Sentencia Civil 60/2024 Audiencia Provincial Civil de Girona nº 2, Rec. 1269/2023 de 31 de enero del 2024

PRIMERO.- Frente a la sentencia que estima íntegramente la demanda, interpuesta por TICATANA SERVICIOS EMPRESARIALES S.L.U. frente a Dª. Adela, y declara que: La parte demandada ocupa la vivienda sita en Calle DIRECCION000 nº NUM000, Riells I Viabrea(Girona) sin título alguno. Y que procede el desahucio de la parte demandada, debiendo dejar el citado inmueble libre,vacuo y expedito en el término de dos meses desde la notificación de la presente sentencia. Y se imponen expresamente las costas procesales a la parte demandada se interpone por dicha dicha parte demandada recurso de apelación.

La parte demandante apelada se opone al recurso de apelación.

SEGUNDO.- Los motivos del recurso de apelación son básicamente que en el supuesto presente debió la actora ofrecerle un alquiler social dada su situación de exclusión social en concreto mantiene:

Així doncs i complint-se en el present cas amb el supòsit c) de l'apartat primer de la disposició addicional primera de la Llei 24/2015, la part actora hauria d'oferir un lloguer social a la Sra. Adela.

De fet en el seu dia i amb anterioritat a que la finca en qüestió canviés de titularitat, aquesta part va estar amb negociacions amb qui era aleshores la part actora del procediment _Banc Sabadell_ per subscriure un lloguer social, suspenent inclús el procediment de conformitat amb els arts. 19.4 i 188.1.3r de la LEC, lloguer que mai es va arribar ni a oferir ni a materialitzar degut a la posterior successió processal per transmissió de l'objecte del litigi que es va produir a favor de Ticatana Servicios Empresariales. que la sentencia de Instancia la Ley 24/2015 de 29 de julio cuyo Art 5. 2 exige que con carácter previo a interponer la demanda se haya ofreciod un alquiler social.

TERCERO.-.- Como se recoge en las sentencias del Tribunal Supremo 379/2021, de 1 de junio ; 502/2021, de 7 de julio ; 783/2021, de 15 de noviembre , y 605/2022, de 16 de septiembre , entre otras, el precario es una situación de hecho, que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no nos corresponde, por falta de un título que justifique el goce de la posesión, ya porque no se haya tenido nunca, ya porque habiéndolo tenido se pierda o, también, porque nos otorgue una situación de preferencia, respecto a un poseedor de peor derecho

No existe tal error, la sentencia de Instancia ha aplicado la normativa aplicada a supuestos como el presente en que el actor acredita la existencia de un título que legitima su propiedad y los recurrentes no acreditan título alguno que legitime su ocupación en propiedad ajena.

En cuanto a su situación de necesidad que le legitima como se recoge en la sentencia de la AP de Madrid Sec. 21 de fecha 28 de marzo de 2023 :

De todas formas, y al efecto de cumplir con la motivación reforzada que parecen exigir las sentencias del Tribunal Constitucional 113/2021 y 161/2021 , de fechas 31 de mayo y 4 de octubre de 2021 respectivamente debemos significar que la situación de vulnerabilidad o precariedad económica del demandado, ahora apelante, no es oponible con carácter general al derecho de propiedad de la parte actora, todo ello sin perjuicio de poderse solicitar la suspensión del lanzamiento conforme al artículo 1 bis del Real Decreto Ley 11/2020, si concurriesen las circunstancias precisas para ello, o del posible traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social conforme al artículo 150.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

A ello añadir que esta Sala ya se ha pronunciado reiteradamente señalándose que la invocación de una situación de vulnerabilidad en un procedimiento declarativo como el presente debe desestimarse pues no es pronunciamiento, el que se pretende, que deba darse en la sentencia que resuelve sobre la prosperabilidad o no de la acción de desahucio por precario, constituyendo, ya que deberá ser opuesto y acreditado en fase de ejecución de sentencia de decisión propia del trámite de ejecución de sentencia y no del declarativo.

Asimismo la situación de exclusión social y residencial de lo que la parte colige su derecho a permanecer en la vivienda y en consecuencia a que la demanda se desestime, señalar que como se recoge en la sentencia de la AP de Barcelona, Sec. 1de fecha 31 de julio de 2023:

Situación de vulnerabilidad de la demanda

1. La recurrente hace constar, como último motivo del recurso, que carece de medios económicos para acceder a otra vivienda.

2. Como hemos indicado en resoluciones anteriores de esta Sala (por todas, Rollo 573/2020), la situación socioeconómica de la recurrente no constituye título de ocupación que pueda ser válidamente opuesto en el presente procedimiento de desahucio por precario.

Cabe recordar a este respecto, que, conforme a lo dispuesto en el artículo 53.3 CE ,el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero de la Constitución Española, que incluye a los artículos 39 y 47 , de protección a la familia y reconocimiento de una vivienda digna respectivamente, informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

En consecuencia, la protección del derecho a la vivienda, e incluso la protección a la familia, debe conseguirse de conformidad con las disposiciones legales que las regulan, sin que se disponga de la posibilidad de peticionar directamente su tutela judicial, pues nuestra ley fundamental diferencia los principios rectores de la política social y económica (que incluye los artículos 39 y 47 citados), de los derechos fundamentales y de las libertades públicas reguladas en el capítulo segundo del título I CE , que gozan de la tutela directa de jueces y tribunales.

3. No otra respuesta puede darse por la aplicación de los Tratados y Convenios internacionales que invoca la recurrente y que, en cualquier caso, informan nuestro derecho interno.

4. En definitiva, la sentencia de primera instancia debe confirmarse; sin perjuicio de que el Juzgado de cumplimiento, en su momento, y si procede, a lo ordenado en el apartado 4 del artículo 150 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en la redacción dada por Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda), según el cual "4. Cuando la notificación de la resolución contenga fijación de fecha para el lanzamiento de quienes ocupan una vivienda, se dará traslado a las Administraciones Públicas competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, por si procediera su actuación" y de que cuando se proceda al lanzamiento, se promueva la activación de los protocolos firmados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y otras Instituciones para casos de vulnerabilidad social, respecto a quienes residan en la finca ocupada y en orden a su protección, evitando su desamparo"

CUARTO.- ALQUILER SOCIAL

En relación a dicha cuestión este Tribunal ya sea venido pronunciado de manera reiterada, así y de forma clarificadora a título de ejemplo la sentencia de fecha 9 de marzo de 2022, en que se plantea la misma cuestión que aquí se plantea ya se dijo:

Aplicació de la llei 24/2.015 del Parlament de Catalunya.

SISÈ. L'article 5.2 d'aquesta norma disposava:

"2. Abans d'interposar qualsevol demanda judicial d'execució hipotecària o de desnonament per impagament de lloguer, el demandant ha d'oferir als afectats una proposta de lloguer social, si el procediment afecta persones o unitats familiars que no tinguin una alternativa d'habitatge pròpia i que es trobin dins els paràmetres de risc d'exclusió residencial que defineix aquesta llei, la qual cosa ha de comprovar el mateix demandant, que ha de requerir prèviament la informació als afectats, i sempre que es doni un dels dos supòsits següents:

a) Que el demandant sigui persona jurídica que tingui la condició de gran tenidor d'habitatge.

b) Que el demandant sigui persona jurídica que hagi adquirit després del 30 d'abril de 2008 habitatges que siguin, en primera o en ulteriors transmissions, provinents d'execucions hipotecàries, provinents d'acords de compensació de deutes o de dació en pagament o provinents de compravendes que tinguin com a causa la impossibilitat de retornar el préstec hipotecari".

SETÈ. Aquest apartat de l'article 5, així com els seus números 1, 3, 4 i 9, van quedar suspesos en virtut del que va decidir la interlocutòria del Tribunal Constitucional de 24 de maig de 2.016, publicada al BOE el 3 de juny del mateix any.

Aquesta suspensió es va produir per la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat per part del Govern espanyol contra els esmentats apartats i altres disposicions de la llei.

Mentre va durar aquesta suspensió, vam argumentar de manera reiterada quan els recursos d'apel·lació al·legaven la seva aplicació que, a banda d'altres raons, mentre durés la seva suspensió, esdevenia impossible aplicar-la.

VUITÈ. La sentència de l'esmentat Tribunal de 31 de gener de 2.019 , publicada al BOE el 21 de febrer del mateix any, va resoldre el recurs d'inconstitucionalitat i va aixecar la suspensió d'aquell article sobre la base del desistiment parcial del recurs d'inconstitucionalitat, que va afectar a aquells apartats.

NOVÈ. Aixecada la suspensió, vam argumentar en moltes sentències que l'article 5.2 de la llei 24/2.015 del Parlament de Catalunya, condicionava la seva aplicació a l'existència d'un procediment d'execució hipotecària o de desnonament per impagament de rendes i que no era aplicable a les situacions de precari, perquè la norma es limitava a aquells dos supòsits sense incloure els precaristes.

DESÈ. L'article 5.8 del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, que va entrar en vigor el dia 31 de desembre del mateix any, va introduir en la llei 24/2015 una disposició addicional primera amb el següent contingut:

"1. L'obligació a què fa referència l'article 5.2, d'oferir una proposta de lloguer social abans d'interposar determinades demandes judicials, es fa extensiva en els mateixos termes a qualsevol acció executiva derivada de la reclamació d'un deute hipotecari i a les demandes de desnonament següents:

a) Per venciment de la durada del títol jurídic que habilita l'ocupació de l'habitatge. La proposta de lloguer social és exigible durant un període de tres anys comptadors a partir de l'entrada en vigor del Decret llei de 23 de desembre de 2019, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.

b) Per manca de títol jurídic que habiliti l'ocupació, quan el demandant tingui la condició de gran tenidor d'acord amb la lletra a de l'apartat 9 de l'article 5 i amb la lletra a de l'apartat 3 d'aquesta disposició, sempre que concorrin les circumstàncies següents:

1r. Que l'habitatge es trobi en la situació d'utilització anòmala a què fa referència l'article 41.1.a de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

2n. Que els ocupants acreditin per qualsevol mitjà admès en dret que l'ocupació sense títol es va iniciar, com a mínim, sis mesos abans de l'entrada en vigor del Decret llei de 23 de desembre de 2019, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.

3r. Que els ocupants no hagin rebutjat cap opció de reallotjament social en els darrers dos anys oferta per qualsevol administració pública o d'acord amb l'article 5.2.

4t Que els serveis municipals emetin informe favorable sobre el compliment, per part dels ocupants, dels paràmetres de risc d'exclusió residencial i sobre l'arrelament i la convivència en l'entorn veïnal".

ONZÈ. Arran d'aquesta modificació normativa, la Junta General de Magistrats de les Seccions Civils de l'Audiència de Girona de 10 de febrer 2.020, va adoptar el següent Acord respecte de l'aplicació d'aquesta norma i de la seva eventual transcendència processal en els procediments de desnonament o d'execució hipotecària.

"El posicionament sobre si cal considerar o no com a requisit de procedibilitat per admetre o no una demanda d'execució hipotecària o una determinada demanda de desnonament en el fet que no s'hagi ofert el lloguer social, en els supòsits previstos en l' article 5. 2 i la disposició addicional primera de la Llei 24/2015 de 29 de juliol després de la redacció operada pel RD Llei 17/2019 de 23 de desembre (abans de qualsevol demanda judicial d'execució hipotecària o de desnonament per impagament de lloguer, desnonament per expiració del termini o desnonament d'ocupants sense títol), és, a judici unànime de la Junta de magistrats de les seccions civils de Girona, negatiu".

DOTZÈ. Les raons que ens van portar a aquest Acord van ser les següents:

"1/. Perquè no hi ha cap norma ni substantiva ni processal que determini que si no es fa l'oferiment de lloguer social, l'efecte jurídic sigui el de la no admissió de la demanda o el seu sobreseïment, tal i com exigeix l' article 403 de la LEC .

No es pot passar per alt que l'accés a demanar l'auxili dels Tribunals es troba inclòs en el dret fonamental a la tutela judicial efectiva, recollit en l' article 24.1 de la Constitució i, per aquesta raó, qualsevol restricció a aquest dret fonamental ha de ser interpretada de manera restrictiva.

2/. La norma que exigeix l'oferiment de lloguer social en determinats supòsits té una dimensió legislativa de caire administratiu i d'aquí que la pròpia llei 24/2015 hagués modificat parcialment la llei 18/2007 del dret a l'habitatge, concretament el seu article 124 que recull les infraccions greus, amb unes noves infraccions de les lletres i) i j) referides al no oferiment de lloguer social, i que la Llei 4/2016 hagi també modificat l'article 118 de la Llei 18/07 que preveu les sancions aplicables als diferents tipus d'infraccions.

És a dir, que en cas d'incompliment d'aquell deure d'oferiment de lloguer social, l'efecte jurídic pot ser el d'una sanció econòmica per part de l'Administració.

3/. En la línia de reforçar la convicció de que el requisit d'oferiment d'un lloguer social en determinats supòsits és una exigència de caire administratiu (que pot comportar sancions fins a 90.000€) i no de caire processal (com a requisits de procedibilitat), destaquem que la defensa lletrada de la Generalitat de Catalunya davant el Tribunal Constitucional en fer les al·legacions en escrit de 6.7.16 al recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 24/2015 presentat pel President del Govern, ja va fer constar expressament que: "El objetivo del artículo 5 no es limitar la contratación ni establecer requisitos procesales a la interposición de las acciones judiciales, sino delimitar el derecho de propiedad, estableciendo una obligación conforme a una finalidad o utilidad social." (Antecedent de fet 7è lletra d) de la STC 13/2019 de 31 de gener ).

Per la seva banda, el Lletrat del Parlament afirmà en les seves al·legacions a l'article 5 apartats 1 a 4 i 9 que no vulneren el sistema de distribució de competències i que ". el Letrado autonómico (sic) razona ampliamente que hallan cobertura en las competencias estatutarias en materia de vivienda y Derecho civil" (Antecedent de fet 8è lletra d) de la mateixa STC).

Així doncs, ja des de Catalunya es constata que "en cap moment s'han volgut afegir requisits processals en aquesta qüestió".

TRETZÈ. La sentència del Tribunal Constitucional de 28 de gener de 2.021, en el que ara ens interessa, ha considerat inconstitucional la disposició addicional primera de la llei 24/2015 , introduïda pel Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.

Aquesta declaració d'inconstitucionalitat implica necessàriament la impossibilitat d'interrompre el procediment sobre la base de no haver fet prèviament a la presentació de la demanda una proposta de lloguer social, quan la necessitat d'aquesta proposta ha estat declarada inconstitucional.

CATORZÈ. Del que acabem d'exposar resulta que la llei 24/2.015 no permet desestimar les demandes de desnonament per precari, com sol·licita el recurs, perquè no modifica el que s'ha d'entendre per precari ni les seves conseqüències jurídiques, sens perjudici d'una eventual suspensió del llançament si concorren els requisits temporals i objectius que preveu la legislació actual o de l'activació dels protocols vigents en aquesta matèria. "

En nada modifica lo anterior la invocación de la llei1/2022. Como se ha señalado anteriormente el Decreto-Ley 17/2019, de 23 de diciembre, introdujo en la disposición adicional primera de la citada ley la obligación de ofrecer un alquiler social en supuestos como el presente, pero la norma fue anulada por sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de enero de 2021.

Las modificaciones que el Decreto-Ley 37/2020, de 3 de noviembre, introdujo en el apartado 1, párrafo primero, en el apartado 1 bis y en el apartado 3 de esta Ley 24/2015, de 29 de julio, fueron también anuladas, por sentencia de 24 de febrero de 2022.

la Ley 1/2022, de 3 de marzo, invocada por la parte recurrente ha vuelto a introducir el requisito del ofrecimiento de alquiler social en supuestos de simple ocupación, que había sido establecido por el citado Decreto-Ley 17/2019. Pero en atención a lo expuesto anteriormente viene siendo criterio de esta Audiencia no considerar este tipo de exigencias como un requisito para proceder judicialmente en estos casos en atención a lo expuesto anteriormente.

En este sentido, como se recoge en sentencia de esta Sala de fecha 14/11/2022:

QUINZÈ. La llei 1/2.022, de 3 de març, ha introduït una altra vegada la disposició addicional primera amb un redactat semblant a les versions anteriors declarades inconstitucionals.

SETZÈ. Per tant, dels arguments que hem exposat resulta que per dos vegades ha estat declarada inconstitucional l'obligació del propietari que legalment tingui la qualitat de gran tenidor d'habitatges, d'oferir un lloguer social que establia la llei 24/2.015, el que fa que no sigui exigible aquell oferiment.

DISSETÈ. Del que acabem d'exposar resulta que aquesta norma no permet suspendre el procediment o desestimar les demandes per expiració del termini contractual, com sol·licita el recurs, per la manca d'oferiment d'un lloguer social, sens perjudici d'una eventual suspensió del llançament si concorren els requisits temporals i objectius que preveu la legislació actual o de l'activació dels protocols vigents en aquesta matèria."

Por lo tanto, si el ofrecimiento del alquiler social no es un requisito procesal para admitir la demanda, ni provoca su desestimación en sentencia, que se haya realizado el ofrecimiento del alquiler social, solo afectará en su caso a la efectividad del propio lanzamiento, por ejemplo, si se dan los presupuesto previstos en la norma alegada o en el Real Decreto Ley 37/2020 de 22 de diciembre.

Por otro lado, en Sentencia 16/2021, de 28 de enero de 2021 del Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales y nulos los artículos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11 (inciso "sin perjuicio del supuesto a que hace referencia el artículo 42. 6"), 2.12, 4.2, 4.5 (inciso "y del apartado 2 de la disposición adicional primera"), 5.5, 5.6, 5.7, 6.3 y 6.6 y la disposición transitoria primera del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.

En consecuencia la normativa invocada por la parte recurrente en nada modifica lo resuelto anteriormente en atención a lo expuesto y en consecuencia no cabe ni la suspensión del procedimiento ni la desestimación de la demanda por falta de ofrecimiento de un alquilar social y ello sin prejuicio de poderse solicitar la suspensión del lanzamiento, en su caso, si concurren los requisitos previstos legalmente en la actual legislación o en su caso la activación de los protocolos vigentes en la materia.

Por todo lo expuesto constando acreditado no que la parte recurrente ocupa la vivienda objeto del presente procedimiento sin título alguno que la habilite para ello, solo cabe desestimar el recurso y confirmar íntegramente la resolución recurrida.

QUINTO-.- Al desestimarse el recurso las costas de esta alzada se impondrán a la parte recurrente de conformidad con lo dispuesto en el Art 398 de la L.E.C .

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación