Sentencia Civil 183/2024 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 16, Rec. 970/2022 de 15 de marzo del 2024

PRIMERO.- Planteamiento del litigio, sentencia en primera instancia y recurso de apelación.

1.- La entidad Budmac Investments II S.L.U. interpuso en su día demanda ejercitando acción de desahucio por precario contra los ignorados ocupantes de la vivienda sita en la CALLE000, de L'Hospitalet de Llobregat. Emplazados los demandados, comparecieron don Ana María, doña Vicenta y doña Marí Luz, y solicitaron el beneficio de justicia gratuita. Únicamente presentó contestación a la demanda la Sra. Marí Luz, presentación que el Juzgado inadmitió al considerarla extemporánea.

2.- En la sentencia dictada el 29-12-2020 por la Sra. Jueza "a quo" se estima íntegramente la demanda al entenderse, de un lado, que la actora acredita su titularidad de la vivienda y, del otro, que los demandados ostentan la cualidad de precaristas ya que "no ostentan título alguno que los legitime para seguir residiendo en la vivienda de autos". La juzgadora de instancia reconoce el mandato del art. 47 CE pero afirma que el mismo "no justifica que deba mantenerse la ocupación, vulnerándose otro derecho como sería el de propiedad".

3.- La Sra. Marí Luz, a cuyos argumentos se adhiere la codemandada Sra. Vicenta, se alza contra la resolución considerándola no conforme a derecho. Afirma la apelante (i) que se ha producido en este caso la infracción del art. 24.1 CE lo que debe conllevar la nulidad de las actuaciones; y (ii) afirma que la demandada está obligada al ofrecimiento de un alquiler social.

Por su parte, la entidad apelada defiende, en esencia, la corrección de los argumentos y conclusiones fijados en la sentencia impugnada cuya confirmación solicita.

4.- Se aceptan los argumentos de la sentencia recurrida sin perjuicio de los que se expondrán con el mismo carácter en la presente resolución.

SEGUNDO.- La admisibilidad de la impugnación de la sentencia.

5.- La sentencia del Tribunal Supremo de 18-1-2014 recuerda la doctrina jurisprudencial sobre la figura de la impugnación de la sentencia y señala lo siguiente:

"la jurisprudencia de esta sala (verbigracia, sentencias 869/2009, de 18 de enero; 127/2014, de 6 de marzo; 257/2017, de 26 de abril; 548/2019, de 16 de octubre; y 459/2020, de 28 de julio), ha abordado la impugnación de la sentenciapor el apelado en los siguientes y resumidos términos:

(i) La impugnación de la sentencia es un instrumento para recurrir pronunciamientos distintos de los que constituyen el objeto de la apelación principal, con independencia de que estén o no relacionados con ella: "una vez interpuesta la impugnación, se convierte en un recurso autónomo, de manera tal que es factible que el apelado impugne los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia que le sean desfavorables, sin necesidad de que los mismos estén relacionados con los que son objeto de la apelación principal".

(ii) Quien interpone un recurso de apelación no puede utilizar el traslado que se le da del recurso (o de la impugnación) interpuesto por otra parte para impugnar, a su vez, la sentencia ampliando su recurso inicial, porque ello contravendría el art. 461.2 LEC , que limita la impugnación a quien inicialmente no hubiera recurrido, y conllevaría una ampliación de la apelación a extremos sobre los que se aquietó con la sentencia al no haberlos incluido en el recurso de apelación inicial ( sentencia 869/2009, de 18 de enero de 2010).

(iii) No obstante, cuando se trata de un proceso con varios litigantes, por acumulación subjetiva de acciones, la regla del art. 461.1 LEC (posibilidad de impugnar la sentencia) ha de aplicarse independientemente en cada relación actor- codemandado, de tal modo que el recurso de apelación que el demandante interponga respecto de uno de los codemandados no le impide impugnar la sentencia con motivo del recurso de apelación interpuesto por otro de los codemandados respecto del que inicialmente el demandante no hubiera recurrido ( quot capita, tot sententiae).

(iv) La impugnación debe ir dirigida contra el apelante principal, único al que, según el art. 461.4 LEC , hay que dar traslado de ella.

(v) La configuración legal de la impugnación exige que el recurso de apelación interpuesto pueda perjudicar a la parte apelada. Aunque, en determinados casos de intervención provocada, al quedar tales terceros vinculados por las declaraciones que se hagan en la sentencia de apelación respecto de un posible proceso posterior, no cabe privarles de la posibilidad de impugnar".

6.- En el supuesto enjuiciado, la entidad Budmac Investments II S.L.U. no apeló la sentencia dictada en la instancia. Únicamente formuló el recurso la Sra. Marí Luz. Así las cosas, la Sra. Vicenta que inicialmente se aquietó a lo resuelto, no podía verse perjudicada por la apelación presentada por la codemandada (la sentencia puede ser confirmada o bien revocada a favor de la apelante en cuyo caso la decisión también beneficiaría a la impugnante). Por tanto, la impugnación debió ser inadmitida en su momento y, según reiterada jurisprudencia, los motivos de inadmisión de los recursos lo son también de desestimación ( Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1.998, 27 de marzo de 2.000, 6 de marzo de 2.001, 15 de febrero y 10 de mayo de 2.002, 21 de febrero y 13 de marzo de 2.003, 26 de enero y 27 de febrero de 2.006). En cualquier caso, en fin, en esencia la impugnante se limita en su escrito a adherirse a los argumentos de la apelante que, ya se adelanta, tampoco serán acogidos.

TERCERO.- La nulidad de actuaciones.

7.- La Sra. Marí Luz sostiene en su escrito de apelación que no fue emplazada el 5-3-2020. Y añade que el plazo para la contestación a la demanda se suspendió en razón de la pandemia de la Covid-19 Añade la apelante que no se le ha permitido contestar a la demanda lo que supone una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva con infracción del art. 24 CE. Por esa razón, entiende que, al amparo de los arts. 166.1 225 Lec, debe decretarse la nulidad de actuaciones.

La alegación no puede ser acogida.

8.- Los arts. 238.3 LOPJ y el 225.3º Lec, establecen que serán nulas las actuaciones procesales que se practiquen prescindiendo total y absolutamente de las normas esenciales de procedimiento establecidas en la Ley o que vulneren los principios de defensa, asistencia y audiencia, siempre que causen indefensión a alguna parte. En interpretación de estos preceptos, el Tribunal Constitucional ha entendido que surge la indefensión cuando la infracción procedimental impida a la parte afectada ejercer su derecho fundamental de defensa ( SSTC 48/83, 82/83, 102/83, 115/85, 52/84, 86/84, 118/84, 56/85, 46/87, 108/87, 153/87, 140/88, 238/88 y 275/93). Igualmente, el Alto Tribunal ha señalado que no existe indefensión, y por tanto vulneración de la Tutela Judicial Efectiva del art. 24 de la C.E., si, aun existiendo una infracción judicial lesiva, en principio, para quien ostenta la condición de parte, no se ha observado por el perjudicado la debida conducta diligente con miras a propiciar la rectificación de aquella incorrección, es decir, si la parte afectada, conociendo a tiempo la infracción que lesiona sus derechos o intereses legítimos, no actúa diligentemente para que se modifique y así defender los mismos, pues entonces su conducta se convierte en causa generadora de su situación ( SSTC 8/91, 109/85, 64/86, 102/87, 205/88, 48/90 y 3 de junio del 93).

Por otra parte, el art. 227.1 Lec establece que "La nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate".

9.- Al aplicar la doctrina anterior al caso de autos, procede efectuar previamente un breve repaso de las actuaciones llevadas a cabo en la instancia:

(i) La entidad actora interpone demanda contra los ignorados ocupantes de la vivienda de la CALLE000, de L'Hospitalet de Llobregat el 21-11-2019. Se admite a trámite por decreto de 12-2-2020 y, tras un intento infructuoso de notificación por correo, los demandados son emplazados el 5-3-2020. La notificación va dirigida a los ignorados ocupantes del inmueble y es recibida por la Sra. Vicenta, madre de la apelante y también codemandada, a la que se encuentra en la vivienda.

(ii) Como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 y de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional 2ª (punto 1) del RD 463/2020, de 14 de marzo, el plazo de diez días para la contestación a la demanda se suspendió el 14-3- 2020. El período de suspensión duró 82 días hasta que se alzó el 4 de junio del 2020 en virtud de lo dispuesto por el art. 8 del RD 537/2020, de 22 de mayo. Por otra parte, el RD Ley 16/2020, de 28 de abril establece en su art. 2.1 la forma en que, una vez concluida la suspensión, debe efectuarse el cómputo del plazo. Así, la norma señala que "los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación de lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente".

(iii) La Sra. Marí Luz solicita el beneficio de justicia gratuita el 23-6-2020 y ese mismo día comparece en el procedimiento pidiendo la suspensión del procedimiento al amparo del art. 16 de la Ley 1/1996. El Juzgado no dio respuesta a la solicitud sino que mediante diligencia de ordenación de 18-6-2020 declaró en situación de rebeldía procesal a los ignorados ocupantes de la vivienda de autos. No consta que esta resolución se haya notificado a doña Marí Luz porque la designa provisional de abogado y procurador tuvo lugar con posterioridad, en concreto el 29-6-2020.

(iv) La apelante contestó a la demanda el 28-7-2020 pero mediante providencia de 7-9-2020 se inadmitió la contestación por extemporánea, se estableció que no resultaba procedente la celebración de vista y se declaró que quedaban conclusos los autos para dictar resolución. La Sra. Marí Luz recurre en reposición la providencia siendo desestimado el recurso por auto de 17-12-2020.

(v) Finalmente, mediante diligencia de ordenación de 28-10-2020 se tiene por designados a los procuradores de doña Marí Luz y don Ana María, se aclara que los ocupantes del inmueble fueron declarados en rebeldía en su día y se señala que ha precluido el plazo de oposición. Y el 29-12-2020 se dicta sentencia.

10.- A la vista de todo lo anteriormente expuesto, resulta forzoso concluir que, de conformidad con lo indicado por la Sra. Jueza "a quo" en su auto de 17-12-2020, entre el 5 y el 23 de junio del 2020 transcurrió un período de 12 días hábiles (el día 23 es el n.º 13) de modo que el plazo de diez días para la contestación estaba ya agotado en el momento en que la apelante solicitó el beneficio de justicia gratuita. Y, obviamente, el escrito de contestación se presentó mucho después, en concreto el 28-7-2020.

Por otra parte, y en lo que hace referencia a Dª Vicenta, cabe señalar que esta codemandada no presentó contestación a la demanda y tampoco recurrió la providencia de 7-9-2020 ni la diligencia de ordenación de 28-10-2020, de modo que se conformó con lo resuelto. Por tanto, en este caso no se produjo ningún tipo de indefensión material.

CUARTO.- Propuesta obligatoria de alquiler social.

11.- La Ley Catalana 1/2022, de 3 de marzo, modifica la regulación de la previa Ley 24/2015, de 29 de julio que establecía en su art. 5 lo siguiente: "1. Antes de adquirir una vivienda resultante de la consecución de acuerdos de compensación o dación en pago de préstamos o créditos hipotecarios sobre la vivienda habitual, o antes de la firma de la compraventa de una vivienda que tenga como causa de la venta la imposibilidad por parte del prestatario de devolver el préstamo hipotecario, el adquiriente debe ofrecer a los afectados una propuesta de alquiler social, si la adquisición o la compraventa afecta a personas o unidades familiares que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estén dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial definidos por la presente ley. El deber de comprobar dichas circunstancias recae sobre el adquiriente, que debe requerir previamente la información a los afectados.

2. Antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de alquiler, el demandante debe ofrecer a los afectados una propuesta de alquiler social, si el procedimiento afecta a personas o unidades familiares que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estén dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial definidos por la presente ley, lo cual debe comprobar el propio demandante, requiriendo previamente la información a los afectados, y siempre que se dé uno de los siguientes supuestos (...)".

La norma estaba en su origen prevista para los supuestos de procedimientos de ejecución hipotecaria y de desahucio por impago de alquiler. No se incluía en la misma el caso de autos que se refiere a la ocupación de una finca en precario. Lo mismo cabe señalar, en fin, respecto del realojamiento previsto en el art. 16 de la Ley catalana 4/2016, de 23 de diciembre.

12.- El art. 5.7 del Decreto-ley Catalán 17/2019, de 23 de diciembre , de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda introdujo una Disposición Adicional en la Ley 24/2015 que, en lo que aquí interesa, establecía lo siguiente: "1. La obligación a que hace referencia el artículo 5.2 , de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer determinadas demandas judiciales, se hace extensiva en los mismos términos a cualquier acción ejecutiva derivada de la reclamación de una deuda hipotecaria y a las demandas de desahucio siguientes: (...)

b) Por falta de título jurídico que habilite la ocupación, cuando el demandante tenga la condición de gran tenedor de acuerdo con la letra a) del apartado 9 del artículo 5 y con la letra a) del apartado 3 de esta disposición, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

1.º Que la vivienda se encuentre en la situación de utilización anómala a que hace referencia el artículo 41.1.a de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.

2.º Que los ocupantes acrediten por cualquier medio admitido en derecho que la ocupación sin título se inició, como mínimo, seis meses antes de la entrada en vigor del Decreto-ley de 23 de diciembre de 2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.

3.º Que los ocupantes no hayan rechazado ninguna opción de realojamiento social en los últimos dos años ofrecida por cualquier Administración pública o de acuerdo con el artículo 5.2.

4.º Que los servicios municipales informen favorablemente sobre el cumplimiento, por parte de los ocupantes, de los parámetros de riesgo de exclusión residencial y sobre el arraigo y la convivencia en el entorno vecinal".

La norma entró en vigor el 22-2-2020 pero el art. 5.7 fue declarado nulo por anticonstitucional mediante la STC 16/21, de 28 de enero . La Disposición Adicional de la Ley 24/2015 fue modificada también por el Decreto Ley 37/20 pero por STC 28/22, de 24 de febrero, se declaró la norma de nuevo nula por inconstitucional. Esta última resolución anula también la Disposición Adicional 3ª de la norma sobre suspensión excepcional y transitoria de procedimientos de ejecución de desahucio con lanzamiento durante la vigencia del estado de alarma o de una medida que comporte restricciones de circulación por razones sanitarias (presupuesto este último que, además, no concurre en el momento actual). Por tanto, al inicio de la presente litis en el mes de noviembre del 2019 la normativa vigente exigía la realización previa de una oferta de alquiler social pero con posterioridad la norma en cuestión fue declarada nula por el Tribunal Constitucional de modo que ya no puede aplicarse para la resolución del presente juicio.

13.- Obviamente, los requisitos y presupuestos de la reciente Ley catalana 1/2022, de 3 de marzo, no han podido ser objeto del procedimiento en primera instancia ni tampoco de la sentencia apelada porque la norma entró en vigor con posterioridad. Por tanto, los requisitos legales no han constituido materia de análisis en la primera instancia, no se han sometido tampoco a la debida contradicción ni han sido objeto de la actividad probatoria. No consta tampoco el preceptivo informe de los servicios sociales. Por otra parte, esta sala ha declarado ya (desde la sentencia de 20-7-2022) que la Ley 1/2022 mencionada, en su Disposición Transitoria, no ordena una retroactividad fuerte destinada a revocar efectos jurídicos ya producidos y derechos adquiridos en virtud de actos regidos por la norma derogada, sino a establecer una retroactividad de grado medio dirigida a propiciar el cumplimiento del ofrecimiento de alquiler social acomodado al estado de las actuaciones, que en casos como el aquí enjuiciado implica el desenvolvimiento de ese trámite en la fase de ejecución.

14.- Resta por indicarse, en primer lugar, que la reciente STC 57/22, de 7-4-2022, ha confirmado que la regulación del alquiler social en la Ley catalana 24/2015 no puede constituir un requisito válido de procedibilidad al ser la materia procesal competencia exclusiva del Estado. En este sentido, cabe citar la reciente Resolución de 15 de diciembre de 2.022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 2 de diciembre de 2022, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con la Ley de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, publicada en el BOE de 11 de enero de 2.023, que supone el compromiso de la Generalitat de Catalunya de adaptar la ley mencionada a la jurisprudencia constitucional, tal y como esta misma sala recogió en su sentencia de 7-2-2023.

Y, en segundo término, que la suspensión o aplazamiento del lanzamiento no puede constituir un motivo de oposición a la demanda que pueda esgrimirse en la fase declarativa del procedimiento. En efecto, la alegación mencionada no constituye ningún título que pueda justificar la posesión de la finca por parte de la demandada, sino que alcanza únicamente al acto del lanzamiento que, en su caso, tiene lugar en la fase de ejecución de sentencia. Así, estas medidas deben plantearse en fase de ejecución de sentencia y ante el órgano encargado de ella, todo ello sin perjuicio de la Resolución JUS/1696/2013, de 16 de julio, por la que se hace público el Protocolo de ejecución de las diligencias de lanzamiento en los partidos judiciales de Cataluña, aplicable a todo tipo de lanzamiento cualquiera que sea el procedimiento del que deriven.

Así las cosas, el recurso no puede prosperar, todo ello sin perjuicio de lo que la parte demandada pueda alegar en fase de ejecución de sentencia, y el juzgado acordar, en relación al lanzamiento y de acuerdo con el art. 1 bis RD Ley 11/20, de 31 de marzo (redacción actualmente vigente) y la Ley Catalana 1/22 de 3 de marzo.

Todo lo anterior conlleva la confirmación de la resolución recurrida con imposición de las costas a la parte apelante ( arts. 394.1 y 398.1 Lec). En cuanto a la impugnación, no se imponen costas porque no debió ser admitida por el juzgado de modo que, de haberse acordado así, no se habría devengado ningún coste procesal.