilia- entre Burgos y DIRECCION000 con la finalidad de ver y estar con su hijo ( Luis Pedro) dos fines de semana alternos al mes o, en su caso, los de desplazamiento del menor entre DIRECCION000 y Burgos, incluidas también la ida y la vuelta, con la finalidad de ver y de estar con madre, acompañado en este caso por su padre o por un adulto por encargo de este mientras no pueda viajar solo, a cuyo fin deberán abrir una cuenta bancaria en la entidad bancaria que designen de mutuo acuerdo, en la que ingresarán las cantidades que procedan para atender el pago de los billetes del medio de transporte escogido también de mutuo acuerdo, con la antelación mínima que sea necesaria en función de las tarifas más económicas aplicables al medio escogido para realizar el viaje de que se trate.

SEXTO. - Las costas y los depósitos para recurrir.

1. Atendido que, pese a la desestimación íntegra del recurso extraordinario por infracción procesal, la recurrente ha permitido al tribunal conocer mediante él un dato fáctico -el importe actual de sus ingresos laborales- que ha resultado determinante para la resolución del recurso de casación, constituyendo dicha conducta procesal una de las posibles " circunstancias especiales" a que se refiere el art. 398.2 LEC, no procede imponer a ninguna de las partes las costas de dicho recurso.

Tampoco procede, conforme al art. 398.3 LEC, imponer a ninguna de las partes las costas del recurso de casación, que ha sido estimado parcialmente.

2. Respecto a los depósitos para recurrir, procede decretar la pérdida del depósito relativo al recurso extraordinario por infracción procesal y la devolución a la recurrente del relativo al recurso de casación, conforme a lo previsto en la DA 15ª.8 LOPJ.

En su virtud,