Sentencia Civil 688/2023 Audiencia Provincial Civil de Málaga nº 4, Rec. 306/2023 de 08 de noviembre del 2023

PRIMERO.- Antecedentes de la instancia.

Por la entidad Almicasa 2012, S.L. se formuló demandada de juicio de precario contra Dña. Socorro y demás ignorados ocupantes de la vivienda sita en CALLE000 n.º NUM000, Portal NUM001,Planta NUM002, de San Pedro de Alcántara (Marbella), finca registral n.º NUM003 del Registro de la Propiedad nº 7 de Marbella. Alegaba en la demanda ser propietaria de la vivienda mediante compraventa celebrada con la entidad Bakia, S.A., elevada a escritura pública el 26 de octubre de 2016 y que la demandada poseía el inmueble sin título al haber expirado el plazo de suspensión de lanzamiento que se acordó en el seno del juicio ejecutivo hipotecario antes mencionado, en aplicación del art. 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Ponía de manifiesto que la vigencia de dicha moratoria justificó la desestimación de una demanda anterior, en los mismos términos que la presente.

Por la citada demandada se opuso excepción procesal de cosa juzgada, en referencia a la Sentencia recaída en el procedimiento Juicio Verbal de Desahucio por Precario 169/2017, Sentencia nº 19/2018 de 9 de febrero de 2018, al ser la misma pretensión y las mismas partes litigantes. Cuestionó igualmente el título de propiedad por cuanto habiendo sido ordenado, en el precedente juicio ejecutivo hipotecario nº 1089/2011, tramitado ante este mismo órgano judicial y archivado el mismo por considerar la existencia de cláusulas abusivas, ha devenido nulo el título de adjudicación por lo que los actos ejecutivos han perdido eficacia.

Se dictó sentencia por la que estimaba íntegramente la demanda, rechazado la excepción de costas juzgada y reconociéndose la legitimación del actor y contra la misma se formula recurso de apelación, que fundamenta en iguales alegaciones que sostuvo en la instancia, a saber, la existencia de cosa juzgada y la vulneración de la Directiva 93/13 de la Unión Europea, además de considerar que el juicio de precario no es el procedimiento el adecuado para resolver la controversia y menos cuando ha sido intentado fraudulentamente y por estar archivada la ejecución hipotecaria.

SEGUNDO.- En lo que se refiere al primero de los motivos, la concurrencia de cosa juzgada entre el procedimiento del que dimana este rollo y el anterior juicio de desahucio por precario seguido ante el mismo Juzgado, Juicio Verbal de Desahucio por Precario 169/2017, en el que recayó Sentencia de fecha 9 de febrero de 2018, se alega por la parte apelante que son las mismas partes litigantes y la misma pretensión y además considera que el apelante ostenta legítimamente no ssolo la posesión y sino también la propiedad del inmueble, pues el procedimiento hipotecario fue sobreseído, consecuencia de lo cual infiere que vuelve a ser propietaria.

El motivo ha de ser desestimado.

Una de las novedades de la LEC fue la supresión del carácter de procedimiento sumario del desahucio por precario, pues la sentencia que le pone término tiene plenos efectos de cosa juzgada, ya que no está incluida en el apartado segundo del art. 447 LEC. En consecuencia, en este procedimiento podrán enjuiciarse las relaciones jurídicas que puedan alegarse como justificación de la posesión cuya recuperación se pretenda y la existencia de una situación posesoria que revista las características propias del precario, sin las limitaciones propias de un procedimiento sumario en cuanto a los medios de ataque y defensa (no se limitan los medios de prueba, a diferencia de los desahucios por impago de rentas), al tratarse de un procedimiento que, si bien limitado a ese objeto, tiene carácter plenario".

De este modo, el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil(encabezado con los términos "preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos"), en su apartado 1, establece que "cuando lo que se pida en la Demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior".

Este precepto se encuentra en íntima conexión con el instituto de la cosa juzgada ( artículo 222 de la ley de Enjuiciamiento Civil ), que se asiente en el requisito objetivo de la identidad de la "causa paetendi", pues en la misma se establece "cuando lo que se pida en la Demanda (...)". Ahora bien, la "causa paetendi" no es el título en el que se funde una determinada reclamación, sino que es el "fundamento de la pretensión", de tal modo que, si es coincidente, la preclusión que reconoce elartículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil debe predicarse de aquellos supuestos en los que, siendo idéntica la causa paetendi (o el fundamento de la pretensión), no se hubieran hecho valer en un mismo Proceso todas las alegaciones y fundamentos jurídicos que resultaran aplicables, de tal manera que, en el caso de que fuera así y, concurriendo las tres identidades que conforman la cosa juzgada, el ulterior proceso se vería afectado por elartículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La cosa juzgada material es la vinculación que el efecto jurídico declarado en una sentencia firme produce en otro proceso posterior. La función esencial del referido instituto es, sin duda, la obtención de la seguridad y certeza jurídica, a partir de la permanencia en el tiempo de la eficacia procesal de la sentencia, impidiendo que las mismas puedan ser atacadas o contradichas en posteriores decisiones judiciales.

La cosa juzgada material, en su efecto negativo o excluyente, impide el conocimiento por un órgano judicial de un asunto que ya fue objeto de enjuiciamiento en un pleito anterior, para lo que se precisa que el objeto de ambos procesos sea idéntico, en cuanto a los sujetos, al petitum y a la causa petendi. Este efecto negativo o excluyente se ha visto reforzado por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, haciéndose eco de una consolidada doctrina jurisprudencial, con el señalamiento de la obligación para el demandante -o reconviniente- de alegar en su escrito rector inicial "todos los hechos, fundamentos o títulos jurídicos que resultan conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible su alegación para un proceso ulterior", como señala el artículo 400 de la LEC , en el que se añade que "a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste".

El Tribunal Supremo ha dictado múltiples sentencias en interpretación de este precepto. Destacamos la sentencia de fecha 9 de enero de 2013 resume la doctrina del Alto Tribunal al establecer la Sala que "el artículo 400.2 LEC está en relación de subordinación respecto a la norma contenida en el artículo 400.1 LEC , de forma que solo se justifica su aplicación para apreciar litispendencia o los efectos de la cosa juzgada material cuando entre los dos procesos -atendiendo a las demandas de uno y otro- se hayan formulado las mismas pretensiones. Es en tal caso cuando no cabe iniciar válidamente un segundo proceso para solicitar lo mismo que en el proceso anterior con apoyo en distintos hechos o diferentes fundamentos jurídicos, pues la LEC obliga a estimar la excepción de litispendencia - si el primer proceso se halla pendiente- o la de cosa juzgada -si en el primer proceso ha recaído sentencia dotada de efectos de cosa juzgada material ( SSTS 25 de 25 de junio de 2009 , 10 de marzo de 2011 ).

En aplicación de estos hipotéticos legales y doctrina expuesta resulta claro que tanto en el primer procedimiento como en el de esta litis se ejercita la misma acción, el mismo petitum y se sustancia entre las mismas partes, pero no se funda en los mismos hechos ni estado de cosas que concurría en el primer procedimiento ni sus pronunciamientos tienen autoridad de cosa juzgada esta litis. La Sentencia dictada en el Juicio Verbal 169/2017 desestimó la demanda al entender que la demandada, aquí apelante, ostentaba la posesión del inmueble en virtud de una resolución judicial dictada en el procedimiento de ejecución hipotecaria nº 1089/2011 donde se dictaron resoluciones de suspensión del lanzamiento. Consideraba dicha resolución que no procedía la acción de desahucio por las siguientes consideraciones: " a la fecha de adquisición del inmueble por la parte demandante, Almicasa 2012, SlL, el lanzamiento estaba ya suspendido en virtud de auto de 15 de junio de 2015 y por un periodo de dos años computados desde el 15 de mayo de 2015. La demanda ha sido interpuesta en fecha 9 de febrero de 2017 y, en ese momento, la demandada personada ya había sido declarada como colectivo especialmente vulnerable a los efectos de la Ley 1/2013 de 14 de mayo, con la modificación operada por el Real Decreto-Ley 1/2015 de 27 de febrero. Sentado lo anterior, en el presente caso no se ha discutido que la demandada goza de la protección que dispensa la ley antes referida a los deudores hipotecarios a efectos de la suspensión del lanzamiento, pues no se ha desplegado actividad probatoria alguna por la parte demandada encaminada a desacreditar tal extremo.". Por tanto, dicha resolución, acogió la causa obstativa opuesta por la parte demandada que ostentaba título suficiente que justificaba la posesión en virtud de la resolución de Mayo de 2015 dictada en el procedimiento de ejecución hipotecaria que extendía sus efectos de suspensión del lanzamiento a la fecha de interposición de la demanda.

En el presente procedimiento se ejercita la misma acción de precario y el mismo petitum, pero fundado en un hecho nuevo, cual es la finalización del periodo otorgado para suspender el lanzamiento. Resulta acreditado que los dos procedimientos no se sustentan en los mismos hechos. En el proceso de juicio precario anterior se tuvo en cuenta que en el proceso de ejecución hipotecaria se dictó Auto de fecha 18 de diciembre de 2017, que ampliaba el plazo de suspensión de lanzamiento por un periodo adicional de tres años, que debería computarse desde el 15 de mayo de 2017 y por ello se dictó en fecha 9 de febrero de 2018 sentencia desestimatoria de la demandada de precario. Pero una vez finalizado el plazo de suspensión de suspensión de lanzamiento otorgado por dichas resoluciones (14 de mayo de 2020) se formula la demanda origen de estas actuaciones fundadas precisamente en este cambio de circunstancias al constatar que la parte demandada no ha interesó del órgano judicial ante el que se seguía la ejecución hipotecaria la prórroga de la medida. Por tanto, en la presente litis se ejercita la misma acción pero por supuestos distintos de lo acontecido en el primer procedimiento, cual es la extinción del plazo otorgado de suspensión del lanzamiento, hechos que ni siquiera pudieron ser discutidos ni valorados en el primero de los procesos, pues se produjeron con posterioridad al dictado de la sentencia de desahucio el 9 de febrero de 2018, por lo que no se infringe lo dispuesto en el artículo 400 LEC nos dice: " 1. Cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior."

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2. De conformidad con lo dispuesto en al apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste".

Resulta relevante para la decisión de la cosa juzgada que aquí se plantea hacer referencia a lo que la doctrina denomina "límites temporales de la cosa juzgada material", que no aluden, claro está, a que la misma tenga una duración limitada, sino que hacen referencia a circunstancias sobrevenidas, de ordinario de índole fáctica, que se convierten en elementos hábiles para fundar nuevas pretensiones determinantes de una situación diferente a la enjuiciada en el primer proceso, y, por lo tanto, conformadoras de un objeto procesal distinto, que impide de esta manera la aplicación del instituto de la cosa juzgada.

En palabras de la sentencia STS 411/2021, de 21 de junio (FJ 3º.3) ""Las sentencias firmes dictadas por los tribunales se proyectan, en ocasiones, sobre relaciones jurídicas que no son estáticas, sino dinámicas, las cuales, por su propia naturaleza, no pueden permanecer sub specie aeternitatis (para siempre) como, por ejemplo, las medidas definitivas fijadas en los procedimientos matrimoniales..., las acciones concernientes a la modificación y reintegración de la capacidad jurídica previstas en el art. 761 LEC, en su redacción todavía vigente..., la aparición de nuevas lesiones, distintas y no previsibles a las contempladas en un previo proceso...

En definitiva, las circunstancias ulteriores, que no pudieron ser alegadas en el anterior proceso, permiten válidamente fundar en ellas una nueva acción judicial, cuando constituyan un objeto procesal distinto, sin que le alcancen los efectos de la cosa juzgada, ni la preclusión de alegaciones del art. 400.2 de la LEC. Tales situaciones se contemplan expresamente en el párrafo segundo del número segundo del art. 222 LEC en el que, tras referirse a los límites objetivos de la cosa juzgada, proclama que " [...] se consideran hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen". Como expresa gráficamente la sentencia 271/2014, de 5 de junio, '[...] es cierto que la res iudicata no opera sub specie aeternitatis, sino que está sometida a límites temporales, determinados por los cambios de la res de qua agitur o materia sobre la que se acciona'.

En el sentido expuesto, en la sentencia de 22 de abril de 2004, recurso 1386/1998, hemos señalado que: '[...] cuando los hechos que sirvieron de fundamento a la primera decisión cambien o se alteren ex post, desaparece la vinculación del Tribunal que ha de dictar la segunda en tanto que la mutación sea suficiente para entender que lo ya juzgado no constituye antecedente necesario de lo que se debe juzgar'.

En aplicación de la doctrina expuesta la causa de pedir del seguno pleito, aunque la acción sea la misma de precario, no es la misma que la que sirvió de base al precedente, en la medida que lo que se postula es una situación de hecho distinta por actor ocurridos con posterioridad, cual es la finalización el 14 de mayo de 2020 del plazo de suspensión de lanzamiento, por razón de situación de vulnerabilidad, hecho por cierto, no controvertido.

Todo lo cual impide aplicar la fuerza vinculante de la cosa juzgada a lo discutido en el segundo pleito, pues en éste los hechos se fundan en circunstancias acaecidas con posterioridad a las del primer procedimiento, lo que integran una diversa causa de pedir pues ésta ha de entenderse como hecho o título juridico, esto es como el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora ( STS 3-5-00) o, dicho de otra forma, por el conjunto de hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión ( SSTS 19-6-00 y 24-7-00) o título que sirve de base al derecho reclamado SSTS 27-10-00 y 15-11-01). La identidad de causa de pedir concurre en aquellos supuestos en que se produce una perfecta igualdad en las circunstancias determinantes del derecho reclamado y de su exigibilidad, que sirven de fundamento y apoyo a la nueva acción ( STS 27-10-00)". Y no concurre en el presente caso concluyendo que no se observa obstáculo alguno para plantear la misma acción en el segundo proceso, fundado en hechos distintos que no se pudieron plantear en el primero por tener efectos con posterioridad al dictado de la sentencia del primero de los proceso.

TERCERO.- En cuanto al motivo referido a la falta de legitimación de la actora en lo que pudiera afectar a su titulo de propiedad el archivo y sobreseimiento de la ejecución hipotecaria, debe resolverse conjuntamente con el segundo de los motivos, pues reitera los mismos argumentos, así como la invocación del carácter fraudulento de la transmisión, entendiendo el apelante que el sobreseimiento de la ejecución debe dar lugar a que se reintegre al ejecutado la situación anterior al despacho de la ejecución y por tanto la apelante ha mantenido la posesión real de la finca y conservado la propiedad de la finca.

El motivo no prospera.

De la documental aportada con la demanda se constata que la parte actora apelada adquirió la vivienda en virtud de escritura pública de compraventa celebrada con la entidad Bankia S.A. en fecha 26 de octubre de 2016, ante el Notario de Torrelodones, don Juan Luis Hernández Gil Mancha, con el n.º 2.184 de su protocolo, encontrándose inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad nº 4 de Marbella como finca registral nº NUM003, al tomo NUM004, Libro NUM005, Folio NUM006, inscripción 6ª. Consta igualmente que la entidad bancaria adquirió la vivienda en virtud de Decreto de fecha 9 de octubre de 2012, debidamente inscrito en el Registro de propiedad. Por tanto, desde la fecha de adjudicación la parte demandada dejó de ser propietaria del inmueble y por tanto su ocupación es ineficaz como titular dominical. La venta posterior de la vivienda por Bankia a la actora apelada no implica ningún acto fraudulento y no consta de cualquier modo que el sobreseimiento de la ejecución conllevara la nulidad de la adjudicación ni mucho menos conlleva que el titulo en favor de la actora quede anulado, propiedad que se encuentra debidamente inscrita. Por tanto no se observa en la resolución ninguna infracción de norma comunitaria ni del derecho de consumo.

Finalmente en cuanto al otrosi digo del recurso sobre la aportación de informe de vulnerabilidad no afecta a los razonamientos de la sentencia en relación con la acción ejercitada sino con la fase de ejecución, excediéndose del ámbito competencial de esta sala, sin perjuicio obviamente del derecho de los demandados a acudir a los servicios sociales donde pueden recibir el oportuno asesoramiento, pero sin que ello pueda interferir el procedimiento, como ya nos pronunciabamos en las sentencia nº 289/2021 de fecha 30 de abril de 2021 dictada en el Rollo de Apelación 1211/2020 y la nº 333/21, de 21 de Mayo de 2021, Rollo de Apelación 1161/20 .

Por las razones expuestas, procede la desestimación del recurso formulado y la confirmación de la resolución recurrida.

TERCERO.- Desestimado el recurso se imponen las costas devengadas por el mismo a la parte apelante, conforme establece el artículo 398 de la LEC, con pérdida del depósito constituido para recurrir.

Vistos los preceptos legales citados y demás de aplicación general.