Sentencia Civil 277/2024 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 1157/2022 de 23 de mayo del 2024

PRIMERO.-Declara la Sentencia de instancia nulas por abusivas, la cláusula de gastos y la comisión de apertura y posiciones deudoras contenidas en la escritura suscrita entre las partes en fecha 13 de abril de 2018, declaraciones en base a la cual se condena al banco al reintegro de lo abonado por gastos y comisiones, pero sin imposición de costas procesales al apreciar estimación parcial de la demanda "Considerando que se ha producido una estimación parcial de la demanda, pues se ha rechazado la pretensión con mayor relevancia económica, no procede efectuar condena en costas, art. 394 Lec .".

Crítico con la decisión sobre las costas procesales, formulan recurso de apelación los demandantes alegando, primero infracción del art. 394 LEC y de la Jurisprudencia emanada tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Supremo y de la más reciente jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Alicante, siendo procedente la imposición de las costas al banco demandado dado que se ha estimado la acción de nulidad por abusiva de la cláusula gastos y comisiones, aunque no se hayan estimado todas las pretensiones restitutorias, de acuerdo con la Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2020 y Sentencia 35/2021, de 27 de enero de 2021 de Pleno del Tribunal Supremo.

Y, como segundo motivo de apelación, la vulneración de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, y del artículo 87 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, afirmando que sí hay abusividad en la cláusula sobre contratación de seguros vinculados.

Examinaremos por separado ambos motivos, comenzando por el segundo de los formulados, relativo a la contratación de seguro de vida.

SEGUNDO.-Afirma que yerra la Sentencia de instancia cuando no estima la pretensión de nulidad de la cláusula que le impone la contratación del seguro.

En síntesis, lo que alega es que en tal cláusula hay una práctica bancaria contraria a la buena fe contractual, fundamentada en una situación de abuso de posición en perjuicio del consumidor que impone una condición no negociada con transparencia y abusiva, ya que es el banco el que obliga a vincular al préstamo un seguro en el que es beneficiario y que se suscribe en condiciones de financiación que no se reflejan con transparencia en el contrato de préstamo hipotecario.

Posición del Tribunal.

En su demanda, solicita el recurrente que se declare la nulidad de la imposición por parte de la demandada de contratar seguros vinculados al préstamo hipotecario por abusividad y, en consecuencia, la nulidad de pleno derecho el contrato de seguro vinculado al préstamo hipotecario; y subsidiariamente, que se declare su nulidad por falta de transparencia y/o consentimiento de mi principal; o más subsidiariamente, se declare resuelto el contrato de seguro de vida, al amparo del art. 1124 del código civil, y en base al incumplimiento contractual grave por la demandada de sus obligaciones de diligencia, lealtad e información en la contratación de dicho seguro, y como consecuencia de lo anterior se declare la responsabilidad de la entidad financiera demandada en la pérdida económica sufrida por los actores y se condene a la demandada a resarcir los daños y perjuicios causados a la actora debiendo indemnizarla mediante el abono del importe equivalente a la prima del seguro en la cantidad de 3.067'04 € más los intereses legales de dicha cantidad computados desde la fecha en que se efectuó; y, por último, que tal declaración se sustente en el incumplimiento de principio constitucional de buena fe contractual del art. 7 CC y se condene a la demandada a resarcir los daños y perjuicios causados a la actora debiendo indemnizarla mediante el abono del importe equivalente a la prima del seguro en la cantidad de 3.067'04 €, más los intereses legales de dicha cantidad computados desde la fecha en que se efectuó.

Pues bien, como recuerda el banco en su escrito de oposición al recurso, hay dos aspectos relevantes de la posición procesal de la parte demandante, en primer lugar, que no ha demandado a la contraparte de la póliza del seguro de vida, BANSABADELL VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS y, en segundo lugar, que carece de legitimación pasiva la entidad demandada para reintegrar la prima del seguro de que se trata.

Alega que en la suscripción de los seguros de vida y/o protección de pagos concertados con ocasión de la negociación de un préstamo hipotecario intervienen las siguientes entidades: (a) el BANCO DE SABADELL, S.A., que es la mercantil demandada en el presente procedimiento, interviene únicamente como prestamista en el contrato de préstamo hipotecario (no ostenta la condición de entidad aseguradora), y en tal calidad de acreedor hipotecario ofrece al prestatario la suscripción de seguros de vida; (b) las sociedades de mediación de seguros, a quienes no se ha demandado y que no están presentes en el procedimiento; la actividad de mediación es llevada a cabo en las oficinas de Banco de Sabadell por entidades diferentes (BANSABADELL MEDIACIÓN, S.A., en el caso de Banco Sabadell) a quien no se ha demandado y que no está en el presente procedimiento; y (c) las compañías aseguradoras, que son las que han percibido la prima pagada por los seguros.

Pues bien, para resolver la cuestión hemos de tener en cuenta que sin duda es exigible llamar al juicio a todas las personas que, en virtud de disposición legal o por razón de inescindibilidad de la relación jurídica material, puedan estar interesadas directamente o pueden resultar afectadas por la solución que se dicte en un proceso.

Sin embargo, en el caso no se opone litisconsorcio pasivo necesario sino la excepción causal de falta de legitimación pasiva del banco, pues niega el banco ser parte en la relación de seguros y por tanto la posibilidad de verse afecto por una declaración de nulidad y en la devolución de la prima que no ha recibido si no financiado.

Por tanto, dado que no se alega que faltan partes para la válida constitución de la relación jurídico-procesal, procede analiza la posición del demandado en el proceso teniendo en cuenta que la legitimación pasiva consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud o idoneidad para ser parte procesal pasiva.

Exige, dice la doctrina, que haya una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido.

A la legitimación se refiere el art. 10 LEC, que dispone, en su párrafo primero, que "serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso".

La relación jurídica sobre la que la parte actora plantea el proceso, con independencia de su resultado, es la que determina quiénes están legitimadas, activa y pasivamente, para intervenir en el mismo. Por tanto, habrá o no legitimación pasiva en atención a la pretensión formulada en la demanda, teniendo en cuenta el "suplico" de la misma, en relación con los hechos sustentadores de tal pretensión.

En tal sentido, ha dicho la STS 623/2010 de 13 octubre que "la legitimación pasiva ad causam [para el proceso] consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud o idoneidad para ser parte procesal pasiva, en cuanto supone una coherencia o armonía entre la cualidad atribuida -titularidad jurídica afirmada- y las consecuencias jurídicas pretendidas ( SSTS 28 de febrero de 2002 , 21-10-2009 , 177/2005 , 28 de febrero de 2002 ).

En consecuencia, su determinación obliga a establecer si, efectivamente, guarda coherencia jurídica la posición subjetiva que se invoca en relación con las peticiones que se deducen ( STS 7-11-2005 ), lo que exige atender al contenido de la relación jurídica concreta, pues será ésta, sobre la que la parte actora plantea el proceso, con independencia de su resultado, la que determine quiénes son las partes legitimadas, activa y pasivamente".

En el caso que nos ocupa, la pretensión es la vinculación de un seguro de vida al contrato de préstamo y el contrato de seguro mismo porque se afirma que se impuso, vinculándolo, como condición del préstamo hipotecario tal cual aparece recogido en la propia escritura de préstamo.

Del contrato de seguro no es parte la demandada. Por tanto, es evidente que carece de legitimación pasiva respecto del mismo y, sin estar llamado al proceso la aseguradora, difícilmente puede promoverse con eficacia la nulidad de tal relación contratual (como resulta del suplico de la demanda y del recurso, remitiéndose a la misma), de manera tal que carece de legitimación pasiva la entidad demandada respecto de la pretensión de nulidad del contrato de seguro.

Distinta es sin embargo la posición del banco respecto de la pretensión de nulidad de la vinculación del seguro con el contrato de préstamo.

En efecto, el recurrente es el acreedor en el préstamo hipotecario y tiene legitimación para soportar la acción de nulidad ejercitada respecto de ese extremo porque, aunque no fuese parte contratante en dicha relación de seguro, vinculó la vida del seguro al préstamo y, además, intervino en la redacción controvertida en lo que hace a tal vinculación cuando dispone que de producirse el impago o la resolución unilateral del seguro, el importe de la prima a devolver por la Compañía se destinará a la amortización parcial del préstamo.

En el caso la demandada es titular del gravamen hipotecario y acreedora del préstamo garantizado por dicha hipoteca y lo que plantea es una cuestión de interpretación del alcance subjetivo del citado contrato en que se inserta la vinculación entre el seguro y el préstamo hipotecario.

Pues bien, si tenemos en cuenta que la demandada fue parte en el contrato litigioso, que redactó su contenido y que conforme al mismo hay una estrecha relación entre el préstamo, objeto esencial del contrato, y el seguro de vida que es uno de los objetos de financiación, la conclusión que alcanzamos es que el banco tiene legitimación ad causampues la relación jurídica u objeto litigioso en este caso reside en el contenido del contrato del préstamo hipotecario del que sí fue parte contratante la demandada.

En breve síntesis, el argumento judicial para la desestimación de la pretensión de nulidad de la cláusula de seguro es que no se trata de una imposición si no una posibilidad de contratación que se ofrece a los prestatarios y que por tanto, debieron conocer que concertaban, tanto más cuando consta la contratación en la Fiper.

Es aserto esencial que gobierna la cuestión que nos ocupa el deber de informar adecuadamente a los prestatarios sobre los seguros asociados al préstamo hipotecario, asociación que entendemos existente tal y como hemos apuntado al analizar la cuestión relativa a la legitimación pasiva del banco demandado.

En tal sentido, el art. 12.1 de la Directiva 2014/17/UE -traspuesta por la Ley 5/2019- prohibe las prácticas de venta vinculadas de préstamos con la excepción de los contratos de crédito.

Es por ello que dispone ahora el art. 17 de la citada ley que los prestamistas "podrán exigir al prestatario la suscripción de una póliza de seguro en garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato de préstamo, así como la suscripción de un seguro de daños respecto del inmueble objeto de hipoteca y del resto de seguros previstos en la normativa del mercado hipotecario",si bien están obligados -en tal sentido además, el art. 11 de la Directiva 2014/17- a informar al consumidor de forma expresa y comprensible sobre la condición de producto vinculado, sus beneficios y riesgos y los efectos de la cancelación anticipada del préstamo o de los productos vinculados y, por su puesto, de las opciones y elección de otros proveedores, estableciéndose como consecuencia del incumplimiento de tales reglas la nulidad del contrato vinculado al préstamo que, en perjuicio del prestatario, no cumpla con las exigencias previstas en este artículo, si bien matiza que la nulidad de las cláusulas del contrato de préstamo que, en su caso, afecten a productos vinculados no determinará la nulidad del préstamo.

No hay cuestión sobre que la normativa citada no es de aplicación al caso que nos ocupa. Pero tampoco de su relevancia en cuanto condensa los parámetros vinculados a criterios de incorporación y transparencia como también de abusividad que rigen con carácter general el control de toda condición general de la contratación impuesta en un contrato de consumo.

En el caso, tales parámetros resultan útiles a la hora de interpretar la imposición del seguro de vida ya que por el prestatario se deduce demanda ejerciendo acciones de nulidad de condición general de la contratación y de restitución derivada de aquella cuando, sin embargo, la pretensión de restitución de las primas abonadas por razón del seguro no trae como causa la petición de nulidad de una condición general de la contratación de la escritura -que no la hay como tal en relación al seguro- sino la nulidad del contrato de seguro mismo.

En efecto, a pesar de razonar la demanda y reiterar el recurrso, al tratar el tema del seguro, que es la entidad bancaria es la responsable de la imposición del seguro y de su vinculación al préstamo, es lo cierto que se solicita la nulidad del seguro y el pago, es decir, del contrato de seguro mismo.

Pero, como hemos dicho, no hay cláusula alguna que imponga como condición para la concesión del préstamo la suscripción del seguro de que se trata, limitándose la escritura a dejar constancia de la vinculación entre la subsistencia del seguro y el destino del rescate del mismo -amortización del préstamo-.

Por tanto, al pedirse la nulidad de la cláusula de vinculación del seguro de vida y amortización al préstamo hipotecario y, en consecuencia, el reintegro por la demandada de la prima, se está uniendo la petición de nulidad de la vinculación entre el seguro y el préstamo con la nulidad del seguro en sí mismo considerado, resulta de todo punto incongruente dado que no hay relación causa-efecto entre un aspecto y el otro.

Pero como hemos ya señalado, el acuerdo contractual de vincular el seguro y el préstamo es cuestión distinta al de la validez del seguro, de manera que no obstante resulta de todo punto inviable la nulidad del contrato de seguro, sí procede examinar la vinculación entre ambas relaciones contractuales y en particular si hay abusidad en tal decisión.

Lo que consta en el contrato de préstamo -Exponendo II- es que para el caso de que la parte prestataria procediera a resolver unilateralmente el seguro, o en caso de cancelación por causa de impago, el importe de la prima a devolver por la Compañía de Seguros, se destinará a la amortización parcial del préstamo.

Se trata de un acuerdo impuesto por la entidad dado que no consta que haya sido negociado individualmente.

Procede por tanto examinar si tal acuerdo es transparente y, caso de no serlo, si es contrario a la buena fe y produce, en perjuicio del consumidor contratante, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, y, en particular, aquellas de las que resulten unos obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos para el consumidor en el contrato, como puede ser, en los contratos de tracto sucesivo o continuado, limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato.

El acuerdo, tal cual queda redactado es claro aunque, ciertamente, no se destaca en modo alguno en el contrato, lo que dificulta que pueda afirmarse su transparencia desde el doble control que procede efectuar.

En todo caso es abusivo.

En efecto, con tal acuerdo el banco se garantiza, caso de arrepentimiento del tomador - art 83.a) LCS-, de desistimiento del seguro - art 96 LCS- o de resolución por impago, que el rescate - art 96 y 94 LCS- lo sea en su propio beneficio y no del tomador de la póliza, y ello con independencia de cualquier otra circunstancia.

El art. 85.5 TRLGDCU considera como abusivas las cláusulas que determinen la vinculación incondicionada del consumidor y usuario al contrato aún cuando el empresario no hubiera cumplido con sus obligaciones. Y este es precisamente el efecto que produce la cláusula analizada: el banco será destinatario del rescate de la póliza si se desiste de ella sea cual sean las condiciones de esa decisión y las actuaciones realizadas, de tal manera que en dicho acuerdo no hay más que un interés contemplado, el del imponente del citado acuerdo, en contra de los intereses del prestatario tomador del seguro que en la hipótesis de cumplimiento del contrato de préstamo, si se produce el resctate del seguro, se ve obligado a destinar lo percibido a una amortización sea o no deseada, sea o no necesaria desde el punto de vista del cumplimiento de la obligación esencial del prestatario sin, desde luego, contraprestación o compensación alguna por parte del banco.

Por ello entendemos que el establecimiento de tal vinculación contractual es abusivo y debe ser declarada nula.

TERCERO.-Por lo que hace a la impugnación sobre el pronunciamiento sobre costas procesales, lo que es evidente es que la demanda solicitaba la nulidad de dos cláusulas de cada contrato por ser abusivas y la restitución de unos importes económicos, en particular, los gastos y comisiones, y la Sentencia estima tanto la acción declarativa como la restitutoria si bien desestima ambas respecto de la cláusula de seguro privado.

Pues bien, en este estado de cosas, yerra en nuestra consideración el Tribunal de instancia al aplicar el art. 394 LEC. Y tanto más si tenemos en cuenta que finalmente, también se declara nula la vinculación contractual como hemos descrito.

Y es que, como tantas veces hemos repetido, en este ámbito rige, junto al de no vinculación, el principio de efectividad lo que, respecto de las costas, implica, como ha dicho el TJUE en su Sentencia de 16 de julio de 2020 -asuntos C-224/19 y 259/19- que "la aplicación del artículo 394 de la LEC podría tener el efecto de que no se condenara al profesional al pago íntegro de las costas cuando se estime plenamente la acción de nulidad de una cláusula contractual abusiva ejercitada por un consumidor, pero solo se estime parcialmente la acción de restitución de las cantidades pagadas en virtud de esta cláusula",añadiendo que "la Directiva 93/13 reconoce al consumidor el derecho de acudir a un juez para que se declare el carácter abusivo de una cláusula contractual y para que se deje sin aplicar. Pues bien, condicionar el resultado de la distribución de las costas de un procedimiento de esa índole únicamente a las cantidades indebidamente pagadas y cuya restitución se ordena puede disuadir al consumidor de ejercer tal derecho debido a los costes que implica una acción judicial (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2018, Profi Credit Polska, C-176/17 , EU:C:2018:711 , apartado 69).",para concluir que "Habida cuenta del conjunto de las anteriores consideraciones, procede responder a la duodécima cuestión prejudicial planteada en el asunto C-224/19 que el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 , así como el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas procesales en función del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas a raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter abusivo, dado que tal régimen crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva 93/13 , a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales.".

Parece por tanto más que evidente que el aspecto cuantitativo de la restitución es relevante en positivo para el consumidor cuando al menos una parte de la reclamación es estimada pues, en estos casos, no constituye criterio aceptable, desde la perspectiva del principio de efectividad en los litigios con consumidores, aplicar el criterio de parcialidad en la estimación de la demanda a los efectos del art. 394.2 LEC como tampoco cuando el prestatario ha sido compelido por una aptitud pasiva del banco a acudir a la administración de justicia promoviendo la nulidad de distintas cláusulas, por más que alguna de las promovidas no logren el éxito deseado pues, en todo caso, la estimación de abusividad es suficiente para activar el principio de efectividad.

Este criterio ha sido reiterado recientemente por el Tribunal Supremo que, en dos sentencias de 9 de diciembre de 2021 ha señalado en dos supuestos de estimación cuantitativa parcial que, "al revocar el pronunciamiento condenatorio en costas en primera instancia, la resolución recurrida no respetó las exigencias derivadas de los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE y del principio de efectividad del derecho de la UE, en los términos en que han sido interpretadas por nuestras sentencias 419/2017, de 4 de julio , y 35/2021, de 27 de enero , y por la STJUE sentencia de 16 de julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19 , por lo que infringió las normas invocadas en el recurso".

La conclusión deviene por ello evidente cuando la desestimación de la acción de restitución no es íntegra, o no todas las pretensiones declarativas son estimadas pues, en estos casos, no puede acudirse al art. 394.2 LEC para apreciar parcialidad en la estimación ya que en realidad deberá considerarse que hay sustancialidad conforme deriva de la interpretación que del principio de efectividad se ha hecho por la jurisprudencia citada.

Procede en consecuencia, estimar el motivo y con él, el recurso de apelación.

CUARTO.-En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose estimado el recurso de apelación, no cabe su imposición a la parte apelante - art 398 LEC-.

QUINTO.-Habiéndose estimado el recurso de apelación, procede acordar la devolución el depósito efectuado para recurrir -Disposición Adicional Décimaquinta nº 8 LOPJ-.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.