Sentencia Civil 31/2026 , Rec. 1333/2025 de 04 de febrero del 2026

PRIMERO.-En la solicitud de juicio monitorio se reclama por la comunidad de propietarios de la que forma parte el demandado D.ª Florencia las cuotas comunes correspondientes al NUM000, referidos a la deuda liquidada a 31 de diciembre de 2022 y al período enero-diciembre de 2023, minorado todo ello el importe abonado, a aquella fecha de 9.698,18 €, según liquidación llevada a cabo en junta general de 28 de octubre de 2024.Con posterioridad a este acuerdo liquidatorio la comunidad accionante reconoce pagos por importe de 3.700 €, lo que deja la deuda en un total de 5.998,18 €, a lo que añade los gastos de reclamación a través de monitorio (39,58 €), esto es, un total de 6.037,76 €.

No podemos desconocer que la Ley de Propiedad Horizontal, a la hora de hacer efectiva las obligaciones que su artículo 9. 1 e) impone a los copropietarios de contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización parte de la base de que la única manera de evitar la efectividad de la misma es la impugnación de los acuerdos que hayan aprobado esas deudas.

Por otro lado, conforme al art. 18.3 de la LPH, según la redacción dada por el art. 14 de la Ley 8/1999, la acción para impugnar los acuerdos comunitarios caduca a los tres meses de adoptarse el acuerdo por la Junta, o al año, si se trata de actos contrarios a la ley y los estatutos.

De esta clara dicción de esos dos preceptos, se puede deducir que los acuerdos de la comunidad, una vez adoptados válidamente, devienen obligatorios ( art. 17.9 LPH) y, por tanto, se hacen ejecutables, y si alguno de los comuneros no está conforme y se halla legitimado para atacarlo ( art. 18.2 LPH) podrá- deberá impugnarlos, sin que incluso se suspenda su ejecución salvo que el Juez así lo disponga con carácter cautelar ( art. 18.4 LPH) .

Es evidente que la pretensión que entabla la comunidad accionante lo es en ejecución del acuerdo de liquidación de deuda adoptado (de fecha 28 de octubre de 2024) y, sin embargo, el demandado no consta que haya ha impugnado en ningún momento dicho acuerdo que denuncia como ilegal, y que es ejecutivo conforme a lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Ley de Propiedad Horizontal, y plenamente válido y eficaz, al no haber sido impugnado por vía de acción.

La eventual nulidad del acuerdo liquidatorio con base en las alegaciones del escrito de oposición a la solicitud de juicio monitorio habrá de encauzarlas el comunero a través de la acción de impugnación, pero no puede impedir el cumplimiento y ejecución del acuerdo adoptado.

En esta línea podemos recordar el contenido de la reciente STS 535/2011, de 18 de julio ,al reiterar:

En materia de validez y plena eficacia de los acuerdos adoptados en Junta de Propietarios la jurisprudencia declara que: «los acuerdos que entrañen infracción de preceptos de la Ley de Propiedad Horizontal o de los Estatutos de la Comunidad de que se trate, al no ser radicalmente nulos , son susceptibles de sanación por el transcurso del plazo de caducidad que establece la regla cuarta del artículo 16 de la Ley de Propiedad Horizontal . Por tanto, aquellos acuerdos no impugnados por los propietarios, gozan de plena validez y eficacia, y afectan y obligan a aquellos (las SSTS de fechas 19 de noviembre de 1996 , 28 de febrero de 2005 , 19 de octubre de 2005 , 30 de diciembre de 2005 y 7 de junio de 2006 )».

De esta doctrina se desprende que los acuerdos adoptados en junta de propietarios que no sean radicalmente nulos y no hayan sido impugnados son válidos y ejecutables".

Recogiendo la anterior doctrina podemos citar también la STS 546/2012, de 28 de septiembre .

Reiteramos, en el caso que nos ocupa el acuerdo referido no consta que haya sido impugnado, ni siquiera tras la notificación del decreto de admisión del juicio monitorio, con lo cual este tiene carácter ejecutivo y obliga a la demandada a abonar la cantidad liquidada y reclamada, que asciende a 5.998,18 € por cuotas comunes.

En cuanto al abono de los gastos del burofax de fecha 26 de marzo de 2025, y que ascendió a 39,58 €, según documental aportada, tal comunicación se remitió al local propiedad del demandado, habiendo sido objeto de entrega al día siguiente, lo que obliga al demandado a afrontar tal gasto con sustento en el art. 21.3 de la LPH) .

SEGUNDO.-De acuerdo con lo dispuesto en el art. 394 de la LEC las costas han de imponerse al demandado.

PRIMERO.-En la solicitud de juicio monitorio se reclama por la comunidad de propietarios de la que forma parte el demandado D.ª Florencia las cuotas comunes correspondientes al NUM000, referidos a la deuda liquidada a 31 de diciembre de 2022 y al período enero-diciembre de 2023, minorado todo ello el importe abonado, a aquella fecha de 9.698,18 €, según liquidación llevada a cabo en junta general de 28 de octubre de 2024.Con posterioridad a este acuerdo liquidatorio la comunidad accionante reconoce pagos por importe de 3.700 €, lo que deja la deuda en un total de 5.998,18 €, a lo que añade los gastos de reclamación a través de monitorio (39,58 €), esto es, un total de 6.037,76 €.

No podemos desconocer que la Ley de Propiedad Horizontal, a la hora de hacer efectiva las obligaciones que su artículo 9. 1 e) impone a los copropietarios de contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización parte de la base de que la única manera de evitar la efectividad de la misma es la impugnación de los acuerdos que hayan aprobado esas deudas.

Por otro lado, conforme al art. 18.3 de la LPH, según la redacción dada por el art. 14 de la Ley 8/1999, la acción para impugnar los acuerdos comunitarios caduca a los tres meses de adoptarse el acuerdo por la Junta, o al año, si se trata de actos contrarios a la ley y los estatutos.

De esta clara dicción de esos dos preceptos, se puede deducir que los acuerdos de la comunidad, una vez adoptados válidamente, devienen obligatorios ( art. 17.9 LPH) y, por tanto, se hacen ejecutables, y si alguno de los comuneros no está conforme y se halla legitimado para atacarlo ( art. 18.2 LPH) podrá- deberá impugnarlos, sin que incluso se suspenda su ejecución salvo que el Juez así lo disponga con carácter cautelar ( art. 18.4 LPH) .

Es evidente que la pretensión que entabla la comunidad accionante lo es en ejecución del acuerdo de liquidación de deuda adoptado (de fecha 28 de octubre de 2024) y, sin embargo, el demandado no consta que haya ha impugnado en ningún momento dicho acuerdo que denuncia como ilegal, y que es ejecutivo conforme a lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Ley de Propiedad Horizontal, y plenamente válido y eficaz, al no haber sido impugnado por vía de acción.

La eventual nulidad del acuerdo liquidatorio con base en las alegaciones del escrito de oposición a la solicitud de juicio monitorio habrá de encauzarlas el comunero a través de la acción de impugnación, pero no puede impedir el cumplimiento y ejecución del acuerdo adoptado.

En esta línea podemos recordar el contenido de la reciente STS 535/2011, de 18 de julio ,al reiterar:

En materia de validez y plena eficacia de los acuerdos adoptados en Junta de Propietarios la jurisprudencia declara que: «los acuerdos que entrañen infracción de preceptos de la Ley de Propiedad Horizontal o de los Estatutos de la Comunidad de que se trate, al no ser radicalmente nulos , son susceptibles de sanación por el transcurso del plazo de caducidad que establece la regla cuarta del artículo 16 de la Ley de Propiedad Horizontal . Por tanto, aquellos acuerdos no impugnados por los propietarios, gozan de plena validez y eficacia, y afectan y obligan a aquellos (las SSTS de fechas 19 de noviembre de 1996 , 28 de febrero de 2005 , 19 de octubre de 2005 , 30 de diciembre de 2005 y 7 de junio de 2006 )».

De esta doctrina se desprende que los acuerdos adoptados en junta de propietarios que no sean radicalmente nulos y no hayan sido impugnados son válidos y ejecutables".

Recogiendo la anterior doctrina podemos citar también la STS 546/2012, de 28 de septiembre .

Reiteramos, en el caso que nos ocupa el acuerdo referido no consta que haya sido impugnado, ni siquiera tras la notificación del decreto de admisión del juicio monitorio, con lo cual este tiene carácter ejecutivo y obliga a la demandada a abonar la cantidad liquidada y reclamada, que asciende a 5.998,18 € por cuotas comunes.

En cuanto al abono de los gastos del burofax de fecha 26 de marzo de 2025, y que ascendió a 39,58 €, según documental aportada, tal comunicación se remitió al local propiedad del demandado, habiendo sido objeto de entrega al día siguiente, lo que obliga al demandado a afrontar tal gasto con sustento en el art. 21.3 de la LPH) .

SEGUNDO.-De acuerdo con lo dispuesto en el art. 394 de la LEC las costas han de imponerse al demandado.

PRIMERO.-En la solicitud de juicio monitorio se reclama por la comunidad de propietarios de la que forma parte el demandado D.ª Florencia las cuotas comunes correspondientes al NUM000, referidos a la deuda liquidada a 31 de diciembre de 2022 y al período enero-diciembre de 2023, minorado todo ello el importe abonado, a aquella fecha de 9.698,18 €, según liquidación llevada a cabo en junta general de 28 de octubre de 2024.Con posterioridad a este acuerdo liquidatorio la comunidad accionante reconoce pagos por importe de 3.700 €, lo que deja la deuda en un total de 5.998,18 €, a lo que añade los gastos de reclamación a través de monitorio (39,58 €), esto es, un total de 6.037,76 €.

No podemos desconocer que la Ley de Propiedad Horizontal, a la hora de hacer efectiva las obligaciones que su artículo 9. 1 e) impone a los copropietarios de contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización parte de la base de que la única manera de evitar la efectividad de la misma es la impugnación de los acuerdos que hayan aprobado esas deudas.

Por otro lado, conforme al art. 18.3 de la LPH, según la redacción dada por el art. 14 de la Ley 8/1999, la acción para impugnar los acuerdos comunitarios caduca a los tres meses de adoptarse el acuerdo por la Junta, o al año, si se trata de actos contrarios a la ley y los estatutos.

De esta clara dicción de esos dos preceptos, se puede deducir que los acuerdos de la comunidad, una vez adoptados válidamente, devienen obligatorios ( art. 17.9 LPH) y, por tanto, se hacen ejecutables, y si alguno de los comuneros no está conforme y se halla legitimado para atacarlo ( art. 18.2 LPH) podrá- deberá impugnarlos, sin que incluso se suspenda su ejecución salvo que el Juez así lo disponga con carácter cautelar ( art. 18.4 LPH) .

Es evidente que la pretensión que entabla la comunidad accionante lo es en ejecución del acuerdo de liquidación de deuda adoptado (de fecha 28 de octubre de 2024) y, sin embargo, el demandado no consta que haya ha impugnado en ningún momento dicho acuerdo que denuncia como ilegal, y que es ejecutivo conforme a lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Ley de Propiedad Horizontal, y plenamente válido y eficaz, al no haber sido impugnado por vía de acción.

La eventual nulidad del acuerdo liquidatorio con base en las alegaciones del escrito de oposición a la solicitud de juicio monitorio habrá de encauzarlas el comunero a través de la acción de impugnación, pero no puede impedir el cumplimiento y ejecución del acuerdo adoptado.

En esta línea podemos recordar el contenido de la reciente STS 535/2011, de 18 de julio ,al reiterar:

En materia de validez y plena eficacia de los acuerdos adoptados en Junta de Propietarios la jurisprudencia declara que: «los acuerdos que entrañen infracción de preceptos de la Ley de Propiedad Horizontal o de los Estatutos de la Comunidad de que se trate, al no ser radicalmente nulos , son susceptibles de sanación por el transcurso del plazo de caducidad que establece la regla cuarta del artículo 16 de la Ley de Propiedad Horizontal . Por tanto, aquellos acuerdos no impugnados por los propietarios, gozan de plena validez y eficacia, y afectan y obligan a aquellos (las SSTS de fechas 19 de noviembre de 1996 , 28 de febrero de 2005 , 19 de octubre de 2005 , 30 de diciembre de 2005 y 7 de junio de 2006 )».

De esta doctrina se desprende que los acuerdos adoptados en junta de propietarios que no sean radicalmente nulos y no hayan sido impugnados son válidos y ejecutables".

Recogiendo la anterior doctrina podemos citar también la STS 546/2012, de 28 de septiembre .

Reiteramos, en el caso que nos ocupa el acuerdo referido no consta que haya sido impugnado, ni siquiera tras la notificación del decreto de admisión del juicio monitorio, con lo cual este tiene carácter ejecutivo y obliga a la demandada a abonar la cantidad liquidada y reclamada, que asciende a 5.998,18 € por cuotas comunes.

En cuanto al abono de los gastos del burofax de fecha 26 de marzo de 2025, y que ascendió a 39,58 €, según documental aportada, tal comunicación se remitió al local propiedad del demandado, habiendo sido objeto de entrega al día siguiente, lo que obliga al demandado a afrontar tal gasto con sustento en el art. 21.3 de la LPH) .

SEGUNDO.-De acuerdo con lo dispuesto en el art. 394 de la LEC las costas han de imponerse al demandado.