Sentencia Civil 5/2024 Juzgado de Primera Instancia de Gijón nº 4, Rec. 1122/2021 de 09 de enero del 2024

PRIMERO.- Ejercita la representación procesal de la demandante acción por la que solicita se declare indebida las inclusiones realizadas en el fichero ASNEF-EQUIFAX desde el 21 de febrero de 2020 hasta el 18 de mayo de 2023, y desde el 29 de mayo de 2023 hasta la actualidad por unas cantidades, de 131, 55 y 136, 70 € cuya existencia como deuda se niega, como se niega también haber recibido requerimiento y/o notificación previa a la inclusión.

Así, dado el tiempo de duración del alta, se interesa la cantidad de 3.000 € en concepto de daño moral; al no cumplirse los requisitos de la inclusión, con base en las previsiones de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y 9 de la Ley Orgánica 1/1982, de 26 de marzo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y a la Propia Imagen; en relación con la citada doctrina de la Sala Primera del T.S desde su sentencia de 22 de diciembre de 2015.

Por parte de la demandada se muestra oposición centrada en el cumplimiento por su parte de los requisitos legales para la válida inclusión en el fichero; teniendo en cuenta la procedencia del concepto o débito, dada la desatención por la hoy actora de las obligaciones de pago derivadas del contrato de suministro eléctrico que lo vinculaba con la misma (documental nº 1 y 2 y documento 3 de la contestación); siendo válidos los requerimientos de inclusión que se documenta a los números 4 y siguientes.

En último extremo, impugna la demandada la cantidad que es objeto de reclamación, al no corresponderse a un concreto y acreditado perjuicio que la inclusión en los ficheros hubiera irrogado a la actora; de manera que, cumpliendo tal inclusión con los requisitos legales, ninguna vulneración supone del derecho reconocido en el artículo 18 de la CE, y ningún daño procede reparar.

SEGUNDO.- Expuesto lo que antecede hemos de valorar la prueba practicada (limitada a la documental y los oficios a los que dieron contestación las gestoras de los ficheros) para concluir que, si bien resulta acreditada la contratación (documento nº 1 y 2 de la contestación) y aun entendiendo igualmente acreditada la deuda (documental nº 3: facturas devengadas por el suministro), no puede considerarse probada la existencia de un requerimiento válido para la inclusión.

Hemos de partir de la doctrina del Tribunal Supremo donde se aborda el tema objeto de esta litis, señalando, en primer lugar, la trascendencia que tiene para los derechos fundamentales, como es el honor, la inclusión de los datos personales en alguno de los denominados "registros de morosos ", con lo que se habrá de estar a una rígida observancia de las exigencias de la normativa de protección de datos de carácter personal, las cuales se contienen en el artículo 29.4 de la Ley de Protección de Datos Personales , que dispone: "sólo podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de 6 años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos", siendo el precepto citado desarrollado por los artículos 38 y siguientes del RD 1720/2.007, de 21 diciembre (LA LEY 13934/2007), por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LO 15/1.999, de 13 diciembre (LA LEY 4633/1999), de Protección de Datos de Carácter Personal; conforme al citado art. 38 sólo será posible la inclusión en esos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible;

b) Que no hayan transcurrido 6 años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico;

c) Requerimiento previo de pago a quien corresponde al cumplimiento de la obligación, con advertencia de que, caso de no producirse el pago en el término previsto para ello, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a fichero relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, extremo éste que resulta del art. 39 del Reglamento, señalando el art. 43 de este mismo texto legal que: "El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse que concurren todos los requisitos exigidos en los arts. 38 y 39 en el momento de notificar los datos adversos al responsable del fichero común, de modo que "Será responsable de la inexistencia o inexactitud de los datos si hubiere facilitado para su inclusión en el fichero en los términos previstos en la LO 15/1.999 de 13 de diciembre (LA LEY 4633/1999) ".

En relación al requisito del requerimiento, sentencias como la de 30 de octubre de 2023 de la sección 6ª de nuestra AP, con cita de la previa de 7 de febrero de 2023, confirma el más reciente criterio (tras la doctrina derivada de sentencias de la Sala Primera del TS como las de 20 y 21 de diciembre de 2022) ponderando, para considerar correctamente practicado el requerimiento de pago los siguientes elementos de convicción: aportación de la carta de requerimiento de pago con advertencia de inclusión en el registro de morosos; certificación de Servinform S.A. de que la carta de requerimiento dirigida al demandante fue preparada y puesta a disposición del Servicio de Correos para su envío; albarán de entrega de varias cartas por Equifax Ibérica S.L. en el Servicio de Correos en fecha inmediatamente posterior a la preparación de la carta; y coincidencia de la dirección postal a la que fue enviada la carta de requerimiento con el domicilio comunicado por el demandante tanto en una fecha anterior (en el momento de la celebración del contrato de préstamo) como posterior (en el apoderamiento otorgado para interponer la demanda).

En el caso de autos, la documental que se acompaña junto al escrito de contestación no permite tener por acreditada la recepción de la comunicación con la advertencia de la inclusión pues, no sirviendo las comunicaciones vía mail a tales efectos, resulta que el certificado de Serviform (documento nº 6) confunde el código postal respecto de la dirección de recepción y suministro, ubicando la misma en la provincia de Navarra.

Ello supone una duda más que razonable sobre la recepción por el actor del requerimiento que se dice realizado.

TERCERO.- Lo dicho más arriba obliga a declarar la indebida intromisión en derecho fundamental de la parte actora, siendo preciso examinar si procede la indemnización de 3.000 euros reclamados en concepto de perjuicios de imagen y vulneración del derecho al honor derivados de la inclusión de la misma en el fichero de morosos.

Lo anterior, partiendo del único dato acreditado: la doble inclusión con fechas del 21 de febrero de 2020 hasta el 18 de mayo de 2023, y del 29 de mayo de 2023 hasta la actualidad, por unas cantidades de 131, 55 y 136, 70 €.

Todo ello, según la contestación al oficio de Equifax de 26 de septiembre de 2023.

Recogemos, a estos efectos, la doctrina que cita la sentencia de nuestra AP (sección 4ª) de 5 de octubre de 2022, con relación al alcance de la indemnización a conceder acudiendo a la del TS de 21 de junio de 2018, con cita de la de 26 de abril de 2017, señala:

"i) El artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, que entró en vigor a partir del 23 de diciembre de 2010 y que es la aplicable dada la fecha de los hechos, dispone que "La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma". Esta Sala ha declarado en STS de 5 de junio de 2014, rec. núm. 3303/2012, que dada la presunción iuris et de iure, esto es, no susceptible de prueba en contrario, de existencia de perjuicio indemnizable, el hecho de que la valoración del daño moral no pueda obtenerse de una prueba objetiva no excusa ni imposibilita legalmente a los tribunales para fijar su cuantificación, "a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta y ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso ( sentencias de esta sala núm. 964/2000, de 19 de octubre, y núm. 12/2014, de 22 de enero )". Se trata, por tanto, "de una valoración estimativa, que en el caso de daños morales derivados de la vulneración de un derecho fundamental delart. 18.1 de la Constitución, ha de atender a los parámetros previstos en elart. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan las circunstancias relevantes para la aplicación de tales parámetros, utilizando criterios de prudente arbitrio".

(ii) También ha afirmado la Sala que no son admisibles las indemnizaciones de carácter meramente simbólico.

Como declara la sentencia de esta Sala núm. 386/2011, de 12 de diciembre "según la jurisprudencia de esta Sala (SSTS de 18 de noviembre de 2002 y 28 de abril de 2003 ) no es admisible que se fijen indemnizaciones de carácter simbólico, pues al tratarse de derechos protegidos por la CE como derechos reales y efectivos, con la indemnización solicitada se convierte la garantía jurisprudencial en un acto meramente ritual o simbólico incompatible con el contenido de los artículos 9.1 , 1.1 . y 53.2 CE y la correlativa exigencia de una reparación acorde con el relieve de los valores e intereses en juego ( STC 186/2001, FJ8)" ( STS 4 de diciembre 2014, rec. núm. 810/2013).

(iii) La inclusión de los datos de una persona en un registro de morosos sin cumplirse los requisitos establecidos por la LOPD, sería indemnizable en primer lugar la afectación a la dignidad en su aspecto interno o subjetivo, y en el externo u objetivo relativo a la consideración de las demás personas.

Para valorar este segundo aspecto afirma la sentencia núm. 81/2015, de 18 de febrero, que ha de tomarse en consideración la divulgación que ha tenido tal dato, pues no es lo mismo que solo hayan tenido conocimiento los empleados de la empresa acreedora y los de las empresas responsables de los registros de morosos que manejan los correspondientes ficheros, a que el dato haya sido comunicado a un número mayor o menor de asociados al sistema que hayan consultado los registros de morosos.

También sería indemnizable el quebrante y la angustia producida por las gestiones más o menos complicadas que haya tenido que realizar el afectado para lograr la rectificación o cancelación de los datos incorrectamente tratados".

Así también la sección 7ª de nuestra misma AP en reciente sentencia de 18 de enero de 2023.

Conforme a los antedichos criterios, valorando el lapso de tiempo por el que se lleva manteniendo la inscripción, se considera procedente la cantidad interesada; la cual se verá incrementada con el interés legal ex artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del CC.

Procede así mismo la condena a la obligación de hacer consistente en el cese de la inscripción, debiendo la demandada promover todas las actuaciones pertinentes para la cancelación de los datos, según se prevé en el ordinal 2. A) del artículo 9 de la LO 1/1982, de 5 de mayo

CUARTO.- En cuanto a las costas causadas y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 394. 1 y 2 de la LEC, la íntegra estimación de la demanda supondrá que se impongan a la demandada las derivadas de esta primera instancia.

Vistos los preceptos legales citados y cualesquiera otros de general y pertinente aplicación, pronuncio el siguiente