Sentencia Civil 531/2024 Audiencia Provincial Civil de Almería nº 1, Rec. 824/2023 de 21 de mayo del 2024

PRIMERO.- Resolución impugnada. Posición de las partes.

Se ejercitaba en la instancia por don Lucas reclamación de cantidad por las cantidades que éste entregó a su hermano don Leon, fallecido, desde septiembre de dos mil diez hasta abril de dos mil dieciocho, para amortizar las cuotas de los préstamos que éste había contratado; dichas cantidades se daban bien mediante ingresos en cuenta o bien por transferencias bancarias, ascendiendo el total de la cuantía reclamada a 94.437,39 euros. La demanda se dirige, dado el fallecimiento del deudor en fecha 2 de septiembre de 2019, contra la herencia yacente, siendo la albacea-contador-partidor la hermana del finado doña Salvadora, y contra don Saturnino, como administrador de sus hijos menores de edad, siendo ambos nombrados en dichos cargos en al disposición testamentaria.

La resolución de instancia estima la demanda con aplicación de lo previsto en el artículo 1158 del CC, entendiendo que se hicieron pagos en nombre de tercero, extremo que fue indicado como hecho controvertido en el acto de la audiencia previa. Concluye la resolución impugnada que: " Pues bien, de la valoración de las pruebas analizadas se llega a la conclusión de que las cantidades ingresadas por D. Lucas en las cuentas nº NUM000 de la entidad Bankinter y NUM001 de la entidad Banco Popular, ambas titularidad de su hermano D. Leon en el periodo comprendido entre el mes de septiembre de 2010 hasta el mes de abril del año 2018, fueron destinadas todas ellas al pago y amortización de las cuotas de los dos préstamos hipotecarios titularidad de este último, que se cargaban en las citadas cuentas y que asciende a un total de 94.376,21 euros. De ello se desprende que estamos ante un pago por tercero del art 1.158 del C.C ., pues los ingresos y transferencias realizadas por el actor en la cuenta del finado se efectuaron de manera voluntaria no existiendo ninguna obligación de hacerlo, y en beneficio de su hermano, ya que iban destinadas íntegramente a la amortización de los préstamos hipotecarios de éste, sin que haya quedado acreditado que dichos préstamos fueran concedidos para las empresas del actor".

Frente a estos pronunciamientos se alzan los demandados, en un innecesariamente extenso recurso, lo que dificulta la síntesis de la Sala, en el que por primera vez, y desplazando su inactividad al respecto al órgano de instancia, considera que éste debió apreciar de oficio una falta de legitimación pasiva que debió ser alegada por la parte desde el momento de la contestación a la demanda, extremo que no se verificó. Ello no es óbice para que la Sala entre a conocer, en funciones de primera instancia, la alegación que ahora la apelante trae al proceso. De igual modo alega indebida aplicación del artículo 1158 del CC con vulneración del artículo 218 de la LEC, así como error en la valoración de la prueba.

La parte apelada se opone al recurso.

SEGUNDO. - Facultad revisora de la Sala.

Sobre las facultades del Tribunal de apelación, que las STC 152/1998, de 13 de julio y 212/2000. de 18 de septiembre y del TS de 28 de marzo de 2000 y 30 de noviembre de 2000, entre otras muchas, han destacado que el recurso de apelación confiere plenas facultades al órgano " ad quem", permitiendo un " novum iudicium", dando lugar a un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa y una revisión de la sentencia dictada en primera instancia, extendiéndose a todo el objeto de esta y es un recurso devolutivo utilizado contra sentencias con la finalidad de su sustitución por entender la parte apelante que ha mediado un error en el juicio. Así, la amplia facultad revisoria que corresponde a los Tribunales de apelación al conocer de los recursos ante ellos interpuestos sólo " está limitada por el principio prohibitivo de la "reformatio in peius". quedando vinculados por los pronunciamientos de la sentencia apelada que hayan sido consentidos por las partes" STS 19-6-1999. De modo que es doctrina reiterada de nuestro TS la de que los tribunales de alzada tienen competencia no solo para revocar, adicionar, suplir o enmendar las sentencias de los inferiores, sino también para dictar respecto de todas las cuestiones debatidas el pronunciamiento que proceda, como dispone el art. 456,1 de la LEC que: " En virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación".

Ahora bien, como tiene dicho esta Sala, por todas la SAP de Almería de 16-6-2015, RAC nº 777/14: " Aunque la segunda instancia es un juicio pleno con plena libertad de criterio por el tribunal "ad quem", las facultades revisorias de éste quedan limitadas por el principio de inmediación. No puede olvidarse que la práctica de la prueba se realiza ante el juzgado de instancia y éste tiene ocasión de poder percibir con inmediación las pruebas practicadas, es decir, de estar en contacto directo con las mismas y con las personas intervinientes. En suma, el principio de inmediación, que aparece en la anterior LEC y con mayor énfasis en la nueva, que informa el proceso civil debe concluir ab initio por el respeto a la valoración probática realizada por el juzgador de instancia, salvo, excepción, que aparezca claramente que, en primer lugar, exista una inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba o, en segundo lugar, que el propio relato fáctico sea oscuro, impreciso o dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio. Prescindir de todo lo anterior es sencillamente pretender modificar el criterio del juzgador por el interesado de la parte recurrente. Asimismo, no puede impugnarse la valoración probatoria del juzgador de instancia mediante el análisis de la prueba (cualquier medio de prueba) de forma individualizada sin hacer mención a una valoración conjunta de la prueba que es la que ofrece el juzgador. Si la apelante cuestiona la valoración conjunta de la prueba efectuada por el Juzgador "a quo", la exigencia de motivación fáctica de las sentencias ( art. 120.3 de la CE ) requiere del juzgador que explique cómo obtiene su convencimiento respecto a los hechos que entiende probados a partir de las pruebas practicadas, sin que se impida la valoración o apreciación conjunta de la prueba practicada. La CE no garantiza que cada una de las pruebas practicadas haya de ser objeto en la sentencia de un análisis individualizado y explícito sino que, antes bien, es constitucionalmente posible una valoración conjunta de las pruebas practicadas: es un sistema necesario, por ejemplo, cuando varios medios de prueba se complementan entre sí o, incluso, cuando el resultado de uno incide en el resultado de otros. La valoración por el Tribunal "a quo" de la prueba sólo puede ser combatida en los tribunales de ulterior grado cuando el "iter" deductivo afrenta de manera evidente a un razonar humano consecuente. Es preciso demostrar que los juzgadores han prescindido del proceso lógico que representa las reglas de la sana crítica, al haber conculcado las más elementales directrices del razonar humano y lógico ( SSTS 10 de marzo de 1994 , 11 de noviembre de 1996 y 9 de marzo de 1998 )".

TERCERO - Motivos del recurso. Análisis. Resolución de la controversia.

Se alega por la parte apelante error en la valoración de la prueba.

Como es lógico, corresponde al actor probar la realidad y certeza de su reclamación de conformidad con las reglas sobre la carga de la prueba, art. 217 de la LEC. Nos encontramos ante un problema de prueba, es reiteradísimo criterio del Tribunal Supremo, el que viene sosteniendo que corresponde al actor la prueba de los hechos normalmente constitutivos de su derecho y al demandado la de los extintivos ( STS 29-2-1960, 17-10-1981, 8-3-1996, 14-3-1998; 27-7- 1998, 13-10-1998). Es indiscutible que son las partes a quienes les compete aportar al proceso los elementos de prueba para generar la convicción judicial sobre sus respectivas afirmaciones fácticas, realizadas en los escritos rectores del proceso, es decir en demanda y reconvención, a los efectos de persuadir al juzgador sobre la bondad de sus alegaciones. En efecto, formalizado judicialmente el conflicto, el principio de justicia rogada, consustancial a la esfera procesal civil, y como tal expresamente proclamado en el art. 216 de la LEC, exige que los tribunales civiles decidan los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales; y el art. 282 de dicho texto legal recoge el principio de aportación de parte, cuando señala que, salvo los supuestos legales en los que el juez de oficio puede acordar determinadas pruebas, éstas se practicarán a instancia de parte.

Puede suceder que, tras la valoración judicial de las pruebas, determinados hechos, de indiscutible relevancia procesal, hayan quedado inciertos, es decir no suficientemente demostrados o dudosos. En tal tesitura lo sencillo para el Juez sería dejar imprejuzgada la controversia, pero las exigencias del principio de la prohibición del non liquet, derivados de los arts. 24.1 CE, 1.7 CC, 11.3 LOPJ, 218 LEC y 448 CP, le cercenan la posibilidad de actuar de tal forma. Para tales casos la Ley le dota al Juez de un mecanismo para resolver las contiendas que se le suscitan, que no son otras que las reglas de juicio o de la carga de la prueba del art. 217 de la LEC. Su razón de ser viene explicada por la STS de 8 de junio de 1998, como " instrumento lógico para indicarle, en los casos de incerteza fáctica, si la sentencia ha de ser absolutoria o condenatoria". En definitiva, como insiste la STS de 31 de enero de 2001, al interpretar el derogado art. 1214 del Código Civil, actual art. 217 LEC regulador del onus probandi: " esta norma expone la teoría de la carga de la prueba que ha desarrollado la doctrina y la jurisprudencia y que se resume en la frase de la doctrina alemana, "el problema de la carga de la prueba es el problema de la falta de prueba", para indicar que se solventa la cuestión de que un determinado hecho no ha sido probado, fijando cual de las partes sufre las consecuencias de tal falta de prueba". Más recientemente podemos citar, en idéntico sentido, la STS de 16 de marzo de 2006, o bien como apunta la STS de 21-3-2013: " Las reglas de distribución de la carga de prueba sólo se infringen cuando, no estimándose probados unos hechos, se atribuyen las consecuencias de la falta de prueba a quién según las reglas generales o específicas, legales o jurisprudenciales, no le incumbía probar, y, por tanto, no le corresponde que se le impute la laguna o deficiencia probatoria", para continuar " Las sentencias de 5 mayo 2011 , 7 julio 2011 y 4 abril 2012 advierten que la función de la doctrina de la carga de la prueba es suplir la falta de prueba".En aplicación de lo expuesto, la Sala coincide plenamente con lo argumentado por el juez a quo en la sentencia impugnada. Como ya hemos dicho en numerosas ocasiones la valoración probatoria es una facultad de los tribunales, debiendo respetarse la apreciación de los órganos judiciales en tanto no se demuestre que el juzgador incurrió en error de hecho, o que sus valoraciones resultan ilógicas, opuestas a las máximas de la experiencia o a las reglas de la sana crítica, que es tanto como decir conforme a la lógica y la razón, en tanto que es un facultad exclusiva del Juez de instancia, no de las partes. Por ello, como principio general, ha de respetarse la interpretación que el Juez de Instancia haga de su facultad de libre apreciación o con arreglo a las reglas de la sana crítica de las pruebas practicadas, al menos en principio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia, como tiene declarando el Tribunal Constitucional (vgr. sentencias de 2 de julio de 1990 y 3 de octubre de 1994 ). Sólo cuando estemos ante un supuesto de prueba legal o tasada contemplada en algunas ocasiones la Ley de Enjuiciamiento Civil o en el caso de que aparezca claramente, bien que exista una inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba, bien que el propio relato fáctico sea oscuro, impreciso o dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio o la valoración sea arbitraria, cabe su revisión por vía del recurso de apelación en el que se transfiere al tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión ( artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez a quo de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso (por todas, véanse las sentencias del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1998 y de 15 de febrero de 1999 ).

No se puede modificar el criterio del juzgador por el interesado de una de las partes. El hecho de que entre las partes existan posturas contrapuestas o contradictorias en orden a la valoración en conjunto de la prueba y la cuestión litigiosa, no impide en modo alguno que la cuestión pueda dirimirse con el suficiente criterio si se practican pruebas que, mediante una exégesis valorativa lógica, permitan llegar a una convicción objetivamente razonada; de manera que si la prueba practicada en el proceso se pondera por el Juez de instancia de forma racional y asépticamente, sin que pugne con las reglas de la lógica y la razón o las normas que impongan un concreto efecto para un determinado medio de prueba, llegando a una conclusión razonable y correcta, tal valoración debe mantenerse y no sustituirse por la subjetiva de quien impugna la expresada valoración.

En cuanto a la falta de legitimación pasiva alegada por el apelante en relación a don Saturnino, nombrado administrador en el testamento de sus hijos menores, pues debería exclusivamente ostentar tal legitimación pasiva la albacea nombrada, considera la Sala que asiste razón al apelante.

La legitimación pasiva, entendida en este caso como legitimación causal o sobre el fondo del asunto y no meramente procesal, no es otra cosa que la relación entre la persona del demandado y su condición de titular de la relación jurídica u objeto litigioso, en los términos del artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y por tanto la obligación de soportar el ejercicio de la acción por tal relación con dicho objeto. De no existir legitimación debe dictarse sentencia absolutoria sin entrar a examinar la existencia del derecho material discutido en el proceso, de la que la legitimación pasiva constituye un elemento de previo examen. Como señala la STS de 2 de diciembre de 2004 , "... La legitimación "ad causam" pasiva existe cuando, como en el caso, resulta de la demanda la afirmación respecto de la persona que se llama al proceso como demandada de una cualidad objetiva, consistente en una posición o condición en relación con el objeto del mismo, que genera la aptitud o idoneidad para ser parte procesal, en cuanto que supone una coherencia o armonía entre dicha cualidad atribuida y las consecuencias jurídicas pretendidas -efecto postulado-; lo que es independiente, por tratarse de un tema preliminar, de si la afirmación es o no fundada, que constituye la cuestión de fondo del asunto".

Para resolver la cuestión objeto de este proceso se hace preciso delimitar cuales son las funciones del albacea, en especial si el mismo tiene, conforme a nuestra legislación civil, la representación de la herencia, tal como se sostiene por el apelante. El albacea se configura en el Código Civil como la persona que por decisión del testador se encarga de ejecutar la última voluntad del causante de la sucesión. Con carácter general en el Código Civil tal función se encomienda a los herederos llamados a la herencia, en su condición de sucesores universales en los derechos y obligaciones del causante tal como proclama el artículo 661 de dicho texto legal. De forma excepcional podrá el testador, con apoyo en el artículo 892 del Código Civil, y por su propia voluntad designar uno o más albaceas, en virtud de una relación de confianza entre el testador y el albacea designado al que se le conceden una serie de facultades sobre el caudal hereditario que debe ejercitar no en nombre propio, sino en beneficio e interés de las personas favorecidas por el testador, bien como herederos o como legatarios, limitando de esta forma las facultades generales que la ley concede a los herederos. Para ello el designado albacea será el encargado de ejecutar los actos necesarios para cumplir la voluntad del testador y de interpretar el testamento otorgado y por tanto dicha voluntad.

Con relación al alcance de esta función, el artículo 894 del Código Civil permite la designación de albaceas universales o particulares. Es una distinción especialmente importante por la forma en la que afecta a la dinámica del proceso sucesorio. El albacea universal, por la propia amplitud con la que la doctrina o la jurisprudencia ha interpretado esta figura, viene a asumir unas facultades análogas a la de un heredero. Se considerará como tal cuando venga investido en el testamento de todas las facultades necesarias para cumplir la voluntad del testador a partir del momento de su muerte y hasta que se entreguen los bienes a sus destinatarios. Por el contrario, será un albacea particular cuando se le asignen en el testamento una o varias facultades concretas. Para determinar tal carácter, que no viene definido en el Código Civil, habrá que atender a la voluntad del testador pues, conforme señala el artículo 901 del Código Civil , los albaceas tendrán las facultades que le hayan sido expresamente conferidas por el testador. Se adopta un criterio de gran flexibilidad, en lugar de una lista cerrada de competencias o facultades, que deja en manos del causante las concretas funciones que deba de ejercer el albacea designado, de forma que los criterios fijados en la ley (por ejemplo artículo 902 del Código Civil) sólo operan en forma subsidiaria y en defecto u oscuridad del testamento. Lógicamente las facultades que se enumeran en el citado artículo 902 sólo pueden venir referidos a los albaceas particulares y no a los universales, pues estos se equiparan al heredero a los efectos de ejecutar la voluntad del testador. Por tanto, partiendo de la doctrina anterior, resulta evidente que el albacea universal sí tendrá funciones de administración de la herencia mientras que el albacea particular no tendrá tal función a excepción de que así expresamente se le señale en el testamento entre las funciones que está autorizado por el testador para cumplir su última voluntad. (En igual sentido la SAP de Murcia 360/2011)

De la lectura del testamento, el nombramiento de albacea, si bien no es posible leerlo en su integridad, parece ser hecho de forma universal (documento nº 6 de la demanda), lo que evidencia su legitimación, por otro lado no cuestionada, y es tal albacea y no otra figura, la que ostenta la legitimación y capacidad, puesto que el nombramiento que de administrador hace el testamento, es de un padre con respecto de sus hijos menores, en cuantos los mismos tengan tal consideración, y en su exclusivo beneficio. Esa administración es de sus bienes, como literalmente expone la disposición testamentaria y, por tanto, una vez estos hayan pasado a su esfera patrimonial tras ser aceptada la herencia. No debió, por tanto, ser demandado don Saturnino en nombre de sus hijos menores de edad, herederos universales de una herencia no aceptada, que conlleva la propia existencia y significado de la herencia yacente.

Se estima el motivo.

Con respecto a la consideración como pago por tercero que la sentencia acoge, y la supuesta vulneración del artículo 218.1 in fine de la LEC , se constata mediante la reproducción de la grabación de la audiencia previa, con la inmediación diferida que ello supone para la Sala, que se fijó como hecho controvertido la aplicabilidad del propio artículo 1158 del CC, indicándose como precepto a aplicar en los propios fundamentos jurídicos de la demanda, no siendo un hecho novedoso ni habiéndose traído a colación por primera vez en la resolución dictada; y si bien la parte hace referencia a la existencia de préstamos al finado para el pago de diferentes deudas, en los fundamentos jurídicos de aplicación, reiteramos, acude al artículo 1158 del CC como fundamento jurídico material y no a aquellos que regulan la institución del préstamo. Aún así y, como la propia sentencia impugnada indica, en virtud del artículo 218 de la LEC el juez podrá aplicar la normativa que estime procedente aún cuando no hubiera sido alegada por la parte, cuando ello no suponga, como es el caso, una mutación en el petitum o causa de pedir. Dispone el artículo 218.1 párrafo segundo que: "El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes."

Retomando el concepto de pago por tercero contenido en el artículo 1158 del CC conviene poner de manifiesto que el Tribunal Supremo (entre otras, en sentencias de 5 de noviembre de 1983, 18 de febrero de 1985 y de 21 de julio de 1993) tiene establecido que el artículo 1.158 del Código Civil posibilita que el pago lo haga cualquier persona tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor, siendo natural consecuencia del pago hecho por cuenta de otro, la facultad del que lo realizó para reclamar su importe del deudor, salvo el caso de haberlo hecho contra su expresa voluntad, si bien podrá repetir todo aquello que le hubiera sido útil; también la sentencia del mismo órgano de 21 de marzo de 2007 señala que "El pago efectuado por el tercero es un modo satisfactorio del acreedor, pero no liberatorio del deudor, puesto que se mantienen las relaciones entre éste y quien ha pagado, que podrá ejercer las acciones que le permite la ley y lo único que cambia es la naturaleza de éstas", estableciendo la de 29 septiembre 2005 (expresamente citada en la que se acaba de reseñar) que "el art. 1158 CC permite a cualquier persona efectuar el pago de la obligación, con independencia de cuál sea la actitud del deudor, que sólo afectará a las acciones que quien paga por otro tendrá contra el auténtico deudor(...)".

Del estudio de la documental aportada por la parte demandada, extractos bancarios en cuentas de Bankinter desde el 1 de marzo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018, se observa la existencia de abonos en concepto de liquidación cuota préstamo NUM002 (documento nº 1 de la demanda), al igual que ingresos en efectivo en igual concepto (documento nº 2 de la demanda); de igual modo se aportan extractos bancarios del Banco Popular donde se observa el ingreso en cuenta por cuota de préstamo (documento nº 3 de la demanda) así como justificantes bancarios (documento nº 4). En cumplimentación del oficio remitido a la entidad Bankinter, esta remitió escritura de préstamo hipotecario, que obra unida a las actuaciones, de fecha 26 de marzo de 2010, en la que consta como exclusivo deudor don Leon, en su propio nombre y derecho, sin que en absoluto se mencione al actor como codeudor o en cualquier otro concepto, constando como hipotecante no deudora doña Belen, en representación de la mercantil Caudillo Almanzor, S.L. sin que se haya acreditado, como indica la resolución recurrida, la participación del actor en dicha entidad. De igual modo, la entidad bancaria Santander, en contestación al requerimiento igualmente efectuado, se aporta copia de la escritura de compraventa, subrogación de hipoteca y novación y agrupación, de fecha 9 de diciembre de 2008,apareciendo como comprador-deudor don Leon, junto con su esposa, quienes comparecen en su propio nombre, sin que de nuevo se indique por medio alguno la intervención del ahora actora en dicho contrato. No prueba pues la parte demandada, como era su obligación, la alegación del hecho obstativo consistente en que dichos contratos se hicieron por o en beneficio de las actividades empresariales que compartían los hermanos.

No se discuten por los demandados, por tanto, el ingreso de dichas cantidades y, no se ha acreditado, como ya referimos, que las mismas fueran consecuencia de actividades mercantiles compartidas por los mismos, sino que más allá, el actor demuestra que los ingresos se hicieron para amortizar los dos préstamos hipotecarios que obran en las actuaciones, y en los cuales no interviene en modo alguno, pues no se acredita, el ahora actor.

En el acto de la vista compareció el testigo don Gerardo, quien bajo juramento de decir verdad, explicó que era amigo de la familia, una persona de confianza, quien explicó el tipo de relación que unía a los hermanos (de tal confianza que ambos figuraran como cotitulares en las cuentas del actor), confirmando la existencia de continuos préstamos del actor al demandado (los cuales, dada la buena relación existente entre ambos nunca se plasmaban por escrito), para hacer frente a pagos concretos. Tal era la relación que, como indica el testigo en el acto de la vista, ante una situación extrema como fue el estado de coma en el que estuvo el actor como consecuencia de un ictus, el demandado se transfirió dinero a sus propias cuentas (pidiendo incluso opinión al propio testigo), lo cual se hizo en presencia del Sr. Gerardo (se hicieron cuatro transferencias por importe de 6.400 euros como consta en el documento nº 1 de la demanda). De igual modo relató como el actor pagó la cuota del seguro de vida del finado que tenía una prima de 500.000 euros.

Sentado lo anterior, en el presente caso se desprende con claridad que el pago realizado por el actor lo fue en nombre del deudor, por lo que, aplicando la doctrina que se acaba de exponer, se constata que nos encontramos con una pura acción de reembolso, amparada por el párrafo segundo del artículo 1.158 ya mencionado, considerando este tribunal que se ha demostrado suficientemente en los autos, mediante la declaración testifical referida y la documental aportada a los autos que las entregas se hicieron para amortizar las cuotas de los dos préstamos hipotecarios, de manera que, a los efectos de la reclamación de cantidad instada por el mencionado actor (sustentada especialmente, según resulta del fundamento de derecho V de la demanda, en el artículo 1.158 del Código Civil , en general -precepto que recoge tanto la acción de reembolso como la denominada "actio in rem verso"-, y en el enriquecimiento injusto) se estima irrelevante la finalidad última que moviera a esa parte a realizar el indicado pago, pues el párrafo 2º del citado artículo permite pura y simplemente al tercero reclamar del deudor lo que hubiere pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad, voluntad que ha de referirse al hecho del pago.

El motivo se desestima.

Por tanto, y en la revisión que comporta la alzada, procede la estimación del recurso de apelación interpuesto en el solo sentido de absolver a don Saturnino, al ser estimada por esta Sala su falta de legitimación pasiva.

CUARTO.- Las costas

De conformidad con el art 398 de la LEC, dada la estimación parcial del recurso, no ha lugar a la imposición de costas de la alzada. En primera instancia, la parte actora abonará las causadas en relación al demandado don Saturnino, en atención a su absolución por falta de legitimación pasiva.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de pertinente y general aplicación