Sentencia Civil 17/2024 Audiencia Provincial Civil de Sevilla nº 8, Rec. 10412/2022 de 24 de enero del 2024

PRIMERO. Antecedentes.

1. La Sentencia recurrida, desestimó íntegramente la demanda por la que la entidad demandante ejerció contra la demandada una acción negatoria de servidumbre, solicitando la condena a la demandada a eliminar el paso subterráneo de la línea de media tensión que transcurre bajo la parcela número 1 de la urbanización Cuatrovitas de Bollullos de la Mitación (Sevilla), la cual se dice es propiedad de dicha parte, todo ello sobre la base de considerar que a resultas de la prueba practicada, no se encuentran debidamente acreditados los elementos de la pretensión de la demandante sobre la declaración negativa de servidumbre que se solicita, al constar la existencia de un proyecto de urbanización aprobado de conformidad con las normas administrativas de aplicación, y en el que se autoriza a la entidad demandada para la instalación de la línea eléctrica de media tensión que se cuestiona por la actora, no constando probados los elementos que determinen que dicha línea no sea acorde con la resolución administrativa correspondiente, o incluso con la licencia de obras municipal, y con el proyecto de urbanización autorizado, por no haberse ejecutado la obra de conformidad con los mismos.

2. Sobre dichas premisas, la parte demandante-apelante articula su recurso invocando error en la valoración de la prueba, en petición de que se revoque la Sentencia de primera instancia, dictándose una Sentencia íntegramente estimatoria de la demanda, por la que se condene a la demandada en los términos solicitados, imponiéndose a la demandada las costas procesales de la demanda y demás pronunciamientos que fueran procedentes.

3. Por su parte, la entidad demandada se opuso al recurso de apelación interpuesto de contrario, solicitando la confirmación de la Sentencia de primera instancia, con expresa condena en las costas procesales de ambas instancias a la contraparte.

SEGUNDO.Recurso de apelación por error en la valoración de la prueba.

1. La defensa apelante, se muestra en desacuerdo con la valoración de la prueba verificada por la Juzgadora de primera instancia, considerando que la misma yerra al declarar que la línea soterrada que discurre por la parcela de la actora goza de proyecto, hecho que no se corresponde con la realidad, confundiendo la juzgadora la línea eléctrica cuestionada por la demandante, con otra línea que discurre por la parcela denominada Depósito de Aljarafesa, hecho que quedaría acreditado con la resolución de la Delegación territorial en Sevilla de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de 28 de Abril de 2.015, que se aportó por dicha parte como prueba documental en el acto de audiencia previa.

2. Del mismo modo, se manifiesta que aunque la línea eléctrica cuestionada cuente con licencia de obras del Ayuntamiento, se permitiría al tercero perjudicado pedir que no se grave su propiedad con una servidumbre, añadiendo que las manifestaciones de la demandada sobre los expedientes de legalización de las instalaciones de media tensión, con los números EXP 262058 Y RAT 11156 son falsas de toda falsedad, habiendo pretendido la contraparte confundir maliciosamente a la juzgadora, induciéndola a cometer un error manifiesto e imputando a la demandada haber actuado de mala fe, quien no sólo aprovechó la ausencia de la actora en su parcela para introducir el tendido eléctrico por la misma, sino que en el procedimiento ha tratado de inducir a error al juzgador, alegando tener autorización para la instalación discutida, cuando la autorización concedida transcurre por la calle Luis Rosales y termina en las arquetas que están en la fachada de la propiedad de la actora.

En suma, la defensa jurídica de la demandante, considerara que la línea subterránea que transcurre por la parcela número 1, no goza de autorización ni de licencia administrativa de ningún tipo, de modo que al no poder su cliente construir una planta sótano destinada al garaje, por la zona por la que discurre la línea subterránea, o construir una piscina, se considera que el perjuicio irrogado no consiste no en que la parcela pierda valor, sino en que la misma queda prácticamente inutilizada.

3. Por lo que se refiere el correspondiente argumento de recurso, el Tribunal Constitucional ( TC) ha elaborado la doctrina del error patenteen la valoración de la prueba, (SS. 55/2.001, de 26 de Febrero , 29/2.005, de 14 de Febrero, 211/2.009, de 26 de Noviembre, 25/2.012, de 27 de Febrero, 167/2.014, de 22 de Octubre, y 152/2.015, de 6 de Julio, concluyendo que concurre error patente en aquellos supuestos en que las resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones, cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración, identificando los requisitos de necesaria concurrencia para que quepa hablar de una vulneración de la tutela judicial efectiva por dicha causa y refiriéndose en particular, a que el error debe ser patente, es decir, "inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia"

Por ello, el uso que haga el Juzgador de primer grado de su facultad de libre apreciación o valoración en conciencia de las pruebas practicadas, ha de respetarse al menos en principio por el Tribunal de apelación, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la Sentencia, siendo posible una rectificación y nueva valoración de la prueba por el Tribunal de apelación, únicamente cuando después de un detenido y ponderado examen de las actuaciones, se ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador de instancia en la apreciación del material probatorio, y no resultando admisible la simple sustitución del imparcial e inmediato criterio del juzgador de instancia, por el interesado juicio de la parte.

4. Así pues, la pretensión de la mercantil demandante, se articula sobre el hecho de que dicha parte habría adquirido por aportación, la propiedad sobre el inmueble litigioso el 24 de Junio de 2.016, de modo que sobre la parcela de su propiedad, inscrita como finca nº 5535 de Bollullos de la Mitación, ante el Registro de la propiedad nº 6 de Sevilla, y con referencia catastral 3574701QB5337S0001EU, (si bien este dato no consta en la escritura de aportación social referida), la demandada habría introducido sin su conocimiento ni consentimiento, una línea subterránea de media tensión, que discurre a una profundidad de entre 100 y 150cm, la cual se encontraría descrita en el informe técnico pericial de fecha 24 de Febrero de 2.017, suscrito por el Arquitecto sr. Plácido y acompañado a la demanda, hecho que impediría o dificultaría las tareas de edificación de dicha parcela, dándose la circunstancia de que el expresado inmueble no se encuentra sometido a carga alguna conforme a su inscripción registral.

5. Por su parte, una vez revisada y analizada nuevamente en esta Alzada la prueba practicada, lo cierto es que los documentos aportados por la demandada, si bien no acreditan que el soterramiento de la línea de media tensión existente entre la Urbanización Cuatrovitas (donde se ubica la propiedad de la demandante), y el CT Depósito de Bollullos de la Mitación, se corresponda con el trazado que fue autorizado mediante resolución de fecha 17 de Junio de 2.006 dictada por la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, en el expediente nº 240000, conforme proyecto visado colegialmente suscrito por el ITI sr. Rogelio con certificado final de obras de fecha 1 de Junio de 2.006, contienen un documento planimétrico relevante a la litis que será objeto de estudio y comentario con posterioridad.

6. Llegados a este punto conviene recordar que el art. 530 C.C. define a la servidumbre, como un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño, añadiendo el art. 540 del citado cuerpo legal que: La falta de título constitutivo de las servidumbres que no pueden adquirirse por prescripción, únicamente se puede suplir por la escritura de reconocimiento del dueño del predio sirviente, o por una sentencia firme. Por su parte, y conforme al art. 551 C.C .: Las servidumbres que impone la ley en interés de los particulares, o por causa de utilidad privada, se regirán por las disposiciones del presente título, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes, reglamentos y ordenanzas generales o locales sobre policía urbana o rural.

7. En este sentido y en relación a las servidumbres de paso para conducciones de energía eléctrica, las mismas se regulaban por la Ley 54/1997, de 27 de Noviembre, del Sector Eléctrico, vigente en el momento de ejecución de la instalación discutida ocurrida en Abril de 99, cuyo art. 52 disponía: "1. Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. 2. Dicha declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de la expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones de eficiencia energética, tecnológicas o medioambientales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la realización de modificaciones sustanciales en las mismas".

Del mismo modo y conforme al art. 54 de la citada norma: "1. La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa . (...)", llevando implícita asimismo la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública (art. 54.2).

Con ello, resulta fuera de toda duda, que cuando dichas instalaciones precisen de alguna limitación sobre los derechos de particulares que se vean afectados por las mismas, será preceptiva la tramitación del correspondiente expediente administrativo de expropiación forzosa, previa su declaración de utilidad pública, extremo sobre el que no se ha aportado al procedimiento prueba alguna por la parte demandada, a quien correspondería su acreditación, como titular del derecho de servidumbre de paso impugnado mediante la precedente demanda, habiéndose limitado aquélla a aportar documentación relativa al expediente administrativo de autorización para el soterramiento de una línea de media tensión en el término municipal de Bollullos de la Mitación, en el que no consta la afectación del proyecto sobre bienes de titularidad privada, como tampoco consta su declaración de utilidad pública, o el correspondiente procedimiento expropiatorio, que legitimaria la constitución de la servidumbre legal que se niega por la demandante.

8. Por contra, el informe pericial acompañado a la demanda al que se ha hecho referencia con anterioridad, tras dejar constancia de que a juicio de su autor, la parcela nº 1 de la urbanización Cuatrovitas propiedad del demandante, coincide con la descrita en la cédula urbanística emitida por el ayuntamiento de Bollullos, con la consulta catastral y con la nota simple registral facilitada a dicho técnico, se limita a poner de manifiesto únicamente, que por el interior de dicha parcela discurre un tramo de línea subterránea de media tensión de unos 24 m de longitud, la cual supone un riesgo para las actuaciones de excavación y acondicionamiento del terreno de dicha parcela para su uso.

9. Así pues, resulta crucial para la resolución de la litis determinar si la línea eléctrica en cuestión, la cual al parecer fue ejecutada por el promotor de la urbanización EDIFICARTE S.A., conforme solicitud verificada a la Administración correspondiente en el mes de Abril de 1.999, discurría conforme al proyecto por viales interiores de la urbanización de uso público, tal y como se sostiene por la demandada en su escrito de contestación (en cuyo caso no sería precisa la expresada declaración de expropiación de los terrenos afectados por la misma), así como si el hecho de la actual afectación a la parcela propiedad del demandante, se debe a la modificación de los linderos de dichas parcelas conforme al proyecto urbanístico originario, de modo que la parcela número 1 ocupe una zona destinada originariamente a calle de paso, por cuyo margen discurría el soterramiento de la línea eléctrica en cuestión.

10. Sobre este particular, las pruebas documental y pericial aportadas al procedimiento por la parte demandante, a quien corresponde la carga de probar los hechos sobre los que se fundamenta su pretensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217.2 LEC, resultan para esta Sala ciertamente insuficientes para considerar acreditada la relación fáctica sobre la que se fundamenta la demanda, tal y como se concluye por la juzgadora de la primera instancia, aunque por razones diversas las expresadas por la misma.

Por lo que se refiere a la mencionada prueba pericial, la cual debe constituirse en un elemento esencial en un litigio como el presente, resulta llamativo que en dicho informe no se identifique técnicamente la línea eléctrica discutida, no se efectúe referencia al proyecto de urbanización, ni se incluya planimetría del proyecto o proyectos de electrificación de la zona donde se ubica el inmueble de referencia, información ésta que pudo obtenerse directamente del ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (quien concedió licencia municipal de obras), o de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (responsable de la aprobación del proyecto), siendo así que algunos de los particulares del correspondiente expediente administrativo se hallan unidos al bloque documental de la demanda, de modo que los únicos elementos de juicio aportados al juzgador sobre un hecho tan fundamental como es la descripción física de los derechos reales en liza, deba necesariamente inducirse de los escuetos y poco descriptivos documentos planimétricos incluidos en el informe pericial redactado por el sr Plácido, en unión del plano unido al bloque documental de la contestación a la demanda, correspondiente al proyecto de electrificación de la Urbanización La Florida del referido término municipal.

11. De ese modo, y de manera coincidente a lo expresado en el escrito de contestación, comparando el plano del proyecto de electrificación correspondiente a la Urbanización La Florida aportado por la demandada (el cual consta con el correspondiente visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental), con los planos y la fotografía aérea incorporados a las páginas 6 (en el que se marca en color oscuro la propiedad de la actora), 7, 8 y 9 del informe pericial de la parte actora, puede concluirse sin género a dudas, que la propiedad del demandante descrita como parcela número 1 de la urbanización Cuatrovitas, no coincide con la parcela identificada con dicho número en el proyecto de urbanización que sirvió de base a su vez al proyecto de electrificación de la zona, dándose la circunstancia de que la parcela del actor se encuentra en parte sobre un antiguo camino o vial público existente en la parte trasera de la parcela denominada Centro de Distribución Depósito Aljarafesa, el cual se conecta mediante una una línea subterránea de media tensión más antigua, que discurre por un lateral de la parcela nº 1 de la Urbanización Cuatrovitas, con una arqueta/empalme subterráneo con el logotipo de la entidad Sevillana de Electricidad, situada en la esquina de la calle Luis Rosales, perteneciente a la linea aérea Florida (la cual a su vez discurre durante 261m por terrenos de dominio público), tal y como se expresa en los antecedentes de la resolución de fecha 20 de Abril de 2.015, dictada por la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, aportada a las actuaciones a instancia de la demandante en el acto de Audiencia Previa. En dicha resolución, se expresa asimismo que en fecha 23 de Diciembre de 2.010 se emitió autorización de puesta en servicio de la instalación eléctrica correspondiente al expediente 262.058 RAT111.156, que incluye el Centro de Distribución Depósito, la cual línea ya existía previamente y se encontraba en explotación, y se añade, que la línea correspondiente al expediente 240000 RAT 104.290, y la línea autorizada mediante el expediente 262.058 RAT 111.156, se encuentran conectadas mediante una línea de media tensión de la que no figuran antecedentes en la citada Delegación, la cual se insta a legalizar a su titular.

Como consecuencia de la alteración urbanística referida, la antigua línea eléctrica mencionada en la comentada resolución administrativa, que parte del empalme de la esquina de la calle Luis Rosales hacia el Centro de Distribución Depósito, discurre actualmente por el interior de la parcela propiedad de la actora, provocando las limitaciones al derecho de dicha parte que ésta describe en su escrito de demanda.

12. Por todo ello, desconociéndose el momento en que se produjo la modificación del proyecto de urbanización desarrollado por la entidad promotora EDIFICARTE S.A., alterando tanto la configuración de la parcelación como la identificación de las fincas resultantes tras la misma, hecho que resulta por completo ajeno a los ámbitos de disponibilidad y responsabilidad de la entidad demandada, y correspondiendo el tendido de la línea subterránea de media tensión litigiosa, a una línea antigua, legalizada administrativamente y en funcionamiento, sin afectación en el momento de su ejecución de elemento privativo alguno, que exigiera la preceptiva declaración de utilidad pública, así como la constitución formal de un derecho real de servidumbre a favor de la entidad distribuidora eléctrica y con cargo al predio afectado por el trazado de la reiterada línea, procederá concluir que la actora carece de derecho alguno para el ejercicio de la acción negatoria de servidumbre que invoca en su demanda, resultando inaplicables los preceptos contenidos en los artículos 530 y ss. C.C., toda vez que no consta acreditado en el procedimiento el relato fáctico de la demanda en relación a que la perturbación por parte de la entidad demandada en el goce de la propiedad de la demandante, responda a una finalidad que evidencie la existencia de un derecho real sobre cosa ajena, ejecutando la expresada línea eléctrica sin conocimiento ni consentimiento de aquélla, al ser la instalación litigiosa presumiblemente anterior a la segregación y conformación física del inmueble de la actora (operada mediante escritura pública de fecha 23 de Julio de 1.998, según consta en el documento nº 2 de la demanda), o en cualquier caso a la adquisición de dominio por la demandante, por lo que la actora adquirió dicho inmueble con la expresada limitación, que afectaría únicamente a la zona de invasión de la vía pública, siendo éste un elemento esencial de la litis, que impide resolver la petición de dicha parte con base en criterios de certeza y seguridad jurídica, procediendo por todo lo expuesto la desestimación del recurso y la expresa confirmación de la Sentencia recurrida, aunque si bien por los razonamientos contenidos en la presente resolución.

Para la anterior conclusión, resulta irrelevante si el tramo de tendido eléctrico cuestionado por el demandante, se encuentra o no legalizado administrativamente, habiendo resultado probado su trazado originario por un camino o vía de uso público, su antigüedad, así como el hecho de que se encuentra actualmente en uso.

TERCERO. Costas procesales.

1. Por todo lo expuesto, al ser procedente la desestimación del recurso de apelación interpuesto, las costas causadas por el mismo, se impondrán a la parte adelante, de conformidad con lo prescrito en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de Enero de 2000, que se remite al anterior 394 de dicho texto normativo.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general aplicación, en nombre del Rey y en virtud del poder que nos confiere la Constitución: