Sentencia Civil 213/2023 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 13, Rec. 1063/2021 de 11 de abril del 2023

PRIMERO.- Por INVESTCAPITAL LTD se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada el 13 de julio de 2.021 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Arenys de Mar, en los autos de Procedimiento Ordinario nº 687/2020.

En el referido procedimiento, que dimana de un procedimiento monitorio anterior, la apelante, INVESTCAPITAL acciona contra DÑA. Lorena y D. José, en reclamación de la suma de 18.978,83 euros, derivada del contrato de préstamo personal de fecha 22 de enero de 2.016, suscrito por los demandados con la entidad SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR E.F.C., S.A., siendo la actora titular del crédito en virtud de contrato de cesión a su favor de fecha 31 de julio de 2.018.

Alega la demandante, en síntesis, que el importe del capital ascendía a 16.286,86 euros, a un interés remuneratorio del 10% ( TAE 10,47%), fijándose en el contrato el importe total de los intereses a abonar en 9.540,74 euros, por lo que el total ascendía a 25.827,60 euros, que debía ser devuelto en 120 cuotas mensuales de 215,23 euros cada una, siendo el primer vencimiento en enero de 2.016 y el último en diciembre de 2.025. Que al momento de la cesión de crédito, el 31 de julio de 2.018, los prestatarios adeudaban la suma de 18.327,31 euros , correspondiendo 15.886,42 euros a capital, 1.197,14 euros a intereses remuneratorios vencidos, y 1.243,76 euros a indemnización por reclamación extrajudicial, si bien manifestaba renunciar a esta última suma por posible abusividad de la misma. Que los demandados únicamente abonaron las dos primeras cuotas, y la prestamista dio por vencido el préstamo al vencimiento de la cuota número nueve, incorporando a la demanda el cuadro de amortización del préstamo en el que se señala la cuota en que se dio por vencido. Y que al tratarse de un préstamo personal a cuota fija, basta con restar del principal los plazos abonados por los prestatarios para saber el importe adeudado.

Los demandados se opusieron alegando (i) prescripción de las cuotas anteriores a julio de 2.017, o, como mínimo, de los intereses remuneratorios correspondientes de dichas cuotas, por el transcurso del plazo de tres años del art. 121-21 CCCat; y (ii) nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado por abusiva. En el suplico de la contestación solicitaron que " previos los trámites legales pertinentes, se decrete el sobreseimiento del presente procedimiento, de acuerdo con lo argumentado en el presente escrito en lo relativo a la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado; o de forma subsidiaria, en virtud de la aplicación de la prescripción de la acción para una parte de las cantidades adeudadas (intereses remuneratorios), conforme a lo argumentado en la presente contestación a la demanda".

En la audiencia previa no se impugnó ninguno de los documentos aportados, y por el juez a quo se requirió a la demandante para que manifestara las cuotas vencidas, concediéndole plazo para verificarlo, lo que efectuó mediante escrito presentado el 26 de junio de 2.021, indicando que a fecha de la presentación de la solicitud de procedimiento monitorio se adeudaban 45 cuotas.

La sentencia de instancia desestima íntegramente la demanda. Tras señalar que la actora ha acreditado su legitimación activa mediante la aportación del testimonio notarial de la cesión del crédito a su favor, considera el juez a quo que, aunque el contrato de autos es un préstamo personal a devolver en cuotas fijas de 215,23 euros, no es suficiente para acreditar la deuda el certificado unilateral de saldo efectuado por el cesionario. Obiter dicta considera que la acción no ha prescrito porque el plazo de prescripción es de 10 años desde el impago conforme al CCCat. Y analiza la cláusula de vencimiento anticipado concluyendo que es nula por abusiva y debe tenerse por no puesta, por lo que el demandante solo tendría derecho a cobrar las 45 cuotas vencidas, por importe de 9.685,35 euros.

Frente a dicha resolución se alza la demandante invocando que al tratarse de un contrato de préstamo a cuota fija, la deuda queda acreditada mediante la aportación del contrato, el certificado de deuda y el cuadro de amortización incorporado a la demanda, y dado que el contrato se dio por vencido por el impago de siete cuotas, habiendo abonado los demandados únicamente las dos primeras, basta con restar las cuotas abonadas para saber el importe adeudado. Por otro lado, aceptó la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, sosteniendo su derecho a cobrar las 45 cuotas vencidas a la interposición del procedimiento monitorio, por importe de 9.685,35, interesando la estimación parcial de la demanda en este sentido. Por último, para el supuesto de que no se estimasen sus alegaciones, solicitó la no imposición de las costas de primera instancia por concurrencia de dudas de derecho.

Los demandados se opusieron al recurso solicitando la íntegra confirmación de la sentencia.

SEGUNDO.- Vistos los términos en que se ha planteado el recurso, la actora apelante no impugna el pronunciamiento relativo a la nulidad por abusiva de la cláusula de vencimiento anticipado, y asume las consecuencias jurídicas que de dicha nulidad señala ober dicta la sentencia de instancia, solicitando en esta alzada, en suma la estimación parcial de la demanda y la condena de los demandados al pago de las 45 cuotas mensuales que estaban vencidas al momento de la presentación de la solicitud de procedimiento monitorio, que a razón de 215,23 euros, asciende a 9.685,35 euros.

Dado que la sentencia de instancia desestima la demanda por considerar que no queda acreditada dicha deuda, el debate en esta alzada se circunscribe pues a determinar si concurre o no esa acreditación.

Y es lo cierto que, analizando lo aportado a los autos, la Sala no puede compartir las conclusiones alcanzadas por el Juzgador de instancia en orden a la insuficiente acreditación de la deuda, y ello por las siguientes consideraciones.

1.- No es cuestión controvertida la suscripción del préstamo personal con la entidad Servicios Financieros Carrefour, aportado con la demanda, cuyo objeto era la refinanciación de otras deudas, por un capital de 16.286,86 euros, con un interés remuneratorio del 10% ( TAE 10,47%). En el propio contrato se calculó ya el importe total de los intereses remuneratorios a abonar por los prestatarios durante toda la vida del contrato, en la suma de 9.540,74 euros, por lo que el total a devolver en concepto de capital e intereses remuneratorios ascendía a 25.827,60 euros, obligándose los prestatarios a su devolución en 120 cuotas mensuales consecutivas de 215,23 euros cada una, siendo el primer vencimiento en enero de 2.016 y el último en diciembre de 2.025. Por tanto, con todos estos datos que constan en el contrato, los prestatarios conocían perfectamente el coste económico de la operación, el número de cuotas que debían pagar y el importe de cada cuota.

2.- Tampoco es controvertido que los demandados abonaron únicamente las dos primeras cuotas. En el escrito de demanda así lo afirmaba la parte actora, y esta afirmación no fue negada ni cuestionada en modo alguno por los demandados en su escrito de contestación; consecuentemente, tampoco se fijó como controvertido en la audiencia previa, y por tanto se trata de una cuestión que ha de considerarse conforme.

Al escrito de demanda la actora incorporó el cuadro de amortización del préstamo desde la primera hasta la última cuota, por el importe fijado en el contrato de 215,23 euros mensuales, y el desglose de lo que correspondía a amortización de capital y a intereses remuneratorios respecto de cada una de las cuotas. Tampoco en la contestación se cuestionó el referido cuadro de amortización, ni en la audiencia previa se efectuó alegación alguna al respecto. Y a requerimiento del juez a quo efectuado en la audiencia previa, la parte actora presentó escrito concretando que a fecha de interposición de la solicitud de procedimiento monitorio las cuotas vencidas e impagadas eran 45, de manera que con los datos expuestos, siendo la cuota mensual de 215,23 euros, no se precisa mas que una simple operación aritmética para concluir que la deuda a fecha de la interpelación judicial ascendía a 9.685,35 euros. Consideramos que en este caso no es exigible mayor explicación, ni se requiere la presentación documento extractando las cuotas pagadas y las impagadas para determinar la deuda. En este sentido, cabe citar la Sentencia de esta Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 16, de 18 de mayo de 2.022 (ROJ: SAP B 6108/2022), en un supuesto de características muy similares al de autos, referido también a un préstamo personal a cuota fija, que señala: " En el contrato se indica, por otra parte, el coste total que iba a tener la operación y el número de cuotas de amortización que deberían ser pagadas, lo mismo que el importe de cada cuota. Creemos que esta es una información suficiente, aunque no se acompañase al contrato el cuadro de amortización. No era exigible ninguna explicación más. Era un préstamo con intereses, como todos los préstamos, y se explicaba la cantidad total que iban a tener que devolver los prestatarios, así como el número de cuotas y el importe de cada una. Se trataba de algo que no era especialmente difícil de comprender". Y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra Sección 6ª de 26 de mayo de 2.022 (ROJ: 1452/2022), indica que ".... Por lo demás, también se ha de significar que, tratándose de un contrato de préstamo, líquido por naturaleza, no es necesario presentar extracto de cuenta o de movimientos como si de un contrato de crédito se tratara, pues lo cierto es que quedó pactada la devolución del capital más sus intereses a través de 84 cuotas, que resultaron impagadas a partir de la cuota 23, de manera que a partir de los datos expuestos recae en el prestatario la carga de acreditar que se hayan efectuado pagos diferentes a los admitidos por la entidad actora que menguaran o alteraran la citada cantidad, como así se deriva de lo dispuesto en el art. 217.3 LEC ."

Hemos de remarcar que para fundamentar la insuficiente acreditación de la deuda, la sentencia de instancia cita la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de diciembre de 2.018, y si bien no indica a qué Sección corresponde, por la referencia del ROJ que menciona (SAP B 12150/2018), se trata de una sentencia de esa misma Sección Decimotercera. Sin embargo, dicha sentencia no guarda relación con el caso aquí examinado, pues se refiere a una deuda derivada de impago de compras aplazadas efectuades en establecimientos de EL CORTE INGLÉS, y además resuelve estimando parcialmente la demanda, esto es, sentido contrario al del jugador de intancia en el caso que aquí nos ocupa. Dice dicha sentencia que: "(...) el artículo 217 de la LEC establece que incumbe la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la demanda al actor y la de los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes al demandado; de modo que, probada la existencia de una obligación, es al deudor a quien corresponde la prueba del pago (como hecho extintivo).

A la parte vendedora( financiadora), la ahora apelante, le basta con probar la existencia de la relación contractual, relación que prueba mediante la aportación de los contratos que se han ido reseñado y que, en todo caso, no es negada de contrario y de donde resulta la obligación de la adquirente, la demandada apelada, del pago de las correspondientes cuotas o fracciones del precio aplazadas conforme a los importes pactados.

Una vez probadas las anteriores circunstancias y alegada la falta de pago de los plazos acordados, es al comprador a quien concierne acreditar que el pago ha tenido lugar, y en modo alguno a la actora acreditar el impago, es decir, corresponde a la actora probar la existencia de la obligación cuyo cumplimiento se reclama, no su incumplimiento, y es la demandada quien debe acreditar su cumplimiento (o extinción).

Por todo ello estimamos que la demandada debe ser condenada al pago de la suma a la que asciende la deuda generada..."

Se citan también en la sentencia de instancia resoluciones referidas a contratos de tarjeta de crédito o créditos revolving, cuando aquí estamos ante un contrato de préstamo con cuotas fijas ya determinadas en el mismo; e incluso una Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 23 de junio de 2.017 (ROJ: SAP A 2227/2017), en la que la discusión era que las partes habían pactado expresamente en el contrato, que en caso de reclamación judicial " la cantidad exigible será la resultante de la liquidación efectuada en la forma convenida por las partes en este título y acreditada mediante certificación librada por la misma e intervenida por Fedatario Público", y sin embargo, los certificados de saldo aportados por la actora no estaban intervenidos por fedatario público; nada que ver con el caso de autos, en el que el contrato no establece pacto de tal naturaleza. Finalmente, también se citan en la sentencia autos dictados en procedimientos monitorios, en el trámite previo de examen de la posible existencia de cláusulas abusivas en el contrato en que se sustenta la reclamación y que hayan determinado la cantidad exigible, cuando en el presente caso el juez a quo no llevó a cabo dicho trámite previo, y nos encontramos en el procedimiento ordinario con plenitud de alegaciones y prueba.

3.- Los demandados no han acreditado, ni siquiera alegado, haber abonado mas cuotas que las dos primeras que afirma la actora, lo que a ellos correspondía acreditar en cuanto hecho impeditivo o extintivo de la acción ejercitada, de modo que la ausencia de toda prueba al efecto sólo a ellos debe perjudicar ( art. 217 LEC).

Para concluir, en relación con la prescripción alegada por los demandados en la contestación, si bien es rechazada dicha excepción obiter dicta por el juzgador de instancia y los demandados nada alegan al respecto en su oposición al recurso ni han impugnado dicho pronunciamiento, consideramos necesario precisar que, del escrito de contestación se deduce que lo que los demandados planteaban, en realidad, era la prescripción de los intereses remuneratorios de las cuotas anteriores a julio de 2.017, y la sentencia de instancia se pronuncia sobre la prescripción de las cuotas, señalando que " el plazo de prescripción para reclamar el impago de un préstamo conforme al Código Civil de Catalunya es de 10 años desde el día del impago, y ello sin perjuicio de que los pagos fueran mensuales".

Pues bien, conviene subrayar, de entrada, que la parte demandada alega que a la interposición de la solicitud monitoria habría transcurrido el plazo de tres años respecto a los vencimientos anteriores a la mensualidad de julio de 2.017, lo que significa que sitúa dicha interposición en julio de 2.020, cuando consta en las actuaciones de primera instancia que la solicitud de procedimiento monitorio se presentó en enero de 2.020.

Dicho esto, como ha venido entendiendo la jurisprudencia (entre otras, las SSTS de 17/3/94 . 17/3/98 y 30/12/99, 30/1/07 , 25/3/09 y 23/9/10), la devolución del capital del préstamo constituye una prestación única con independencia de que el pago se fraccione en cuotas, y también lo es el pago del interés moratorio, por lo que ambos conceptos prescriben en el plazo largo de quince años previsto en el artículo 1.964 del Código Civil, o en el de 10 años establecido en el artículo 121- 20 del Código Civil de Catalunya. A la reclamación de los intereses remuneratorios, sin embargo, le es aplicable el plazo de cinco años previsto en el artículo 1.966 del Código Civil, o de tres años que establece el artículo 121.21 del Código Civil de Catalunya, por cuanto constituyen la remuneración por el disfrute por el prestatario del capital prestado durante el plazo convenido, tratándose por ello de una verdadera prestación periòdica.

En el presente caso, los impagos se iniciaron en marzo de 2.016, y la solicitud de procedimiento monitorio se presentó en enero de 2.020, por lo que, aplicando el art. 121.21 CCCat, estarían prescritos los intereses remuneratorios correspondientes a las cuotas impagadas del año 2.016. Sin embargo, la actora aportó como documento nº 5 de la demanda de procedimiento ordinario, la carta remitida a la parte demandada el 11 de agosto de 2.018, comunicándole la cesión del crédito, y requiriéndola para que en el plazo de 14 días procediera al pago de la suma adeudada mediante transferencia a la cuenta bancaria que se indicaba en la comunicación, y en el escrito de contestación los demandados nada opusieron respecto al recibo de dicha carta, constando la misma remitida al domicilio de los demandados de la CALLE000 nº NUM000 de Sant Cebrià de Vallalta, que es el que aparece reseñado en el contrato de préstamo, y siendo en dicho domicilio donde se practicó la diligencia de emplazamiento, que se entendió personalmente con ambos demandados. En consecuencia, dicha comunicación interrumpió el plazo de prescripción, y desde su fecha hasta la interposición de la solicitud de procedimiento monitorio no habían transcurrido los tres años que establece el art. 121.21 CCCat., por lo que debemos rechazar la prescripción alegada por los demandados, si bien por razonamientos divergentes a los de la sentencia impugnada.

TERCERO.- Procede, por todo lo expuesto, estimar el recurso planteado por la demandante, y con estimación parcial de la demanda, condenar a los demandados a abonar a la demandante, solidariamente, la suma de 9.685,35 euros, más los intereses legales desde la interpelación judicial ( arts. 1.100, 1.101, 1.108 CC), incrementados en dos puntos desde la fecha de esta sentencia hasta el total pago ( art. 576 LEC).

La estimación del recurso y la estimación parcial de la demanda inicial, comporta que no proceda especial imposición de costas en ninguna de las dos instancias, o de conformidad con lo establecido en los artículos 394 y 398 de la LEC.

Visto lo expuesto,