Sentencia Civil 581/2022 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 9, Rec. 215/2022 de 21 de noviembre del 2022

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestima la demanda por " incumplimiento de las obligaciones contraídas por la demandada en virtud del contrato de elaboración/fabricación de calzado, condenándola al completo y cumplido pago de la cantidad de 10.332,82 €, en concepto de daños y perjuicios originados, más los intereses legales desde la interpelación extrajudicial, y expresa imposición de costas"(vid. AH 1º).

La demandante, disconforme con el pronunciamiento desestimatorio de su demanda, interpone recurso de apelación denunciando error en la valoración de la prueba y reclamando " se revoque la de instancia, con estimación de la pretensión ejercitada o, subsidiariamente, se establezca la concurrencia de culpas entre ambas partes, en el porcentaje que se considera razonable, y, en último término, se estime el presente recurso corrigiendo el pronunciamiento sobre imposición de costas a nuestra parte, por existir serias dudas de hecho sobre la cuestión controvertida".

La parte demandada se ha opuesto al recurso presentado, abundando con sus alegaciones en el acierto de la resolución apelada.

SEGUNDO.- Acerca del error valorativo pretendido.

En la resolución apelada se desestima la demanda, razonándose, sustancialmente, que "para poder estimar la demanda presentada, de conformidad con el Art. 217 LEC , la parte demandante deberá acreditar, sin género de dudas, que el error en el etiquetado fue consecuencia de la actuación de la demandada, o bien de una omisión de la diligencia debida en las labores de control de la actividad de la mercantil con la que a su vez subcontrato el etiquetado....

...el legal representante de la demandada señaló como la parte actora no envió las pruebas a la mercantil francesa para comprobar, dándose además la circunstancia de que, en esas fechas, la persona que solía llevar estos asuntos en la mercantil actora se encontraba de baja, destacando como la persona que actuaba de intermediario con la empresa francesa, D. Luis Angel, aparecía como dirección copiada en los correos electrónicos que se intercambiaban las partes, por lo que estaba al corriente de todo. La demandada habría enviado la muestra a la parte actora para la comprobación por la mercantil francesa, sin que el envío a esta se produjese, asumiendo vía telefónica la parte actora la responsabilidad de no contar con la comprobación del destinatario final.

EL legal representante de la actora, el cual, como se ha indicado, no contestaba con tanta precisión como el legal representante de la demandada, especialmente si la pregunta podía perjudicar su situación procesal, señaló como D. Jesus Miguel aparecía como dirección copiada en gran parte de los correos electrónicos, evitando reconocer que aparecía en todos a fin de no perjudicar sus intereses. No es creíble que, si el demandado reconoce que esa persona aparecía como dirección copiado para estar al corriente, si el propio D. Jesus Miguel señala esta circunstancia, de la casualidad de que no estaba en todo los correos, especialmente en aquellos que podrían fundamentar la posición de la actora, generándose dudas sobre la veracidad en algunos puntos de la declaración de la parte actora.

El legal representante, a pesar de sus intentos de respuestas evasivas, tuvo que reconocer como eran ellos los que recibían el etiquetado por parte de la mercantil francesa, con las correspondientes claves, intentando alegar que no podía conocer si otras personas podían conocerlos, sin que del acto del juicio quede acreditado que esto fuese así. Reconoció ser cierto como, una vez que tenía las etiquetas, debía remitirlas a la entidad francesa, bien vía correo electrónico, bien físicamente, ll que coincide con lo expuesto por la parte demandada, señalando como no comprobó esa correspondencia, intentando el legal representante, como el Letrado de la actora, intentar justificarse con la situación de pandemia, hecho no alegado, ni en la demanda, ni en la audiencia previa como alegaciones complementarias en base a lo expuesto por la demandada en su contestación. Es más, si se produce una situación excepcional por la situación de pandemia, y la actora decide omitir uno de los controles, esa cuestión es de su responsabilidad, y, en su caso, podría oponerlo como motivo a la entidad francesa, pero no a la mercantil demandada. La actora pretende ahora justificarse con la situación generada por el Covid19 cuando a la demandada le exige responsabilidad como si se tratase de unas circunstancias normales.

D. Luis Angel, quien realizaba la función de agente comercial, explicó con claridad como se remitían a la actora una serie de códigos para poder descargar las etiquetas, estando como dirección copiada en las comunicaciones entre las partes, a fin de conocer lo que está sucediendo y poder intervenir si fuese necesario. La actora tenía la obligación de enviar las etiquetas a la mercantil francesa antes de incorporarlas al producto final. El error consistiría en una discrepancia en el producto recogido en el código de barras y el que aparecía en la etiqueta. El testigo señaló como era obligación que estuviese en copia de las comunicaciones, no teniendo constancia del correo electrónico por el que se ponía disposición de la entidad francesa las etiquetas para su comprobación, considerando que el error está en origen, en Francia.

Dña. Manuela, si bien no participó en este lote en concreto, si indicó como en el anterior era la actora la que descargaba las etiquetas con unas claves determinadas, sin que la mercantil demandada tuviese acceso a las mismas, debiendo remitirse las etiquetas a la mercantil francesa para que las comprobase y diese su aprobación, lo que ratificaría las manifestaciones de la legal representante de la demandada sobre la necesidad de esa supervisión. El legal representante de Timbrados Elche, mercantil que realizó las etiquetas, explicó como las etiquetas le llegan en un formato pdf, debiendo tratar el mismo para poder hacer la etiqueta final, pudiendo existir un fallo humando, pero debiendo el cliente comprobar que todo está correcto.

La prueba practicada no acredita la comisión por parte de la mercantil demandada de un error. Esta no tenía capacidad alguna para modificar el etiquetado, sino que era la actora, con las claves que esta solo podía obtener, quien remitía las etiquetas enviadas por la entidad francesa, señalando el agente comercial como el defecto habría estado en origen. Una vez que la entidad Timbrados Elche realizaba las etiquetas se remitían a la actora, quien, a su vez, debía remitirlas a la entidad francesa. No consta que dicha remisión se produjese, a fin de requerir la emisión de nuevas etiquetas, remisión que si se había producido en el anterior pedido. No consta acreditado que el error se produjese en la labor de Timbrados Elche, dado que la demandada solo trasmitía a este el previo pdf entregado por la actora, por lo que no se puede imputar a la demandada una culpa in vigilando respecto a esta mercantil. La parte actora ha atribuido toda la responsabilidad a la demandada, para, al ver que no quedaba acreditada la misma, intentar introducir un justificación de lo que fue su negligencia en base a la situación de covid19, así como una supuesta concurrencia de culpas.

La parte actora omitió una de sus obligaciones principales, siendo ella quien actuó con falta de diligencia, puesto que, al recibir las etiquetas, debería haberlas remitido a la entidad francesa, lo que no ocurrió. Si hubiese actuado de igual forma a como hizo en el anterior pedido, dicho error se habría detectado a tiempo. La parte demandada simplemente debía pasar el pdf a la mercantil encargada de la impresión, no teniendo medios para comprobar si el código de barras coincidía con el producto recogido en la etiqueta, para lo que era necesario la intervención de la actora, destacando, nuevamente, como el testigo D. Jesus Miguel considera que el error está en esos pdf, no en la labor de la imprenta o la mercantil demandada. No puede considerarse acreditada la falta de diligencia o el incumplimiento de la demanda, antes, al contrario, lo que parece es que existió una omisión por parte de la actora de uno de los controles, siendo la responsable de lo sucedido."

La actora opone a dicho razonamiento, en síntesis, que la demandada asumió la fabricación integra del calzado, incluido el etiquetado que subcontrató a Timbrados Elche, no habiéndose valorado en la sentencia la abundante prueba documental aportada que demostraría que el error en el etiquetado es exclusivamente imputable a la parte contraria; añade que la misma si tenía capacidad de control sobre el etiquetado y que lo de la ausencia de lector es una alegación nueva que no se dijo en la contestación a la demanda; que el legal representante de la demandada reconoció haber recibido el doc. 4 de su demanda con los PDF,s del etiquetado y que el doc. 5 prueba dicho error, pudiendo observarse como la comprobación en cuestión no precisa de ningún lector de barras, rechazando la existencia de un error "en origen", así como que la parte contraria haya demostrado que, una vez impresos los códigos de barras o etiquetas del calzado se remitieran, antes de su colocación en las cajas, a la parte actora para su comprobación; igualmente incide en que, al recibir la reclamación del trenzado mal realizado y por 108 y 152 pares mal etiquetados (doc. 2.5 de la demanda), aquélla reconoció el error en el primer etiquetado porque pagó lo reclamado (384,81 euros), lo que constituye un acto propio; niega además la relevancia probatoria que se da a las declaraciones testificales y adelanta de manera subsidiaria una "concurrencia de culpas" que podría permitir moderar la indemnización, aunque no excluirla.

En orden a la adecuada resolución de los motivos de recurso planteados, comenzaremos por señalar que las reglas de distribución de la carga de prueba solo se infringen cuando, no estimándose probados unos hechos, se atribuyen las consecuencias de la falta de prueba a quién según las reglas generales o específicas, legales o jurisprudenciales, no le incumbía probar, y, por tanto, no corresponde que se le impute la laguna o deficiencia probatoria.

No obstante, sobre esta cuestión la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Sentencia nº 316/16, recurso 762/14) recuerda que la LEC art.217.1 dispone que cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones. En plena concordancia, las Sentencias de esta Sala 559/15, de 3 de noviembre, 163/16, de 16 de marzo y 189/16, de 18 de marzo entre muchas, han reiterado la doctrina jurisprudencial relativa a que en el proceso civil, la carga de la prueba no tiene por finalidad establecer mandatos que determinen quién debe probar o cómo han de probarse ciertos hechos, ni niveles de prueba exigibles, sino establecer las consecuencias de la falta de prueba suficiente de los hechos relevantes, sin perjuicio de que sus reglas y principios rectores puedan servir de advertencia a las partes sobre la conveniencia de proponer prueba sobre ciertos extremos, ante el riesgo de ver desestimadas sus pretensiones si los mismos no resultan probados." La prohibición de una sentencia de non liquet (literalmente, "no está claro") que se establece en la LOPJ art.11.3 y CC art.1.7 al prever el deber inexcusable de los jueces y tribunales de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, hace que en caso de incertidumbre a la hora de dictar sentencia, por no estar suficientemente probados ciertos extremos relevantes en el proceso, deban establecerse reglas relativas a qué parte ha de verse perjudicada por esa falta de prueba.

Esas reglas toman en consideración la posición que en el litigio ocupe cada parte, la relación que tenga con las fuentes de la prueba, la naturaleza de los hechos mismos, y la naturaleza del litigio. "Sólo se produce la infracción de las normas que regulan la carga de la prueba si la sentencia adopta un pronunciamiento sobre la base de que no se ha probado un hecho relevante para la decisión del litigio, y atribuye las consecuencias de la falta de prueba a la parte a la que no le correspondía la carga de la prueba según las reglas aplicables para su atribución a una y otra de las partes, establecidas en los distintos apartados de la LEC art. 217 y desarrolladas por la jurisprudencia". El art.217.2 LEC dispone, con carácter general, que corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y el apartado 3º de dicho precepto que incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.

En el caso enjuiciado consideramos que, tal y como denuncia la parte recurrente, existe un error valorativo derivado precisamente de la infracción del art. 217 de la LEC, ya que se hace recaer sobre la demandante las consecuencias no de no haber quedado demostrado que el error en el etiquetado fuera imputable a la demandada.

Al respecto diremos, primeramente, que es un hecho no controvertido que el encargo de fabricación de calzado realizado por la actora a la parte demandada incluía tanto la manufactura del mismo como su envasado y etiquetado, hecho además reforzado por el pago que se realizó, en relación con dicho encargo, de la cantidad de 384,81 euros (doc. 2.5 de la demanda) por errores en el etiquetado de 260 pares de zapatos, así como por error de trenzado de 601 pares, extremo reconocido (el pago) en el hecho cuarto de la contestación, aunque ahora se argumente que se pagó por equivocación la partida relativa a los errores de etiquetado.

En segundo lugar, ha quedado determinado, particularmente por la correspondencia electrónica aportada con la demanda y no negada de contrario, que para la confección de las etiquetas y códigos de barra, la demandante remitía a la demandada unos archivos en formato PDF que la misma luego remitía a una tercera empresa subcontratada (Timbrados Elche), la cual los imprimía en una muestra que devolvía a dicha demandada, que tras obtener el visto bueno de la actora, ordenaba su impresión completa para luego colocarlas en las cajas de zapato. Así resulta del correo de 5 de agosto de 2020 (folio 59 del procedimiento) donde el legal representante de DEZERO le dice a Carmelo de CLIFOOT que recuerde que ellos hicieron las etiquetas bajo la responsabilidad asumida por este último, lo que le fue contestado el mismo día por el Sr. Carmelo negando que las etiquetas que le enviaron "en origen" sean las que luego se imprimieron por Timbrados Elche y se colocaron en las cajas, contestando Cornelio de DEZERO, con fecha 3 de septiembre de 2020 (folio 58,vuelta), que le mandó una muestra de las etiquetas impresas para que a su vez se las enviara a la compradora francesa y las validara.

Partiendo de los dos hechos anteriores, y dado que la demandada asumió tanto la fabricación de las etiquetas como su colocación en las cajas, debería haber demostrado, ex art. 217.3 de la LEC, que, o bien el error en el etiquetado estaba en "origen", es decir, que lo que luego se colocó en las cajas es la misma información que se les había remitido previamente en formato PDF, lo cual podría haber justificado presentando los correos recibidos, lo remitido por ella a Timbrados Elche y su coincidencia en todo con lo finalmente ejecutado; o bien que lo que su legal representante reconoció haber recibido durante su interrogatorio era lo mismo que encargó a Timbrados Elche y lo que esta efectivamente imprimió, así como también que, en todo caso, el trabajo realizado por esta empresa subcontratada por ella le fue remitido para su aprobación al legal representante de la actora y que, efectivamente, este lo autorizó "bajo su responsabilidad".

Nada ello ha acontecido. Ni la demandada prueba que se limitara a imprimir y etiquetar luego las cajas la información remitida "en origen", ni que, si se produjo un error de impresión que alteró esa información el mismo fuera confirmado por la demandante,ya que no ha demostrado que, como indicaba en el meritado correo de 5 de agosto de 2020, efectivamente así lo hiciera y que el Sr. Carmelo de CLIFOOT le confirmara que podían imprimir esas etiquetas.

Por otra parte, al tratarse de una parte esencial del procedimiento de fabricación para poder ponerlo a disposición del cliente final, una elemental diligencia contractual obligaba a la demandada a comprobar dicho etiquetado como correcto o, al menos que se ajustaba a las instrucciones originales de dicho comprador, nada de cual se hizo en apariencia, por lo que, siendo un trabajo de su responsabilidad contractual, deberá asumir las consecuencias.

Finalmente, en orden a la determinación de los hechos anteriores, únicos que se consideran relevantes, nada aportan las declaraciones testificales practicadas al margen de la del representante de la imprenta acerca del posible "error humano" en la impresión final, que además incide en que fuera allí donde el de etiquetado se produjo, así como los restantes testimonios en relación con el sistema de seguimiento de la correcta impresión, que coincide sustancialmente con lo que resulta de la correspondencia aportada.

A mayor abundamiento, el pago de la cantidad de 384,81 euros por "defectos en los pedidos" ya referenciados (doc 2.5 de la demanda en relación con los docs. 1 y 2 de la contestación), constituye un indicio revelador de la inicial asunción de responsabilidad por la propia demandada, aunque ahora argumente que se trató de un pago indebido o de "buena voluntad" como gesto comercial.

Por lo expuesto concluimos que la correcta aplicación de la citada doctrina Jurisprudencial sobre la carga de la prueba debió determinar la integra estimación de la demanda, al menos respecto de la responsabilidad contractual reclamada, sin perjuicio de lo que seguidamente se dirá sobre las consecuencias del incumplimiento apreciado en cuanto al importe indemnizatorio.

TERCERO.- Importe de la indemnización.

En la demanda inicial se reclaman 10.332,82 euros por tres conceptos (ya reclamados extrajudicialmente mediante burofax entregado el 2 de diciembre de 2020,folio 61 del procedimiento): defecto en la ejecución de trenzado (516 euros más IVA), coste cambio etiquetado (5.035 más IVA) y 3% descontado a la empresa francesa compradora por retrasos en la entrega correcta de la mercancía (3.570,14 euros); la demandada, además de negar su responsabilidad, únicamente discute en su contestación la procedencia del pago reclamado por el defecto de trenzado, que afirma ya pagado y lo justifica documentalmente, apoyándose incluso la demandante en dicha documentación para justificar su reclamación, por lo que consideramos que dicha partida indemnizatoria ya está abonada y no procedía por ello su reclamación, debiendo quedar excluidos los 624,36 euros que suma su importe con el IVA correspondiente.

En lo demás, ante la falta de impugnación del importe indemnizatorio reclamado por los defectos de etiquetado, procede condenar a la demandante a su abono, como consecuencia dañosa directa de su negligente actuación en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Respecto a los intereses del art. 576 de la LEC, procede su imposición desde la sentencia de primera instancia, que ya debió concederse entonces la indemnización que ahora se establece.

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo art. 398.1 y 394 LEC, no procede hacer expresa condena en las costas de esta alzada, así como tampoco en las de primera instancia al estimar que, pese a la estimación sustancial, existen dudas de hecho en los términos que la propia recurrente ahora argumenta.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey, y por la autoridad conferida por el Pueblo Español;