Sentencia Civil 103/2024 Audiencia Provincial Civil de Lleida nº 2, Rec. 1469/2022 de 25 de enero del 2024

PRIMER. RESUM DE LES ACTUACIONS PRACTICADES EN PRIMERA INSTÀNCIA.

Els actors i ara apel·lats van interposar una demanda en la qual pretenien la recuperació de la finca que els pertanyia propietat i que sostenien havien cedit al demandat "en régimen de precario para que no estuviera yerma y sin contraprestación". Ja anteriorment, l'1 de juliol de 2021, li havien remès un burofax en el qual li anunciaven la seva intenció de recuperar la possessió de la finca en el termini dels 15 dies següents des de la seva recepció. Amb la demanda es va aportar el burofax i el seu justificant de lliurament.

El demandat es va oposar a la demanda, al·legant que l'any 2016 havia concertat verbalment amb la propietat un contracte d'arrendament rústic pel termini de 10 anys i una renda anual de 400 €, a més d'haver-se pactat que la propietat rebria els ingressos derivats de la PAC/DUN. El preu de l'arrendament s'abonava en mà al demandat senyor Vidal, qui actuava en nom del seu oncle i anterior propietari, i per acreditar-ho aportaven quatre extractes bancaris de disposició d'efectiu per aquelles quantitats corresponents als anys 2017 a 2020.

Subsidiàriament, i per al cas d'estimar-se la demanda i perdre la possessió de la finca, va interposar reconvenció perquè se li permetés recollir la collita de l'any agrícola o perquè se li indemnitzés per les despeses de cultiu, que quantificava en un total de 5879,85 € conforme les factures que adjuntava.

Els actors es van oposar a la reconvenció, tot al·legant que el demandat no podia tenir la consideració de posseïdor de bona fe ja que havia rebut el burofax indicat i malgrat això hagi decidit continuar en el cultiu de la finca, a més de que les factures que aportava eren de data posterior a aquell burofax.

La sentència va arribar als pronunciaments que s'han reproduït sobre la base de que el demandat no havia acreditat l'existència del contracte d'arrendament, però va estimar també la reconvenció en considerar que el demandat era un posseïdor de bona fe.

Cadascuna de les parts impugna els pronunciaments respectius que li són perjudicials.

SEGON. RESOLUCIÓ DEL RECURS D'APEL·LACIÓ.

El demandat impugna la declaració que no s'ha provat el seu contracte d'arrendament, sense indicar-ho expressament però fonamentant-ho en l'error en valoració de la prova.

Aquesta Sala ha establert un criteri mantingut en el temps sobre aquest motiu d'apel·lació i que es resumeix en la nostra Sentència 50/2023, de 13 de gener:

Para ello debemos partir del reiterado criterio mantenido por la Sala en el sentido que, cuando a través del recurso de apelación se cuestiona la valoración de la prueba efectuada por el juzgador a quo sobre la base de la actividad desarrollada en el acto del juicio, debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el acto de juicio, en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción, concentración y oralidad, pudiendo el juzgador de instancia intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, así como la forma de expresarse y conducirse de las partes, los testigos y peritos en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos.

Tras la entrada en vigor de la LEC 1/2000 el Tribunal de apelación también puede apreciar a través del soporte audiovisual, en el que se recoge y documenta el acto de juicio, la actitud de quienes intervienen y la razón de ciencia que expresan, a efectos de analizar si las pruebas se han valorado correctamente, pero siempre teniendo en cuenta que la actividad valorativa del juzgador de instancia se configura como esencialmente objetiva, sin que quepa decir lo mismo de la de las partes, que por regla general, y con cierta lógica en ejercicio del derecho de defensa, se presenta de forma parcial y subjetiva.

Por ello, la Sala ha indicado reiteradamente que la apreciación y valoración de la prueba es función privativa del juzgador de instancia, que debe realizar con arreglo a las reglas de la sana crítica, siempre con la posibilidad de que la valoración probatoria se practique mediante apreciación conjunta a fin de obtener una conclusión cierta, debiendo prevalecer su criterio, por imparcial y objetivo, sobre el de las partes, de tal modo que únicamente pueden estimarse incorrectas las conclusiones obtenidas por el juzgador a quo cuando éstas resulten absurdas, ilógicas o irracionales, o cuando haya dejado de observar alguna prueba objetiva que las contradiga, pero sin que este motivo de apelación pueda servir para intentar sustituir el criterio objetivo del juzgador por el subjetivo y propio del apelante.

I en la nostra Sentència número 55/2023, de 13 de gener, vam dir:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 458-2 de la LEC la apelación habrá de realizarse por medio de escrito en el que se expondrán las alegaciones en que se base la impugnación, de forma que como esta Sala tiene dicho en múltiples resoluciones la parte apelante debe exponer claramente los motivos por lo que impugna la resolución de primera instancia, tanto en interés del Tribunal que ha de resolver el recurso como de la parte contraria, que ha de saber a qué ha de oponerse. En este caso el recurso formulado no se ajusta a estos requisitos pues, como ya hemos dicho, se limita a reproducir literalmente todas las alegaciones vertidas en su contestación a la demanda, sin concretar en modo alguno cual son los vicios o errores que se imputan a la resolución recurrida, los medios de prueba que habrían sido incorrectamente apreciadas o valoradas y/o, en su caso, la normativa aplicada erróneamente, o dejada de aplicar, en definitiva, las razones de su disconformidad con la decisión adoptada en la instancia.

El recurso, por tanto, adolece de falta de motivación pues no se concretan los motivos en que se sustenta, no se cita norma material o procesal que se considere infringida por la resolución recurrida, ni se denuncia error en la valoración de la prueba practicada. No se esgrime, en definitiva, alegación alguna propiamente dicha pues no puede considerarse como tal la simple reiteración de cada una de las alegaciones vertidas en primera instancia, a las que ya se ha dado debida y razonada respuesta en el auto recurrido, argumentando sobradamente los motivos por los que procede decretar la nulidad de las dos cláusulas cuestionadas, sin que en el escrito de recurso se haga valer el más mínimo argumento para desvirtuarlos. El juzgador de instancia ha analizado todas las cuestiones planteadas, y lo ha hecho de forma suficientemente motivada, sin que la argumentación contenida en la resolución recurrida resulte rebatida en forma alguna por las alegaciones de la apelante pues nada nuevo se añade a todo aquello que ya ha sido analizado y resuelto en primera instancia.

En el recurso de apelación el tribunal "ad quem" goza de competencia para revisar todas las cuestiones planteadas en primera instancia pero no puede revisar de oficio los razonamientos de la resolución apelada, al margen de los motivos esgrimidos por la parte como fundamento de su pretensión revocatoria, por lo que es la parte apelante la que debe individualizar los motivos de su recurso, a fin de que puedan examinarse dentro de los límites y en congruencia con los términos en que vengan ejercitados. Y como esta Sala tiene dicho en reiteradas ocasiones, lo que no puede pretenderse es que sea el Tribunal quien supla las omisiones de las partes, so pena de desconocer los principios dispositivos y de rogación que informan el proceso civil ( art. 216 y 218 de la LEC ) que también son aplicables en sede de apelación porque según establece el art. 465-4 de la LEC la sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación a que se refiere el art. 461 de la LEC .

En este sentido, y como ya apuntaba la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2000 , refiriéndose al art. 733 de la LEC de 1.881, de similar redacción al art. 458 de la LEC , "...la Sala de apelación desestimó el recurso, cuya Sentencia se impugna, al tener por incumplido el requisito que exige el artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que exige la expresión de las razones por las que el apelante difiere de la Sentencia y de la solución que en la misma se adopta en relación con las cuestiones planteadas por las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación, a fin de que la contraparte pueda tener conocimiento de las bases de la impugnación y pueda ejercitar con mayor amplitud el derecho a la defensa que vería lógicamente mermado de admitirse el recurso carente de fundamentación...".

Añade esta misma sentencia que · ....el artículo 733 en su redacción conforme a la reforma precitada determina que el recurso de apelación se formaliza por escrito que se presentará ante el órgano jurisdiccional que hubiera dictado la resolución que se impugna, en el que se exponen las alegaciones en las que se base la impugnación", y concluye "no cabe soslayar que la apelación que regula el artículo 733 es una apelación fundada, de manera, que, como expresa la Sentencia impugnada, no cabe una remisión a escritos de alegaciones de la primera instancia, sino que es preciso, que a la luz de la Sentencia objeto de la apelación, se señalen las razones concretas de discrepancia, ya que, en otro caso, se defraudaría el contenido y sentido de la norma. "

Quant a la naturalesa i abast del procediment de precari, en la nostra Sentència 357/2023, de 2 de maig, indicàvem el següent:

Lo primero que tener en cuenta es que estamos ante una demanda de desahucio por precario. En relación con este tipo de procedimientos indica, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo nº 605/2022, de 16 de septiembre de 2022 :

"La cuestión relativa al ámbito del procedimiento de desahucio por precario la abordamos en las sentencias 691/2020, de 21 de diciembre y 502/2021, de 7 de julio , en los términos siguientes:

" 3.- El art. 250.1 nº 2 LEC ha establecido el juicio verbal como cauce para ejercitar la acción de desahucio por precario:

"Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes: [...] 2º Las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca".

Los presupuestos de este tipo de proceso son: (i) el título que ostenta el demandante, (ii) la identificación del bien poseído en precario y (iii) la insuficiencia o carencia de título del demandado.

La prueba de la existencia de un título habilitante que ampare la posesión o el pago de renta o merced corresponden a los demandados al tratarse de hechos positivos frente a la pretensión de desahucio articulada en la demanda.

4.- La LEC introdujo la novedad de suprimir el carácter de procedimiento sumario del desahucio por precario, pues la sentencia que le pone término tiene plenos efectos de cosa juzgada, ya que no está incluida en el apartado segundo del art. 447 LEC , conforme al cual:

"no producirán efectos de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a los juicios verbales sobre tutela sumaria de la posesión ni las que decidan sobre la pretensión de desahucio o recuperación de finca, rústica o urbana, dada en arrendamiento, por impago de la renta o alquiler o por expiración legal o contractual del plazo, y sobre otras pretensiones de tutela que esta Ley califique como sumarias" (....)".

Por tanto, conforme a estos criterios, incumbe a los demandados acreditar cumplidamente el título habilitante de la ocupación que esgrimen frente a la parte actora, conforme a los criterios generales que se derivan del art. 217- 2 y 3 de la LEC , debiendo sufrir en otro caso las consecuencias negativas que se deriven de la falta de prueba o de la insuficiencia probatoria ( art. 217-1 de la LEC ).

Plantejades així les línies jurisprudencials aplicables al cas, no existeix cap error en la valoració de la prova que justifiqui la revocació del pronunciament impugnat.

Efectivament, la jutgessa manifesta que el contracte se sosté haver celebrat de manera verbal quan la Llei 1/2008 de contractes de cultiu n'exigeix la forma escrita, i que únicament s'han aportat quatre extractes de retirada d'efectiu i que a més no són tots ells per l'import indicat de 400 €. Efectivament, el primer és per un import de 500 € i amb data 11/10/2017, el segon de 400 € i data 4/10/2018, el tercer de 500 € i data 6/11/2019, i el quart de 400 € i data 4/10/2020.

El pagament correspon acreditar-lo al demandat, els actors ho neguen i l'única prova que s'ha aportat per justificar que els lliuraments es van fer a l'actor senyor Vidal, com es va indicar en l'acte del judici, és la declaració del pare del demandat, qui va manifestar que havia estat l'arrendatari anterior i que a més el compte del qual es van retirar els imports anteriors estava al seu nom. Això implica un interès directe en el resultat del plet, que ha d'unir-se a la relació de parentiu amb el demandat. Això no seria causa per si sola per privar de tota eficàcia a la seva declaració testifical, però per atorgar-li major credibilitat seria necessari que la resta de proves practicades presentessin indicis més rellevants del pagament d'aquest preu, i no és pas així. A més de que dos dels imports no són de 400 sinó de 500 €, com es va dir, no s'ha aportat cap altra testifical que acrediti aquest pagament ni cap altra constància per escrit, com hauria pogut estar missatges de correu electrònic o d'aplicacions de telefonia mòbil.

Les indicacions anteriors són suficients per a la desestimació tant de la demanda com del recurs, sense necessitat d'entrar a valorar les indicacions contingudes en la sentència i en l'apel·lació quant a la capacitat que pogués tenir l'anterior propietari de la finca per atorgar el contracte, la qual va ser fins i tot posada en dubte pel demandat en el seu interrogatori.

Escau per tant confirmar la sentència i desestimar l'apel·lació.

TERCER. RESOLUCIÓ SOBRE LA IMPUGNACIÓ DE LA SENTÈNCIA.

La sentència recorda que l'article 521-7 Ccc estableix que la bona fe es presumeix i que "hi ha bona fe amb la creença justificable de la titularitat de dret", i que la part actora no ha aportat cap prova que ho desvirtuï. Per tant, procediria la liquidació de l'estat possessori conforme la regla de l' article 522-3 Ccc i concordants.

Els actors reprodueixen en la seva impugnació els mateixos arguments que van introduir en primera instància, respecte als quals val a dir el següent.

La sentència del Tribunal Suprem núm. 123/2018 de 7 març, (certament quant al dret de retenció, però aplicable al cas) recorda que ""[...] como solamente cabe reputar poseedor de buena fe, conforme al art. 433, al que ignora que su título o modo de adquirir existe un vicio que lo invalide, resulta evidente que el derecho a la retención de la cosa únicamente puede reconocerse en el poseedor con título, es decir, en el poseedor civil, pero no en el precarista, que carece de título y goza sólo de la mera tenencia o posesión natural de la cosa, y por tal motivo no puede retener ésta en su poder por los gastos que en la misma hubiere realizado, ni impedir el desahucio..."".

A més a més, si bé és cert que l'apartat primer de l'article 521-7 citat per la jutgessa d'instància estableix que "la bona fe en la possessió és la creença justificable de la titularitat del dret", i que el seu apartat segon estableix que "la bona fe es presumeix sempre", l'apartat tercer disposa que "els efectes de la bona fe cessen a partir del moment en què els posseïdors saben, o poden saber raonablement, que no tenen dret a posseir".

El demandat va reconèixer en la vista que havia rebut el burofax aportat per la demandada, i a pesar que va indicar que ho havien contestat no consta cap resposta a les actuacions. Per tant, i havent-se acreditat que mancava de títol per conservar la possessió de la finca i que estava assabentat de la intenció dels actors no pot invocar la seva bona fe.

Emperò, l'article 522-3 no priva de tots els drets al posseïdor de mala fe, doncs aquesta disposició estableix:

1. Els posseïdors de bona fe fan seus els fruits i han d'assumir les despeses originades per a produir-los. Qui té un millor dret a posseir pot fer seus els fruits pendents, però ha de pagar les despeses originades per a produir-los.

2. Els posseïdors de mala fe han de restituir els fruits que s'han produït a partir del dia en què es va iniciar la possessió de mala fe o bé el seu valor, però tenen dret al rescabalament per les despeses necessàries que han fet per a obtenir- los, sense perjudici de la indemnització per danys que, si escau, correspon a qui té un millor dret a posseir.

Així les coses, el demandat no tindria dret a recollir la collita però sí a que s'abonessin les despeses realitzades, la qual cosa ens porta a una segona discussió.

Això perquè en les conclusions finals el lletrat de l'actora va indicar que el demandat va reconèixer que es dedica a la pagesia, i que les dues factures aportades no fan cap indicació a que els productes i treballs que recullen s'apliquessin a la finca discutida, per la qual cosa podien haver-se aplicat a qualsevol altra de les quines explota el demandat, així com que era a aquest a qui corresponia acreditar aquella aplicació mitjançant l'aportació dels mitjans de prova adients, com podia ser la testifical de les persones que havien emès les factures o fet els treballs.

Certament, això podria ser així, però aquestes al·legacions no es van incloure en la contestació a la reconvenció sinó que es van plantejar per primera vegada en les conclusions finals, que a més no són obligatòries en un judici verbal. Així, la seva introducció en aquell moment vulnera el que s'estableix en l' article 412.1 Lec i va causar indefensió a la demandada, perquè d'haver-ne tingut coneixement en la contestació a la reconvenció podria haver-ne proposat en el judici les proves adients, com les testificals indicades. I a més a més, la lletrada del demandat va recordar en les seves conclusions finals que l'actora no havia impugnat pas les factures.

També és cert que la sentència considera acreditades les despeses simplement per la remissió a les factures, però això no implica que les al·legacions de l'actora no es presentessin en el moment processal incorrecte, que no impugnà les factures en el tràmit de proposició de prova i que tampoc no hi va proposar cap prova contradictòria.

Finalment, qualsevol eventualitat quant a si procediria amb caràcter principal la recollida de la collita o l'abonament de les despeses sembla quedar resolta per les indicacions que la pròpia part impugnant fa en el seu escrit, en manifestar que "entendemos que la discusión sobre permitir o no la recogida de la cosecha es una discusión estéril, puesto que desde la celebración del juicio el 2 de marzo de 2022, la sentencia, el traslado del recurso de apelación, el señor Jose Manuel ya ha recogido toda la cosecha que había sembrado".

Per tant, escau desestimar la impugnació.

QUART. COSTES PROCESSALS.

La desestimació del recurs d'apel·lació i la impugnació implica la imposició de les costes a la recurrent i les impugnants, conforme els articles 394 i 398 Lec.