Sentencia Civil 57/2024 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 1, Rec. 807/2022 de 29 de enero del 2024

PRIMERO. Planteamiento del litigio en primera instancia. Resolución apelada. Recurso de apelación.

Doña Crescencia formuló demanda de impugnación de acuerdos comunitarios contra la Comunidad de Propietarios de la calle DIRECCION000, nº NUM000 de L'Hospitalet de Llobregat.

Alegó la representación procesal de la actora, en síntesis, en su demanda, que su mandante era propietaria del piso NUM001 puerta NUM002 de la finca, que adquirió en el año 2013. El resto de los miembros de la Comunidad eran de una misma familia, que poseía ese edificio, entre otros, gestionado por el mismo administrador, lo que dificultaba la toma de decisiones porque su mandante era la única "nota discordante", por lo que los otros miembros de la Comunidad solían optar por ignorar sus opiniones, y el administrador no hacía nada a su favor. Señalaba que estaba en proceso una demanda similar a la presente, en la que impugnaba una Junta del año 2017, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de L'Hospitalet, juicio ordinario 904/2018, al que fue acumulado el juicio verbal 511/2019. Ahora quería impugnar la Junta Ordinaria de la Comunidad de fecha 21 de marzo de 2021, en la que se había aprobado la liquidación de cobros y pagos del ejercicio del año 2020, (derramas y cuotas anuales), mantener el mismo presupuesto de gastos y cuotas mensuales para el ejercicio 2021, y la remoción de cargos, donde Doña Flora se autoerigió presidenta de la Comunidad. Los motivos por los que se impugnaba la Junta eran los siguientes: A) porque no era cierto que las decisiones fueran aprobadas por la Junta de vecinos, sino que fueron aprobadas por una sola persona, Flora, porque, según informó el administrador, era la única con derecho a voto porque era la única al corriente de pago. La Sra. Crescencia también estaba al corriente de pago de las cuotas comunitarias, por lo que no se tuvo en cuenta su voto sin motivo alguno, ya que existían procedimientos anteriores y en la Junta de 9 de mayo de 2016, que era objeto de impugnación, constaba literalmente que la parte actora en este procedimiento no abonaría nada más hasta que no se acabase con la primera obra, lo que no había ocurrido nunca, ni siquiera cuando el seguro del hogar demandó a la Comunidad y se condenó a la misma a reparar. Aportaba copia de la sentencia. El montante de las derramas de las obras estaba consignado judicialmente y se hallaba al corriente de pago, pero se relacionaba con el procedimiento de impugnación de acuerdos al que se había referido anteriormente. B) También se impugnaba la Junta porque la actora no había estado de acuerdo con las obras realizadas durante el año 2021, que habían ascendido a la cantidad de 3.835,26 €, de los cuales debía pagar 640,49 €, ya que no estaba de acuerdo en que un solo propietario decidiese lo que se hace, cuándo y por qué valor. Además, esas obras no se habían llevado a cabo de forma correcta. Tampoco estaba de acuerdo en pagar otros gastos a los que hizo referencia. C) Por todo ello, las cuentas de la Comunidad no estaban claras y necesitaba impugnarlas, y es por eso por lo que impugnó la Junta ordinaria de 18 de enero de 2016, de lo que estaba esperando la resolución. D) Otra de las razones por las que impugnaba la Junta era porque en el año 2020 se aprobó subir la cuota de 25 € a 50 €, manifestó su desacuerdo la actora, pero se había hecho caso omiso. E) En relación con la Junta celebrada en 2021, se impugnaban todos los acuerdos, refiriéndose en concreto a cada uno de ellos. La falta de acuerdo, como expresaba, venía de lejos al igual que la solicitud de que las cuotas de participación determinasen el montante de la cuota comunitaria pero no se aprobaba ese cambio porque la presidenta solicitaba que se hiciese por partes iguales.

La demandada se opuso a la demanda.

Alegó la representación procesal de la Comunidad de Propietarios, en síntesis, en su contestación, infracción del art. 399 LEC ya que el escrito inicial adolecía de una evidente confusión entre los hechos alegados y los documentos acompañados, lo que conllevaba una evidente indefensión a la hora de formular la contestación. Excepcionó falta de legitimación activa de la demandante porque no acreditaba que actualmente fuese la propietaria del piso NUM001 de la calle DIRECCION000 nº NUM000, y también por no estar al corriente de pago de sus obligaciones comunitarias, no teniendo por tanto derecho a votar ni a impugnar el resultado de la Junta, de conformidad con lo establecido en los arts. 553-24-1 CCCat, según acreditaba con un certificado del administrador. Se decía en la demanda que la actora estaba al corriente de pago porque había consignado judicialmente determinadas cantidades, pero se hacía referencia a un documento que nada tenía que ver con un resguardo de consignación. En cualquier caso, le constaba que en fecha 18 de julio de 2019 la actora había consignado determinados gastos extraordinarios (derramas) aprobados por la Comunidad, pero los importes totales adeudados en el momento de la convocatoria de la Junta ahora impugnada el 4 de febrero de 2021, eran muy superiores a los consignados, y no constaba que la diferencia estuviera también consignada, por lo cual debía desestimarla demanda. Además, realizaba una serie de manifestaciones y conclusiones que nada tenían que ver con el objeto de este pleito. Los acuerdos de la Junta de marzo de 2021 se adoptaron sólo con los votos de la Sra. Flora, al ser ésta la única propietaria que tenía derecho a votar. Con el resto de alegaciones, la actora pretendía impugnar decisiones que nada tenían que ver con la Junta ahora impugnada y que, además, estaban "sub iudice" en los procedimientos judiciales a los que ella misma se refería. Se hacía referencia además a cuestiones que tampoco podían analizarse aquí, ya sea por prescripción de la acción (como las referidas a una Junta de 2000, o Juntas anteriores), ya sea porque no se encontraban en el orden del día de la reunión (como la cuestión relativa a la cuota de participación) y cuyo debate se podría haber mantenido si se hubiera incluido en dicho orden del día, posibilidad que se encontraba al alcance de la Sra. Crescencia.

La sentencia de primera instancia razona que se ha acreditado que la actora es la propietaria del piso NUM001 ubicado en la Comunidad de Propietarios demandada, pero que a fecha 4 de febrero de 2021, que fue la fecha de la convocatoria de la Junta, la deuda que mantenía con la Comunidad ascendía a 5.375 €, cantidad superior a la de 3.800 €, que obraba consignada judicialmente, y si bien en la audiencia previa se aportó una nueva documental, el resguardo de consignación judicial del importe de 1.423 €, efectuado en fecha 5 de mayo de 2020, esa consignación se hizo en el Juzgado de Primera Instancia nº 4 y era relativa a otro procedimiento, por lo que no tendría ningún efecto en los presentes autos de juicio ordinario, por lo que considera que la actora no ostenta legitimación activa y desestima la demanda.

Contra dicha resolución se alza la demandante alegando, en síntesis, que había consignado la deuda pendiente, correspondiente a una provisión de fondos destinada a la realización de unas obras que nunca se llegaron a concretar ni especificar, y, además, su voto quedaría legitimado por el art. 553-24 CCCat.

La demandada se ha opuesto al recurso.

SEGUNDO. Legitimación para la impugnación de acuerdos. Art. 553 - 31. CCCat . Interpretación.

La primera cuestión que debe resolverse en el presente recurso es la relativa a la propia legitimación de la actora para impugnar los acuerdos que constituyen el objeto de este procedimiento, la cual ha sido negada en la sentencia de primera instancia, que ha acogido la excepción de falta de legitimación opuesta por la Comunidad demandada.

A la hora de resolver esta cuestión es preciso distinguir entre el derecho de voto en las Juntas de Propietarios, y la legitimación para impugnar judicialmente los acuerdos, porque se trata de dos cuestiones distintas.

Por lo que se refiere al derecho de voto, el art. 553-24 CCCat. establece en su núm. 1 que " Tienen derecho a votar en la junta los propietarios que no tengan deudas pendientes con la comunidad cuando la junta se reúne. Los propietarios que tengan deudas pendientes con la comunidad tienen derecho a votar si acreditan que han consignado judicial o notarialmente su importe o que las han impugnado judicialmente."

Es decir, para que un comunero tenga derecho de voto es preciso que esté al corriente de pago de las deudas pendientes con la Comunidad, o bien haberlas consignado judicial o notarialmente, salvo que hubiera impugnado judicialmente esas deudas pendientes de pago. Entonces, aun cuando fuese deudor, no puede ser privado del derecho de voto en las ulteriores Juntas de Propietarios que puedan celebrarse.

Cuestión distinta es la legitimación para impugnar judicialmente los acuerdos adoptados en una Junta, la cual está regulada en el art. 553- 31.3 CCCat.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la interpretación de ese artículo en sentencia 54/2022, de 20 de octubre, y lo ha hecho en los términos siguientes:

"1. Per resoldre adequadament les qüestions que se susciten en el recurs, cal recordar que l' article 553 - 31.3 del CCC va ser introduït en el llibre V del CCC mitjançant la Llei 5/2015, de 13 de maig, la qual pretenia, segons el seu preàmbul, resoldre gran part dels problemes manifestats en l'article 553-1 a 59 del llibre V, corregir les imprecisions, les disfuncions i els contrasentits detectats en l'aplicació de la norma, a l'hora que l'harmonitzava i la coordinava amb les altres parts del mateix llibre cinquè i dels altres llibres del Codi civil.

Així mateix, amb la Llei 5/2015 es pretenien aclarir els dubtes interpretatius relatius al règim i els terminis d'impugnació dels acords comunitaris.

2. L'article 553-31.3 diu que:

"Per a exercir l'acció d'impugnació cal estar al corrent de pagament dels deutes amb la comunitat que estiguin vençuts en el moment de d'adoptar-se l'acord que es vol impugnar o haver-ne consignat l'import."

3. Per comprendre el seu recte sentit - article 3.1 del CC - podem indagar en els seus antecedents legislatius, tenint-ne en compte la realitat social, l'esperit i la finalitat.

En el Projecte de la llei presentat al Parlament, l' article 553 - 31 tenia una redacció similar a la de l ' article 18.2 de la Llei de propietat horitzontal .

Deia que els acords de la comunitat es podien impugnar judicialment en els casos següents: a ) si eren contraris a les lleis, al títol de constitució o als estatuts o si ateses les circumstàncies implicaven un abús de dret, i b ) si eren contraris als interessos de la comunitat o greument perjudicials per a un dels propietaris.

En el punt 2 concedia legitimació per impugnar els acords als propietaris que haguessin votat en contra, als absents que s'haguessin oposat a l'acord i als què haguessin estat privats il·legítimament del dret de vot. No obstant això, si l'acord era contrari a la llei, el podia impugnar qualsevol propietari.

El punt 3 el text del projecte establia que per exercitar l'acció d'impugnació era necessari estar al corrent del pagament dels deutes vençuts amb la comunitat o haver-ne consignat l'import, llevat que es tractés d'un acord contrari a la llei (la traducció és nostra).

4. Durant la tramitació parlamentària i després de l'audiència als sectors més interessats, que insistien a posar en relleu el greu problema que es produïa en les comunitats per la morositat d'alguns propietaris, que obligava els altres a satisfer les despeses comunes de tots, així com en la necessitat de concordar el text amb l' article 553-24 del CCC , el precepte va patir modificacions fins a l'aprovació final amb el text transcrit més amunt.

5. El text final va ser producte d'una transacció entre dues esmenes presentades per dos grups parlamentaris.

La primera esmena pretenia introduir en el text de la norma una excepció a la necessitat d'estar al corrent del pagament dels deutes vençuts amb la comunitat o haver-ne consignat l'import per a exercir l'acció judicial, i era que el motiu de la impugnació fos el deute que es tingués amb la comunitat. La segona esmena introduïa una altra excepció a la necessitat del pagament o la consignació quan es tractés d'acords contraris a la llei, al títol constitutiu, als estatuts o que suposessin un abús de dret.

Les dues esmenes intentaven, per tant, restringir, respecte del projecte, la necessitat de pagar o de consignar en determinats supòsits.

6. El text aprovat finalment es diferencia del projecte en el fet que va suprimir l'excepció prevista per al cas que els acords fossin contraris a la llei i que va afegir que per presentar una impugnació judicial calia estar al corrent del pagament dels deutes vençuts en el moment que s'adoptés l'acord.

Així el text concordava amb el que disposa l'article 553-24.1, que diu, literalment, que "tenen dret a votar en la junta els propietaris que no tinguin deutes pendents amb la comunitat quan la junta es reuneix. Els propietaris que tinguin deutes pendents amb la comunitat tenen dret a votar si acrediten que n'han consignat judicialment o notarialment l'import o que els han impugnat judicialment",mentre que no existeix obligació de pagar o consignar, abans de la junta, per no perdre el dret de vot, quan el propietari ja té impugnada judicialment l'existència del deute (article 553-24.1) i tampoc quan es pretén impugnar judicialment (article 553-31.3 ) un acord que exigeix, si s'escau, el pagament de noves obligacions, tot i que mantenia la necessitat de tenir satisfetes les anteriors.

7. Com s'ha dit, la norma s'assembla a l' article 18.2 de l'LPH introduït en la reforma duta a terme per la Llei 8/1999, de 6 d'abril, amb la clara voluntat de millorar el funcionament de les comunitats de propietaris, tal com expressa en l'exposició de motius quan diu:

"Una altra de les grans demandes de la societat és aconseguir que les comunitats de propietaris puguin cobrar legítimament el que els deguin els copropietaris que integren aquestes comunitats. Això, que es coneix com a "lluita contra la morositat", es pretén combatre amb aquesta reforma per mitjà d'una pluralitat de mesures adreçades a aquesta finalitat [...]".

8. Compartint finalitat, l' article 553 - 31.3 es diferencia de l ' article 18.2 de la LPH en el fet que: a ) aquest últim situa el moment del pagament o consignació del que es deu amb anterioritat a la presentació de la demanda, quan l' article 553 - 31.3 del CCC permet fer-ho abans o en el moment d'interposar-la; b ) exigeix el pagament o consignació dels deutes vençuts fins aquest moment, mentre que la morositat de la norma catalana es refereix, com hem vist, a la junta en què s'adopta l'acord, i c ) finalment, en l'excepció prevista en l'últim incís de l'article 18.2 ("Aquesta regla no és aplicable per impugnar els acords de la junta relatius a l'establiment o l'alteració de les quotes de participació a què es refereix l'article 9 entre els propietaris."), que no existeix en la normativa catalana.

9. Un cop fixat això, la consignació que estableix l'article 553-31.3 és un pressupòsit legal que imposa la norma als propietaris que vulguin impugnar els acords comunitaris, encara que no tinguin contingut econòmic, per tal d'evitar que comuners morosos puguin bloquejar acords adoptats per la comunitat per donar continuïtat als seus serveis o garantir la pacífica convivència entre els veïns.

10. Així, doncs, el propietari que vulgui impugnar un acord de la comunitat, ha d'estar al corrent de pagament dels deutes vençuts en el moment que s'adopti l'acord que es pretengui impugnar judicialment; s'han d'entendre per vençuts els que no han estat atesos pel propietari quan arriba el termini, l'exigibilitat dels quals depèn lògicament dels acords adoptats anteriorment per la comunitat en relació amb les provisions de fons o els acords anuals de liquidació de comptes.

11. El que és rellevant és que el deute estigui "vençut", independentment de quan la comunitat acordi reclamar el deute formalment o judicialment al propietari morós, cosa que les comunitats acostumen a fer més tard, quan comproven que el pagament no es fa en forma voluntària.

12. La llei no exigeix, per tenir per feta vàlidament la consignació a aquests efectes, que s'emprenguin els tràmits procedimentals de l' article 99 de la Llei de jurisdicció voluntària, en relació amb l ' article 1176 i següents del CC , tràmits previstos per al cas que sigui el creditor el que no vol cobrar, o quan diversos creditors reclamen un mateix deute, o quan es desconeix el parador del creditor. La prova és que la norma només exigeix la consignació, en el sentit de posar les coses degudes a disposició del creditor.

13. Contràriament, s'ha d'entendre, perquè la finalitat de la norma no sigui burlada, que la consignació s'ha de fer en concepte de pagament i, per tant, perquè el jutjat l'ofereixi a la comunitat. No serveixen, per tant, les consignacions ad cautelam o que puguin ser retirades pel propietari que té els deutes vençuts.

14. El requisit legal és estar al corrent de pagament o consignar el que es deu, tenint en compte que els acords de la junta són immediatament executius segons l' article 553 - 32 del CCC (tret que hi hagi una impugnació judicial i la suspensió cautelar de l'acord), per la qual cosa la consignació ha de produir els mateixos efectes que l'abonament directe a la comunitat."

15 . Aquesta consignació -salvant les diferències- s'assembla a la que estableix l' article 449.4 de la LEC , el qual exigeix, en els processos en què es pretengui la condemna a pagar les quantitats degudes per un propietari a la comunitat de veïns, per interposar determinats recursos, que s'acrediti que s'ha satisfet o consignat la quantitat líquida a què es contreu la sentència condemnatòria. Fins i tot permet, en el núm. 5, que el dipòsit o consignació exigits també es puguin fer mitjançant un aval solidari de durada indefinida i pagador al primer requeriment emès per una entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o per qualsevol altre mitjà que, segons el parer del tribunal, "garanteixi la immediata disponibilitat, si s'escau, de la quantitat consignada o dipositada".

16. Aquesta interpretació entenem que és la que s'avé millor amb la proporcionalitat que ha d'existir entre un requisit legal que, en certa manera, restringeix el lliure accés a la jurisdicció ( article 24 CE ) i, per tant, d'interpretació estricta, i el compliment de les finalitats que la llei persegueix i que no són altres que incentivar el compliment de les obligacions econòmiques dels propietaris envers la comunitat, per tal que aquesta pugui seguir prestant els serveis que necessiti sense perjudicar els propietaris que sí que compleixen les seves obligacions.

Aquesta finalitat no es compliria si el propietari pogués deixar d'ingressar a la comunitat el que deu i se li permetés simplement dipositar el seu import en el jutjat sense que la creditora pogués rebre els diners, amb un perjudici evident d'aquesta." (el subrayado es nuestro).

TERCERO.Legitimación de la actora para la impugnación de acuerdos. Consignaciones efectuadas.

Según certificación emitida por el Administrador de la Comunidad demandada, la actora, que fue privada de su derecho de voto en la Junta cerrada el día 5 de marzo de 2021, (la junta se celebró de forma no presencial en aplicación del Decreto-Ley 10/2020, de 27 de marzo), adeudaba en aquella fecha la cantidad total de 5.375 € (45 cuotas de 75 €, correspondientes al Fondo de reserva de junio de 2016 a febrero 2020, más 4 recibos de 500 € cada uno, correspondientes a la provisión de fondos para obras de enero a abril de 2016).

La actora aportó documentación en la audiencia previa de la que resulta que había realizado diversas consignaciones en la cuenta del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de LŽHospitalet de Llobregat, que es ante el que se sigue, también a su instancia, otro procedimiento de impugnación de acuerdos contra la misma Comunidad de Propietarios: 3.800 € en fecha 18 de julio de 2019, 1.423 € el día 5 de mayo de 2020, y 152 € el día 31 de marzo de 2021. En total, 5.375 €, que es precisamente la cantidad que adeudaba en la fecha de la celebración de la Junta cuyos acuerdos impugna ahora.

La última consignación, de 152 €, la realizó la actora con posterioridad al cierre de esta Junta el día 5 de marzo de 2021, pero ello no impediría que, en principio, estuviese legitimada para impugnar los acuerdos adoptados en esa Junta, porque para impugnar los acuerdos, el art. 553. 31-3 CCCat, como se ha visto, exige simplemente que se esté al corriente de pago de las deudas con la comunidad que estén vencidas en el momento de la adopción del acuerdo que desee impugnarse o haber consignado su importe, sin necesidad de que el pago o la consignación se hubiesen producido en el momento de adoptarse el acuerdo, y la demandante había consignado su importe en el momento de interponer la demanda.

Ahora bien, como destaca la STSJC 54/2022, de 20 de octubre, la consignación debe hacerse en concepto de pago y para que el Juzgado la ofrezca a la Comunidad, circunstancia que la apelante no ha acreditado que concurriese en las consignaciones efectuadas en el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de L'Hospitalet, lo que ha de llevar a concluir que carece de legitimación para impugnar los acuerdos adoptados en la Junta cerrada en fecha 5 de marzo de 2021, debiendo confirmarse por tanto la sentencia de primera instancia, aunque sea por distintos fundamentos.

CUARTO. Costas.

Las costas de esta alzada serán de cargo de la apelante ( art. 398.1, en relación con el 394.1 LEC).