Sentencia Civil 513/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 2443/2020 de 17 de abril del 2024

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. En el concurso de acreedores de Urbem, S.A., Regesta Regum S.L. impugnó la lista de acreedores, el día 18 de noviembre de 2015, para que se incluyera un crédito concursal subordinado a su favor (Regesta Regum S.L.) por un importe de 10.976.026,18 euros. Subsidiariamente, para el caso de que de las actuaciones se derivara una cuantía o método de cálculo distinto al aplicado en la demanda, se solicitaba la inclusión del crédito concursal subordinado en la cuantía que el juzgado considerara oportuno.

Contestaron y se opusieron a la demanda, no sólo Urbem, S.A., sino también Inversiones Mebru S.A.

2. La sentencia dictada en primera instancia, en fecha 6 de abril de 2016, estimó la demanda y acordó la inclusión en la lista de acreedores del concurso de Urbem, S.A., del crédito concursal subordinado, a favor de Regesta Regum S.L., por concepto de intereses derivados del principal a reembolsar el precio atendido en su día para la suscripción de acciones (6.262.593,42 euros). Los intereses debían comenzar a calcularse desde la fecha en que constaba la restitución de las acciones conforme al libro registro de socios de Urbem, hasta la fecha de declaración de concurso de Urbem, S.A.

3. Inversiones Mebru S.A. fue declarada en concurso de acreedores por auto de 7 de noviembre de 2016, que acordó la suspensión de facultades patrimoniales de la concursada.

4. El 7 de marzo de 2017, Inversiones Mebru S.A. interpuso el recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia.

El día 16 de octubre de 2017, la administración concursal de Inversiones Mebru S.A. presentó un escrito en el que comunicaba expresamente que autorizaba la interposición del recurso de apelación.

La Audiencia Provincial, en la sentencia de 9 de marzo de 2020, desestima el recurso de apelación, al apreciar una causa de inadmisión. Entiende que, cuando fue formulado el recurso, Inversiones Mebru S.A. carecía de legitimación para interponerlo porque tenía suspendidas sus facultades patrimoniales, y conforme al art. 54.1 LC la sentencia sólo podía ser apelada por la administración concursal.

5. Frente a la sentencia de apelación, Inversiones Mebru S.A. y la administración concursal de Inversiones Mebru S.A. interpusieron recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. En ambos recursos impugnan que se haya declarado que no debía admitirse el recurso de apelación por no haberse interpuesto aquel recurso directamente por la administración concursal de Inversiones Mebru S.A.

La cuestión controvertida, objeto de ambos recursos, se refiere a la interpretación de los artículos de la Ley Concursal relativos a la legitimación para apelar, en concreto los art. 51 y 54 LC, cuando una de las partes en un litigio ha sido declarada en concurso de acreedores durante su pendencia en primera instancia, y lo ha sido con suspensión de sus facultades patrimoniales. La cuestión podía ser planteada mediante ambos recursos, extraordinario por infracción procesal y casación, y consideramos más oportuno analizar el de casación.

Existen dos precedentes similares al presente caso, resueltos por esta sala en las sentencias 180/2021 y 181/2021, de 30 de marzo. Y otro posterior, resuelto por sentencia 457/2022, de 1 de junio. Tanto en estos precedentes como en el presente caso, era la misma entidad ahora recurrente (Inversiones Mebru S.A.) la que había realizado la impugnación del inventario y la lista de acreedores en el concurso de otra entidad, con la que había tenido relación; y en todos estos casos, Inversiones Mebru S.A. fue declarada en concurso después de que presentara la demanda y antes de que formulara el recurso de apelación. En la medida en que la resolución objeto de recurso ha sido dictada por el mismo tribunal, con una argumentación similar, y los motivos de los recursos son idénticos, debemos seguir lo resuelto en aquellos precedentes, cuya argumentación reproducimos.

SEGUNDO. Recurso de casación

1. Formulación del motivo único. El motivo denuncia la infracción por inaplicación del art. 51 LC y por aplicación indebida del art. 54 LC, y la jurisprudencia que los interpreta, según la cual, en los supuestos en que el administrador concursal no ha sustituido a la concursada en los procedimientos en trámite ex art. 51.2 LC, a efectos de la interposición de recursos judiciales, debe entenderse que se precisa de la intervención de dicha administración concursal mediante autorización ( art. 51.3 LC), que puede darse antes o después de la formulación del recurso, siempre y cuando la autorización se otorgue antes de que haya recaído resolución resolviendo el recurso.

Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Estimación del motivo. En el presente caso, cuando Inversiones Mebru S.A. interpuso la demanda, no estaba en concurso de acreedores, por lo que no se veía afectada por ninguna restricción de facultades patrimoniales. Su concurso fue declarado durante la pendencia del procedimiento en primera instancia. De tal forma que cuando fue dictada la sentencia e interpuso a continuación el recurso de apelación, el auto de concurso había acordado la suspensión en el ejercicio de las facultades de administración y disposición, y la consiguiente atribución de estas facultades a la administración concursal.

Resultaba de aplicación el art. 51 LC y la interpretación que del mismo hicimos en la sentencia 295/2018, de 23 de mayo:

"Sin perjuicio del régimen previsto de sustitución del deudor concursado por la administración concursal, que debería ser interesada por esta última, la norma - art. 51.2 LC- permite al deudor mantener su propia representación y defensa separada, por medio de sus propios procurador y abogado, siempre que garantice que los eventuales gastos generados por estas actuaciones no repercutirán en la masa del concurso.

"La norma quiere asegurar que sea la administración concursal la que valore la conveniencia de continuar el procedimiento pendiente y, en su caso, recurrir la resolución judicial que se hubiera dictado en el mismo, en atención a las consecuencias económicas que podrían derivarse para la masa del concurso . Pero permite que la propia concursada continúe con dicho procedimiento siempre que no ponga en riesgo la masa del concurso con eventuales costas y gastos procesales. [...]

"Mientras no se produzca la sustitución del deudor concursado por la administración concursal, prevista en el párrafo primero del art. 51.2 LC, no opera la posibilidad, concedida en el párrafo segundo al deudor concursado, de mantener su representación y defensa separadas, con las garantías antes descritas. Por lo que no resulta de aplicación este régimen especial.

"En casos como el presente, en que a la administración concursal le corresponde sustituir al deudor concursado en los procesos judiciales pendientes, pero hace dejación de esta función y con ello permite que la concursada continúe en la defensa de sus derechos patrimoniales objeto de litigio, el deudor concursado se encuentra de facto bajo el régimen previsto en el apartado 3 del art. 51 para los casos de intervención. Esto es, mantiene en ese pleito la capacidad procesal, pero su legitimación procesal queda condicionada al régimen de autorizaciones previsto en este precepto. Es lógico por ello que, una vez dictada la sentencia de primera instancia, para recurrir en apelación necesitara la conformidad de la administración concursal. Aunque esta exigencia de conformidad no esté explicitada en el art. 51.3 LC respecto de la actuación procesal de recurrir la sentencia, debemos considerarla integrada, a la vista de lo regulado en el art. 54.2 LC respecto del ejercicio de acciones del concursado.

"Esta exigencia responde a la lógica de la limitación de facultades patrimoniales y la prevención legal de que una incontrolada actuación procesal de la concursada pueda generar gastos injustificados para la masa de activa, en perjuicio de los acreedores".

Esta doctrina fue reiterada en la sentencia posterior, núm. 570/2018, de 15 de octubre, en la que ahondando en este razonamiento añadimos:

"(R)especto de los procedimientos iniciados después de la declaración de concurso por la concursada intervenida con la preceptiva autorización de la administración concursal, si al tiempo de dictarse la sentencia de primera instancia se hubiera acordado la suspensión de facultades patrimoniales como consecuencia de la apertura de la liquidación, la administración concursal está legitimada para personarse e interesar sustitución procesal de la concursada. Pero mientras no lo haga, persiste la legitimación procesal de la concursada, sin perjuicio de que para recurrir en apelación deba contar con la autorización de la administración concursal prevista en el art. 54.2 LC. La necesidad de esta conformidad de la administración concursal es la garantía de que el recurso de apelación, con el riesgo de condena en costas que gravaría la masa activa del concurso, no contradice los intereses del concurso.

"Para la ratio del art. 54 LC, no es necesario imponer en todo caso la sucesión procesal de la concursada por la administración concursal cuando hubiera un cambio del régimen de intervención al de suspensión de facultades patrimoniales, y por eso no lo prevé. Los intereses del concurso, representados en este caso por no asumir innecesariamente riesgos de gastos y costas a cargo de la masa activa, están garantizados en cuanto que de la misma manera que para interponerse la demanda fue necesaria la conformidad de la administración concursal, para recurrir también será necesaria. [...]

"De tal forma que, mientras la administración concursal no se persone y solicite la sustitución procesal de la concursada, está sigue legitimada para continuar con el procedimiento, aunque para recurrir en apelación necesita la conformidad de la administración concursal prevista en el art. 54.2 LC".

3. En este caso, como al tiempo de interponerse el recurso de apelación la administración concursal no se había personado y sustituido procesalmente a la concursada, esta seguía legitimada para actuar en el proceso sin perjuicio de la necesidad de recabar la conformidad la administración concursal para recurrir en apelación.

El recurso fue interpuesto por la concursada con la conformidad de la administración concursal, quien pudiendo no hizo valer la sustitución procesal, razón por la cual hay que considerar que estuvo correctamente interpuesto. La concursada estaba legitimada para sostener el recurso, con la conformidad de la administración concursal, mientras esta no le sustituyera procesalmente.

En consecuencia, debemos casar la sentencia que desestimó el recurso de apelación al negar legitimación procesal a la concursada para interponerlo, sin que sea necesario entrar a resolver el recurso extraordinario por infracción procesal.

Casada la sentencia, en vez de asumir la instancia y entrar a resolver el recurso de apelación, consideramos más conveniente remitir los autos al tribunal de apelación, que por haber advertido aquel óbice procesal no entró a analizar la procedencia del recurso y por ello quedó imprejuzgado.

TERCERO. Costas

Estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa condena en costas ( art. 398.2 LEC) . Como tampoco respecto de las costas del recurso extraordinario por infracción procesal, con devolución de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.