Sentencia Civil 808/2022 Audiencia Provincial de Salamanca Civil-penal Única, Rec. 781/2022 de 16 de diciembre del 2022

Primero.- La parte actora fundamentó su recurso en el error en la apreciación prueba, con infracción artículo 142, 143, 146, 149 y ss así como el artículo 96 del CC y Jurisprudencia.

La parte demandada se opuso a dicho recurso.

Segundo.- Como es sabido, desde el inicio de la crisis matrimonial hasta incluso después de la disolución del matrimonio, será necesario que, bien los cónyuges de mutuo acuerdo aprobado por el juez, o, en su defecto, el juez, adopten una serie de medidas tendentes a regular sus relaciones personales, económicas y paterno-filiales. Regulación que, en cuanto contenida en una resolución judicial, en concreto una sentencia, una vez firme esta, alcanza la fuerza de cosa juzgada material.

Ahora bien, estas medidas obviamente se adoptan teniendo en cuenta las circunstancias existentes en ese momento. De manera que si por hechos posteriores estas cambian, es evidente que deben revisarse las medidas que estén vigentes para adaptarlas a la nueva situación o incluso para declararlas extinguidas, lo que se consigue a través de la acción de modificación de medidas prevista en los arts. 90, 91, 100, y 101 CC art.90 EDL 1889/1 art.91 EDL 1889/1 art.100 EDL 1889/1 art.101 EDL 1889/1 y en su aspecto procesal en el art. 775 LEC.

En el bien entendido que en estos artículos únicamente admiten que las medidas puedan ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias, por lo que la cuestión estriba en determinar qué requisitos deberán cumplirse para que sea procedente la estimación de una demanda de modificación. A cuyo respecto de las distintas resoluciones dictadas por las Audiencias Provinciales podemos deducir los siguientes:

a) Que los hechos en los que se base la demanda se hayan producido con posterioridad al dictado de la sentencia que fijó las medidas.

Este requisito resulta obvio, ya que los hechos anteriores a la sentencia ya fueron tomados en consideración en su momento por el Juez de instancia, por lo que la nueva demanda no puede basarse en los mismos hechos, pues en cierto modo, aunque no es totalmente aplicable a las medidas, habría una especie de "excepción de cosa juzgada". Por tanto, no cabe alegar el error de cálculo que tuvo uno de los cónyuges al pactar las cláusulas de contenido económico del convenio regulador, ya que no se han modificado las circunstancias existentes. Únicamente podrían alegarse hechos anteriores si los mismos no eran conocidos por una de las partes, por ejemplo, que uno de los cónyuges tuviese ingresos no declarados.

b) Que la variación o cambio de circunstancias tenga relevancia legal y entidad suficiente como para justificar la modificación pretendida.

Los hechos que motivan la demanda de modificación, deben ser tanto cualitativa como cuantitativamente de una importancia tal que supongan un cambio profundo respecto de la situación anterior. Así pues, no será suficiente cualquier clase de modificación, sino que debe ser sustancial.

c) Que el cambio de circunstancias sea permanente, o al menos que no obedezca a una situación de carácter transitorio.

La alteración producida en las circunstancias debe tener cierto carácter permanente, no siendo base suficiente para la demanda de modificación el paso de alguno de los cónyuges o de los hijos por una mera situación transitoria de mejor o peor fortuna. Ello es así, porque el legislador no pretende que las medidas adoptadas constituyan un semillero de pleitos y que puedan modificarse, por ejemplo, porque un cónyuge perciba menos ingresos en un mes determinado.

d) Que se trate de circunstancias sobrevenidas ajenas a la voluntad del cónyuge que solicita la modificación.

Si la causa que ha provocado el cambio de circunstancia ha sido buscada o provocada voluntariamente por uno de los cónyuges, la demanda de modificación difícilmente podrá prosperar. De esta forma, si la modificación de circunstancias ha sido consecuencia de una baja laboral voluntaria, de la petición de excedencia, o del endeudamiento voluntario del mismo por la compra de bienes muebles o inmuebles, se tiene prácticamente asegurada la desestimación de la demanda. Lo contrario sería dejar siempre a merced de la mejor o peor voluntad del obligado el cumplimiento del convenio regulador o de las medidas judiciales.

e) Que se acredite en forma por el cónyuge que solicita la modificación el cambio de circunstancias.

Por último, no basta con alegar nuevos hechos que sean base suficiente para modificar las medidas preexistentes, sino que estos deberán acreditarse cumplidamente, utilizando para ello todos los medios de prueba admitidos en derecho. Hay que precisar, que conforme al art. 217 LEC , la carga de la prueba recaerá sobre el cónyuge que solicita la modificación. Es importante tener en cuenta que para que el juez pueda apreciar el cambio de circunstancia hay que probar las que concurrían en el momento de adoptarse las medidas y las que concurren actualmente, por lo que la actividad probatoria debe dirigirse a ambos momentos, ya que si sólo se acredita la situación actual no podrá valorarse si existe o no cambio o variación en las mismas.

Tercero.- En procesos como el presente, hemos de partir, por lo tanto, como hecho nuclear y mayor, de que sólo cabe volver a discutir las medidas determinadas de manera definitiva en una sentencia si se ha producido una alteración sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta al fijar esas medidas definitivas.

Pues bien, en el presente caso no hay ningún cambio sustancial ni tampoco cierto de las circunstancias tenidas en cuenta al tiempo de fijar la pensiones de alimentos y compensatoria. Por lo que no cabe sino confirmar la sentencia apelada, no sin antes recordar e insistir a las partes que no basta con pretender que se vuelva a replantear y a discutir de nuevo la gestión y adopción de las medidas definitivas, sino que la discusión como norma de principio y como punto de partida debe considerarse siempre zanjada cuando se trata de medidas definitivas por razón de la fuerza de cosa juzgada de que goza toda sentencia firme, de manera que sólo por excepción cabe plantear de nuevo la determinación y fijación de las medidas si se acredita cumplidamente que habido un cambio sustancial y cierto de las circunstancias tenidas en cuenta al tiempo de la fijación de dichas medidas.

En efecto, no se ha cometido ningún error en la valoración de la prueba respecto a la actual situación económica del actor. Ya que consta en autos que a partir de la investigación patrimonial realizada por el Punto Neutro Judicial se ha acreditado que dicho actor es titular de una cuenta de carácter personal en la entidad Unicaja con un saldo actual de 30.800,72 € y de una cuenta en el BBVA con un saldo de 127.235,87€. Sigue siendo también titular de derechos de las PAC. Y titular de cientos de hectáreas de las en Zamora y Salamanca por título de herencia, que constan a día de hoy a nombre de su madre, fallecida en el año 2019 y de la que es heredero universal Don Efrain. Así como titular de 300 colmenas, que tienen unos beneficios de en torno a 65.000 € anuales.

Y, en fin, lo que constituye un hecho mayor y nuclear, en la documentación bancaria aportada a los autos consta que el actor ofreció una garantía personal en la solicitud del préstamo valorada en nada menos que 1.630.000 €. Sin que pueda darse virtualidad jurídica alguna en un juicio como el presente a una alegación tan peregrina como carente de fundamento probatorio alguno de que esa tan alta valoración de su garantía personal obedece a un error del banco. Pues dicha entidad de crédito debe presumirse, como manda el art. 434 que, como toda empresa seria, actúa con buena fe y con rigor a la hora de comprobar la solvencia de sus clientes, de modo que es improbable que cometa un error tan cuantioso. Que, por lo demás, el actor afectado pudo haber corregido muy fácilmente mediante la solicitud ex art. 752 LEC del correspondiente oficio a dicha entidad.

Todo ello quede dicho sin olvidar, hemos de insistir, que el objeto de este juicio, como el de todo juicio sobre modificación de medidas, no puede ser volver sin más a replantear y a discutir de nuevo la gestión y adopción de las medidas definitivas, y al socaire de ello realizar una verdadera auditoría del patrimonio de las partes, fundamentalmente del alimentista, para acreditar que las medidas adoptadas no son proporcionales a su actual caudal económico, como no lo fueron desde el inicio. Por que con ello se olvida la premisa mayor que nunca puede olvidarse en estos juicios, a saber, que la discusión como norma de principio y como punto de partida debe considerarse siempre zanjada cuando se trata de medidas definitivas, por razón de la fuerza de cosa juzgada de que goza toda sentencia firme. De manera que sólo por excepción cabe plantear de nuevo la determinación y fijación de las medidas si se acredita cumplidamente que habido un cambio sustancial y cierto de las circunstancias tenidas en cuenta al tiempo de la fijación de dichas medias. Cambio sustancial y cierto que la experiencia enseña que suele venir acompañado de graves crisis económicas del alimentista, de suerte un cambio o alteración tal, sustancial y cierto, dista mucho de producirse en situaciones como la del aquí actor-apelante, cuya situación patrimonial desde el año de la sentencia anterior, 2015, ha sufrido cambios y evoluciones como es natural, pero en modo alguno cambios sustanciales ciertos, pues sus empresas siguen adelante y su capacidad crediticia y de solvencia alcanza cifras muy altas, de modo que podemos y debemos concluir que por fortuna puede seguir adelante con sus obligaciones alimenticias.

Otor tanto debe decirse de la situación económica de la demandada, la cual no consta probado que haya mejorado sustancialmente: Ya que:

- Los ingresos percibe por GUERONIS- sociedad patrimonial de carácter familiar de la que Doña Maite heredó tras el fallecimiento de su padre 148 participaciones sociales, y que se dedica al arrendamiento básicamente de dos locales, uno sito en la calle Sol Oriente y otro sito en la Avenida Portugal, ambas de Salamanca - ya existían en el año 2015.

- Asimismo, los porcentajes de propiedad por la herencia de su padre y la posibilidad del cobro de una pensión de jubilación ya se tuvo en cuenta en el momento del divorcio al acordar la pensión compensatoria y la pensión de alimentos.

- A ello hemos de añadir la falta del pago puntual de las pensiones del recurrente y la falta de beneficios de GUERONIS, S.L.

- Sin olvidar que su estado de salud y su falta de formación imposibilitaría su acceso de nuevo al mercado laboral.

No hay tampoco error alguno en la valoración de la prueba ni error de derecho en cuanto al pago de la pensión y gastos del hijo hoy mayor de edad Leopoldo. Toda vez que la Sentencia firme de divorcio del año 2015 dio aprobación judicial al acuerdo de los cónyuges, en cuya cláusula cuarta párrafo segundo (Documento 1 adjunto a la demanda) literalmente se dice: "A mayores de lo dicho anteriormente DON Efrain, se compromete a abonar todos los gastos extraordinarios que se dan en la actualidad y que pudieran darse en un futuro con respecto al hijo menor Leopoldo, así como todos los gastos que deriven de la educación obligatoria y formación del menor, dígase, libros, matrículas, material escolar, uniforme, transporte, etc, y los de salud que no estén cubiertos por la Seguridad Social, tal y como se viene haciendo hasta la fecha". No cabe hablar, pues, de cambios sustanciales y ciertos. Sino simple y llanamente de cambios naturales, normales y previstos en el convenio, propios de un hijo que al tiempo del convenio era menor de edad, pero que pronto sería mayor de edad y seguiría previsiblemente sus estudios, como por fortuna así ha hecho y está haciendo, nada menos que en un grado superior de ingeniería.

Una interpretación del convenio tan literal como la que se deriva de las pretensiones del demandante, en virtud de la cual lo acordado en el convenio solo cubriría la minoría de edad del hijo, no solo iría en contra del superior interés del menor, cuya salvaguarda y protección primordial debe constituir el fin último en esta materia-cfr. STS, Civil sección 1 del 13 de abril de 2016 (ROJ: STS 1638/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1638), Sentencia: 251/2016 -Recurso: 1473/2015, Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS-, pues en un caso como el presente reduciría a la postre la vigencia del convenio a solo unos años, y exigiría una nueva conformidad entre los cónyuges, tan difícil siempre. Sino que también, iría en contra del propio espíritu y finalidad del propio convenio que expresamente se refirió a los gastos extraordinarios que se dan en la actualidad y que pudieran darse en un futuro. Y desde luego dicho futuro era próximo además, y ex art. 386 LEC debemos presumir que los padres tuvieron en cuenta por razón de la realidad social que nos ha tocado vivir, que durante ese próximo ya futuro el hijo seguiría estudiando y generando gastos extraordinarios y de formación.

De modo, pues, que como en el convenio se previó y acordó, y se aprobó por la sentencia firme, el padre sigue obligado a abonar todos los gastos extraordinarios que se dan en la actualidad y que pudieran darse en un futuro con respecto al hijo Leopoldo, así como todos los gastos que deriven de la formación del mismo, libros, matrículas, material escolar, uniforme, transporte, etc, y los de salud que no estén cubiertos por la Seguridad Social.

No hay causa no prevista en el convenio para extinguir el pago de la pensión de alimentos.

Igual respuesta merece la solicitud de fijación de límite temporal a dicha pensión y que la misma se abone directamente al hijo mayor en la cantidad de 50 euros mensuales. Como decimos, el hijo común sigue estudiando, ahora en Madrid, y cuando regresa a Salamanca lo hace al domicilio familiar con su madre, de donde se lleva tapers de comida para toda la semana.

Y, en fin, tampoco hay ningún error en la valoración de la prueba ni error de derecho respecto a la denegación de la extinción de la pensión compensatoria a favor de Doña Maite.

Porque, como ya hemos dicho, no cabe pretender sin más que se vuelva a replantear y a discutir de nuevo la gestión y adopción de la medida definitiva en cuestión, ahora la pensión compensatoria, que fue establecida, se llega a decir, sin causa alguna, pues tal discusión como norma de principio y como punto de partida debe considerarse siempre zanjada cuando, como así es, se trata de una medida definitiva, por razón de la fuerza de cosa juzgada de que goza toda sentencia firme. De manera que sólo por excepción cabe plantear de nuevo la determinación y fijación de la medida si se acredita cumplidamente que habido un cambio sustancial y cierto de las circunstancias tenidas en cuenta al tiempo de la fijación de dicha medida.

Y porque, como también hemos visto ya, no es cierto que haya habido ningún cambio sustancial y cierto:

- Ni en el patrimonio de Don Efrain, el cual no ha venido a peor fortuna, como más arriba hemos razonado;

- Ni la situación económica de Doña Maite ha mejorado, pues, como también hemos visto ya, los ingresos que se le imputan por dividendos de una sociedad familiar (Gueronis) ya existían a fecha de sentencia de 2015, y además han disminuido, lejos de aumentar- pues los locales que tiene la empresa generaban en aquella época 9.000 euros, pero en la actualidad, un local está cerrado y otro genera gastos, sin que se distribuyan dividendos, siendo los últimos que se repartieron de 1.300 euros anuales- documentos 8, 5 y 6 de la contestación a la demanda-. Es más, dada su precaria situación económica la demandada se vio obligada a vender su vehículo, así como la vivienda (en 2019) que le fue atribuida y se compró otra más económica; casa, que respecto de la que tiene firmado un contrato de arras para comprarse otra casa más pequeña y quitarse la hipoteca porque no la puede pagar. La situación de Doña Maite lejos de mejorar, ha sufrido un claro empeoramiento económico desde el año 2015 a la fecha actual.

En todo caso, no ha habido ningún cambio sustancial y permanente de las circunstancias que permita estimar lo solicitado.

Sin que pueda estimarse que hay una alteración de las circunstancias por el hecho de que Doña Maite haya alquilado algunos meses una habitación en su domicilio a estudiantes para obtener unos ingresos que no pueden sino ser calificados de mera necesidad y subsistencia, motivadas por los impagos de Don Efrain.

Igual suerte desestimatoria debe correr, en fin, la alegación de error en la valoración de la prueba y error de derecho respecto de la denegación de la solicitud de devolución del 50% del importe de los gastos de educación no obligatoria del hijo común.

Pues como ya hemos razonado, una interpretación finalista y sociológica del convenio regulador judicialmente aprobado, acorde con la actual realidad social y con el respeto primordial al superior interés del menor, obliga a concluir que en el propio convenio expresamente se acordó que el padre se compromete a pagar los gastos extraordinarios que se dan en la actualidad y que pudieran darse en un futuro respecto del hijo Leopoldo. Pues desde luego dicho futuro era próximo además, por lo que ex art. 386 LEC debemos presumir que los padres tuvieron en cuenta por razón de la realidad social que nos ha tocado vivir, que durante ese próximo ya futuro el hijo seguiría estudiando y generando gastos extraordinarios y de formación. Sin que, por lo demás, como ya hemos razonado suficientemente, se haya acreditado un cambio de circunstancias que justifique una distribución distinta de tales gastos.

Por lo demás, la denegación de la solicitud de extinción de las medidas acordadas respecto de la hija común, Doña Juana, es también conforme a derecho y no encierra ningún error en la valoración de la prueba, ni error de derecho. Ya que simple y llanamente se ha cumplido con respecto a ella el convenio regulador, que ha surtido los efectos queridos por las partes y aprobados judicialmente, de modo que no existe a la fecha (como ambas partes reconocen) pago de pensión de alimentos alguna en favor de Doña Juana al ser ésta económicamente independiente, toda vez que dicha pensión ya se extinguió automáticamente a partir del momento en que la hija se independizó económicamente.

Procede, pues, desestimar el presente recurso de apelación.

Cuarto.- Por aplicación del art. 751 LEC no se hace imposición de las costas de este recurso, en atención al carácter público e indisponible de las cuestiones en él debatidas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y en virtud de los poderes conferidos por la Constitución.