Sentencia Civil 508/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 3368/2023 de 15 de abril del 2024

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.- Fausto y Eugenia eran propietarios de la vivienda sita en la CALLE000, bloque NUM000, del POLIGONO000, de Sevilla.

2.- Dicha vivienda fue objeto de una ejecución hipotecaria a instancia de Caixabank S.A., que se la adjudicó, para a continuación cederla a Buildingcenter S.L.U. (posteriormente, Coral Homes S.L.U.).

3.- Coral Homes S.L.U. formuló una demanda de juicio de desahucio por precario contra los ignorados ocupantes de la citada vivienda (que resultaron ser los anteriores propietarios ejecutados) por ocupar la misma sin justo título para ello e interesó se declarase haber lugar al desahucio.

4.- Previa oposición de los demandados, el juzgado desestimó la demanda, al entender que el lanzamiento de los anteriores propietarios de la vivienda debería instarse en el propio proceso de ejecución hipotecaria, por lo que resultaba inadecuado el juicio de desahucio por precario.

5.- El recurso de apelación de la demandante fue estimado por la Audiencia Provincial, que consideró, resumidamente, que concurrían los requisitos para apreciar la situación de precario y que ello no impedía, en ejecución de sentencia, solicitar la protección frente al lanzamiento prevista en la Ley 1/2013, de 14 de mayo. Por lo que revocó la sentencia de primera instancia y estimó la demanda.

6.- Los demandados han interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación.

Recurso extraordinario por infracción procesal

SEGUNDO.- Primer motivo de infracción procesal. Inidoneidad del juicio de precario

Planteamiento:

1.- El primer motivo de infracción procesal, formulado al amparo del art. 469.1.3º LEC, denuncia la infracción del art. 675 LEC, en relación con los arts. 8.5.4º y 8.8.1º y 2º de la Ley 1/2013, de 14 de mayo.

2.- En el desarrollo del motivo, los recurrentes argumentan, resumidamente, que la tramitación del juicio de precario impide que los demandados puedan protegerse del lanzamiento si se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Decisión de Sala:

1.- La cuestión jurídica sometida a la consideración de la sala en este recurso ya ha sido resuelta en la sentencia de pleno 1217/2023, de 7 de septiembre. En ella, resumimos y sistematizamos la jurisprudencia casuística recaída en la materia y establecimos como regla que cuando el adjudicatario de un inmueble ejecutado en un procedimiento de ejecución hipotecaria no es un tercero ajeno al ejecutante, no puede acudir al juicio de desahucio por precario para instar el desalojo de la finca, sino que dicha pretensión debe ejercitarla en el propio proceso de ejecución hipotecaria. Y por el contrario, si el adjudicatario sí es un tercero ajeno al ejecutante, por no tener ningún vínculo jurídico o económico con él, si podrá acudir al juicio de desahucio por precario.

2.- En la citada sentencia 1217/2023, de 7 de septiembre, examinamos la sentencia del pleno de la propia sala 771/2022, de 9 de noviembre (reiterada por las sentencias 515/2023, de 19 de abril, y 999/2023, de 20 de junio), en la que, tras exponer el régimen legal derivado de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, se distinguía entre los supuestos en que el demandante en el juicio de desahucio fuese el adjudicatario de la vivienda hipotecada (ejecutante o no) o un tercero que hubiese adquirido su título de dominio fuera del procedimiento de ejecución hipotecaria.

Para el primer caso, la citada sentencia 771/2022, de 9 de noviembre, concluyó que el juicio de desahucio por precario no es un procedimiento idóneo para que el adjudicatario obtenga la entrega de la posesión, al deber instar esa entrega en el propio seno del procedimiento de ejecución hipotecaria, a través de la diligencia prevista en el art. 675 LEC, y sin que el plazo de un año para instar la entrega que prevé este precepto resulte aplicable a los supuestos en que el ocupante sea el deudor ejecutado.

Por el contrario, la misma sentencia indicó que cuando el propietario que insta la acción de desahucio es un tercero ajeno al procedimiento de ejecución hipotecaria, que no ha sido parte ni intervenido en el mismo, y cuya buena fe se presume, por no haberse acreditado ninguna connivencia con el adjudicatario del procedimiento ni intención fraudulenta alguna, el juicio de precario sí resulta un procedimiento idóneo para obtener el lanzamiento del ocupante del inmueble.

3.- En la sentencia 1217/2023, de 7 de septiembre, aclaramos que lo anterior debe entenderse sin perjuicio de que el demandado pueda hacer valer su título a permanecer en la posesión de la cosa en el propio juicio de desahucio, mediante la aportación del auto de suspensión del lanzamiento o el contrato de arrendamiento obtenidos al amparo de la Ley 1/2013 ( sentencias núm. 502/2021, de 7 de julio, así como en la 719/2021, de 25 de octubre).

En estos casos no cabe negar la viabilidad del juicio de desahucio por precario, cuando el demandado pierde su título de dominio sobre la vivienda, tras su venta forzosa en el procedimiento de ejecución hipotecaria en el que fue parte, por lo que ostenta la condición jurídica de precarista, que le legitima pasivamente para sufrir la carga de este proceso. Conforme a reiterada jurisprudencia, el precario es una situación de hecho, que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no nos corresponde, por falta de un título que justifique el goce de la posesión, ya porque no se haya tenido nunca, ya porque habiéndolo tenido se pierda o, también, porque nos otorgue una situación de preferencia, respecto a un poseedor de peor derecho.

4.- En un caso muy similar al presente y al enjuiciado en la tan repetida sentencia 1217/2023, resuelto por la sentencia 999/2023, de 20 de junio, la demanda fue desestimada. La razón fundamental del sentido de la decisión en ese asunto fue que, a la vista de lo acreditado en las actuaciones, no podía atribuirse a la demandante la condición de tercero, ajeno al procedimiento de ejecución hipotecaria, cuyo título provenga de una transmisión onerosa llevada a efecto al margen o extramuros del procedimiento hipotecario, dadas sus conexiones con la entidad ejecutante.

E igual sucede en este caso. Como hemos declarado en otra sentencia muy reciente, 480/2024, de 8 de abril: (i) la vivienda hipotecada se adjudicó a Buildingcenter S.A., cuyo socio único era Caixabank S.A., según consta en el anuncio de fusión y absorción publicado en el BORME de 28 de septiembre de 2012; (ii) Buildingcenter S.A. pasó a denominarse Iberian Azul Homes S.L.U., que adoptó nueva denominación como Coral Homes S.L.U., según consta en el BORME de 8 de noviembre de 2018; y (iii) todo ello, inclusive la cesión de la vivienda a Coral Homes, tuvo lugar antes de la venta del 80% del capital de Coral Homes a un fondo de inversión, que alega la recurrida para argumentar que no hay confusión de personalidades. Es decir, resulta patente la vinculación entre Buildingcenter, Coral Homes y Caixabank.

Por lo que no puede atribuirse a la demandante la condición de tercero ajeno al procedimiento de ejecución hipotecaria, cuyo título provenga de una transmisión onerosa llevada a efecto al margen o extramuros del procedimiento hipotecario. En consecuencia, la entrega de la posesión de la vivienda litigiosa, y la eventual suspensión del lanzamiento en los términos previstos en el art. 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, si procede, debe sustanciarse dentro del propio procedimiento de ejecución hipotecaria.

5.- Como consecuencia de ello, el primer motivo de infracción procesal debe ser estimado y sin necesidad de examinar el segundo, ni el recurso de casación, debemos anular la sentencia recurrida y desestimar el recurso de apelación de la demandante, confirmando la sentencia de primera instancia.

TERCERO.- Costas y depósitos

1.- De conformidad con lo previsto en el art. 398.2 LEC, la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal conlleva que no proceda hacer expresa imposición de las costas causadas por él, ni tampoco por el recurso de casación, que no ha sido necesario examinar.

2.- La desestimación del recurso de apelación de la demandante comporta que deban imponerse las costas de la segunda instancia a Coral Homes S.L.U., a tenor del art. 398.1 LEC.

3.- Asimismo, la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal implica la devolución de los depósitos constituidos tanto para dicho recurso como para el de casación; mientras que la desestimación del recurso de apelación supone que deba ordenarse la pérdida del depósito constituido para su formulación. Todo ello, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartados 8 y 9, LOPJ.