Sentencia Civil 25/2024 Audiencia Provincial Civil-penal de Cádiz nº 8, Rec. 263/2023 de 29 de enero del 2024

PRIMERO. - La sentencia recurrida estimó la reclamación de la aseguradora y condenó a "Edistribución Redes Digitales s.l.u." a abonarle 8.526'06 euros, más intereses y costas.

Aunque en el recurso de apelación no se siga este orden, consideramos que es necesario abordar en primer lugar la queja relativa a la posible falta de legitimación activa de la aseguradora, pues si fuese acogida no sería ya necesario resolver sobre el resto.

En el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida se explica que la parte demandada alegó que no se había acreditado que la aseguradora hubiese pagado al asegurado las cantidades por las que relama, a lo que se unió la alegación de que el seguro no cubría la indemnización de daños por importes superiores a 3.000 euros.

En la sentencia recurrida se dijo que la asegurada, doña Florinda, había declarado en juicio que ella recibió de la aseguradora demandante la cantidad reclamada en este procedimiento. Contra lo que alega la parte apelante, consideramos que la declaración de la señora Florinda es prueba suficiente y corrobora lo indicado en el documento número 7 que es una captura de pantalla de un sistema informático en el que se reflejó ese movimiento económico, sin que haya datos que permitan poner en duda su existencia.

Por lo que respecta al límite de los 3.000 euros, también estamos de acuerdo con la sentencia recurrida cuando señala que ese límite no es superado por la suma de las partidas correspondientes a vitrocerámica, campana extractora, lavadora, fuente de alimentación del ordenador, impresora y manta eléctrica. Ello hace que la controversia deba centrarse en los 7.995 euros por la sustitución de dos equipos de aire acondicionado centralizado. En la sentencia recurrida se afirma que esos equipos deben considerarse incluidos en el apartado "continente" a efectos del contrato de seguro, pues las condiciones generales del mismo, en su página 27, incluyen la cobertura de daños causados por subidas o bajadas de tensión, cortocircuitos o propia combustión causados por la electricidad o el rayo, a las "conducciones o instalaciones eléctricas" y a "aparatos eléctricos y sus accesorios". Con indicación de que respecto al continente, que incluye conducciones e instalaciones, se cubre al cien por cien el capital asegurado, que era de 115.000 euros. Porque la condiciones generales incluyen en el continente "las instalaciones centralizadas y/o fijas de calefacción y refrigeración, incluidas las calderas, radiadores, conductos y aparatos de producción de frío o calor que estuvieran instalados de forma permanente", así consta en las páginas 11 y 13 de las condiciones generales, incorporadas al expediente electrónico como acontecimiento número 9.

La parte apelante niega que los aparatos de aire acondicionado deban considerarse parte del continente, pues sostiene que no formaban parte de la instalación sino que fueron comprados e instalados, como por ejemplo el aparato de vitrocerámica. Pero acabamos de explicar que el contrato hace una mención expresa a "las instalaciones centralizadas y/o fijas de calefacción y refrigeración, incluidas las calderas, radiadores, conductos y aparatos de producción de frío o calor que estuvieran instalados de forma permanente". Y de la prueba practicada resulta que los aparatos de producción de frío o calor estaban instalados permanentemente, hasta el punto de que en el folio 22 del recurso de apelación, en el tercer párrafo, se dice que la protección eléctrica con la que contaba la vivienda no se consideraba suficiente "menos aun teniendo en cuenta la instalación de aire acondicionado por tubos con que cuenta la vivienda familiar". Por ello no encontramos tampoco argumentos en el recurso para dejar sin efecto el pronunciamiento que hace la sentencia recurrida sobre esta cuestión. Además, al confirmar la consideración de esos aparatos como parte del continente asegurado, resultan ya superfluos los razonamientos que hace la sentencia recurrida sobre la posibilidad de que fuese de aplicación el artículo 1.158 del código civil en lugar del artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro.

SEGUNDO.- El recurso de apelación solicita que sea exonerada la aseguradora porque considera que la vivienda a la que se refiere la reclamación no estaba correctamente protegida, al incumplir lo dispuesto por los apartados 3 y 4 del artículo 16 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Decreto 842/2002, de 2 de agosto. La sentencia recurrida indica que tanto don Gaspar como don Gonzalo, tras haber examinado la instalación eléctrica, confirmaron que no existía esa protección frente a a sobretensiones, si bien puntualizaron que en el momento en que se construyó la vivienda, en 1992, no era obligatorio disponer de esa protección, sin que conste que se haya reformado esa instalación.

En cualquier caso, en la sentencia recurrida se argumenta que "el factor que contribuyó principalmente a causar el daño fue la avería sufrida en la red eléctrica, que provocó una subida de tensión. Si no hubiera existido dicha avería ningún daño se habría producido. Se trata, pues, de un elemento adecuado y suficiente para producir el daño. Por otra parte, es la demandada quien, al prestar el suministro eléctrico, realiza una actividad creadora de riesgos. Es previsible, por tanto, para ella, que en alguna ocasión tales riesgos se materialicen en un daño efectivo. No lo era tanto para el consumidor, que ni siquiera vulneró la regulación sectorial, en relación con los elementos con que había de contar su instalación eléctrica (regulación que, por lo demás, es de carácter eminentemente técnico, y cuyo cumplimiento corresponde, por ello, comprobar no al consumidor o destinatario final de la instalación, sino al profesional correspondiente, instalador eléctrico que la realiza, y, en última instancia, a la autoridad competente que la aprueba, y a la compañía eléctrica que consiente la acometida), y que, por otra parte, está incluido en el ámbito de protección de la norma (arts. 135 a 146 TRLGDCU), que hace responsable del daño al distribuidor, salvo que acredite circunstancias muy concretas, que, en el presente caso, no se han acreditado."

Compartimos ese razonamiento de la sentencia recurrida, que cuenta además con un respaldo jurisprudencial mediante la referencia a diversas Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y más concretamente a la dictada el 28 de mayo de 1996, ( ROJ: STS 3280/1996), en la que se dijo que "No ofrece duda que la "actividad empresarial" de la recurrente conlleva la creación de un riesgo derivado de su peligrosidad, que debe apreciarse al efecto de desplazamiento de la carga de la prueba, en virtud del cual le incumbía acreditar haber obrado con la exigible diligencia en evitación del año, no siendo mínimamente convincente la alegación formulada en el desarrollo del motivo, de que no es creadora de riesgo aquella actividad si las instalaciones que reciben la energía eléctrica están en correctas condiciones, pues el riesgo no ha de apreciarse concretamente en función de la eventual concurrencia de otras responsabilidades, sino en la peligrosidad general de la actividad de que se trata -aquí la fabricación y distribución de energía eléctrica-, por la que se obtiene el correspondiente lucro económico, siendo, sin embargo, ajena a la responsabilidad de la empresa la utilización que posteriormente se haga de la energía suministrada, lo que no guarda relación con el caso"

En cualquier caso, la ausencia de protección contra las sobretensiones tampoco acredita que los daños fuesen consecuencia de la falta de ese elemento. Pues para llegar a esa conclusión serían necesarios unos conocimientos técnicos con los que no contamos y que tampoco han sido aportados mediante la prueba practicada, ya fuese pericial o de otro tipo. Como indica la sentencia recurrida, la prueba practicada no permite llegar a la convicción de que los daños se habrían evitado o disminuido con un sistema de protección respecto a las sobretensiones.

La conclusión de todo lo expuesto es que tampoco vamos a estimar esta pretensión del recurso de apelación, pues consideramos acreditada la existencia del nexo causal entre la deficiencia en el suministro eléctrico y los daños por los que la sentencia recurrida concedió una indemnización.Nos remitimos al respecto a lo que se explica en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia recurrida:

- El perito don Gaspar mantuvo que los daños habrían sido ocasionados por una subida de tensión, en atención al tipo de averías observadas y al hecho de que fueron varios los aparatos dañados en la misma vivienda y los vecinos afectados en la misma zona.

- El perito don Gonzalo dijo que la existencia de varios aparatos quemados se debió a una subida de tensión, probablemente por una avería en el neutro, a lo que se une que este perito dijo que al día siguiente del siniestro comprobó la tensión mediante el uso de aparatos medidores y era más elevada de lo normal.

- Varios de los profesionales que repararon los aparatos dañados manifestaron en el juicio que no tenían dudas de que los daños que observaron habían sido causados por una subida de tensión.

A ello añade la sentencia recurrida que la empresa distribuidora de electricidad no aportó pruebas contradictorias con las indicadas. Estamos de acuerdo con ese razonamiento, sin que las alegaciones del recurso de apelación proporcionen elementos que lleven a una conclusión diferente.

TERCERO.- El recurso de apelación plantea también que se habría producido pluspetición ya que considera que en caso de que tuviera obligación de indemnizar, la misma debería limitarse exclusivamente el daño real, con independencia de las cláusulas particulares del seguro que vinculan exclusivamente a asegurador y asegurado.

La sentencia recurrida se ocupa de esta cuestión en su fundamento jurídico quinto, en el que indica que, según el informe pericial aportado como documento número 4 de la demanda, se ha valorado la reparación de equipos dañados, (ordenador, vitrocerámica, campana extractora, manta eléctrica) y la sustitución cuando no era posible la reparación, (aire acondicionado, impresora, lavadora). Respecto a los aparatos reparados, la sentencia recurrida argumenta que carece de sentido aplicar ningún porcentaje de depreciación. En cuanto a los equipos sustituidos, sí se aplicó una corrección por depreciación en la lavadora y no se hizo lo mismos respecto a los aires acondicionados y la impresora, sin que se haya probado que estos dos elementos tuvieran una gran antigüedad o sufrieran un deterioro acusado.

Frente a ello, el recurso de apelación se limita a exponer de forma genérica la posibilidad de pluspetición y la necesidad de indemnizar conforme al valor real de los bienes, no a su valor como bienes nuevos, pero sin concretar su discrepancia respecto a cada concreta partida de indemnización y sin proponer tampoco otra valoración. Es más, en el recurso se llega a decir: "No sabemos si los aires acondicionados estaban cuando se compró la casa, pero igual que se ha aplicado una depreciación del 60 % a la lavadora debe aplicarse la misma depreciación al resto de los aparatos de aire acondicionado". Nos parece que esa pretensión no cuenta con fundamento suficiente para prevalecer sobre lo razonado al respecto en la sentencia recurrida y por ello tampoco vamos a acoger esta pretensión del recurso.

CUARTO.- Finalmente la parte apelante plantea que debería aplicarse una franquicia de 500 euros de acuerdo con el artículo 141 de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

El artículo 141 que invoca la parte apelante dice que la responsabilidad civil del productor por los daños causados por productos defectuosos se deducirá una franquicia de 500 euros de la cuantía de la indemnización por daños materiales.

En sentencia dictada el 7 de marzo de 2022 por esta sección octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, en el recurso de apelación civil 65/2022, se explicó que esa franquicia del artículo 141 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios "es de aplicación en el caso de autos en el que la aseguradora que ha abonado la indemnización a su asegurado repite o reclama contra la entidad suministradora de la energía eléctrica con la que su asegurado no mantiene una relación contractual..." . En ese mismo sentido se resolvió en la sentencia dictada el 14 de marzo de 2022, en el recurso de apelación civil 27/2022, también de esta sección octava de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Además, la sentencia dictada el 27 de septiembre de 2021 por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Baleares, ( ROJ: SAP IB 2179/2021), explicó que "el art. 136 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios , al abordar los daños causados por productos, especifica que se considera producto cualquier bien mueble, aun cuando esté unido o incorporado a otro bien mueble o inmueble, así como el gas y la electricidad". Y añadió que hay que tener en cuenta "las peculiaridades del proceso de producción de electricidad hasta el momento en que la recibe el consumidor en su instalación privada. A partir de las plantas de generación de energía eléctrica, ésta es transportada a través de la red de transporte en líneas de alta tensión hasta las estaciones transformadoras o subestaciones, las cuales, a su vez, reducen la tensión o el voltaje a media y baja tensión con el fin de llevar la energía hasta el consumidor final a través de las llamadas redes de distribución. Así pues, el proceso de distribución de la electricidad comporta también su transformación al convertir la energía a media o baja tensión, lo cual se lleva a cabo en instalaciones (estaciones y subestaciones) que son propiedad de las empresas distribuidoras. Esto justifica que dichas empresas distribuidoras sean tenidas por productoras de electricidad en cuanto realizan actividades de transformación de la energía al rebajarla, desde sus estaciones o subestaciones transformadoras, a niveles de media y baja tensión, con el fin de transportarla hasta las acometidas de los consumidores finales. Su labor, como se pone de relieve, difiere sustancialmente de la de un mero comercializador o un simple transportista"

Finalmente, esa misma sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Baleares, explica el origen del referido artículo 141 :

"A) La Directiva 85/374/CEE, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, prevé en su art. 9 la deducción de una franquicia de 500 ECUS de la indemnización por los daños causados a una cosa que no sea el propio producto defectuoso.

B) En sus Considerandos, la Directiva puntualiza que la protección del consumidor exige la reparación de los daños causados a los bienes pero que la indemnización debería, " someterse a la deducción de una franquicia de cantidad fija para evitar que tenga lugar un número excesivo de litigios ".

C) La Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos, anunciaba en su Exposición de Motivos que tenía por objeto la adaptación del Derecho español a la Directiva 85/374/CEE, de 25 de julio de 1985, sobre responsabilidad civil por los daños ocasionados por productos defectuosos, y en su art. 10 contemplaba la deducción de " una franquicia de 65.000 pesetas ".

D) Esta Ley fue derogada por el vigente Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en cuyo art. 141 pervive la franquicia en cuestión por un importe de 500 euros."

Todas esas consideraciones nos llevan a acoger esta pretensión del recurso y a reducir en 500 euros la cantidad a abonar por la parte demandada. Pues la reclamación de la aseguradora ha sido estimada por haber apreciado la concurrencia de responsabilidad civil del productor por los daños causados por un producto defectuoso que en este caso fue la electricidad proporcionada y por ello consideramos que son aplicables los razonamientos expuestos. Por tanto el importe de la indemnización a cuyo pago ha sido condenada la apelante se reduce a 8.026'06 euros.

QUINTO.- La sentencia recurrida condenó a la parte demandada al pago de las costas de la primera instancia, por aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aunque en esta segunda instancia se reduzca la indemnización en 500 euros, considero que procede mantener la condena al abono de las costas causadas en la primera instancia. Porque la cantidad reclamada en la demanda fue de 8.526'06 euros y la reducción de 500 euros por aplicación de la franquicia permite concluir que se ha producido una estimación sustancial de la demanda.

Hay que tener en cuenta que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 20 de julio de 2011, ( ROJ: STS 5086/2011), dijo que " el principio del vencimiento a que se acoge el artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -hoy el 394 de la nueva Ley- se completa por los tribunales, con evidente inspiración en la razón del precepto -que es la equidad, como regla de ponderación que debe observarse en la aplicación de las normas del Ordenamiento jurídico- y en poderosas razones prácticas, con la doctrina según la cual es procedente la imposición de costas en casos de estimación sustancial de la demanda ( sentencias de 14 de marzo de 2003 , 17 de julio de 2003 , 24 de enero de 2005 , 26 de abril de 2005 , 6 y 9 de junio de 2006 , y 9 de julio de 2007 ); situación que está presente en el caso pues el extremo a que se refiere la desestimación es mínimo en relación con las pretensiones de la demanda que han sido estimadas."

Y la misma Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en Sentencia de 23 de marzo de 2006, (RJ 2006\1826), había explicado que, a efectos de la condena en costas, "...por vencimiento se ha de entender la diferencia de sentido, no de contenido, entre la decisión del órgano jurisdiccional y la pretensión u oposición a la pretensión...". Esa afirmación debe ponerse en relación con la Sentencia de 21 de octubre de 2003, (EDJ 130270), también de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la que se dijo que "Esta Sala tiene declarado en numerosas sentencias, de ociosa cita, que para la aplicación del principio general del vencimiento ha de considerarse que el ajuste del fallo a lo pedido no ha de ser literal sino sustancial, de modo que, si se entendiera que la desviación en aspectos meramente accesorios debería excluir la condena en costas, ello sería contrario a la equidad, como justicia del caso concreto, al determinar que tuvo necesidad de pagar una parte de las costas quién se vio obligado a seguir un proceso para ser realizado su derecho, lo que, por lo antes explicado, determina el perecimiento de este apartado."

SEXTO.- La estimación en parte del recurso de apelación conlleva que las costas de esta segunda instancia no deban ser impuestas a ninguna de las partes, por aplicación del artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Por todo lo cual, dicto el siguiente