Sentencia Civil Audiencia Provincial de Asturias, Sección 6, Rec 424/2013 de 02 de Diciembre de 2013

Encabezamiento

RECURSO DE APELACION (LECN) 424/13

En OVIEDO, a dos de Diciembre de dos mil trece. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial, compuesta por, los Ilmos. Srs. D. José Manuel Barral Díaz, Presidente; Dª María Elena Rodríguez Vígil Rubio y D. Jaime Riaza García, Magistrados; ha pronunciado el siguiente:

SENTENCIA Nº333/13

En el Rollo de apelación núm.424/13 , dimanante de los autos de juicio civil ordinario, que con el número 231/13 se siguieron ante el Juzgado de Primera Instancia Nº6 de Oviedo siendo apelante LIBERBANK, demandado en primera instancia, representado/a por el/la Procurador/a Sr./a García-Bernardo Albornoz y asistido/a por el/la Letrado Sr./a Calderón Labao; y como parte apelada DON Cosme y DOÑA Gracia , demandantes en primera instancia, representado/a por el/la Procurador/a Sr./a Alonso Ayllón y asistido/a por el/la Letrado Sr./a Álvarez de Linera Prado; ha sido Ponente el/la Ilmo./a Sr./a Magistrado don Jaime Riaza García.

Antecedentes

PRIMERO. El Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Oviedo dictó sentencia en fecha 2-09-13 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda presentada por el Procuradora de los Tribunales D. Eugenio Alonso Ayllón, en la representación que tiene encomendada, se declara la nulidad del contrato de adquisición de 'obligaciones subordinadas Cajastur', así como de todos los contratos, actos y documentos conexos al mismo, firmados entre las partes, y en consecuencia, se condena a la entidad demandada a: 1.- La devolución de la cantidad de 36.000 euros en concepto de principal, más los intereses legales desde el depósito de dicha cantidad; así como de las comisiones cobradas por la demandada en concepto de comisiones de administración y sus intereses desde que se detrajeron; menos los intereses brutos cobrados por los actores durante el contrato y sus intereses desde que se abonaron al cliente.

2.- La que resulte en concepto de interés legal desde la interposición de la demanda y hasta la sentencia y los moratorios desde ésta hasta la devolución efectiva de prestaciones, menos los intereses que por idéntico origen deben abonar a la demandada los actores por la percepción, a su vez de intereses de intereses derivados del contrato cuya nulidad se declara.

Las costas procesales se imponen a la parte demandada.'

SEGUNDO .- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, del cual se dio el preceptivo traslado a las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 461 de la vigente Ley, que lo evacuaron en plazo. Remitiéndose posteriormente los autos a esta Sección, señalándose para deliberación, votación y fallo el día 26-11-13.



TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia de instancia estimó la demanda interpuesta al amparo de los artículo 1265 y 1266 del Cc . por considerar probado que la entidad financiera no había practicado seriamente los test de conveniencia, o estos estaban diseñados de manera que el resultado estaba predeterminado pues no podía entenderse de otro modo que la conclusión obtenida fuera que ambos suscriptores presentaban un perfil adecuado para realizar la operación litigiosa cuando ni habían trabajado en el mercado de valores, ni estaban familiarizados con el producto, ni habían hecho otras inversiones, aunque con otro tipo de productos, más bien al contrario hasta ese momento siempre habían acudido a imposiciones garantizadas; a ello se sumaba que la información precontractual proporcionada a los suscriptores no había identificado ni destacado adecuadamente los riesgos del producto financiero, sin que este particular pudiera entenderse soslayado por el documento de suscripción entregado en esa misma fecha.

Interpone recurso la demandada invocando en primer término error en la valoración de la prueba, de lo que sigue la infracción de los artículos 1265 y 1266 del Cc . pues ni había existido error, ni, en su caso sería excusable; en tercer lugar considera infringidos los artículos 1.311 y 1.313 del Cc . por haber sido confirmado el contrato una vez conocido el dato que se decía erróneo; a continuación denuncia la inversión de la carga de la prueba regulada en el artículo 217 de la LEC ; en quinto lugar invoca que el incumplimiento de la normativa sobre las normas de conducta de las entidades de inversión no tiene consecuencias civiles; y por último añade la doctrina del enriquecimiento injusto por no haber ordenado la sentencia la devolución de las acciones por las que fueron canjeados los títulos de las obligaciones subordinadas.



SEGUNDO.- Es sabido que la complejidad propia del mercado financiero hace que el cálculo del riesgo y expectativas de beneficio dependan de múltiples y muy complejas variables económicas y políticas, nacionales e internacionales, de manera que, con carácter general, la clientela precisa de un asesoramiento externo cuya influencia puede ser relevante, muy relevante y hasta decisiva, en orden correlativamente inverso a la experiencia y conocimiento del inversor.

Precisamente porque las condiciones personales de la potencial clientela puede ser muy diversa, la ley se ha preocupado de distinguir entre el cliente profesional y el minorista, exacerbando el cuidado que las entidades financieras deben seguir cuando su interlocutor tiene esta última condición; así la entidad asesora debe esmerarse evaluando en primer término los conocimientos y experiencia previos del cliente, y en segundo lugar sus necesidades financieras, pues solo así podrá encaminarle a aquel producto que más se acomode a su perfil inversor.

Por ello hemos recordado en otras ocasiones que 'el art.79 de la L.M .V., en su redacción primitiva, establecía como regla cardinal del comportamiento de las empresas de los servicios de inversión y entidades de crédito frente al cliente la diligencia y transparencia y el desarrollo de una gestión ordenada y prudente cuidando de los intereses del cliente como propios (letras I.A. y I.C.); el R.D. 629/1.993 concretó aún más esos principios desarrollando, en su anexo, un código de conducta, presidida por los criterios de imparcialidad y buena fe, cuidado y diligencia y, en lo que aquí interesa, adecuada información tanto respecto de la clientela; para ello la entidad financiera debía recabar de ella cuantos datos fueran necesarios conocer su experiencia inversora y objetivos de la inversión (art. 4 del Anexo 1 ).

Completado ese primer paso, el operador financiero aún deberá cumplir con otras exigencias, tanto en lo que se refiere al contenido como a la calidad de la información que debe proporcionar al cliente; así por lo que respecta al contenido es elemental que en la contratación de este tipo de productos la información debe referirse tanto a las expectativas de beneficio como a los riesgos que asumirá si sigue las directrices o consejos de quien le asesora, mientras que por lo que concierne a la calidad, cabe destacar que la misma ' debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la operación que contrata. Cualquier previsión o predicción debe estar razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para evitar malentendidos'; como muy correctamente reseña la sentencia de instancia, esa línea de pensamiento resulta ratificada por los artículos 60 , 62 y 64 del R.D. 217/2008 regulador del régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión cuando ponen de manifiesto que la información proporcionada por dichas sociedades al cliente debe ser: a:) comprensible para cualquier integrante medio del grupo a que va destinada; b.) objetiva y suficiente; y c.) imparcial y equilibrada, de manera que no ocultará, encubrirá o minimizará ningún aspecto, declaración o advertencia importantes, pues solo así podrá el cliente tomar decisiones de inversión fundadas.

Es verdad que el incumplimiento de las obligaciones de evaluación e información no comporta necesariamente consecuencias civiles, pero la sentencia recurrida tampoco hace esa afirmación por lo que el motivo expuesto en el ordinal quinto del recurso queda vacío de contenido; cuestión distinta es que dicha normativa revela la inquietud del legislador por la protección de una ciudadanía que supone poco ducha en los entresijos del mercado financiero y por tanto particularmente vulnerable a la influencia que sobre ella pueden desplegar los agentes que operan en el mercado de valores; esa debilidad de principio sí es relevante a la hora de enjuiciar el error y sobre todo su excusabilidad, por lo que la sentencia de instancia acierta al tomarla en consideración para la decisión del pleito.



TERCERO.- Una vez hecho un somero repaso sobre los parámetros de actuación de la entidad financiera, diremos que en el supuesto revisado los demandantes deben ser considerados como clientes minoristas porque no reúnen ninguna de las condiciones señaladas en el artículo 78 bis de la LMV para considerarlos profesionales con experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus riesgos, antes bien se trata nuevamente de pequeños ahorradores que hasta la fecha habían suscrito mayoritariamente imposiciones a plazo fijo desconociéndose cualquier incursión previa en el ámbito de la inversión; por ello la información que debía proporcionarles la entidad financiera debería haber cumplido escrupulosamente dichos parámetros para evitar cualquier malinterpretación de los beneficios y riesgos inherentes a las distintas alternativas que considerara acomodadas a su perfil.

Sin embargo consta que el test de conveniencia se realizó en el mismo momento de la firma de la compra o suscripción del producto; tal modo de proceder evidencia que la entidad financiera concibió el test como un trámite puramente formal para cubrir el expediente en relación a un asesoramiento ya concluido.

Cuanto llevamos expuesto sería irrelevante si a la postre la información dada a los inversores hubiera cumplido las condiciones de contenido y calidad a que antes hicimos referencia pues es sabido que el error es vicio de la voluntad que concurre cuando esta se forma sobre la base de una creencia inexacta, teniendo dicho el TS en su sentencia de 17 de julio de 2006 con amplia cita de precedentes, que para que sea invalidante ' es preciso, por una parte, que sea sustancial o esencial, que recaiga sobre las condiciones de la cosa que principalmente hubieran dado motivo a la celebración del contrato, o, en otros términos, que la cosa carezca de alguna de las condiciones que se le atribuyen, y precisamente de la que de manera primordial y básica motivó la celebración del negocio atendida la finalidad de éste ( Sentencias de 12 de julio de 2002 , 24 de enero de 2003 y 12 de noviembre de 2004 ); y, además, y por otra parte, que sea excusable, esto es, no imputable a quien los sufre y no susceptible de ser superado mediante el empleo de una diligencia media, según la condición de las personas y las exigencias de la buena fe, con arreglo a la cual el requisito de la excusabilidad tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente, ya que en tal caso ha de establecerse esa protección a la otra parte contratante que la merece por la confianza infundida por esa declaración ( Sentencias de 18 de febrero y de 3 de marzo de 1994 , que se citan en la de 12 de julio de 2002 , y cuya doctrina se contiene, a su vez, en la de 12 de noviembre de 2004 ; también, Sentencias de 24 de enero de 2003 y 17 de febrero de 2005 ).

Pues bien el recurso parte de la hipótesis de que la información precontractual proporcionada verbalmente fue coherente con la contenida en la nota de valores suscrita al tiempo de la contratación, por lo que niega el error y en todo caso considera que sería inexcusable pues la parte tenía a su disposición medios más que suficientes para comprender las condiciones de su inversión, habiendo despreciado los riesgos inherentes a la misma en razón a la mayor rentabilidad del producto.

El argumento sería atendible si los clientes hubieran recibido un borrador de la documentación que acabamos de mencionar con la antelación mínima necesaria para poder leerlo con atención, seleccionar aquellos extremos que pudieran entrar en contradicción con la información precontractual facilitada verbalmente y aclarar las dudas que pudieran asaltarles recabando la explicación correspondiente de la entidad financiera, o contrastándola con fuentes distintas; sin embargo la documentación aportada a los autos revela que los clientes únicamente recibieron los originales suscritos al tiempo al tiempo de la contratación, de manera que parece irrefutable que los clientes prestaron consentimiento fiados en que aquella concordaría fielmente con la información verbal que se les había facilitado en las distintas entrevistas concertadas al respecto.

Así las cosas el Tribunal comparte la conclusión alcanzada en la instancia sobre la irrelevancia de la declaración de ciencia contenida en la nota de valores, no porque la misma sea 'per se' oscura o ininteligible, sino porque es tan extensa e incluye terminología específica que impide a un lego en la materia tomar cabal conocimiento de las características esenciales de la emisión en una primera lectura, que sería la que en el mejor de los casos podría haber hecho el cliente antes de suscribirla.

Será en consecuencia de vital importancia examinar la prueba practicada respecto de la información que sobre las características esenciales y riesgos del producto facilitó la entidad demandada en ese momento crucial de formación de la voluntad.



CUARTO.- En este caso ni siquiera se ha ofrecido el testimonio del comercial, pese a que había sido propuesto como testigo por la parte actora; ello no obstante contamos con una copia del mensaje remitido el 21 de mayo de 2.009 por correo electrónico en el que se insistía en que 'la liquidez estaba garantizada por la caja a partir del primer año en cualquier momento', para luego añadir que la liquidación de los intereses sería trimestral 'percibiendo íntegramente estos hasta los días que permanezca la imposición' (sic), 'por lo que a partir del primer año sería como una cuenta corriente' Así pues nuevamente se pone de manifiesto que los clientes fueron guiados directamente al producto litigioso porque por aquel entonces se consideraba una oferta de inversión inmejorable, 'un producto estrella', como efectivamente podía ser desde la estrecha perspectiva de la rentabilidad; en lógica consonancia con la creencia sobre las extraordinarias virtudes del producto, ese mismo documento permite entrever que se minimizó un aspecto altamente desfavorable para los clientes como el que se refiere al plazo para recuperar la inversión, que para estos sería de diez años pues, con arreglo a la cláusula 4.8.2 de la nota de valores correspondiente a la segunda emisión de obligaciones subordinadas Cajastur, solo esta última entidad disponía de la opción de cancelación anticipada al quinto año; es decir se soslayó que los títulos solo eran negociables en un mercado secundario asegurando una liquidez inmediata a partir del primer año, en base a una práctica que la Comisión Nacional del Mercado de Valores consideraba irregular, como era la comercialización previa y a la par de los títulos suscritos en un mercado interno en lugar de llevarlo al Mercado AIAF de Renta Fija, en el que el precio se formaba en funciones de la oferta y demanda real de dichos títulos.

Por otra parte, la información comercial también rebajó la importancia del riesgo aludiendo a que era paralelo con el riesgo de insolvencia de la entidad; es verdad que el riesgo final de la emisión es el inherente a la voluntaria posposición de grado del acreedor para el supuesto de insolvencia definitiva de la entidad emisora, que era una hipótesis muy poco probable, pero al poner énfasis en ese aspecto se minimizó la importancia de otro que a la postre ha resultado crucial, como es el que la variación en la calificación crediticia de la entidad emisora durante ese periodo influiría decisivamente en la demanda del título en el mercado secundario, de manera que si el cliente necesitaba recuperar la inversión antes del transcurso del plazo pactado de amortización, estaría expuesto a las oscilaciones de la oferta y demanda en ese mercado con la consiguiente posibilidad de pérdida de una parte del capital, como efectivamente aconteció.

Cuanto llevamos expuesto ello nos lleva a concluir que en el consentimiento pesó decisivamente una información precontractual que no se acomoda a los parámetros exigidos por la normativa vigente y llevó a los clientes a error sobre dos condiciones absolutamente esenciales de la inversión, como eran la posibilidad de cancelación anticipada de la misma y la garantía de la recuperación a la par del capital en cualquier momento previo a la finalización del plazo, razón por la cual el error es sustancial y excusable.



QUINTO.- La apelante sostiene que, incluso en esa hipótesis, el vicio habría sido purificado por la confirmación tácita del contrato por el cobro puntual de los cupones o intereses pactados, y que además la sentencia provoca un enriquecimiento injusto de los apelados, que no son conminados a la devolución de las acciones recibidas en razón al canje forzoso de títulos impuesto por la autoridad gubernativa competente.

Por lo que se refiere al primero de dichos alegatos diremos que el cobro de la remuneración pactada nada ilustra acerca del error padecido sobre otras cualidades esenciales del producto que nos llevan a la conclusión de que prestó consentimiento por error; ni siquiera lo haría la cancelación parcial anticipada ordenada por los clientes, aun cuando convendremos en que desde ese momento resultó patente que la liquidez prometida no se ajustaba en modo alguno a la realidad.

Y por lo que se refiere al canje de títulos reiteraremos que la condena a la recíproca devolución de las prestaciones descarta cualquier sospecha de enriquecimiento injusto por lo que la parte actora cumplirá con la devolución de los títulos valores que le fueron entregados, sin perjuicio de que la apelante reciba luego aquellos que los sustituyen.



SEXTO.- Protesta además la apelante la condena al pago de intereses por mora por entender que ello implica duplicidad con los ya previstos en el artículo 1.303 del Cc . y ciertamente debe decirse que ello es así porque la restitución del capital inicial y comisiones aplicadas, más el interés legal del dinero devengado por todo ello desde la fecha de la contratación y hasta la de la efectiva restitución resarce íntegramente el derecho de cada una de las partes, de modo que procede estimar el recurso, sin perjuicio de que con arreglo al artículo 576 de la LEC , el principal que resulte de la anterior liquidación devengue el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de la sentencia de instancia.



SEXTO.- Estimado en parte el recurso, no se hará especial pronunciamiento sobre las costas causadas con el mismo.

En atención a lo expuesto la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Oviedo dicta el siguiente

Fallo

Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por LIBERBANK S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo en los autos de que este rollo dimana dejamos sin efecto el pronunciamiento segundo del fallo, salvo en lo que se refiere a los intereses procesales, de modo que el principal que resulte de la liquidación prevista en el pronunciamiento primero devengarán desde la fecha de la sentencia de instancia el interés legal del dinero incrementado en dos puntos; y todo ello sin hacer condena en las costas de esta segunda instancia.

Contra la presente sentencia, cabe interponer en el plazo de veinte días recurso extraordinario por infracción procesal y/o, casación, conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J ., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 Euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de Justicia gratuita, el M. Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local, u organismo autónomo dependiente.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/ PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.