Sentencia Civil 183/2023 Audiencia Provincial Civil-penal de Badajoz nº 3, Rec. 131/2023 de 18 de julio del 2023

PRIMERO.- Allianz Compaía de Seguros y Reaseguros SA se alza contra la sentencia dictada en el presente procedimiento alegando, en primer lugar, que se ha desestimado indebidamente la excepción de falta de legitimación activa respecto de D. Clemente, porque el art. 7 de la Ley de Contrato de Seguro habilita al tomador a contratar el seguro por cuenta ajena, pero determina que los derechos que deriven del contrato de seguro corresponderán al beneficiario, que en este caso no es otra persona que la propietaria del vehículo asegurado, la Sra. Rebeca, resultando insuficiente para reconocerle tal legitimación que el Sr. Clemente sea esposo de Dª. Dulce y que conste como conductor habitual en la póliza. Se alega, en segundo lugar, que resulta insuficiente para considerar acreditada la sustracción del vehículo la denuncia aportada, vistos los datos puestos de relieve por el detective en el informe aportado por la parte recurrente, que refleja que sufrió una avería mecánica muy importante antes de que se produjese la supuesta sustracción. En tercer lugar, se alega en el recurso error en la valoración de la prueba al dar por válida la tasación del vehículo realizada por el perito Sr. Raimundo, propuesto por la parte demandante, cuando se trata de una valoración realizada a tanto alzado y sin tener en cuenta las circunstancias concretas del vehículo, que no se encontraba en un estado de conservación correcto, habiendo reconocido el referido perito que, de haber conocido esos datos, la valoración hubiera sido diferente, sin que consultase a sus clientes sobre las circunstancias del vehículo ni solicitase un informe a la Dirección General de Tráfico. En cuarto lugar, Allianz se alza contra el pronunciamiento que le impone las costas procesales, que no se le deberían imponer si se desestima o se estima parcialmente la demanda y finalmente, en quinto lugar, considera que no deberían habérsele impuesto las costas procesales, al concurrir circunstancias excepcionales que, conforme a lo previsto en el nº 8 del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro, justificarían la no imposición a la aseguradora.

SEGUNDO.- En primer lugar, por lo que se refiere a la falta de legitimación activa de D. Clemente, debemos recordar que el Art. 7 de la Ley de Contrato de Seguro establece que si el tomador del seguro y el asegurado son personas distintas, las obligaciones y los deberes que derivan del contrato corresponden al tomador del seguro, salvo aquellos que por su naturaleza deban ser cumplidos por el asegurado. Los derechos que derivan del contrato corresponderán al asegurado o "en su caso, al beneficiario", salvo los especiales derechos del tomador en los seguros de vida. En relación al contrato de seguro, el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 14 de julio de 1987 de la Sala 1 ª afirma que "en la nueva técnica del seguro lo esencial para la determinación legitimadora no es otro factor que el del interés en la obtención en la indemnización del daño". En consecuencia, está excluido de la legitimación para instar la reparación del daño todo aquél que no tenga un interés jurídicamente demostrado.

Pues bien, tal y como afirma la juez a quo, en el supuesto que nos ocupa D. Clemente, además de tomador, es titular de un interés en la obtención de la indemnización, en la medida en que es pareja de la propietaria y figura en la póliza (folio 5) como conductor habitual del vehículo, es más la propietaria, Dª. Rebeca, no aparece ni siquiera como conductora habitual, sin perjuicio de que la propietaria y asegurada sea la destinataria de la indemnización. Debe, por tanto, mantenerse la argumentación de la sentencia y rechazarse el primer motivo del recurso.

TERCERO.- Se considera por Allianz que la Juez a quo yerra al valorar la prueba cuando considera probada la sustracción del turismo, y, examinando las comunicaciones que cruzaron las partes antes de la interposición de la demanda, Allianz desde el principio se negó a hacer frente a la indemnización que se le reclamaba alegando que no se había producido el siniestro.

En lo que se refiere a la valoración de la prueba, como señalaba este Tribunal en su sentencia de 20 de marzo de 2018, entre muchas otras, "es doctrina jurisprudencial reiterada y pacífica que la amplitud del recurso de apelación permite al Tribunal ad quem examinar el objeto del pleito con igual potestad con que lo hizo el Juez a quo, no estando, por tanto, obligado a respetar, en principio, los hechos que éste declaró probados en cuanto no alcanzan la inviolabilidad que tienen en otros recursos como los extraordinarios, y en especial en el de casación. Pero también hay que recordar que es unánime y constante la doctrina jurisprudencial conforme a la cual el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de la segunda instancia el pleno conocimiento de la cuestión, pudiéndose en la alzada verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez a quo de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica o si, por el contrario, la conjunta apreciación de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso". Examinando la sentencia ahora recurrida, la juez a quo entiende que no puede exigirse a la asegurada más prueba que la denuncia que formuló en su día por la sustracción del vehículo y, después de analizar el informe de investigación privada aportado, considera que recoge una serie de sospechas, pero ningún dato concluyente que permita considerar que los ahora demandantes formularon una denuncia falsa para obtener la indemnización pactada para caso de sustracción del vehículo. La valoración que hace la juez no es ilógica, irrazonable ni arbitraria, por lo que no hay motivo para sustituirla por la del recurrente: el perito hace conjeturas, plantea una sospecha de fraude, pero vistas las manifestaciones del responsable del taller en el acto del juicio no se ha acreditado con claridad que el Audi sufriera una avería tan grave como se quiere mostrar por la aseguradora demandada, a lo que hay que añadir que parece excesivamente rebuscado que los demandantes viajasen hasta Navalcarnero para denunciar un robo cuando los demandantes tienen su domicilio en Mérida.

CUARTO.- Respecto del error denunciado en la valoración de la tasación del valor del vehículo sustraído, la juez a quo considera que los criterios seguidos por el informe aportado por la parte actora se ciñen a valores de mercado de vehículos de igual marca y modelo del vehículo robado, sin tener en cuenta el estado del vehículo al tiempo de la sustracción, mientras que los informes aportados por la parte demandada, si bien pretenden proporcionar un valor más ajustado a las circunstancias concretas del vehículo, no acierta al realizar la tasación porque valora el vehículo como si hubiese sufrido una grave avería, cuya existencia no se ha probado.

Compartimos la valoración que realiza la sentencia de que no se ha probado suficientemente que la avería padecida por el vehículo tuviera tal importancia que disminuyera significativamente el valor de mercado del vehículo, teniendo especialmente en cuenta la declaración del responsable del taller en el acto del juicio, ahora bien, no podemos obviar que según el informe aportado por la parte actora el valor de mercado en el 2021 del vehículo ascendía a 15.061 euros, y, sin embargo, conforme a la documentación unida al informe del detective privado, el vehículo fue valorado en el momento de realizar la permuta en virtud de la cual lo adquirió Dª. Rebeca en la cantidad de 14.000 euros, y eso a pesar de que en el año 2019 el vehículo contaba con 175.000 kilómetros, mientras que, según la declaración de la propia actora unida al informe del detective, en el momento en que se sustrajo, el vehículo ya tenía 230.000 kilómetros: tal diferencia entre una y otra cifra nos hace dudar de que la valoración del perito sea la más correcta y ajustada a la realidad del estado del vehículo al tiempo de producirse el accidente, sin que resulte razonable pensar que el turismo se revalorizara en el mercado cuando contaba con dos años más de antigüedad y 50.000 km. más, quizás porque la versión de los modelos escogidos para la comparación no es la misma que la del sustraído, como afirmó el perito Sr. Luis María, aunque tampoco podemos quedarnos con la valoración final que hace el perito de la parte demandada, que tiene en cuenta el valor de la avería, cuya realidad no ha sido probada. La única alternativa viable es partir del valor venal del vehículo supuestamente robado, que según el boletín Ganvam ascendería a 8.470,00 € -así se hace constar en el informe de la parte demandada-, e incrementarlo en un porcentaje de un 30%, porcentaje que suele aplicar este Tribunal al valor venal (sentencias de 8 de julio de 2016 y 7 de octubre de 2020) para establecer una cantidad que permita adquirir un vehículo en el mercado de segunda mano de un estado y condiciones semejantes al siniestrado, por lo que procedería establecer el valor de mercado de este vehículo en 11.011 euros, que es la cantidad en la que los demandantes deben ser indemnizados por el siniestro.

QUINTO.- Se impugna también por Allianz en su recurso que se le hayan impuesto las costas la imposición de las costas procesales, y en este punto es necesario modificar el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia, puesto que pasa a estimarse parcialmente la pretensión, de manera que, conforme a las previsiones del art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cada parte debe correr con las costas causadas a su instancia y con la mitad de las comunes.

SEXTO.- El último motivo de recurso viene a combatir que se impongan a Allianz las costas procesales previstas en el art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro, manteniendo que concurren razones excepcionales que, al amparo de lo previsto en el nº 8 de este artículo, justificarían su no imposición. Pues bien, dispone el art. 20 en su 8.º que no habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable......, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a la no imposición de los intereses moratorios de este artículo, se sustenta sobre los siguientes parámetros:

1. La causa justificada, a los efectos de la falta de devengo de estos intereses moratorios, ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados.

2. La judicialización de un conflicto no es causa, por sí misma, para obviar la imposición de estos intereses moratorios, a no ser que se aprecie una auténtica necesidad de acudir al proceso para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación a cargo de la aseguradora.

3. No integra esa incertidumbre la mera discrepancia en las cuantías reclamadas, y por ello, no obvia la aplicación de este precepto la indeterminación sobre el quantum indemnizatorio, no siendo de aplicación el viejo aforismo " in illiquidis non fit mora", -no se produce mora cuando se trata de cantidades ilíquidas-, pues se considera la indemnización como una deuda que, con independencia de cuándo se cuantifique, existe ya en el momento de producirse el siniestro, como hecho determinante del deber de indemnizar; así, la sentencia que finalmente fija ese quantum tiene naturaleza declarativa, no constitutiva, es decir, no crea un derecho " ex novo", sino que se limita a determinar la cuantía de la indemnización por el derecho que asiste al asegurado desde que se produce el siniestro cuyo riesgo es objeto de cobertura.

Así, en su sentencia de fecha 14 de marzo de 2018, dice "......la indemnización establecida en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro tiene desde su génesis un marcado carácter sancionador y una finalidad claramente preventiva, en la medida en que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado. La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto, en tanto dicha incertidumbre no resulta despejada por la resolución judicial......"

En su sentencia de fecha 18 de enero de 2018, recurso núm. 2.300/2015, dice "Hemos de partir de la jurisprudencia de la sala sobre la interpretación y aplicación del art. 20.8 LCS, tal y como quedó precisada en la sentencia 743/2012, de 4 de diciembre, y ha sido reiterada en sentencias posteriores (206/2016, de 5 de abril; 514/2016, de 21 de julio ; 456/2016, de 5 de julio ; 36/2017 de 20 de enero ; 73/2017, de 8 de febrero ; y 523/2017, de 27 de septiembre ). Esta jurisprudencia fue sintetizada por la sentencia 73/2017, de 8 de febrero , en estos términos: «Si bien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.8º LCS , la existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, y le exonera del recargo en que consisten los intereses de demora, en la apreciación de esta causa de exoneración esta Sala ha mantenido una interpretación restrictiva en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados [...].

»En atención a esa jurisprudencia, si el retraso viene determinado por la tramitación de un proceso, para que la oposición de la aseguradora se valore como justificada a efectos de no imponerle intereses ha de examinarse la fundamentación de la misma, partiendo de las apreciaciones realizadas por el tribunal de instancia, al cual corresponde la fijación de los hechos probados y de las circunstancias concurrentes de naturaleza fáctica para integrar los presupuestos de la norma aplicada.

»Esta interpretación descarta que la mera existencia de un proceso, el mero hecho de acudir al mismo constituya causa que justifique por sí el retraso, o permita presumir la racionabilidad de la oposición. El proceso no es un óbice para imponer a la aseguradora los intereses a no ser que se aprecie una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación de indemnizar [......]. En aplicación de esta doctrina, la Sala ha valorado como justificada la oposición de la aseguradora que aboca al perjudicado o asegurado a un proceso cuando la resolución judicial se torna en imprescindible para despejar las dudas existentes en torno a la realidad del siniestro o su cobertura [......].

»Con carácter general, en fin, e invocando un modelo de conducta acrisolado, el propósito del artículo 20 LCS es sancionar la falta de pago de la indemnización, o de ofrecimiento de una indemnización adecuada, a partir del momento en que un ordenado asegurador, teniendo conocimiento del siniestro, la habría satisfecho u ofrecido. Siempre a salvo el derecho del asegurador de que se trate a cuestionar después o seguir cuestionando en juicio su obligación de pago y obtener, en su caso, la restitución de lo indebidamente satisfecho»."

Y en su sentencia de fecha 8 de febrero de 2017, recurso núm. 2524/2014, "......El proceso no es un óbice para imponer a la aseguradora los intereses a no ser que se aprecie una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación misma de indemnizar ( SSTS 7 de junio de 2010, RC n.º427/2006 ; 29 de septiembre de 2010, RC n.º1393/2005 ; 1 de octubre de 2010, RC n.º1315/2005 ; 26 de octubre de 2010, RC n.º667/2007 ; 31 de enero de 2011, RC n.º2156/2006 ; 1 de febrero de 2011, RC n.º2040/2006 y 26 de marzo de 2012, RC n.º760/2009 ). En aplicación de esta doctrina, la Sala ha valorado como justificada la oposición de la aseguradora que aboca al perjudicado o asegurado a un proceso cuando la resolución judicial se torna en imprescindible para despejar las dudas existentes en torno a la realidad del siniestro o su cobertura, en cuanto hechos determinantes del nacimiento de la obligación, si bien la jurisprudencia más reciente es aún más restrictiva y niega que la discusión judicial en torno a la cobertura pueda esgrimirse como causa justificada del incumplimiento de la aseguradora cuando la discusión es consecuencia de una oscuridad de las cláusulas imputable a la propia aseguradora con su confusa redacción ( SSTS de 7 de enero de 2010, RC n.º1188/2005 y de 8 de abril de 2010, RC n.º 545/2006 ).

En todo caso y a pesar de la casuística al respecto, viene siendo criterio constante en la jurisprudencia no considerar causa justificada para no pagar el hecho de acudir al proceso para dilucidar la discrepancia suscitada por las partes en cuanto a la culpa, ya sea por negarla completamente o por disentir del grado de responsabilidad atribuido al demandado en supuestos de posible concurrencia causal de conductas culposas ( STS 12 de julio de 2010, RC n.º694/2006 y STS 17 de diciembre de 2010, RC n.º 2307/2006 ), del mismo modo que no merece tampoco para la doctrina la consideración de causa justificada la discrepancia en torno a la cuantía de la indemnización, cuando se ha visto favorecida por desatender la propia aseguradora su deber de emplear la mayor diligencia en la tasación del daño causado, a fin de facilitar que el asegurado obtenga una pronta reparación de lo que se considere debido ( SSTS de 1 de julio de 2008, RC n.º 372/2002 ; 1 de octubre de 2010, RC n.º1315/2005 y 26 de octubre de 2010, RC n.º667/2007 ), sin perjuicio, como ya se ha dicho, de que la aseguradora se defienda y de que, de prosperar su oposición, tenga derecho a la restitución de lo abonado. En relación con esta última argumentación, es preciso traer a colación la jurisprudencia que ha precisado que la iliquidez inicial de la indemnización que se reclama, cuantificada definitivamente por el órgano judicial en la resolución que pone fin al pleito, no implica valorar ese proceso como causa justificadora del retraso, ya que debe prescindirse del alcance que se venía dando a la regla in iliquidis non fit mora (tratándose de sumas ilíquidas, no se produce mora), y atender al canon del carácter razonable de la oposición (al que venimos constantemente haciendo referencia) para decidir la procedencia de condenar o no al pago de intereses y concreción del dies a quo (día inicial) del devengo, habida cuenta de que la deuda nace con el siniestro y el que la sentencia que la cuantifica definitivamente no tiene carácter constitutivo sino meramente declarativo de un derecho que ya existía y pertenecía al perjudicado (entre las más recientes, SSTS de 1 de octubre de 2010, RC n.º 1315/2005 ; 31 de enero de 2011, RC n.º 2156/2006; 1 de febrero de 2011, RC n.º 2040/2006 y 7 de noviembre de 2011, RC n.º 1430/2008 )» ......"

En el supuesto que nos ocupa, las sospechas de fraude no justifican de por sí la falta de pago de cantidad alguna, como tampoco lo justifica la discrepancia entre las asaciones de costas de los dos peritos, pues al menos se podría haber pagado o consignado la cantidad correspondiente a la tasación más baja, por lo que, haciendo una interpretación restrictiva en los términos antes señalados, se entienden correctamente impuestos los intereses del art. 20.

SÉPTIMO.- Respecto de las costas procesales, al desestimarse el recurso de apelación, cada parte correrá con las causadas a su instancia y con la mitad de las comunes al estimarse parcialmente el recurso, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S. M. el Rey y por la Autoridad que me concede la Constitución, pronunciamos el siguiente,