Sentencia Civil 625/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 5161/2019 de 09 de mayo del 2024

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia

El 30 de noviembre de 2006, Cesar y Adoracion adquirieron participaciones preferentes de SOS Cuétara, por un precio de 100.000 euros, a través de Banco Santander.

El 27 de marzo de 2013, los adquirentes se dirigieron a Banco Santander para pedir la resolución del contrato de adquisición de participaciones preferentes y la restitución de la suma invertida.

2. El 5 de junio de 2017, Cesar y Adoracion presentaron la demanda que inició el presente procedimiento en la que ejercitaban, en primer lugar, una acción de nulidad de la orden de compra de las particiones preferentes SOS Cuétara de 30 de noviembre de 2006, por un importe de 100.000 euros, por error vicio, con el efecto de ordenar la recíproca restitución de prestaciones: el banco debía devolver la suma invertida (100.000 euros), más las comisiones e intereses; y de esta cantidad debía deducirse los rendimientos percibidos por los demandantes. Con carácter subsidiario, pidieron la resolución del reseñado contrato de adquisición de las particiones preferentes SOS Cuétara, por incumplimiento del deber de información por parte del banco demandado, en virtud del art. 1124 CC. Y, subsidiariamente, la acción de indemnización de daños y perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones del banco en el asesoramiento y comercialización de este producto financiero, con el efecto de condenar al banco a resarcir la pérdida del valor patrimonial experimentada por los demandantes (la suma invertida [100.000 euros], más las comisiones e intereses, y deducidos los rendimientos percibidos por los demandantes)

3. La sentencia de primera instancia, en primer lugar, desestimó la acción de nulidad por error vicio, al apreciar caducada la acción. Luego estimó la acción de resolución del contrato por incumplimiento contractual y condenó al banco a restituir la suma invertida (100.000 euros), más las comisiones e intereses; debiendo deducirse de esta cantidad los rendimientos percibidos por los demandantes.

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por el banco. Los demandantes se opusieron al recurso e impugnaron la sentencia de primera instancia. La Audiencia estima el recurso del banco y desestima la impugnación de los demandantes.

En primer lugar, la sentencia de apelación confirma que la acción de nulidad estaba caducada, pues los demandantes estaban en condiciones de ejercitarla desde marzo de 2013 en que se dirigieron al banco, para pedir la resolución del contrato, y no se formuló la demanda hasta el 5 de junio de 2017, cuando ya había transcurrido el plazo de cuatro años.

En segundo lugar, entra a analizar y desestima las acciones subsidiarias de resolución del contrato y de indemnización por incumplimiento de las obligaciones del banco en la comercialización del producto financiero.

5. Frente a la sentencia de apelación, los demandantes interponen sendos recursos, extraordinario por infracción procesal y de casación.

En atención al contenido de los recursos, entendemos procedente alterar el orden de análisis y resolver primero el recurso de casación.

SEGUNDO. Motivo primero del recurso de casación

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la incorrecta aplicación del artículo 1301 CC, porque la sentencia recurrida fija el dies a quo para el cómputo del plazo de la acción de anulabilidad antes de la consumación del contrato. El recurso cita la jurisprudencia contenida en las sentencias de esta sala 89/2018, de 19 de febrero, 160/2018, de 21 de marzo, 228/2018, de 18 de abril y 579/2018, de 17 de octubre, en relación con la fijación del dies a quo para el cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de anulabilidad por vicio en el consentimiento.

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Como hemos recordado en otras ocasiones, en la interpretación del art. 1301 CC, la jurisprudencia ha mantenido que el cómputo del plazo de cuatro años para el ejercicio de la acción de nulidad empieza a correr "desde la consumación del contrato", y no antes ( sentencias 89/2018, de 19 de febrero, y 264/2018, de 9 de mayo). Sin perjuicio de que en la contratación de algunos productos financieros, por ejemplo una participación preferente, puede ser que al tiempo de la consumación del negocio todavía no haya aflorado el riesgo congénito al negocio cuyo desconocimiento podía viciar el consentimiento prestado. Es en estos casos, en que la sentencia 769/2014, de 12 de enero de 2015, entendió que el momento de inicio del cómputo del plazo debía referirse a aquel en que el cliente hubiera podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo.

De hecho este tribunal, de forma un tanto casuística, ha ido distinguiendo entre distintos tipos de contratos para advertir, en función de sus características, cuándo podía considerarse consumados.

Los contratos de suscripción de obligaciones de deuda subordinada y participaciones preferentes, hemos entendido que, en principio, se perfeccionan desde la adquisición de estos productos (por ejemplo, sentencias 718/2016, de 1 de diciembre, y 576/2020, de 4 de noviembre). No obstante, como ya hemos apuntado, si para entonces no hubiera aflorado el riesgo que se desconocía y en qué consistía el error, el comienzo del cómputo debe referirse al momento en que el cliente hubiera podido tener conocimiento de su existencia.

3. En nuestro caso se discute en qué momento, después de la consumación del contrato con la adquisición de las participaciones preferentes, los clientes pudieron tener conocimiento de la circunstancia en qué consistía el error vicio. Según ha quedado reseñado en las sentencias de instancia, los demandantes conocieron las consecuencias o riesgos del producto que habían adquirido, cuando menos desde el día 27 de marzo de 2013, en que dirigieron una carta al banco en la que solicitaban la resolución del contrato, razones que muestran que cuando menos desde entonces eran conscientes de esos riesgos. De tal forma que la Audiencia no yerra al comenzar a computar desde entonces el plazo de cuatro años para el ejercicio de la acción de nulidad por error vicio del art. 1301 CC, y al advertir que este plazo se cumplió antes de que se presentara la demanda el día 5 de junio de 2017.

TERCERO. Motivo segundo del recurso de casación

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 1.101 CC, en relación con el art. 79 LMV, en tanto que se ha incumplido el estándar de diligencia y buena fe e información en materia de inversiones financieras y, por tanto procede imputar la responsabilidad de los daños y perjuicios producidos a la entidad financiera.

2. Resolución del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

El motivo guarda relación con la desestimación de la acción de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones del banco de asesoramiento e información en la comercialización de las participaciones preferentes.

Como recuerda la sentencia 677/2016, de 16 de noviembre, con cita de otras anteriores, en el marco de una relación de asesoramiento prestado por una entidad de servicios financieros y a la vista del perfil e intereses de inversión del cliente, puede surgir una responsabilidad civil al amparo del art. 1101 CC, por el incumplimiento o cumplimiento negligente de las obligaciones surgidas de esa relación de asesoramiento financiero, que causa al inversor un perjuicio consistente en la pérdida total o parcial de su inversión, siempre y cuando exista una relación de causalidad entre el incumplimiento o cumplimiento negligente y el daño indemnizable. Esta doctrina ha sido reiterada en resoluciones posteriores ( sentencias 62/2019, de 31 de enero, 303/2019, de 28 de mayo, y la sentencia núm. 165/2020, de 11 de marzo).

3. En la instancia quedó acreditado que, el 30 de noviembre de 2006, los demandantes ( Cesar y Adoracion) adquirieron participaciones preferentes de SOS Cuétara, por un precio de 100.000 euros, a través de Banco Santander. No hay duda de que las participaciones preferentes tienen la consideración de producto financiero complejo. Las participaciones preferentes fueron ofrecidas a los demandantes por los empleados del banco demandado, sin que conste en la instancia que fueran informados de los concretos riesgos que entrañaba el producto contratado.

El servicio de inversión prestado por el banco presuponía un asesoramiento en materia inversión, tal y como lo ha entendido el Tribunal de Justicia de la UE, en su sentencia de 30 de mayo de 2013, caso Genil 48, S.L. (C-604/2011). Para esta calificación, lo relevante no es tanto la naturaleza del producto financiero como la forma en que es ofrecido al cliente. Tiene la consideración de asesoramiento en materia de inversión la recomendación de suscribir un producto financiero complejo, realizada por la entidad financiera al cliente inversor, "que se presente como conveniente para el cliente o se base en una consideración de sus circunstancias personales, y que no esté divulgada exclusivamente a través de canales de distribución o destinada al público".

4. El banco, en el marco de la relación de asesoramiento que propició la contratación de estos productos financieros (participaciones preferentes de SOS Cuétara), el 30 de noviembre de 2006, incumplió los deberes que respecto de la comercialización de productos financieros complejos le imponía la normativa pre-MiFID, entonces vigente, que según la jurisprudencia de esta sala ya contenía, para las empresas que comercializaban productos financieros complejos, especiales deberes de información. Así lo expresamos, entre otras, en la sentencia núm. 60/2016, de 12 de febrero:

"(T)ambién con anterioridad a la trasposición de la Directiva MiFID, la normativa del mercado de valores daba "una destacada importancia al correcto conocimiento por el cliente de los riesgos que asume al contratar productos y servicios de inversión, y obliga a las empresas que operan en ese mercado a observar unos estándares muy altos en la información que sobre esos extremos han de dar a los clientes, potenciales o efectivos. Estas previsiones normativas son indicativas de que los detalles relativos a qué riesgo se asume, de qué circunstancias depende y a qué operadores económicos se asocia tal riesgo, no son meras cuestiones de cálculo, accesorias, sino que tienen el carácter de esenciales, pues se proyectan sobre las presuposiciones respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato, en concreto sobre la responsabilidad y solvencia de aquellos con quienes se contrata (o las garantías existentes frente a su insolvencia), que se integran en la causa principal de su celebración, pues afectan a los riesgos aparejados a la inversión que se realiza" ( Sentencias 460/2014, de 10 de septiembre, y 547/2015, de 20 de octubre).

"El art. 79 LMV ya establecía como una de las obligaciones de las empresas de servicios de inversión, las entidades de crédito y las personas o entidades que actúen en el mercado de valores, tanto recibiendo o ejecutando órdenes como asesorando sobre inversiones en valores, la de "asegurarse de que disponen de toda la información necesaria sobre sus clientes y mantenerlos siempre adecuadamente informados [...]".

"Por su parte, el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, que establecía las normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios, desarrollaba las normas de conducta que debían cumplir las empresas del mercado de valores. Resumidamente, tales empresas debían actuar en el ejercicio de sus actividades con imparcialidad y buena fe, sin anteponer los intereses propios a los de sus clientes, en beneficio de éstos y del buen funcionamiento del mercado, realizando sus operaciones con cuidado y diligencia, según las estrictas instrucciones de sus clientes, de quienes debían solicitar información sobre su situación financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión.

"El art. 5 del anexo de este RD 629/1993 regulaba con mayor detalle la información que estas entidades que prestan servicios financieros debían ofrecer a sus clientes:

""1. Las entidades ofrecerán y suministrarán a sus clientes toda la información de que dispongan cuando pueda ser relevante para la adopción por ellos de decisiones de inversión y deberán dedicar a cada uno el tiempo y la atención adecuados para encontrar los productos y servicios más apropiados a sus objetivos [...].

"3. La información a la clientela debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la operación que contrata. Cualquier previsión o predicción debe estar razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para evitar malentendidos"".

El incumplimiento de estos deberes legales, en el marco de la relación de asesoramiento que ligaba a las partes, propició la contratación de las participaciones preferentes que reportaron a los adquirentes el perjuicio derivado su drástica depreciación.

Por esta razón, procede estimar el motivo, casar la sentencia. Al asumir la instancia, una vez desestimadas la acción principal de nulidad de la adquisición de las participaciones preferentes y la primera subsidiaria de resolución del contrato por incumplimiento contractual, estimamos la segunda acción subsidiaria de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones de información y asesoramiento en la comercialización de productos financieros complejos. Y condenamos al banco demandado a indemnizar a los demandantes en la pérdida de valor de la inversión realizada, representada por la diferencia entre: por una parte el importe pagado por las participaciones preferentes (100.000 euros), más los gastos y comisiones, y los intereses devengados; y, por otro, los rendimientos percibidos que deberían descontarse de la suma anterior.

CUARTO. R ecurso extraordinario por infracción procesal

1. Formulación de los motivos. El motivo primero se formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC, por infracción del art. 218.2 LEC, al haber omitido la sentencia recurrida la motivación por la que se desestima la acción de indemnización de daños y perjuicios ex art. 1101 CC, derivada del incumplimiento por el banco de las obligaciones de asesoramiento e información en la comercialización de los productos financieros complejos.

El motivo segundo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, por vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE, al haber efectuado la sentencia recurrida una valoración irracional e ilógica de la prueba, infringiendo los arts. 326 y 376 LEC. En concreto denuncia que la sentencia haya ignorado la prueba documental y testifical.

El motivo tercero se formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC y denuncia la infracción del art. 217 LEC, porque la sentencia recurrida adopta un pronunciamiento sobre la base de que no se han probado los incumplimientos de los deberes de información, transparencia, diligencia y lealtad de la entidad bancaria -hecho relevante para la decisión del litigio-, atribuyendo las consecuencias de la falta de prueba a la otra parte a la que no le correspondía la carga de la prueba.

2. Resolución del tribunal. La estimación del recurso de casación hace innecesario entrar a resolver estos motivos de infracción procesal, al haber resultado estimada la acción de indemnización de daños y perjuicios derivados del incumplimiento por la demandada de las obligaciones legales en la prestación de los servicios de asesoramiento e información.

QUINTO. Costas

1. Estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa condena en costas respecto de este recurso, ni tampoco del recurso extraordinario por infracción que no ha sido necesario entrar a analizar como consecuencia de la estimación de la casación, con devolución de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. Estimado en parte el recurso de apelación de Banco Santander, tampoco procede hacer expresa condena en costas. Mantenida la desestimación de la impugnación de los demandantes, procede imponerles las costas ocasionadas con su impugnación ( art. 398 LEC) .

3. Estimada la petición subsidiaria segunda de la demanda, se impone a la parte demandada las costas generadas en primera instancia.