Sentencia Civil 1717/2023 Audiencia Provincial Civil de Málaga nº 6, Rec. 1127/2023 de 14 de diciembre del 2023

PRIMERO.- En el presente recurso la parte demandada en la instancia impugna la sentencia dictada en lo relativo, exclusivamente, a la cuantía de la pensión de alimentos fijada en favor de la hija común, la cual convive con la madre.

La sentencia de primera instancia ha fijado la pensión con cargo al padre/demandado en 500 euros a la vista de los ingresos del obligado al pago y necesidades de la hija menor. Concretamente, se señala (Fundamento de Derecho Tercero) que " Es por ello que, no encontrándose el actor en situación de indigencia el importe fijado ha de ser superior al mínimo vital. En este sentido considera esta Juzgadora adecuada la cantidad de 500 euros en atención a los ingresos de la demandada (1200 euros) y los elementos indiciarios de los ingresos del demandado arquitecto de cuarenta años de ejercicio, en activo, con un despacho de arquitectura, debiendo valorarse que en el acto del interrogatorio reconoció que la casa del DIRECCION000 en la que vive se encuentra a nombre de su esposa como consecuencia de una separación de bienes, por lo que el actor debió recibió bienes o dinero en la cantidad correspondiente a la mitad del valor del inmueble, siendo como se anticipaba cantidad fijada adecuada a los ingresos de ambas partes.

No procede la fijación de limitación temporal alguna en este momento dada la minoría de edad de la menor, que aún no ha iniciado sus estudios universitarios por lo que se considera excesivamente prematuro establecer un plazo de duración de la pensión y ello sin perjuicio del derecho del padre a que en caso de cambio de circunstancias pueda instar el correspondiente proceso de modificación de medidas".

La parte recurrente impugna la sentencia por considerar:

a) Que ha existido error en la valoración de la prueba de los ingresos del recurrente obligado al pago y sobre las necesidades de la menor.

b) Que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad en la cuantificación de la pensión.

La parte recurrida y el MF se opusieron al recurso interpuesto por estimar que la sentencia era ajustada a derecho y las pensiones fijadas proporcional a los ingresos acreditados en autos.

SEGUNDO.- Consideraciones jurídicas previas.

Fundado el recurso en un posible error en la valoración de la prueba en la instancia respecto a los ingresos del progenitor obligado al pago y necesidades de la menor, y en la vulneración del principio de proporcionalidad en la cuantía de la pensión, una adecuada resolución de dichas cuestiones requiere de las siguientes consideraciones jurídicas previas.

2.1. Sobre el error en la valoración de la prueba en la instancia a efectos del recurso de apelación.

Conforme tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 28 de junio de 2012 y 3 de noviembre de 2015, entre otras, y reitera esta sección en sentencias de 28-09-2021, 23-09-2021 y 16-09-2021 entre otras, no todos los errores sobre valoración de la prueba tienen relevancia constitucional, y, por tanto, fundamentarían un recurso de apelación estimatorio, sino que es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1º) Que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre los hechos que han servido para sustentar la decisión

2º) Que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

3º) Que debe ser respetada la valoración probatoria de los órganos enjuiciadores en tanto no se demuestre que el juzgador incurrió en error de hecho, o que sus valoraciones resultan ilógicas, opuestas a las máximas de la experiencia o de las reglas de la sana crítica ( T.S. 1ª SS. de 18 de abril de 1992, 15 de noviembre de 1997 y 9 de febrero de 1998, entre otras).

Desarrollando esos conceptos, el Tribunal Constitucional en sentencias de 29/2005, de 14 de febrero y 211/2009, de 26 de noviembre, indica que "... concurre error patente en aquellos supuestos en que las resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración ". En la sentencia número 55/2001, de 26 de febrero, el Tribunal Constitucional enumera los requisitos que deben concurrir para apreciar vulneración de la tutela judicial efectiva, en particular, que el error debe ser patente, es decir, "... inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia ".

De la interpretación de dicha jurisprudencia se deduce que no toda discrepancia respecto a la valoración probatoria realizada por el juez de instancia es subsumible en el concepto "error" de valoración que justificaría una sentencia revocatoria en la segunda instancia, sino que el apelante ha de acreditar que la discordancia entre su apreciación de la eficacia probatoria de un medio de prueba y la del juez de instancia se debe a una equivocación de éste "patente, manifiesta, evidente o notoria". Es decir, el juzgador de instancia y el recurrente ante la valoración de una prueba o de la fuerza probatoria de varias de ellas no se encuentran en una misma posición, de tal manera que sus conclusiones sean equivalentes y el tribunal de segunda instancia deba decidir cuál es la más correcta (que evidentemente puede hacerlo al ser concebida la apelación como un "nuevo juicio"), sino que el juez de instancia goza de una presunción de acierto en su razonamiento probático que el apelante ha de destruir, no solo manifestando su discrepancia con el mismo, sino demostrando que esa disparidad nace de una equivocación o error con las características antes apuntadas. O, dicho con otras palabras, al apelante, siempre que alegue error en la valoración de la prueba como fundamento de su recurso, se le debe exigir un "plus": acreditar que su discrepancia valorativa está fundada en una equivocación del juez patente, evidente y contraria a la lógica por absurda, lo que obliga a la parte recurrente a exponer cómo, dónde o cuándo se ha producido el error ( STS 161/2018 de 21 de marzo), pues de lo contrario debe prevalecer el convencimiento al que ha llegado el juzgador de instancia.

2.2. Sobre la cuantificación de las pensiones alimenticias en los procesos de familia.

La fijación de la cuantía de las pensiones alimenticias en los procesos de familia se viene efectuando conforme a lo previsto en los artículos 93 y 146 del Código Civil. Pese a la distinta naturaleza jurídica de las pensiones que se fijan en los procesos de ruptura familiar, especialmente cuando se refieren a hijos menores, respecto a las reguladas en los artículos 142 y siguientes del Código Civil (alimentos entre parientes), el Tribunal Supremo tiene establecido que la determinación de la cuantía de las pensiones en los primeros -separaciones, divorcios, parejas no casadas con hijos menores- debe realizarse conforme al denominado "juicio de proporcionalidad" que menciona el precitado artículo 146, el cual señala que "La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quién los da y a las necesidades de quién los recibe". Es decir, el importe de la pensión se cuantifica en consideración a dos magnitudes que han de predeterminarse previamente: el caudal o medios de quién ha de abonarla y las necesidades de quién la recibe; fijadas esas premisas, la pensión ha de guardar una adecuada relación o proporción directa con ellas: a mayores ingresos del alimentante o necesidades del alimentista corresponderá una pensión más alta, o más baja si esos parámetros son menores.

El problema que plantea el artículo 146 es la dificultad de realizar un juicio de proporcionalidad o comparativo cuando no está prefijado el denominado "factor de proporcionalidad" o regla que determina cual es la correlación que ha de existir entre los dos términos de la comparación: caudal/medios/necesidades por una parte e importe de la pensión por otro. En efecto, si analizamos las distintas definiciones del concepto proporción o proporcionalidad en todas ellas se hace referencia a la relación o correspondencia entre magnitudes que o bien existe en la realidad o se establece convencionalmente, por lo que resulta muy difícil hablar de proporcionalidad sin que previamente se haya consensuado o impuesto el modelo de la relación "debida" o "canon" entre las magnitudes que se comparan. O, dicho con otras palabras, sin canon no puede hablarse de proporción, al menos en sentido estricto.

El propio Tribunal Supremo es consciente de la dificultad de hablar de proporción sin que se conozca el factor que la predetermina, y pese a que sigue utilizando mayoritariamente el concepto de "juicio de proporcionalidad" en esta parcela del derecho, ha ido introduciendo en algunas sentencias otras denominaciones para referirse a la adecuada relación que ha de existir entre los términos de la comparación. Así habla de "canon de proporcionalidad" ( STS Sª 1ª 6- 10-2015 y 25-10-2016 entre otras) o de "principio de proporcionalidad" (S 21-11-2016). Aunque la prueba más palpable de que se habla de un juicio de proporcionalidad imposible de realizar en sentido estricto es que en numerosas sentencias termina reconociendo que, en realidad, el razonamiento que el juez debe efectuar para fijar la pensión, más que de proporcionalidad, es un juicio de equidad, y, por tanto, discrecional (S. 21-1, 28-3 y 16-12 de 2014, 19-1-2017 entre otras muchas). Es decir, cada juez o tribunal ha de buscar la adecuada relación entre las magnitudes que menciona el artículo 146 del Código Civil manteniendo un correcto equilibrio, sin beneficiar o perjudicar en exceso al alimentante o al alimentado.

Precisamente, la necesidad de evitar una discrecionalidad excesiva que genera inseguridad jurídica, así como la de introducir un criterio de objetividad o "canon" en el juicio de proporcionalidad que, además, haga más previsible la respuesta judicial, fueron las consideraciones que llevaron a la elaboración de las Tablas Orientadoras para la Determinación de las Pensiones Alimenticias de los Hijos en los Procesos de Familia elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial, pues dichas Tablas están basadas en datos del Instituto Nacional de Estadística sobre el coste de la manutención de hijos dependientes económicamente (Aparatado 2 de la memoria explicativa).

Sentado lo anterior, la impugnación de la decisión adoptada en la instancia sobre la cuantía de una pensión alimenticia solo puede versar, salvo supuestos excepcionales, sobre dos cuestiones: error en la valoración de la prueba sobre los medios y caudal de quien la abona, y necesidades de quien la percibe, como parámetros que han de ponderarse para su cuantificación; y, en segundo lugar, error en el juicio de proporcionalidad/equidad entre tales factores, y la pensión fijada, debiendo resaltarse respecto a este punto que las Tablas del CGPJ tienen un carácter orientador.

TERCERO.- Decisión del recurso.

Aplicando las anteriores consideraciones al supuesto que nos ocupa, procede resolver los distintos motivos del recurso ponderándose si ha existido error en la valoración de la prueba respecto a los ingresos del padre obligado al pago y sobre las necesidades de la hija menor, y si el juicio de proporcionalidad sobre la cuantía de la pensión se estima o no correcto.

3.1 Primer motivo. Sobre el error en la valoración de la prueba respecto a los ingresos del recurrente.

Respecto a la primera de las cuestiones, la parte recurrente alega que al padre tiene ingresos de unos 1.000 euros mensuales, alegando (página 13 del escrito de recurso) que "... de las pruebas practicadas en la instancia no se deduce que el actor tenga ingresos tan elevados que justifiquen tan alta pensión alimenticia establecida, siendo, además, los ingresos de uno y otro progenitor semejantes.

Concretamente, en la determinación en estos Autos de la capacidad del Sr. Luis Angel para sufragar la obligación de alimentos se ha prescindido de la abultada prueba documental practicada y admitida, habiéndose acudido en cambio a tópicos sobre los que no se ha practicado prueba. ... Tal y como ha quedado acreditado en los presentes Autos de la documental aportada y el interrogatorio practicado, mi mandante es un arquitecto "en retirada" poco aventajado, a quien la parte actora le atribuye actividad empresarial sin haber aportado ni un solo elemento probatorio, extremo este que mi mandante ya aclaró en el plenario manifestando que son sociedades muertas provenientes del pasado, sin actividad. Son en cambio muestras del declive económico de D. Luis Angel.

Así, quedó acreditado, mediante la aportación al procedimiento de las declaraciones de IRPF de los últimos tres ejercicios fiscales, además de las declaraciones por IVA e IRPF del trimestre anterior al de celebración del juicio oral.

Los ingresos de D. Luis Angel, considerando términos medios para superar la fluctuación inherente al ejercicio liberal de la profesión de arquitecto, han quedado acreditados en algo menos de mil euros mensuales.".

Por su parte, la sentencia sobre este extremo señala (Fundamento de Derecho Tercero): "... En este sentido considera esta Juzgadora adecuada la cantidad de 500 euros en atención a los ingresos de la demandada (1200 euros) y los elementos indiciarios de los ingresos del demandado arquitecto de cuarenta años de ejercicio, en activo, con un despacho de arquitectura, debiendo valorarse que en el acto del interrogatorio reconoció que la casa del DIRECCION000 en la que vive se encuentra a nombre de su esposa como consecuencia de una separación de bienes, por lo que el actor debió recibió bienes o dinero en la cantidad correspondiente a la mitad del valor del inmueble, siendo como se anticipaba cantidad fijada adecuada a los ingresos de ambas partes".

Aplicando las consideraciones expuestas sobre el error en la valoración de la prueba en la instancia antes expuestas (apartado 2.1) al supuesto de autos, ha de indicarse, en primer lugar, que el recurrente no señala donde está el error patente, evidente y contrario a la lógica cometido por la Jueza de Instancia en la valoración de la prueba, limitándose el apelante a expresar una discordancia con la conclusión fáctica alcanzada por la Juzgadora en la sentencia, pero, insistimos, sin precisar esa equivocación "de calado" en la que debe fundamentarse el recurso de apelación cuando se alega error en la valoración de la prueba. Esa omisión ya sería suficiente para desestimar ab initio el recurso interpuesto.

No obstante, y examinada nuevamente la prueba practicada en la instancia, se constata que la Jueza a quo llega a la conclusión de que los ingresos del padre son suficientes para el abono de la pensión fijada, y ésta es proporcional a los mismos, en aplicación de la prueba de presunciones ( artículo 386 de la LEC), deduciendo de unos determinados "hechos bases" atinentes al recurrente, concretamente su profesión de arquitecto de larga trayectoria (cuarenta años de ejercicio) con estudio abierto, y residir en una vivienda en una zona acomodada de Málaga, la conclusión de que los ingresos del recurrente no son los que este afirma, 1000 euros al mes, sino otros más elevados, aunque no los concrete la sentencia apelada, y, desde luego, suficientes para que se cuantifique, en unión de las necesidades de la menor, la pensión a abonar en 500 euros al mes.

A este respecto, ha de recordarse que en los procesos de familia es habitual que profesionales autónomos traten de aparentar una situación económica distinta, normalmente inferior, a la real. En estos casos es especialmente adecuado el uso de la prueba de presunciones, utilizándose, para valorar si los ingresos son o no realmente los que se afirman, indicios o "hechos bases" tales como el nivel de vida, vivienda que se ocupa, actividad profesional que se desarrolla y niveles de ingresos reales que obtienen profesionales de similar categoría etc. etc. Y ese proceso deductivo es el que viene admitiendo el TS para supuestos similares ( STS 4-11-2020 y 17-1-2019) al señalar que "En determinados ámbitos profesionales no resulta fácil, según se ha expuesto, determinar con exactitud la capacidad económica de los obligados y, de ahí, que se acuda a signos precedentes o coetáneos de ellos para inferir, en la medida de lo posible, tal capacidad".

Y eso es lo que se ha hecho en el caso de autos: dada la irrealidad de que un arquitecto con 40 años de ejercicio, y aunque esté "en retirada", perciba 1000 euros al mes de ingresos, es decir, menos del salario mínimo interprofesional, ha de acudirse a los indicios o presunciones acreditadas en autos, entre las que están, insistimos, tratarse de un profesional de la arquitectura con larguísima trayectoria y que habita una vivienda unifamiliar en una zona cotizada de Málaga, para deducir de ellos que los ingresos reales del recurrente son superiores a los manifestados por el recurrente, y que esta Sala fija en no menos de 3000 euros mensuales, dados los datos antes reseñados.

Por tanto, no se observa que haya existido un error claro y manifiesto en la estimación de los ingresos mensuales del padre, resultando, en todo caso, más acreditados los que se sostienen en la sentencia que los afirmados por el recurrente, dada la ausencia de prueba convincente, más allá de las declaraciones fiscales que son manifestaciones del propio interesado ante el fisco, de su afirmación de que rondarían los 1000 euros mensuales, no aportándose dato objetivo alguno que justifique unos ingresos que, como hemos dicho, estarían en la escala inferior de las retribuciones de todo el mercado laboral.

Por todo ello, debe rechazarse la alegación referida al error en la valoración de la prueba en la instancia sobre los ingresos del obligado al pago de la pensión, por lo que procede examinar si se ha producido dicho error en relación a las necesidades de la menor, segundo parámetro que, conforme al artículo 146 del C. Civil, es necesario ponderar para realizar un correcto juicio de proporcionalidad de la pensión de alimentos.

3.2. Segundo motivo: Sobre el error en la valoración de la prueba respecto a las necesidades de la menor.

Sobre dicha cuestión, entre otros argumentos, alega el recurrente que "De la valoración de la prueba practicada no puede conocerse con una mínima aproximación cuales son en este caso concreto las necesidades de la hija Ascension, por lo que partiendo de ello cualquier medida que se fije adolecerá de arbitrariedad y escasa efectividad. Correspondiendo a la parte actora la carga de probar las necesidades alimenticias de la hija para quien reclama alimentos, la escasa prueba que aporta no permite tener por justificada que sus necesidades alcancen la cifra de 12.000 euros anuales tal y como resultaría de la aportación por cada progenitor de 500 euros mensuales.

Lejos al contrario la prueba practicada no lo justifica.

En primer lugar, la hija ha estudiado bachillerato en el Colegio DIRECCION001, a curso por año, y por los que la madre ha abonado la astronómica cifra de 7.470 euros, una cantidad que no encuentra justificación en los ingresos de su madre, ni encaje en el status al que pertenecen los progenitores, pues como bien expresó el padre durante el interrogatorio, ninguno de los hermanos de Ascension por parte de padre han estudiado en colegios privados ni universidades de Madrid".

El argumento alegado por el recurrente parte de una premisa errónea: las necesidades de la menor no pueden calcularse multiplicando por dos la pensión de alimentos fijada, pues olvida el recurrente que la aportación de la madre para cubrir las mismas, como guardadora primaria de la menor, se realiza, básicamente, "en especie", mediante el cuidado y atención de tenerla en su compañía habitualmente, siendo tal forma de contribución a los alimentos reconocida expresamente en el artículo 103.3ª, e, indirectamente, en el 149 del C. Civil, por lo que nunca la aportación económica del progenitor custodio puede ser igual a la del no custodio en un supuesto de similares ingresos. Por tanto, ese primer argumento ha de ser rechazado.

Las necesidades de los menores pueden ser determinadas con parámetros objetivos en base a datos estadísticos, tal y como se hace en las Tablas Orientadoras para la fijación de pensiones de alimentos elaboradas por el CGPJ, y que el propio recurrente cita en su recurso, pudiéndose establecer dichas necesidades en función de los niveles de renta de los progenitores, tal y como se ha indicado en el apartado 2.2. y se recoge en la Memoria Explicativa de las referidas Tablas. En el caso de autos, las necesidades de la menor son las normales de su edad y del nivel de los ingresos de sus progenitores, debiéndose resaltar dentro de ellas dos necesidades relevantes, como luego veremos, a la hora de realizar el juicio de proporcionalidad, cual son que tiene gastos de educación por importe de unos 7.400 euros anuales y que el derecho de habitación lo cubre en exclusiva la madre, no considerándose que el referido gasto de educación sea innecesario o suntuario como afirma el padre, pues resulta acorde al estatus social de ambos progenitores.

Por tanto, tampoco se estima que el recurrente haya acreditado un error palmario y evidente cometido en la sentencia sobre la valoración de la prueba respecto a las necesidades de la menor, por lo que tal motivo del recurso ha de ser rechazado.

3.3. Tercer motivo. Del juicio de proporcionalidad realizado en la sentencia.

Sustenta este motivo el recurrente alegando que "En materia de pensiones alimenticias, especialmente cuando se trata de pensiones a favor de los hijos menores, rige el principio de proporcionalidad en su fijación, atendiéndose tanto al caudal del obligado como las necesidades del favorecido, apreciación que el órgano a quo ha de efectuar atendiendo a las alegaciones de las partes y las pruebas aportadas. Y en atención a ello y si bien es cierto que para el cálculo y determinación de la pensión alimenticia ha de cuidarse de no dejar desatendidas las exigencias impuestas por la solidaridad familiar, no debe olvidarse tampoco las propias necesidades del alimentante.

Concretamente en el supuesto enjuiciado, de las pruebas practicadas en la instancia no se deduce que el actor tenga ingresos tan elevados que justifiquen tan alta pensión alimenticia establecida, siendo, además, los ingresos de uno y otro progenitor semejantes".

Partiendo de la dificultad que como hemos visto (apartado 2.2) supone hablar de proporcionalidad en el ámbito de las pensiones alimenticias en los procesos de familia, dada la ausencia de un canon de proporcionalidad preestablecido, se considera que la cuantía fijada de 500 euros al mes no infringe el requisito exigido por el artículo 146 del C. Civil, pues la misma es acorde a los ingresos de ambos progenitores antes mencionados y predeterminados en la sentencia de instancia y en esta alzada de unos 1.200 euros la madre y no menos de 3.000 el padre.

Sentada esa premisa, es decir cuáles son los ingresos del obligado al pago, y considerado que las necesidades de la menor son las normales de una niña de su edad, resulta necesario acudir al sistema de Tablas Orientadoras del Consejo General del Poder Judicial, pues pese a su carácter meramente orientador sirven para introducir en la materia, como se ha dicho, principios de previsibilidad y objetividad, dado que no debe olvidarse que dichas Tablas están basadas en datos del Instituto Nacional de Estadística sobre el coste de la manutención de hijos dependientes económicamente (Aparatado 2 de la Memoria Explicativa) según la población en la que viven.

Conforme a dichas Tablas, vemos que para un hijo y con los ingresos al mes de ambos progenitores ya mencionados, la aplicación informática ofrece una pensión base de unos 300 euros mensuales con cargo al progenitor no custodio. Ahora bien, tal y como aclara la Memoria explicativa de dichas Tablas (apartado 3.3.) esa pensión base no incluye el derecho de habitación comprendido en el más amplio de alimentos conforme al artículo 142 del C. Civil, ni tampoco los de educación, cifrados en el caso de autos en unos 616 euros al mes (7.400:12), por lo que la pensión inicial ha de ser incrementada en la cuantía que corresponda para cubrir el derecho habitacional del menor y los gastos de educación.

En el caso que nos ocupa el derecho habitacional de la menor lo cubre la madre en exclusiva, pues el grupo familiar carece de vivienda familiar. No parece excesivo ni desproporcionado que se cuantifique el derecho de habitación de la menor y el gasto de educación periódico con cargo al padre en 200 euros al mes, resultando que dicho importe sumado a la pensión base de 300 euros totalizaría la pensión fijada en la sentencia de 500 euros.

Con tales premisas no puede compartirse la afirmación de la parte recurrente de que la pensión no respete el principio de proporcionalidad, pues esta Sala considera que la cuantía de 500 euros al mes para una hija sin necesidades especiales es acorde con los ingresos del obligado al pago y a las necesidades de la menor conforme a lo establecido en el artículo 146 del C. Civil, e, incluso, una proporcionalidad estricta, dados los gastos de educación y de habitación de la menor, acercaría la cuantía de la pensión más a la propuesta por el M. Fiscal de 700 euros al mes que a la de 500 euros fijada en la sentencia, si bien debe mantenerse esta última al no haber impugnado la parte apelada la sentencia que la fijaba en dicha cuantía.

Por todo ello, el motivo alegado también ha de ser rechazado

CUARTO.- Conclusión.

Por todo lo anterior, procede la desestimación del recurso de apelación, confirmándose íntegramente la resolución apelada.

QUINTO.- Costas.

En cuanto a las costas de esta alzada, desestimado el recurso de apelación y de conformidad con lo dispuesto en el art. 398.1 de la LEC, han de ser impuestas a la parte recurrente Luis Angel.

De conformidad con el apartado 8 de la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procede dar al depósito, si se hubiese constituido en su día para recurrir, el destino legalmente previsto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación