Sentencia Civil 26/2026 , Rec. 1391/2024 de 13 de enero del 2026

PRIMERO.-El objeto del presente proceso viene constituido por la pretensión de reclamación de cantidad ejercitada por la compañía aseguradora demandante, en virtud del mecanismo subrogatorio del art. 43 LCS, frente a las entidad demandada, distribuidora de electricidad, en orden a la indemnización de daños imputados a alteraciones del suministro.

La demanda expone que el 3/05/2024 se produjeron daños en una máquina expendedora sita en el establecimiento de Centro de Ensino Vagamule SL, sito en Monaterio de Caaveiro 1 bajo, estando vigente una póliza de seguro con la actora. Tales daños se imputan a una sobretensión originada en la red de la entidad demandada. Se añade que se abonó al asegurado el importe de los daños tasado pericialmente y que es ahora objeto de reclamación.

Se invocan en la fundamentación jurídica los arts. 1101 y ss, 1254, 1902 y concordantes CC, 38.2 de la Ley del Sector Eléctrico, RD 1955/2000, y el TRLGDCU, y diversa doctrina jurisprudencial.

El objeto de debate procesal se delimita por la contestación formulada por la entidad demandada, que se define como entidad distribuidora de energía eléctrica. Se sostiene que no existe nexo causal entre el suministro y los daños, señalando que el día en cuestión no tuvo lugar una sobretensión eléctrica que pudiera afectar a la asegurada.

SEGUNDO.-En el ámbito de las reclamaciones indemnizatorias relativas a anomalías o interrupciones de suministro eléctrico se superponen múltiples fuentes normativas. En la doctrina y la práctica jurisprudencial se recurre de forma alternativa o concurrente a la normativa general del Código Civil en materia de responsabilidad contractual y extracontractual, así como a las disposiciones protectoras de los consumidores y usuarios, con especial referencia al régimen de responsabilidad por daños causados por productos defectuosos.

En un supuesto como el de autos, en que el sujeto pasivo del daño actúa en el marco de una actividad empresarial o mercantil, tal y como explica la SAP de A Coruña, Secc. 6, de 28 de marzo de 2019, es razonable considerar que la normativa de protección del consumidor deviene inaplicable (cfr. art. 129 RDL 1/2007 del TR LGDCU, lo que reconduce la cuestión, en esencia, al régimen de la responsabilidad contractual general - art. 1101 y concordantes CC- y/o la responsabilidad extracontractual - art. 1902 y ss CC-, teniendo presente el principio de unidad de culpa civil que permite acudir alternativa o conjuntamente a uno u otro fundamento.

En cualquier caso, la cuestión crucial que debe dilucidarse cualquiera que sea el marco jurídico de referencia, que centra los litigios en la materia y está expuesta a un análisis casuístico, es la relativa a la acreditación del nexo causal entre la anomalía en el suministro -de ordinario constatada a través de los propios registros de las entidades suministradoras-, y el daño reclamado.

Como indica la SAP de A Coruña de fecha 09/02/2018: "Bien se plantee como acción por culpa extracontractual del artículo 1902 del Código Civil , bien por responsabilidad de productos defectuosos, debe probarse que el origen del daño está en una acción u omisión atribuible a "Unión Fenosa Distribución, S.A.", en una relación causal directa. Para aplicar la imputación objetiva, debe explicarse siempre el "cómo" (causalidad física, hechos probados) y el "por qué" (causalidad jurídica) del evento dañoso para poder imputar el resultado [ Ts. 124/2017, de 24 de febrero ( Roj: STS 717/2017 )] (...). Es el perjudicado, o la aseguradora que reclama en ejercicio de la acción del artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro , subrogándose en la posición de aquél, a quienes les incumbe la carga de la prueba de que el daño por el cual reclama se ha producido como consecuencia de un suministro eléctrico defectuoso (...)"

TERCERO.-Definido el litigio en los términos ya expuestos, a la vista de la prueba practicada, y partiendo de la necesidad en esta materia de acudir a las características de los daños concretos y máximas de la experiencia, es posible aceptar el curso causal propuesto en la demanda.

Se sustenta, ante todo, en el informe pericial técnico aportado, en el que se atribuye a la red externa de la demandada el origen del daño, partiendo del informe de reparación de la máquina afectada, que descarta un origen interno del daño, y ante la ausencia de anomalías detectadas en la red interna de la entidad asegurada, tomando en consideración, asimismo, que la entidad demandada admite la existencia de anomalías en la red en fechas próximas al evento dañoso, que habrían afectado a las instalaciones que abastecen a aquella. El informe fue convenientemente ratificado y aclarado mediante la declaración en vista de una de las peritos firmantes del mismo.

Frente a ello, la entidad distribuidora opone un informe técnico que no ha sido convenientemente ratificado en el acto de juicio por sus autores, y que de por sí no expresa datos objetivos que necesariamente excluyan los daños litigiosos, sin que se parta de un examen de los elementos dañados o las instalaciones privativas que permitan asegurar la posibilidad de un curso causal alternativo. Desde este punto de vista se plantean tesis puramente especulativas que no están corroboradas por la constatación efectiva de defectos en las instalaciones privadas, y tampoco cabe otorgar mayor valor al dato de que no existieron otros afectados, cuando no consta mediante un registro fehaciente sin perjuicio de que, tal y como explicó la técnico interviniente a instancia de la demandante, no necesariamente han de producirse tales daños generalizados ante una sobretensión en la red.

En suma, cabe considerar acreditada suficientemente la anomalía en el suministro y la relación causal con el siniestro, con la consiguiente responsabilidad indemnizatoria de la demandada por no cumplir adecuadamente con sus obligaciones contractuales primarias y/o el estándar de diligencia correspondiente. Se debe poner de manifiesto que la doctrina jurisprudencial reconoce en este tipo de procesos la legitimación pasiva de distribuidores y comercializadores (cfr. STS 624/16 de 24 de octubre).

En relación a la cuantificación de los daños se ha de estar también al dictamen pericial de la parte actora, no habiendo formulado disconformidad, y ante la ausencia de fuentes de prueba alternativas.

Por todo ello, procede estimar la demanda formulada, imponiendo los intereses moratorios desde la interpelación judicial ex arts. 1100, 1101 y 1108 CC.

CUARTO.-De conformidad con lo prevenido en el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales han de imponerse conforme al criterio objetivo del vencimiento.