Sentencia Civil 270/2024 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 12, Rec. 346/2023 de 10 de mayo del 2024

PRIMERO.- Planteamiento del litigio en primera instancia.

Dña. Margarita presentó demanda de divorcio contra D. Pedro Jesús. El matrimonio se celebró el 15 de mayo de 2.010 y tienen dos hijos en común, Baltasar, nacido el NUM011 de 2.011, y Adrian, nacido el NUM012 de 2.015. El régimen económico matrimonial es de separación de bienes. El domicilio familiar se estableció en DIRECCION002, de DIRECCION001, vivienda de la que son copropietarios, y que está gravada con hipoteca.

Se relataba en la demanda que, a consecuencia del deterioro familiar, la Sra. Margarita optó por abandonar la vivienda y que las partes llegaron a un acuerdo para establecer una guarda y custodia compartida de los menores por semanas alternas, así como para contribuir a los alimentos con un ingreso mensual de 450 euros cada uno de ellos en una cuenta conjunta. Solicitaba en la demanda que se mantuvieran estas medidas, aportando plan de parentalidad.

Se acumuló la acción de división de cosa común respecto de la vivienda familiar y el parking, solicitando la demandante que se le adjudicaran por la cantidad de 70.000 euros. En cuanto a los vehículos comunes, un turismo Toyota Verso y un turismo Kia Stonica, solicitaba que se le adjudicara el primero a ella y el segundo al demandado, continuando ella abonando la mitad del préstamo de financiación relativo a éste.

El Sr. Pedro Jesús compareció contestando a la demanda. Manifiesta que las partes firmaron el 30 de septiembre de 2.021 un acuerdo que se estaba cumpliendo en lo relativo a la guarda y custodia y contribución a los alimentos de los menores. Estando conforme con el mantenimiento de la guarda compartida, solicitaba, en cuanto a la contribución a los alimentos, que cada uno de los progenitores asumiera los gastos ordinarios mientras los tuvieran en su compañía, y que atendiesen a los gastos extraordinarios por mitad.

En cuanto a la acción de división de los bienes comunes, mostrando su conformidad con la división de los inmuebles, solicitaba que se le adjudicasen el 50% de la vivienda familiar y el parking, compensando a la Sra. Margarita con la cantidad de 50.000 euros, tal como pactaron en el acuerdo suscrito. Señalaba que desde el mes de enero de 2.022, asumió el pago de la totalidad de las cuotas del préstamo hipotecario, por importe de 2.977,32 euros, por lo que solicitó que esta cantidad se restase de los 50.000 euros ofertados por la adjudicación del inmueble. Además, solicitó una prestación compensatoria a su favor.

En el acto de la vista, la juzgadora acordó excluir la petición de prestación compensatoria y reclamación de cuotas hipotecarias formulada por el demandado, a lo que éste se aquietó.

SEGUNDO.- Sentencia de instancia. Recurso de apelación.

La sentencia de 4 de noviembre de 2.022 acuerda el divorcio del matrimonio, y aprueba el acuerdo alcanzado por las partes en relación con los siguientes puntos: "patria potestad, la guarda y custodia compartida por semanas con el régimen de comunicaciones y visitas que se fijará en la parte dispositiva, la atribución del vehículo Toyota Verso a D. ª Margarita y del vehículo KIA Stonic a D. Pedro Jesús, continuando pagando la mitad de las cuotas que gravan este último bien D. ª Margarita".

Manteniéndose la controversia respecto de los alimentos y la división de la vivienda familiar, la sentencia acordó que cada progenitor atendiese los gastos de los hijos cuando los tenga en su compañía, y los demás gastos ordinarios y los extraordinarios por mitad.

Se estimó la acción de división de cosa común, acordando respecto de los bienes inmuebles que su adjudicación se producirá en ejecución de sentencia, conforme a las reglas del artículo 552-11.5 del Código Civil de Cataluña. Considera que el pacto alcanzado por las partes fue dejado sin efecto por la Sra. Margarita conforme a lo previsto en el artículo 233-5 del Código Civil de Cataluña, por lo que no procede su adjudicación al Sr. Pedro Jesús, ni tampoco a la demandante.

El Sr. Pedro Jesús presenta recurso de apelación, impugnando el pronunciamiento sobre la división de los bienes inmuebles. Alega error en la valoración de la prueba en cuanto a la manifestación de disconformidad de la Sra. Margarita con el pacto sobre adjudicación de la vivienda familiar al apelante. Solicita por ello que se acuerde dicha adjudicación, por un valor de 50.000 euros.

La Sra. Margarita se opone al recurso y solicita su desestimación.

TERCERO.- Acuerdos en supuestos de crisis familiar. Jurisprudencia y doctrina.

Señala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nº 26/ 2.022, de 13 de mayo de 2.022, lo siguiente: "Cuarto. Clases de acuerdos que pueden concertar el matrimonio para los supuestos de crisis familiar 1. Como se infiere de los artículos 231-20 , 233-2 y 233-5 del CCC , el libro II regula dos clases de pactos que pueden concertar los cónyuges: los que contemplan una futura ruptura matrimonial y los que se concluyen cuando la crisis ha surgido. Todos ellos deben reunir lógicamente los requisitos generales de validez de los contratos establecidos en el art. 1255 del CC . (...) 5. Por el contrario, los pactos entre las partes que se conciertan cuando la crisis ya se ha producido y los derechos ya han podido surgir conociéndose su alcance y contenido, se regulan en el art. 233-5.1 y 2, de modo que caben pactos vinculantes de derechos disponibles, como serían entre los cónyuges mayores de edad, la compensación por razón del trabajo, la prestación económica o la atribución del uso del domicilio, aunque no se vinculen a un convenio regulador, siempre que ambas partes hubiesen contado con asesoramiento legal independiente. 6. En todo caso, como se ha indicado, los pactos de cualquier clase que sean no contenidos en un convenio regulador y que se refieran a la renuncia de la prestación compensatoria o a la atribución del uso del domicilio familiar no son eficaces en lo que comprometan la posibilidad de atender a las necesidades básicas del cónyuge acreedor, ex art. 233-16.2 o 233-21.3 in fine. Por el contrario, los pactos que forman parte de un convenio regulador ratificados judicialmente deben ser aprobados por la autoridad judicial según indica el art. 233-3 CCC , salvo si son perjudiciales para el interés de los hijos menores. 7. Esta Sala se ha pronunciado ya tanto sobre los requisitos exigidos para los pactos en previsión de futura ruptura como sobre los pactos que se concluyen cuando se ha producido la crisis matrimonial. 8. Respecto de estos últimos -pactos concluidos cuando ya se ha producido la crisis matrimonial- en la STSJCat de 8 de mayo de 2014 ( ROJ: STSJ CAT 5538/2014 - ECLI:ES:TSJCAT:2014:5538 ), establecimos que: "En el derecho civil catalán, declaramos en la citada STSJC 46/2012, de 12 de julio, que al amparo del CF, aplicable en la presente litis y en la situación precedente a la aplicación del vigente CCCat, los pactos otorgados antes de surgida la crisis y en previsión de la misma y los alcanzados tras ella, no son equiparables, como puede verse en la STSJC 25/2011, de 3 de junio (FD4), en la que, en relación con un supuesto de modificación del derecho previsto en el art. 41 CF -que es "disponible " por voluntad de los cónyuges- acordada después de declarada judicialmente la separación y con vistas a la adopción de las medidas provisionales del divorcio, por lo que se refiere a las diferencias frente a la renuncia anticipada, señalamos que el derecho es indiscutiblemente renunciable cuando ha surgido y puede ser ejercitado ". Y en cuanto a la forma, la STSJC 32/2008, de 18 de septiembre (FD2) -reproducida en la STSJC 34/2010 de 10 sep.-, con cita de otras anteriores, recuerda que: "...hemos admitido la validez y eficacia de la renuncia a la pensión compensatoria, aun contenida en pacto privado entre los cónyuges no ratificado judicialmente , entre otras, en nuestras Sentencias núm. 26/2001 -de 4 de octubre -, núm. 20/2003 -de 2 de junio - y núm. 29/2006 -de 10 julio -, en la última de las cuales dijimos que "al margen de su fuerza ejecutiva, nada se opone a la validez de los acuerdos a que hubieren llegado privadamente los cónyuges en orden a regular los efectos de la ruptura matrimonial en el ejercicio de su libertad negocial, siempre que se trate de materias, como es el caso de la presente, sobre las que no existan limitaciones legales, morales o de orden público ( art. 1255 C.C .), siempre que se den los requisitos mínimos imprescindibles ( art. 1261 C.C .)... entre los cuales no se encuentra ninguno específico relativo a la forma ( art. 1278 C.C . en relación con el art. 1280 C.C .), llegándose a admitir incluso que la renuncia de los derechos pueda ser tácita -entre otras, STS 1ª 30 oct. 2001 ".

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nº 61/ 2.022, de 12 de diciembre de 2.022, establece: "1. A diferencia del Código Civil que no regula en forma alguna los pactos en previsión de ruptura conyugal o los formulados producida ésta, salvo los contenidos en un convenio regulador del art. 90, la legislación catalana como otras legislaciones autonómicas más modernas (así ley 103 del Fuero Nuevo de Navarra o art. 5 de la Ley 7/2015, de 30 de junio , de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores) regula ampliamente dichos pactos desde la entrada en vigor del Libro II por llei 25/2010 de 29 de julio. 2. Ya en la sentencia STSJCat 23 de febrero de 2016 ( ROJ: STSJ CAT 1292/2016 - ECLI:ES:TSJCAT:2016:1292 ) dictada en aplicación del libro II del CCCC expusimos que en la legislación vigente se podían distinguir los siguientes pactos: (i) Aquéllos otorgados de conformidad con lo dispuesto en el art. 231.20 CCC , es decir, en previsión de la ruptura matrimonial en capítulos matrimoniales o escritura pública; (ii) Aquéllos que, producida la ruptura, forman parte de un convenio regulador y que se acompañan a la solicitud de nulidad, separación y divorcio, de mutuo acuerdo ( art. 233-2 CCC ) para ser homologados judicialmente e integrarse en la sentencia de divorcio o separación o nulidad ex art. 233-3.3 del CCC . (iii) Los que no formen parte de un convenio regulador habiendo sido concertados tras la crisis familiar con Letrados independientes para cada una de las partes; y (iv) Los que, concluidos tras la ruptura, no formen parte de un convenio regulador teniendo las partes una solo asistencia letrada. 3. Los pactos en previsión de ruptura matrimonial serán válidos salvo lo dispuesto en el art. 231-20.4 CCC ( art. 233-5.1). Los contenidos en el convenio regulador lo serán cuando sean aprobados por Autoridad Judicial ( art. 233-3 CCC ). Los terceros resultan vinculantes al disponer de Letrado independiente ( art. 233-5.2 a s.c) Por el contrario, los mencionados en cuarto lugar pueden ser objeto de desistimiento ad nutum a tenor del art. 233-5.2 del CCC . 4. El Preámbulo del CCC explica claramente la razón de la norma cuando dice: "También se regulan por primera vez los llamados acuerdos amistosos de separación y se fija el régimen de validez y los efectos, remarcando su carácter vinculante, pero previendo un plazo de revocación que pretende garantizar que los acuerdos se hayan adoptado libremente. Concretamente, el cónyuge que en el momento de la adopción del acuerdo no haya dispuesto de asistencia letrada independiente puede dejarlo sin efecto durante los tres meses siguientes a la adopción o, como máximo, hasta el momento de la contestación de la demanda o, en su caso, de la reconvención en el proceso matrimonial en que pretendan hacerse valer. Esta posibilidad se justifica por el contexto especial en que las partes suscriben estos acuerdos. A menudo existen desequilibrios graves en la información disponible para una parte y para la otra, y se llega a los acuerdos en situaciones de angustia o estrés que hacen difícil realizar una valoración objetiva de los términos convenidos, en las que existe un riesgo elevado de explotación o abuso de una parte por la otra". 5. De este modo, se concede un plazo de tres meses desde la ruptura de la convivencia para que los firmantes del convenio puedan tener un período de reflexión, lapso temporal que, como máximo, se establece hasta la contestación de la demanda, o, en su caso, la reconvención en el proceso matrimonial donde se quiera hacer valer dicho convenio con la finalidad de que durante dicho tiempo puedan dejar sin efecto el convenio realizado con el fin de que, superados los primeros momentos de ruptura, los firmantes puedan contar con un asesoramiento independiente del que no habían dispuesto anteriormente y comprobar el carácter perjudicial o no de lo pactado. 6. En el FJ 4 de la Sentencia de 13 de mayo de 2022 ( ROJ: STSJ CAT 7327/2022 - ECLI:ES:TSJCAT:2022:7327 ) vuelven a considerarse las diferencias existentes entre las clase de pactos que pueden concertarse en la legislación catalana. 7. Recordábamos entonces que, como se infiere de los artículos 231-20 , 233-2 y 233-5 del CCC , el libro II regula dos clases de pactos que pueden concertar los cónyuges. A saber: los que contemplan una futura ruptura matrimonial y los que se concluyen cuando la crisis ha surgido. En este último caso aún pueden distinguirse los pactos contenidos en el convenio regulador de cara a un divorcio consensuado, de los pactos amistosos que las partes concluyen fuera del procedimiento judicial. 8. Los pactos entre las partes que se conciertan cuando la crisis ya se ha producido y los derechos ya han podido surgir, conociéndose su alcance y contenido, se regulan en los arts. 233-2, 233-3 y 233-5. 1 y 2 de modo que caben pactos vinculantes de derechos disponibles, como serían entre los cónyuges mayores de edad, la compensación por razón del trabajo, la prestación económica o la atribución del uso del domicilio, aunque no se vinculen a un convenio regulador, siempre que ambas partes hubiesen contado con asesoramiento legal independiente. 9. Los pactos que forman parte de un convenio regulador deben tener un contenido determinado, definido en el art. 233-2, y pueden incluir la atribución del uso del domicilio conyugal, la prestación compensatoria, los alimentos de los hijos comunes mayores de edad dependientes y la liquidación del régimen económico matrimonial. Una vez ratificados judicialmente deben ser aprobados por la autoridad judicial según indica el art. 233-3 CCC , salvo si son perjudiciales para el interés de los hijos menores. 10. Por el contrario, los pactos fuera del convenio regulador pueden tener contenido diverso y su validez puede ser examinada por el Juez, sea en el procedimiento de divorcio sea en otro procedimiento, si alguna de las partes se opone a ellos".

Esta Sección se ha pronunciado sobre la validez de los convenios no ratificados judicialmente en varias ocasiones. Entre las sentencias más recientes, la de 13 de enero de 2.023, con remisión a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña citada, señala, en relación con el artículo 233.5 del Código Civil de Cataluña, que "Es cierto que este artículo ha suscitado dudas en la doctrina pues el plazo de tres meses parecería ser un plazo suficiente de reflexión y para poder acceder a un asesoramiento independiente o para asumir la realidad de la ruptura matrimonial tras la separación de hecho. Pero lo cierto es que el legislador introdujo un plazo máximo para el ejercicio del derecho al desistimiento sin que se matizara o limitara por el tiempo transcurrido desde la separación fáctica". Criterio que se reitera en la sentencia de 14 de junio de 2.023.

CUARTO.- Exposición de hechos relevantes .

Valorando la prueba practicada, consistente en documental e interrogatorio de las partes, quedan fijados como hechos no controvertidos y/o acreditados, relevantes para la resolución del recurso de apelación, los siguientes:

a) La crisis del matrimonio se produjo a principios de septiembre de 2.021. Ambas partes reconocen que la Sra. Margarita comunicó al Sr. Pedro Jesús su intención de separarse e ir a vivir con una nueva pareja cuando encontrase una vivienda adecuada. b) La convivencia se prolongó hasta principios del mes de diciembre de 2.021, cuando la Sra. Margarita dejó el domicilio familiar. c) El 30 de septiembre de 2.021, las partes firmaron el documento aportado como nº 1 con la contestación a la demanda, que recoge, escritos a mano, una serie de puntos sobre los niños, los gastos y las propiedades. d) Una vez que la Sra. Margarita dejó la vivienda familiar, se desarrolló el sistema de guarda y la contribución a los gastos conforme a lo previsto en dicho documento, y el Sr. Pedro Jesús asumió el pago de la totalidad de las cuotas de la hipoteca y gastos de la vivienda. e) Antes de la presentación de la demanda, la Sra. Margarita había comunicado al Sr. Pedro Jesús y al Letrado de éste que no estaba conforme con lo acordado respecto de la cantidad que se había fijado en el documento para la adjudicación de la vivienda familiar. En concreto, el Sr. Pedro Jesús declaró en el interrogatorio que la demandante lo manifestó " a los tres o cuatro meses, en diciembre".

QUINTO.- Decisión del Tribunal .

En el presente caso, se aporta un documento escrito a mano, que según declaró la demandante en el interrogatorio, se firmó " en la mesa del comedor" como " acuerdo de voluntades", con la finalidad de plasmar los pactos en un convenio, que, si estaban de acuerdo, se firmaría. Su naturaleza vendría a ser, por tanto, la de un "acuerdo amistoso de separación", en los términos del Premábulo del Código Civil de Cataluña. No aparece que, en el momento de la firma, ninguna de las partes contara con asesoramiento legal independiente.

Es cierto que se cumplieron las previsiones firmadas en lo relativo a la guarda y custodia de los menores y contribución a los alimentos, y que el Sr. Pedro Jesús asumió el pago de las cuotas hipotecarias cuando la Sra. Margarita se dejó el domicilio.

Pero también lo es que en diciembre de 2.021, tal como ha manifestado el Sr. Pedro Jesús, esto es, dentro del plazo de tres meses, la Sra. Margarita comunicó al Sr. Pedro Jesús que no estaba de acuerdo con el precio establecido para la adjudicación de la vivienda. Cuando se presentó la demanda en abril de 2.022, solicitó que se acordase la división de los bienes inmuebles comunes atribuyéndosele a ella la propiedad. Por su parte, el Sr. Pedro Jesús, cuando contestó a la demanda, mostró su disconformidad con la petición realizada por la actora para la contribución a los alimentos de los hijos, que se correspondía con lo pactado por ambos, y solicitó además una prestación compensatoria y el reconocimiento de deuda por el 50% de las cuotas hipotecarias abonadas por él, puntos todos ellos ajenos al acuerdo firmado.

Atendiendo a lo expuesto, es correcta la valoración de la prueba realizada por la sentencia de instancia, al considerar acreditado que la Sra. Margarita desistió del acuerdo dentro del plazo de tres meses; a lo que ha de añadirse que también el Sr. Pedro Jesús se apartó del acuerdo al contestar a la demanda solicitando medidas que se apartaban de lo pactado. Por lo tanto, no puede pretender que, en base al mismo, se lleve a cabo la división de los bienes inmuebles adjudicándose la propiedad compensando a la Sra. Margarita con la cantidad de 50.000 euros.

Estando conformes ambas partes en la división de los bienes inmuebles, la sentencia resuelve adecuadamente al acordar la misma y diferir a la fase de ejecución de sentencia la forma en que se llevará a cabo, conforme al artículo 552- 11-5 del Código Civil de Cataluña.

Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso de apelación.

SEXTO.- Costas .

La desestimación del recurso interpuesto determina, conforme a lo establecido en el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la imposición de las costas causadas en esta alzada al recurrente.

Vistos los preceptos legales aplicados y demás de general y pertinente aplicación