Sentencia Civil 558/2022 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 9, Rec. 455/2022 de 11 de noviembre del 2022

Primero.- Objeto del recurso de apelación y de la impugnación.

D. Carlos Daniel interpone recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba practicada al no haber ponderado adecuadamente el conjunto de medios probatorios de los que puede deducirse que la caída del demandante se produjo como consecuencia de la falta de medidas de vigilancia, mantenimiento, cuidado y/o precaución exigibles al propietario de la finca en la que sucedieron los hechos, ya que la arqueta pisada por el Sr. Carlos Daniel estaba cubierta con una tapadera cerámica inapropiada por estar situada en una zona de paso y ser insuficiente para soportar el peso de una persona, sin que existiera señalización alguna de advertencia, generando un riesgo anormal y patente de causar lesiones.

La compañía "Allianz Seguros, S.A." se opone a dicho recurso alegando que el Juzgador de instancia ha valorado de manera conjunta y razonada la totalidad de los medios de prueba practicados y ha extraído de ellos una conclusión ajustada a Derecho, pretendiéndose sustituir esta valoración objetiva por la parcial e interesada de la parte apelante.

A su vez, impugna dicha resolución argumentando que el siniestro no tiene cobertura porque el demandante, aunque tenga su domicilio habitual en otra vivienda, respecto de la que es objeto del seguro debatido, calificada en la póliza como vivienda secundaria, no tiene la consideración de tercero, sino que, siendo su padre el propietario, acude a ella de forma regular, por lo que debe considerarse que convive con el tomador del seguro, exclusión expresamente prevista en la póliza. En todo caso, el quantum indemnizatorio reclamado debería moderarse, de conformidad con el informe pericial aportado, sin imposición de los intereses del art. 20 LCS al ser aplicable el art. 20.8 de dicha ley.

D. Carlos Daniel se opone a dicha impugnación al no ser conviviente de la vivienda asegurada, teniendo su domicilio habitual en Torrevieja, localidad en la que desempeña su trabajo como funcionario del Ayuntamiento.

Segundo.- Cobertura de la póliza. Impugnación de la compañía "Allianz Seguros, S.A.".

La sentencia de primera instancia estima la existencia de cobertura de la póliza de seguros argumentando que "el seguro contratado es un seguro de hogar que cubre el riesgo en la vivienda secundaria en la que se produjo el siniestro", sita en Crevillent, y si bien en la póliza, con relación a la responsabilidad civil y a la obligación de indemnizar a tercero los daños y perjuicios causados, "es asegurado el cabeza de familia y los demás miembros de la familia que convivan en la vivienda asegurada, y son terceros todas las personas excepto los asegurados y el tomador del seguro", en este caso, el demandante, hijo del tomador, tiene la consideración de tercero, no de asegurado, porque se ha probado que no convive en la vivienda asegurada, sino en el domicilio que consta en su declaración de la renta, sito en Torrevieja, documento que prevalece sobre el domicilio declarado a efectos de la asistencia sanitaria o farmacéutica ((informe de alta, informes de consulta y facturas de farmacia), el cual "es meramente circunstancial, cuando a efectos fiscales resulta declarada su residencia en Torrevieja y su ocupación laboral se encuentra también en dicha localidad".

Comparte la Sala este razonamiento, pues no se ha justificado en modo alguno que el Sr. Carlos Daniel conviva en la vivienda asegurada, ni siquiera que acuda regularmente a la misma de visita.

Al contrario, D. Imanol manifestó en su declaración testifical que D. Juan Enrique (padre de D. Carlos Daniel) es cliente suyo desde hace muchos años, que se dedica a la jardinería, que estaba presente el día que sucedieron los hechos ahora enjuiciados y que no había visto nunca antes a D. Carlos Daniel, sino que se lo presentó D. Juan Enrique ese día.

Tercero.- Requisitos de la responsabilidad extracontractual. Caídas en el ámbito doméstico. Recurso de apelación.

Los requisitos necesarios para el nacimiento de la responsabilidad extracontractual, según reiterada jurisprudencia que excusa su cita concreta, vienen configurados por una acción u omisión culposa o negligente imputable a la persona o entidad a quien se reclama la indemnización, un daño de índole material o moral y una relación de causalidad adecuada entre el daño y la referida acción u omisión.

A tales efectos, la STS. 831/2007, de 17 de julio, contempla un supuesto de responsabilidad civil en el ámbito doméstico, en base a la cual podemos extraer los siguientes criterios:

" 4ª.- En los trabajos preparatorios de los , actualmente en curso, se define el como (artículo 4 : 102. -1-).

5ª.- Tales criterios pueden tomarse como referencia para integrar la lacónica formulación del art. 1902 CC y completar el valor integrador generalmente aceptado de otros preceptos del propio Código encuadrados en el capítulo relativo a la naturaleza y efectos de las obligaciones, como el art. 1104 cuando alude tanto a la como a para, así, configurar un modelo de conducta diligente válido para la mayoría de los casos.

6ª.- En el ámbito doméstico son fácilmente imaginables acciones u omisiones culposas o negligentes de los anfitriones para con sus invitados, como por ejemplo servir una comida sin haberse preocupado de que esté en buenas condiciones o no haber reparado antes de la visita defectos del material aislante de los cables eléctricos exteriores o a la vista. Pero ello no significa que absolutamente todas las situaciones hipotéticamente peligrosas sean merecedoras de imputación objetiva si el peligro es remoto y aquellas entran dentro de la normalidad de un hogar.

7ª.- La contemplación del caso fortuito en el art. 1105 CC , configurándolo como suceso que no hubiera podido preverse, significa que no toda desgracia determina necesariamente que alguien deba responder de ella porque, como se señalaba al principio, la vida comporta riesgos por sí misma".

Partiendo de estas consideraciones es como debemos proceder a valorar la prueba practicada para extraer de ella las conclusiones que se consideren ajustadas a Derecho.

Cuarto.- Valoración de la prueba practicada sobre el origen y causa de la caída.

El Juzgador "a quo" desestima la demanda al considerar que la caída se encuadra dentro de los riesgos normales de la vida que ha de asumir quien ha sufrido las lesiones y que no se ha probado un incumplimiento de norma de seguridad alguna por el propietario de la finca, indicando en este sentido que de la fotografía incorporada al informe del arquitecto Sr. Matías (página 3) se observa que "la arqueta está identificada con cinco piedras y que se encuentra elevada sobre el terreno", sin que la función de la pieza de azulejo cerámico que se rompió al ser pisada por el actor fuera la de "soportar peso por el tránsito de personas, sino cubrir la tubería de0 pvc que discurría por su interior". `por todo lo cual no aprecia "la existencia de la culpa o negligencia de su progenitor, mientras que el tránsito por la zona ajardinada y sin pavimento por la propiedad de su progenitor lleva a asumir los riesgos naturales de la existencia de arquetas que, estando señalizadas, el actor tuvo que percibir y evitar su paso por encima".

Frente a las alegaciones del apelante acerca de que la arqueta en la que se produjo la caída está situada en una zona de paso o tránsito de personas y que, pese a ello, no estaba debidamente señalizada ni cubierta con una tapadera apropiada para evitar su fractura al ser pisada, sostiene la aseguradora demandada que el demandante admitió a su propio perito que la arqueta no está en una zona de paso, sino que hay un árbol delante, y fue él quien estacionó un vehículo en lugar inadecuado, lo que le obligó a pasar por una zona no apta para el tránsito de personas, a lo que añade que es usuario habitual de la vivienda, por lo que podía haber evitado pisar la arqueta, pudiendo incluso haber sido él mismo quien colocara esa tapa o haber ayudado a su padre a hacerlo.

Partiendo de estas alegaciones, y examinada la prueba practicada, procede la estimación del motivo de apelación planteado como error en la valoración de la prueba, habiendo declarado al respecto la STS. 746/2015, de 22 de diciembre, que " en nuestro sistema procesal el juicio de segunda instancia es pleno y en él la comprobación que la Audiencia Provincial hace para verificar el acierto o desacierto de lo decidido por el Juez de Primera Instancia es una comprobación del resultado alcanzado, en la que no están limitados los poderes del tribunal revisor en relación con los del Juez de Primera Instancia; de modo que si considera que la valoración de la prueba es errónea, tiene facultades bastantes para conocer y resolver todas las cuestiones planteadas en el pleito, valorando, según su criterio, los elementos probatorios aportados por las partes en su momento, dentro de los límites de la obligada congruencia y del principio prohibitivo de la ".

En primer lugar, debemos constatar que, en contra de lo expuesto por el apelante, no es cierto que en la sentencia impugnada se afirme que el día que se produjo la caída del Sr. Carlos Daniel la arqueta tuviera colocada encima la piedra que se aprecia en la fotografía nº 1 de las tres incorporadas al informe del Sr. Matías, ni tampoco que esta piedra de grandes dimensiones fuera el argumento utilizado por el Juzgador para no estimar la demanda.

Lo que realmente indica la resolución impugnada es que "la arqueta está identificada con cinco piedras y que se encuentra elevada sobre el terreno", y este hecho se constata claramente en la fotografía nº 3 del citado informe.

Por tanto, considera el Juzgador "a quo" que esas cinco piedras (distintas de la que se colocó encima con posterioridad al accidente) sí permitían al actor percatarse de la existencia de la arqueta, pues no se trataba simplemente "de una barrera natural para el desmonte del terreno".

Ahora bien, no comparte el tribunal las conclusiones extraídas del resultado de los medios de prueba practicados.

De una parte, no ha quedado acreditado, como se indicó en el fundamento jurídico segundo, que el demandante visitara con frecuencia o asiduidad la vivienda en la que ocurrió el accidente el día 30 de marzo de 2017. De hecho, se desprende lo contrario de la declaración testifical del Sr. Imanol a que se ha hecho referencia "ut supra".

Y, de otra parte, deben considerarse probadas, con el informe pericial y la declaración en juicio de D. Matías, así como con la apreciación personal del tribunal a la vista de las fotografías incorporadas al mismo, las siguientes conclusiones fácticas: a- que la arqueta se encuentra en una zona no destinada al tránsito de personas, pero de fácil acceso; b- que la tapa de dicha arqueta el día de la caída era totalmente inapropiada y no reunía las condiciones adecuadas de resistencia a comprensión exigibles a este tipo de elementos, al estar ubicada en una posible zona de paso; c- que la existencia de la arqueta no estaba debidamente señalizada, siendo insuficientes para ello las cinco piedras que la circundaban parcialmente y la pequeña elevación del terreno.

Por todo lo cual se considera que el propietario de la finca incurrió en negligencia al crear un peligro innecesario para quienes la visitaran esporádicamente, de donde surge la obligación de responder por los daños y perjuicios causados a un tercero, habiendo declarado la STS. 18 de marzo de 2016: " En aplicación de lo dispuesto en el artículo 386 LEC , el tribunal podrá imputar a culpa del demandado el resultado dañoso acaecido cuando, por las especiales características de éste y conforme a una máxima de la experiencia, pertenezca a una categoría de resultados que típicamente se produzcan (sean realización de un riesgo creado) por impericia o negligencia, y no proporcione el demandado al tribunal una explicación causal de ese resultado dañoso que, como excepción a aquella máxima, excluya la culpa por su parte".

En términos similares, la sentencia de esta Sala nº 18/22, de 20 de enero, recuerda, en un supuesto semejante al presente, la SAP de A Coruña, sección 6ª, nº 15/2018, de 23 de marzo:

"También cabe mencionar como circunstancia personal la relación de proximidad o de especial confianza entre las personas implicadas. En este caso eran vecinos e invitados, por primera vez, a casa de la propietaria. Esa relación no es la misma que la de parentesco, o la que se tiene con una persona muy allegada, que utiliza con frecuencia la casa y se expone voluntariamente a ciertos riesgos como los derivados de las tareas habituales de limpieza. Cuando hay invitados no es esperable que el anfitrión friegue y deje mojada y resbaladiza una de las zonas de tránsito el pasillo, por la que pueden pasar los invitados

iii) La relación entre la negligencia y el daño se comprueba aplicando el test de previsibilidad y evitabilidad del perjuicio. En este caso el daño era previsible empleando la diligencia debida puesto que la propietaria necesariamente sabía que el suelo quedó húmedo después de pasar la fregona, que en esas condiciones era muy resbaladizo y que por allí podía pasar uno de los invitados. Por otra parte, el daño no era inevitable. Es más, el coste de las medidas de protección para un círculo restringido de personas era ínfimo y no exigía esfuerzo. La disponibilidad de la medida de precaución era máxima y su coste mínimo. Bastaba con avisar a esas personas verbalmente del riesgo para conjurarlo, o trasladar la responsabilidad de su concreción en un resultado a los eventuales perjudicados.".

Y concluimos en la citada resolución de esta Sala nº 18/22, de 20 de enero: "En este caso, consta suficientemente demostrado, por las declaraciones de los hijos de la causante del siniestro, que fue la madre quien derramó agua y aceite en el suelo al colocar o sacar la fuente de la ensalada de la nevera, circunstancia de la que tenía pleno conocimiento (...)

La conclusión que de lo anterior se deriva es que, por olvido o descuido, la madre, residente-poseedora de la vivienda, no adoptó el cuidado básico y diligencia precisa y exigible para fácilmente prevenir un riesgo evidente y previsible, pues hubiese bastado con limpiar inmediatamente el líquido resbaladizo que se le cayó de la bandeja de la ensalada o advertir a la perjudicada de la existencia de ese residuo en el suelo antes de que penetrase en la cocina.

Con tal descuidado y negligente proceder, pues conocía y era perfectamente consciente del riesgo creado, incrementó injustificadamente esos riesgos normales de la vida, por lo que sí era exigible en este caso concreto la diligencia y atención cuya omisión se reprocha.

En consecuencia, procede la estimación del recurso, la revocación de la sentencia apelada y la estimación de la demanda en su integridad, al ser ajustadas a derecho las indemnizaciones solicitadas y su importe, a la vista de los informes médicos y pruebas practicadas al efecto, aunque también es de destacar que la contraparte realmente no impugnó conceptos ni cuantías".

Por todo ello, procede la estimación del recurso interpuesto y la revocación de la sentencia impugnada, siendo preciso analizar la cuantía de la indemnización que debe concederse al demandante por los daños y perjuicios sufridos.

Quinto.- Cuantía de la indemnización .

El actor solicita en el hecho cuarto de su demanda la cuantía indemnizatoria total de 57.240'19 € con fundamento en el informe pericial emitido por el doctor Víctor (documento nº 6), el documento de prescripción para medicamentos no financiados (nº 7) y las facturas correspondientes a prótesis calzado, par bastones antebrazos y silla de ruedas (nº 8 a 10), discrepando la compañía de seguros en base al informe del doctor Carlos Manuel únicamente en dos conceptos: los puntos del perjuicio fisiológico derivado de las secuelas (19 propone el doctor Víctor y 14 el doctor Carlos Manuel) y la indemnización solicitada en concepto de pérdida de calidad de vida (15.000 € propone la parte actora, interesando la aseguradora que se aplique la mitad inferior del tramo contemplado en el baremo (de 1.503'75 hasta 15.037 €).

Pues bien, respecto del perjuicio fisiológico, la diferencia estriba en las secuelas consistentes en gonalgia postraumática (4 puntos el doctor Víctor y 3 el doctor Carlos Manuel), el material de osteosíntesis (5 puntos el doctor Víctor y 3 el doctor Carlos Manuel) y la artrosis postraumática (6 puntos el doctor Víctor y 4 el doctor Carlos Manuel).

Visto el contenido de los informes y las declaraciones en juicio de sus autores, se estima prudencial la valoración de estas secuelas recogida en el informe del doctor Carlos Manuel, al estar comprendidas en el tramo medio previsto en el baremo correspondiente (de 1 a 5 para la gonalgia, de 1 a 6 para el material de osteosíntesis y de 1 a 8 para la artrosis postraumática), sin que la parte actora, a la que incumbe la carga probatoria, haya justificado debidamente que el perjuicio sufrido por tales conceptos alcance prácticamente el grado superior, por lo que la indemnización correspondiente asciende a 15.343'46 €.

E, igualmente, se considera ajustado a derecho conceder la indemnización prevista por pérdida de calidad de vida de carácter leve en su grado medio (máximo de la mitad inferior), esto es, 8.270'62 €, por la misma razón antes indicada.

Por tanto, la indemnización total que debe ser abonada al Sr. Carlos Daniel asciende a 42.005,89 €.

Sexto.- Intereses del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguros .

En materia de intereses, y en aplicación de la sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2007, procede imponer a la compañía aseguradora los intereses previstos en el artículo 20 LCS, esto es, un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente cada día incrementado en un 50 % desde la fecha del siniestro, al no haber satisfecho la prestación ni consignado judicialmente cantidad alguna sin causa justificada. Transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 por 100.

La STS. 47/20, de 22 de enero, sintetiza la doctrina mantenida sobre esta cuestión, exponiendo:

" La jurisprudencia ha declarado con reiteración que dichos intereses ostentan un carácter marcadamente sancionador con una finalidad preventiva, en la medida en que sirven de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal, que pesa sobre el asegurador, de hacer honor al compromiso contractual asumido de resarcir puntualmente el daño asegurado

En definitiva, su función radica en excitar el celo de las compañías en la liquidación de los siniestros, objeto de cobertura en las pólizas suscritas, evitando demoras en el cumplimiento de tal obligación, que constituye el fundamental deber contractual que corresponde a las compañías de seguros ( arts. 1 y 18 de la LCS ).

Por ello, se impone una interpretación restrictiva de las causas justificadas de exoneración del deber de indemnizar, al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados ( SSTS 743/2012, de 4 de diciembre; 206/2016, de 5 de abril; 514/2016, de 21 de julio; 456/2016, de 5 de julio; 36/2017, de 20 de enero; 73/2017, de 8 de febrero; 26/2018, de 18 de enero; 56/2019, de 25 de enero; 556/2019, de 22 de octubre, y 570/209, de 4 de noviembre entre otras)

(...)

La jurisprudencia se ha enfrentado, en numerosas ocasiones, a la interpretación de tal precepto, a los efectos de determinar cuándo concurre una causa de tal naturaleza, que disculpa la obligación legal de las compañías de liquidar celosa y puntualmente los siniestros.

(...)

Ahora bien, como es natural, la mera circunstancia de judicializarse la reclamación, ante la negativa de la aseguradora de hacerse cargo del siniestro, no puede dejar sin efecto la aplicación del art. 20 de la LCS , pues en tal caso su juego normativo quedaría desvirtuado, su finalidad frustrada y su aplicación subordinada a la oposición de la aseguradora a asumir su compromiso contractual; es decir la judicialización habrá de hallarse fundada en razones convincentes que avalen la reticencia de la compañía a liquidar puntualmente el siniestro. Acudir al proceso no permite presumir la racionalidad de la oposición. Bajo dichos postulados deberá resolverse la casuística propia de cada litigio.

(...)

La circunstancia de que la cantidad reclamada inicialmente en la demanda fuera inferior a la fijada en la sentencia de la Audiencia Provincial, 75.015,85 euros, frente a los 47.916 euros objeto de condena, tampoco conforma causa justificada, según reiterado criterio jurisprudencial.

No impide el devengo de los intereses de demora del art. 20 de la LCS la indeterminación del quantum indemnizatorio, al no ser de aplicación el viejo aforismo 'in illiquidis non fit mora' (no se produce mora cuando se trata de cantidades ilíquidas), pues la jurisprudencia considera la indemnización como una deuda que, con independencia de cuándo se cuantifique, existe ya en el momento de producirse el siniestro como hecho determinante del deber de indemnizar. La sentencia que finalmente fija el importe del daño tiene naturaleza declarativa, no constitutiva; es decir, no crea un derecho 'ex novo', sino que se limita a determinar la cuantía de la indemnización que asiste al asegurado desde que se produce el siniestro.

En definitiva, ( SSTS 17 de mayo de 2012, rec. 1427/2009 ; 332/2014, de 18 de junio ; 336/2014 de 24 de junio )".

Por todo ello, al no apreciarse causa justificada en este supuesto, dado que la realidad del siniestro no ha sido puesta en duda en ningún momento y la compañía de seguros no ha llegado a presentar una oferta motivada, procede imponerle los intereses referidos.

Respecto de D. Juan Enrique los intereses serán los previstos en los arts. 1100 y 1108 Código Civil y 576.1 Ley de Enjuiciamiento Civil, esto es, el interés legal del dinero desde la interposición de la demanda, incrementado en dos puntos desde la presente resolución.

Séptimo.- Costas procesales de ambas instancias.

De conformidad con el art. 394 LEC, no procede imponer las costas procesales de primera instancia al haber sido estimada parcialmente la demanda.

Y de conformidad con el art. 398 LEC, no procede imponer las costas procesales de esta alzada a la parte apelante al haber sido estimado el recurso interpuesto, y procede imponer las costas procesales a la parte impugnante al haber sido desestimada la impugnación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey, y por la autoridad conferida por el Pueblo Español;