Sentencia Civil 551/2023 Audiencia Provincial Civil de Asturias nº 6, Rec. 270/2023 de 20 de noviembre del 2023

PRIMERO.- La sentencia de instancia en relación a la demanda de juicio ordinario interpuesto por BANCO SABADELL, en que se ejercita con carácter principal la acción de resolución contractual y la condena al pago de la totalidad de las cantidades debidas, o, subsidiariamente, las cantidades debidas por cuotas vencidas e impagadas, frente a la herencia yacente y herederos desconocidos e inciertos de D. Luis Manuel, estima en su integridad la demanda y condena a la parte demandada a abonar a la entidad actora en la cantidad de 23.782,48 euros, más el interés legal, al considerar dada la fecha de los incumplimientos que la parte deudora ha incurrido en un incumplimiento que frustra definitivamente el objeto del contrato por lo que procede declarar la resolución del contrato.

Interpuesto recurso de apelación por la parte demandada, en primer lugar, en atención a que los hijos del causante y prestatario no eran conocedores de dicho préstamo personal, por ello, no han incumplido las obligaciones asumidas en el préstamo ni se les ha comunicado extrajudicialmente el requerimiento de deuda.

No existe un incumplimiento grave y esencial de las obligaciones, por lo que no se puede dar por resuelto el préstamo personal ni la reclamación de la totalidad del capital pendiente, sólo de las cuotas vencidas y exigibles cuando se interpuso la demanda.

Reiterando la nulidad de la cláusula abusiva del préstamo referida al interés de demora.

SEGUNDO.- El art. 16 LEC que recoge los supuestos de sucesión procesal por causa de muerte. Y, a tenor del citado precepto, la sucesión en la posición procesal de la persona fallecida se produce de forma automática como consecuencia de la muerte, pues no contempla como posible la extinción del proceso por consecuencia de la propia muerte de la parte. Por consiguiente, como consecuencia de la muerte de una de las partes sus sucesores " mortis causa" pasan a ocupar su posición procesal, en el sentido de que el proceso continuará respecto de ellos, que se verán afectados por los efectos del mismo, con independencia de que lleguen a comparecer o no como parte formal.

Con la muerte de su titular cesa la titularidad sobre la misma y permanece así hasta que no sea aceptada por los herederos (testamentarios o abintestato). En ese lapso de tiempo, que puede ser amplio, es frecuente que exista la necesidad de ejercitar acciones judiciales en beneficio de la masa, o bien que la misma deba soportarlas. Ello ha forzado a que la jurisprudencia le haya venido reconociendo capacidad para ser parte, actuando en juicio dichas masas patrimoniales "por medio de quienes conforme a la Ley, las administren" ( art. 7.5 L.E. Civil) ( SAP Asturias-Sección 7ª de 23/11/2004).

Conforme al artículo 6.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrán ser parte en los procesos ante los Tribunales Civiles las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración, precepto donde -sin género de duda alguna- se encuadra la capacidad procesal y para ser parte de la herencia yacente (o de los ignorados o desconocidos herederos del finado que, en suma y de identificarse, conformarían interinamente la herencia yacente del mismo), capacidad procesal que, por lo demás, ha sido admitida, sin ningún tipo de quiebra, por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, admitiendo la posibilidad de que la herencia yacente a pesar de carecer de personalidad jurídica, para determinados fines se le otorgara transitoriamente una consideración y un tratamiento unitarios, admitiendo concretamente el que pudiera ser demandada ( STS de 12 de marzo de 1987).

Esta doctrina jurisprudencial ha quedado definitiva y legalmente consagrada en el art. 6.1.4º de la LEC. La nueva LEC en el citado precepto incluye dentro de los que pueden ser parte en el procedimiento civil a las masas patrimoniales o patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular. Dentro de esta expresión tiene cabida la herencia yacente, que transitoriamente carece de titular definido en tanto no sean llamados a la sucesión y acepten la herencia sus herederos.

El art. 6.4 LEC dispone que gozan de capacidad para ser parte " las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración". Siendo pacífico admitir que se incluye en dicho precepto la herencia yacente.

Respecto a la comparecencia en juicio de la herencia yacente el art. 7. 5 LEC prevé que " las masas patrimoniales o patrimonios separados a que se refiere el número 4º del apartado 1 del artículo anterior comparecerán en juicio por medio de quienes, conforme a la ley, las administren ", estableciendo el art. 798 LE C que " mientras la herencia no haya sido aceptada por los herederos, el administrador de los bienes representará a la herencia en todos los pleitos que se promuevan o que estuvieren principiados al fallecer el causante y ejercitará en dicha representación las acciones que pudieran corresponder al difunto, hasta que se haga la declaración de herederos.

Aceptada la herencia, el administrador sólo tendrá la representación de la misma en lo que se refiere directamente a la administración del caudal, su custodia y conservación, y en tal concepto podrá y deberá gestionarlo que sea conducente, ejercitando las acciones que procedan."

Por todo lo cual el emplazamiento de la herencia yacente podrá realizarse a través de un posible heredero, aunque no se haya acreditado su aceptación de la herencia, y solo cuando no se conozca si existen parientes con derecho a la sucesión por ministerio de la ley o si de existir no fuera posible su localización se planteará si resulta pertinente la designación de administrador de la herencia yacente a través del que debe efectuar el correspondiente emplazamiento.

Cuando los herederos sean conocidos, la notificación del procedimiento y emplazamiento para comparecer debe hacerse de forma personal y para el supuesto de que alguno no compareciese, se le declarará en rebeldía. En el caso de que no se conozca quienes pueden ser los sucesores, la llamada deber ser realizada de forma innominada a los ignorados herederos en su herencia yacente.

En el presente caso, citados los herederos del causante, han comparecido y personado, aportándose a los autos la declaración de herederos abintestato y la aceptación de la herencia a beneficio de inventario de fecha 9/03/2021.

La aceptación de la herencia a beneficio de inventario, como en este caso ha sucedido, genera una pluralidad de patrimonios, porque el apartado tercero del artículo 1.023 del Código Civil advierte que, entre otros, el beneficio de inventario hace que no se confundan a ningún efecto, en daño del heredero, sus bienes particulares con los que pertenezcan a la herencia, pero no de personas; en consecuencia, a diferencia de lo que ocurre con la herencia yacente, esto es, con la que aún está pendiente de aceptación, el heredero que acepta la herencia a beneficio de inventario sucede a su causante desde el mismo momento del fallecimiento porque, con arreglo al artículo 989 del Código Civil, los efectos de la aceptación y de la repudiación de la herencia se retrotraen siempre al momento de la muerte de la persona a quien se hereda.

En el plano procesal ello implica que la demanda podrá despacharse o continuarse a favor de quien acredite ser sucesor del que figure como deudor en el título ejecutivo y frente al que se acredite que es el sucesor de quien en dicho título aparezca como titular.

Y frente a la demanda instada frente a ellos, los sucesores que hubieran aceptado la herencia a beneficio de inventario podrán invocar pago extintivo de la obligación una vez agotado el caudal relicto, siempre y cuando el inventario haya sido formado en tiempo y forma.

TERCERO.- En cuanto al fondo y por lo que se refiere al vencimiento anticipado.

Las SSTS de 12 y 19 de febrero de 2020 así como en la posterior de 9 de junio de 2020, criterio reiterado en la de 15 de noviembre 2021,contienen un resumen de su doctrina al respecto cuando de préstamos personales se trata, avalando con carácter general la validez de las cláusulas de vencimiento anticipado, siempre que estuviera claramente determinado en el contrato en qué supuestos se podría dar lugar a dicho vencimiento, sin que ello pudiera quedar al arbitrio del prestamista, en contravención de lo dispuesto en el art. 1256 CC ( sentencias 506/2008, de 4 de junio; o 792/2009, de 16 de diciembre).

Es decir, la posible abusividad provendría de los términos en que la condición general predispuesta permita el vencimiento anticipado, no de la mera previsión de vencimiento anticipado, que no es, per se, ilícita.

El tratamiento de las cláusulas de vencimiento anticipado en préstamos personales ha sido abordado por el TS en la sentencia de Pleno 101/2020, de 12 de febrero, y 105/2020, 106/2020 y 107/2020, las tres de 19 de febrero, criterio reiterado en la de 15 de noviembre 2021, citadas en el recurso, en donde se establece:

" Sobre la base de nuestra propia jurisprudencia y de la del TJUE ( SSTJUE, de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11 Aziz , y 26 de enero de 2017, asunto C-421/14 , Banco Primus; y AATJUE de 11 de junio de 2015, asunto C-602/13 , y 8 de julio de 2015, asunto C-90/14 ), hemos declarado que, para que una cláusula de vencimiento anticipado no sea abusiva, debe modular la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo. Desde ese punto de vista, parece evidente que una cláusula que permite el vencimiento anticipado por el incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial y respecto de obligaciones accesorias, debe ser reputada abusiva, dado que no se vincula a parámetros cuantitativa o temporalmente graves.

A diferencia de lo que sucede con los préstamos hipotecarios, en los contratos de préstamo personal, la supresión o expulsión de la cláusula de vencimiento anticipado declarada abusiva no compromete la subsistencia del contrato ( sentencia 463/2019, de 11 de septiembre ). En consecuencia, no podemos extraer las consecuencias establecidas por la jurisprudencia del TJUE sobre la aplicación supletoria de una norma de Derecho nacional en casos en que el contrato no pueda subsistir y su nulidad resulte perjudicial para el consumidor (por todas, STJUE de 26 de marzo de 2019).

Pero es que, además, también a diferencia de lo que sucede con los préstamos hipotecarios, respecto de los que existen normas legales que permiten el vencimiento anticipado -no solo como pacto, sino como previsión legal- ( arts. 693.2 LEC y 24 LCCI), no hay una regulación equivalente para los préstamos personales o sin garantía.

Finalmente, la abusividad de la cláusula no puede ser salvada porque no se hubiera aplicado en su literalidad y la entidad prestamista hubiera soportado un periodo de morosidad mayor al previsto antes de ejercitarla, porque ello contravendría la jurisprudencia del TJUE. Así la STJUE de 26 de enero de 2017, caso Banco Primus, asunto C-421/14 , declaró, precisamente en relación con una cláusula de vencimiento anticipado, que:"Por consiguiente, y a fin de garantizar el efecto disuasorio del artículo 7 de la Directiva 93/13 , las prerrogativas del juez nacional que constata la existencia de una cláusula abusiva, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva, no pueden depender del hecho de que esa cláusula se aplique o no en la práctica. De este modo, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el juez nacional haya constatado el carácter "abusivo" -en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esa Directiva- de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión (véase, en este sentido, el auto de 11 de junio de 2015 (TJCE 2015, 224) , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-602/13 , no publicado, EU:C:2015:397 , apartados 50 y 54)".

La sentencia 506/2008, de 4 de junio, declaró " como viene señalando la doctrina moderna atendiendo a los usos de Comercio y vista la habitualidad de dichas cláusulas en la práctica bancaria reciente, existen argumentos para defender la validez de tales estipulaciones, como la convenida, al amparo del principio de autonomía de la voluntad ( artículo 1255 del Código Civil ), en el caso de autos, cuando concurra justa causa para ello, es decir, cuando nos encontremos ante una verdadera y manifiesta dejación de las obligaciones de carácter esencial contraídas, como puede ser, ciertamente, el incumplimiento por el prestatario de la obligación de abono de las cuotas de amortización de un préstamo".

Y continúa diciendo " Por otra parte, la tesis expuesta sobre la validez de las citadas cláusulas de vencimiento anticipado ha venido a ser respaldada, a nivel legislativo, por la dicción literal del artículo 10 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles .

Lo hasta ahora expuesto no obsta a que, en determinadas circunstancias, pueda proclamarse el ejercicio abusivo de tal tipo de cláusula, en supuestos en que se prevea la facultad de vencimiento anticipado para incumplimientos irrelevantes, por concurrencia de circunstancias cuya apreciación se deja al puro arbitrio de la entidad bancaria, o cuando se perjudica con su ejercicio de manera desproporcionada y no equitativa al prestatario, como así ocurrió en el supuesto resuelto por la Sentencia de 2 de noviembre de 2000 ».

Y haciendo suya la jurisprudencia del TJUE ( SSTJUE, de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11 Aziz , y 26 de enero de 2017, asunto C- 421/14 , Banco Primus; y AATJUE de 11 de junio de 2015, asunto C-602/13 , y 8 de julio de 2015, asunto C-90/14 ), declaran que, para que una cláusula de vencimiento anticipado no sea abusiva, debe modular la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo".

En el presente supuesto la cláusula contractual 7ª vencimiento anticipado, es del siguiente tenor literal: " la entidad podrá declarar vencido el contrato de préstamo sin necesidad de esperar al vencimiento pactado y exigir la inmediata devolución de la suma total adeudada por todos los conceptos, en caso de falta de pago de tres cuotas de amortización de capital y abono de intereses en los plazos estipulados".

Por lo que la cláusula se ajusta al régimen legal al prever que se podrá dar por resuelto el contrato por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones esenciales establecidas en el presente contrato, en especial, la falta de pago, al menos, de tres plazos mensuales.

En el caso de autos, la acción ejercitada a través de un proceso declarativo ordinario, se basa en las obligaciones nacidas del contrato de préstamo personal suscrito entre las partes con arreglo al Código civil, invocando al efecto el art. 1124 del citado texto legal.

El ejercicio de esta modalidad de acción de resolución contractual en sede de préstamo ha sido admitida por la Sentencia de 27 de julio de 2015 de la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Valencia y reiterada en la de 16 de febrero de 2018 de la misma audiencia donde se dice:"Cierto es que la doctrina ha venido entendiendo tradicionalmente, aunque no unánimemente que el contrato de préstamo es un contrato real, que se perfecciona con la entrega de la cosa, y unilateral porque genera obligaciones solo para el prestatario, pero la realidad social del momento, en que la protección al consumidor se aplica a ultranza en su exigencia, no puede llevar consigo que un contrato de préstamo pactado para muchos años, sin cláusula expresa de resolución, pueda ser incumplido reiteradamente por el prestatario sin que sé de oportunidad al prestamista de resolverlo por vía del art. 1.124 CC , al venir referido este precepto solo a las obligaciones recíprocas, pues ello nos llevaría, de un lado, a que el prestatario pudiera cumplir el contrato a su arbitrio con infracción del art. 1258 del C.C ., y, de otro, a que el prestamista sufriera tal desequilibrio contractual que solo podría obviarse bien cayendo en el olvido el contrato de préstamo, con las nefastas consecuencias socio-económicas que ello comportaría, bien mediante cláusulas aberrantes de vencimiento anticipado, que lo permitan por el mero impago de cualquier cuota de amortización de capital o de intereses, o por el simple incumplimiento de cualquier nimia obligación pactada que en la actualidad se están declarando ineficaces por resultar abusivas en las relaciones entre un profesional y un consumidor al producirse igualmente un desequilibrio entre los contratantes, lo cual tampoco debe ser amparado en derecho.

En cuanto a la naturaleza, características y requisitos de la acción de resolución prevista en el artículo 1.124 del Código Civil son los siguientes: 1º) que entre partes medien obligaciones recíprocas, como esencia de un negocio jurídico bilateral; 2º) que dichas obligaciones recíprocas sean exigibles; 3º) que el que reclame la resolución haya cumplido lo que a él le incumbía, como requisito legitimador para plantear la resolución contractual, ya que no está legitimado para instar dicha acción el contratante que incumple sus obligaciones ; y 4º) que la parte a la que se demande de resolución haya incumplido la prestación a la que contractualmente se hubiera comprometido.

Pero este incumplimiento ha de reunir una serie de características para que pueda desembocar en la resolución contractual; a saber: a) que el incumplimiento sea propio del contratante a quien se le imputa; b) que el incumplimiento sea culpable, de modo que a quien se le achaque no ejecute la prestación debida por causas que le sean imputables como dependientes de su voluntad; y c) que el incumplimiento sea verdadero, es decir, no es suficiente que el supuesto incumplidor no ejecute voluntariamente la prestación a la que se obligó, sino que, además, se precisa que se trate de una infracción relevante, esencial, grave y de tal importancia en la economía y esencia del contrato que justifique la resolución, como así se desprende de reiterada, de modo que ya no se precisa, como antes se exigía, un incumplimiento deliberadamente rebelde o una tenaz y persistente resistencia al cumplimiento sino que basta una conducta voluntaria, injustificada y obstativa al cumplimiento del contrato en los términos en que se pactó, o que frustre las expectativas legitimas de los contratantes o el fin normal del contrato.. Ahora bien, no ha confundirse el incumplimiento tal como se ha expuesto con el simple retraso temporal en el cumplimiento de la prestación, porque en este último supuesto normalmente no hay base para que opere el art. 1.124 del C.C.: de un lado, porque si el retraso es justificado sólo existiría una prestación demorada; y de otro, porque aun siendo el retraso injustificado, si va seguido del cumplimiento o de la posibilidad cierta y segura de poder cumplir, tampoco podría hablarse de incumplimiento resolutorio, pues sólo se pueden encuadrar en el art. 1.124 del C.C . el retraso injustificado que frustre el fin práctico perseguido por el negocio, y el retraso duradero y persistente que por tal circunstancia revele una patente voluntad incumplidora, deducida de una prolongada inactividad o pasividad en el cumplimiento de la prestación comprometida.

En el presente caso, conforme al art. 1740 CC , " Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra, o alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo ", añadiendo el art. 1753 CC " El que recibe en préstamo dinero u otra cosa fungible, adquiere su propiedad, y está obligado a devolver al acreedores otro tanto de la misma especie y calidad ".

Resulta que la parte prestamista cumple con la entrega del dinero o cosa fungible, que constituye la esencia del contrato y la obligación principal del prestatario consiste en la devolución del importe de dinero prestado (con o sin intereses, art. 1740.3 CC ) o la cosa fungible de la misma especie y calidad prestado.

Y en este mismo sentido se ha pronunciado la sentencia AP de Cantabria de 1 de marzo de 2018, cuando dice: " La existencia de una cláusula contractual de vencimiento anticipado como la que está inserta en el contrato pero que no se activa ni puede activarse por mor de su declaración de abusividad, no priva a la entidad demandante de la facultad de resolver el contrato, pues éste es un efecto general previsto en el derecho de contratos, en los artículos 1124 del Código Civil , -expresamente para los contratos bilaterales-, y en el art. 1129, al señalar los supuestos en los que el deudor pierde el derecho a utilizar el plazo. Si el deudor deja de cumplir sus obligaciones (con la obligación esencial de restituir las cantidades acordadas en el calendario previsto para la amortización del préstamo) de una manera relevante, grave, de manera que el acreedor tiene razones para creer que los impagos se seguirán produciendo en el futuro, no puede impedirse al acreedor desvincularse del contrato ante el incumplimiento contumaz de su deudor".

Ahora bien, ante el pacto de vencimiento anticipado pactado con consumidores y siempre que se cumplan las condiciones mínimas, los tribunales deben valorar, además, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor está justificado, en función de los criterios de esencialidad de la obligación incumplida, gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo.

Descendiendo al caso concreto que nos ocupa, tratándose en este caso de un préstamo sin garantía hipotecaria ni personal adicional alguna, con una duración del plazo de amortización de 8 años, que tampoco afecta a bien de primera necesidad cual la vivienda habitual, la doctrina jurisprudencial exige como condición para apreciar la nulidad por abusiva de una clausula celebrada con consumidores, que se cause a un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, estableciendo igualmente el art. 4 de la Directiva, la necesidad de aplicar esa abusividad teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes y servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración y su ajuste al citado régimen legal que exige cuando menos se pacte la existencia de dos incumplimientos para dar lugar al mismo.

El contrato de préstamo personal suscrito entre las partes es de fecha 27 de julio de 2018 por importe de 27.0000 euros a devolver en 96 cuotas mensuales por importe de 409,13 euros

El incumplimiento de la amortización del préstamo se produjo desde el mes de marzo de 2021.

De ello resulta que el incumplimiento lejos de ser puntual, ha sido reiterado y por ello el incumplimiento del prestatario ha de ser calificado a estos efectos de esencial y grave en cuanto afecta la obligación principal y única asumida y grave por ser en este momento de suficiente entidad a efectos de aplicar el art. 1.124 del código civil.

De modo que el incumplimiento afecta a su principal obligación y es lo suficientemente grave como para entender perdido el plazo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1.129 del Código Civil.

Por lo que, como la parte acreedora acumuló la reclamación de cantidad por todo el importe debido, deberá condenarse a la demandada al pago del importe total del préstamo en la cantidad definitivamente concretada.

CUARTO.- En el certificado de deuda aportado junto con el capital vencido y el vencido anticipadamente, se reclaman intereses remuneratorios y moratorios.

Por lo que se refiere a los intereses moratorios objeto de recurso, en el contrato se estipula lo siguiente:

Demora: interés vigente + 2,00 puntos.

Por más que los intereses de demora tengan la doble función de indemnizar el daño ocasionado al acreedor por el incumplimiento de sus obligaciones e imponerle una pena disuasiva para éste último, y por ello, éstos se establecen siempre por encima de los remuneratorios. La cláusula relativa a los intereses de demora es una cláusula predispuesta, no negociada individualmente, a la que resulta de aplicación la TRLGDCU y cuyo carácter abusivo cabe enjuiciar con base en el art. 82 y en particular el 85.6, trasposición de la Directiva 93/13 CEE que sanciona con nulidad basada en la abusividad las cláusulas que supongan una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones.

Cuando lo que se pretende es un pronunciamiento de nulidad de la estipulación contractual, pronunciamiento fundado en su carácter abusivo, el control de contenido o abusividad, opera desde la firma del contrato y determina la nulidad de la cláusula desde su origen. Y así lo establece la STS de 23-12-2015

Respecto del juicio de abusividad de las cláusulas de intereses moratorios debemos destacar la doctrina establecida por el TS a partir de su conocida sentencia de 22 de abril de 2015, citada en el recurso, que considera abusivo un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado.

Por lo que en este caso, la adición es de un recargo de dos puntos, por lo que se ajusta al régimen legal.

QUINTO.- La desestimación de recurso de apelación conlleva, a tenor de lo establecido en el art. 398 apartado 1º de la Ley de enjuiciamiento civil, la condena al apelante al pago de las costas causadas en esta alzada

En atención a lo expuesto la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Oviedo dicta el siguiente