Sentencia Civil 405/2024 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 4, Rec. 1258/2022 de 12 de junio del 2024

PRIMERO.-1. Por parte de la demandada, SERVICIOS PRESCRIPTOR Y MEDIOS DE PAGO, E.F.C., S.A.U., se interpone recurso de apelación contra la sentencia por la cual fue estimada la demanda presentada en su contra por D. Isaac, quien solicitó:

" 1. Declaren la nulidad de las condiciones generales incluidas en contrato, que regulan el interés remuneratorio, el sistema revolving de pago del crédito, no expresamente pactados y que han sido descritos en el expositivo de esta demanda, debido a que NO SUPERAN EL CONTROL DE TRANSPARENCIA, con lo que deben tenerse por no puestas, ya que no se han incorporado válidamente al contrato.

2. Como consecuencia de lo anterior, debe condenarse a la entidad demandada apagar al actor las cantidades resultantes de la diferencia entre la cantidad abonada y el capital dispuesto por éste, desde el momento de la suscripción del contrato hasta la efectiva supresión de los intereses remuneratorios, y que se concretarán en ejecución de Sentencia."

2. El actor alegó que, del simple examen del documento, se evidencia que, en la primera página del contrato, no incorpora que ese crédito conlleve interés alguno; se identifica a la deudora y un crédito de 1.000 euros como parte del crédito total concedido, junto a los intereses aplicados a dicho importe concreto, sin que en ningún momento se identifique el crédito total concedido o la cuota mensual a pagar. Sólo en el reverso, amontonada entre otra multitud de cláusulas, se expresa que la cantidad acreditada devenga un interés que de 19,21%, y una TAE del 21% y no consta ninguna explicación gramatical y con ejemplos de la modalidad revolving, y lo que ello supone económicamente para el consumidor. La única información que pudo percibir y que recibió fue que se le concedía un crédito que podría satisfacer con gran facilidad de pago, y en ese convencimiento firmó el contrato. Alegó que la Ley 7/1998 de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación exige (art. 5.5) que la redacción de las cláusulas generales se ajuste a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez; que el 7 establece que no quedarán incorporadas al contrato las condiciones generales que a) el adquirente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo 5 ni b) las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas que hayan sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que disciplina en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el mismo; de la lectura del contrato aportado lo único que se puede leer son los datos personales del cliente y en el reverso son ininteligibles sus Condiciones Generales. Adujo que la Circular 5/2012 de 27 de junio sobre transparencia de servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos establece que "En todo caso, los documentos contractuales se redactarán de forma clara y comprensible para el cliente. El contrato deberá reflejar fielmente todas las estipulaciones necesarias para una correcta regulación de la relación entre el cliente y la entidad, evitará el uso de tecnicismos y, cuando ello no sea posible explicará adecuadamente el significado de los mismos. No se incluirá en el contrato ningún concepto que resulte innecesario o irrelevante para su correcta interpretación". Adujo, asimismo, que el lenguaje que se utiliza es incomprensible, sin que en ningún momento se advirtiera ni se pusieran ejemplos del funcionamiento del crédito revolving, señaladamente, que la deuda se retroalimenta sine die y que se incrementa pese al pago de las cuotas, por lo que era procedente determinar que el control de incorporación y la transparencia que deben presidir estos contratos no se había cumplido en este caso, debiéndose declarar la nulidad del contrato. Añadió que, como consecuencia de la nulidad por falta de transparencia, el art 9.2 LCGC establece que la sentencia que declare nulidad debe aclarar su eficacia conforme al artículo siguiente, y que el art. LCGC declara que la nulidad no determina la ineficacia total del contrato, sino exclusivamente la nulidad de la cláusula que merezca tal sanción, debiendo mantenerse el contrato en cuanto no quedase afectado por la cláusula o práctica abusiva, en este caso, el interés y el sistema revolving del crédito, debiendo quedar obligado el actor, únicamente, a la devolución del capital dispuesto, con devolución por parte de la demandada de todas aquéllas cantidades que hubiera pagado de más.

3. La demandada contestó y se opuso. Partió de que la condición general que define un elemento esencial del contrato (como la cláusula de intereses remuneratorios) puede someterse únicamente a los controles de inclusión y transparencia, pero no al control de abusividad, motivo por el cual en ningún caso procedía declarar la nulidad de los intereses remuneratorios por no superar dicho último control. Alegó que la cláusula cuya nulidad se solicitaba superaba los controles de incorporación y de transparencia, y que era simple: bastaba con multiplicar el porcentaje acordado en la cláusula como tipo de interés fijo por las cantidades que en cada momento se aplazaban; el control de transparencia en estos casos quedaba reducido a: (i) verificar que la cláusula de intereses quedó efectivamente incorporada al contrato de una forma legible y comprensible; (ii) comprobar que el consumidor tuvo acceso pleno a dicho contrato antes de su perfección, y (iii) demostrar que el consumidor tuvo, y tiene, medios accesibles que le permitan hacerse idea del coste económico de la operación. Hizo alusión a la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente -por la que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios- cuya entrada en vigor se produjo el 2 de enero de 2021 (DF 2ª); en ella se había creado un nuevo capítulo (Capítulo III bis, dentro del Título III) cuyo objetivo era potenciar el suministro de información al prestatario, y se regulaba el contenido que ha de reunir la información precontractual (art. 33 ter) y la información periódica que se ha de suministrar al cliente (art. 33 quinquies); la información precontractual (art. 33 ter) tenía que contener:

- Una mención clara a la modalidad de pago establecida, señalando expresamente el término revolving.

- Si el contrato prevé la capitalización de cantidades vencidas, exigibles y no satisfechas.

- Si el cliente o la entidad tienen la facultad de modificar la modalidad de pago establecida, así como las condiciones para su ejercicio.

- Un ejemplo representativo de crédito con dos o más alternativas de financiación determinadas en función de la cuota mínima que pueda establecerse para el reembolso del crédito con arreglo al contrato. En lo referente a la información periódica a suministrar al cliente (art. 33 quinquies), la misma ha de contener:

- Información, al menos, trimestral.

- El importe del crédito dispuesto, para lo que la entidad deberá tener en cuenta las posibles cuotas devengadas y los intereses generados pendientes de liquidación.

- El tipo deudor.

- La modalidad de pago establecida, señalando expresamente el término revolving e indicando la cuota fijada en ese momento para la amortización del crédito.

- La fecha estimada en la que el cliente terminará de pagar el crédito dispuesto, teniendo en cuenta la cuota de amortización establecida en ese momento.

Adujo que, analizada la documentación adjunta con la demanda, resultaba que cumplió con los requisitos de transparencia exigidos por la Sentencia núm. 241/2013, del Tribunal Supremo, Sala Civil, de fecha 9 de mayo, con los dispuestos en los arts. 5 y 7 de la LCGC y el art. 80 de la LGDCU, así como con los nuevos requisitos de transparencia exigidos a todas las entidades desde enero de 2021 en virtud de la Orden ETD/699/2020. En cuanto al Control de inclusión o incorporación (regulado en los arts. 5 y 7 de la LCGC y art. 80 de la LGDCU), proporcionó el Reglamento a la parte actora en el momento de la contratación del contrato en un formato legible y gramaticalmente comprensible, negando que el actor no conociera las condiciones generales del contrato, pues del documento nº 3 de la contestación (solicitud original firmada por el actor), las condiciones generales del contrato figuraban en el reverso de la solicitud de tarjeta, que el actor leyó, cumplimentó y firmó; en el anverso, y mediante su firma, el actor declaró expresamente haber leído, comprendido y aceptado el Reglamento en todos sus términos. Negó la supuesta ilegibilidad de las condiciones particulares y ello por cuanto, desde 2013, el tamaño de la letra minúscula debe ser de una altura mínima de 1,5 milímetros ( art. 80.1 b) de la LGDCU y norma 10ª.3 de la Circular 5/2012) y dicho tamaño se cumplía. Añadió que el actor había hecho uso de la tarjeta de crédito en innumerables ocasiones, durante más de cuatro años, de lo cual se desprendía el cumplimiento de cada uno de los presupuestos exigidos jurisprudencial y doctrinalmente para considerar válida y eficaz la TAE aplicaba al presente contrato, por lo que las pretensiones del mismo contradecían la teoría de los actos propios, y por ello eran contrarias al principio general de buena fe recogido en el art. 7.1 CC; el actor había tenido tiempo más que suficiente para valorar otras opciones, y pretendía conseguir que la financiación otorgada por la demandada fuese a coste cero, eximiéndose de sus obligaciones bajo la apariencia de una pretendida nulidad que no podía estimarse, por no estar bajo un contrato usurario y por superar todo el clausulado contractual el doble control de inclusión y transparencia en los términos exigidos por la legislación vigente al tiempo de contratar.

4. La sentencia es estimatoria de la demanda. Se parte de precisar que, en cuanto a la falta de transparencia, aun cuando lo que se pidió por el actor fue la declaración de nulidad de la estipulación que establece el interés remuneratorio por no superar el control de transparencia, se entiende que dicho control se refiere al sistema de amortización identificado en el contrato como "revolving" y sus formas (tres: de cuota fija, de cuota variable o básicos) a los que se aplica el interés remuneratorio y que esa fue también la perspectiva desde la que debe efectuarse el control de transparencia del contrato y sus estipulaciones. Así, el control se refiere al deber de transparencia, tanto documental como cualificada, en cuanto que el documento contractual y de información normalizada europea de créditos al consumo cumple con las prescripciones de contenido establecidas en la Ley de Crédito al Consumo 16/2011 (artículos 10, 12 y 16). Se señala que, en el presente caso, no se discute el juego combinado de la opción que por el prestamista se otorga al consumidor de una amortización diferida del capital dispuesto mediante la atención de cuotas periódicas de cuantía significativamente inferior a aquél, del propio carácter rotativo del crédito y de la aplicación del interés y comisiones al capital y operaciones de disposición, contribuye a la producción de un escenario de débito del consumidor muy distinto del contrato simple de préstamo, de modo que no es admisible invocar el acervo común sobre el significado de los intereses remuneratorios en un contrato simple de préstamo para, de ese modo, justificar la transparencia de sus condiciones; además, no consta ni se ha acreditado la entrega de la información normalizada europea previamente a la conclusión del contrato, ni los ejemplos que en ella se contienen sobre el coste del crédito ilustrativos para el supuesto de un crédito revolving, pues, se limitan a reflejar supuestos de crédito o préstamo simple sin referencia alguna a la cuota de amortización diferida por la que puede optar el consumidor y otra tanto cabe decir de los ejemplos contenidos en el contrato; aunque el contrato es anterior a la modificación introducida por la Orden 669/2020 en la Orden 2849/2011, de acuerdo con lo expuesto sobre la singularidad del sistema de amortización del crédito rotativo y sus consecuencias económicas para el consumidor, venía obligada la demandada a brindar al actor, previamente a la conclusión del contrato, las explicaciones suficientes y adecuadas, alertándolo sobre la carga económica que podía suponer acogerse a una forma diferida de amortización. Se señala en cuanto a la manifestación atribuida al contratante consumidor del condicionado general de que recibió las explicaciones adecuadas y fue informado conforme a las previsiones de la Ley 16/2011 antes de la perfección del contrato vienen predispuestas e impuestas por el prestamista, se provoca una reversión de la prueba en sentido negativo a cargo del consumidor que no es compatible con la atribución a la parte de ese deber de información precontractual (así apartado 29 STJU 18-12-2014) y se integra en el supuesto de abusividad ope legis del nº 1 del art. 89 del TRLGDCU, por lo que deben de tenerse por no hechas. Tras exponer el mecanismo de los créditos revolving, a partir de lo que establece la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda ETD/699/2020, de 24 de julio, ante la evidencia de una modalidad negocial que necesitaba de especial atención, se señala que, en el presente caso, no consta se haya informado el actor de las consecuencias de optar por la forma de pago aplazado y el mecanismo de amortización impuesto por la estipulación 6 del contrato que regula la imputación de los pagos en caso de satisfacer sólo un tanto porcentual del capital dispuesto; aunque se reconoce que las condiciones particulares y la general de imputación de pagos soportan el control de incorporación y comprensión dispuesto por los art. 5 y 7 de la LCGC 7/1998, de 13 de abril, se señala que no soportan el de transparencia cualificada, pues no ilustra de modo suficiente ni alerta al consumidor sobre las consecuencias económicas futuras de la opción que se le da de aplazar el pago del capital dispuesto con las consecuencias futuras que describe la O. ETD/639/2020. Con cita de la STS, Sala 1ª, de 27 de marzo de 2019 y de otras sentencias del Alto Tribunal, así como del TJUE, se concluye que, si bien los intereses remuneratorios están al margen de un control de contenido, sí que están sometidos, cuando, como en el caso de que nos ocupa, están ínsitos en un contrato celebrado con consumidores, al doble control de transparencia, que va más allá del control de inclusión a que se refiere el art. 7 LCGC, y que supone que el adherente conozca o pueda conocer la carga económica y jurídica que derive para él del contrato en cuestión. Se concluye, asimismo, que, con la simple lectura de la cláusula relativa a los intereses remuneratorios que contiene el tipo de interés aplicado, no es posible hacerse una idea cabal del coste económico de la transacción, y que adolece de falta de transparencia, lo que la convierte en nula según el art. 83 TRLGDCU (RCL 2007, 2164y RCL 2008, 372). En relación con las consecuencias de la falta de transparencia, con cita de la STS, Sala 1ª, de 11 de septiembre de 2019 y de la jurisprudencia del TJUE, se concluye que no es posible la subsistencia del contrato sin dichas estipulaciones, y que procede declarar su nulidad del contrato con efectos similares a los del art. 3 LRU de 23-07-1908, esto es, que el actor solo está obligado a devolver el capital imputándose a su amortización los pagos realizados con imposición a la demandada de las costas de la instancia.

5. La apelante solicita en su recurso la revocación de la sentencia recurrida, a fin de que sea desestimada la demanda.

6. El apelado se opone al recurso, y solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Sobre la falta de transparencia

1. La apelante muestra su disconformidad con el pronunciamiento de la sentencia recurrida referente a la declaración de nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito por considerar que no supera el control de transparencia. Considera que el doble control al que somete el Tribunal Supremo a las condiciones generales de la contratación que definen el objeto principal de un contrato (como lo es el interés remuneratorio) en su Sentencia núm. 241/2013, del Tribunal Supremo, Sala Civil, de fecha 9 de mayo, se ve superado por la cláusula objeto de examen, un doble control que supone: 1) Control de inclusión o incorporación, el cual tiene por objeto garantizar la claridad gramatical, esto es, que se haya posibilitado y facilitado el conocimiento por parte del adherente de la existencia, contenido y alcance de las cláusulas predispuestas y no negociadas (regulado en los arts. 5 y 7 de la LCGC y art. 80 de la LGDCU), y 2) Control de transparencia material, sustantivo o reforzado, que añade un extra a la transparencia gramatical y exige que el adherente tenga oportunidad de conocer la carga económica y jurídica del contrato (de creación jurisprudencial). Reitera que la cláusula cuya nulidad se solicita en el presente procedimiento es simple: basta con multiplicar el porcentaje acordado en la cláusula como tipo de interés fijo por las cantidades que en cada momento se aplazan. Afirma que el control de transparencia en estos casos queda reducido a: (i) verificar que la cláusula de intereses quedó efectivamente incorporada al contrato de una forma legible y comprensible; (ii) comprobar que el consumidor tuvo acceso pleno a dicho contrato antes de su perfección, y (iii) demostrar que el consumidor tuvo, y tiene, medios accesibles que le permitan hacerse idea del coste económico de la operación. Analizada la documentación, es fácil concluir que la demandada cumplió con los requisitos de transparencia exigidos por la Sentencia núm. 241/2013, del Tribunal Supremo, Sala Civil, de fecha 9 de mayo, con los dispuestos en los arts. 5 y 7 de la LCGC y el art. 80 de la LGDCU, así como con los nuevos requisitos de transparencia que se exigen a todas las entidades desde enero de 2021 en virtud de la Orden ETD/699/2020. Así:

* Una mención clara a la modalidad de pago establecida, señalando expresamente el término revolving e indicando la cuota fijada en ese momento para la amortización del crédito, y destaca el término revolving.

* Se anuncia la facultad de modificar la modalidad de pago establecida, así como las condiciones para su ejercicio.

* Aparecen ejemplos representativos de crédito con varias alternativas de financiación determinadas:

Si se observan, estas cláusulas explican el funcionamiento de la tarjeta, los intereses que se devengan mes a mes por todas las sumas dispuestas y no devueltas y enumeran las distintas comisiones que se pueden aplicar según los casos. Por consiguiente, con toda esta información, no cabe duda alguna de que el actor fue plenamente consciente de la carga económica y jurídica del contrato. Finalmente, este tipo de contratos supone una relación continua entre cliente y Entidad, y ello por cuanto lo que el cliente contrata es un límite máximo de crédito del que puede disponer cómo y cuándo prefiera en función de sus necesidades de liquidez o hábitos de consumo, pudiendo continuar realizando nuevas disposiciones y reintegros a lo largo de la vida del contrato, pues es de duración indefinida. Por consiguiente, en este tipo de contrato es imposible afirmar que un cliente haya podido verse sorprendido por una carga económica desconocida, cuando ha dispuesto de la tarjeta en infinidad de ocasiones (en el presente caso, durante más de 1 años).

2. El apelado se opone. La apelante afirma que el actor poseía la información necesaria y suficiente para entender el funcionamiento y riesgos de la modalidad del crédito revolving y, que por lo tanto, se entiende superado el control de transparencia, lo que supone una contravención de los arts. 82 y siguientes del TRLGDCU y de la Directiva 93/13/CE, de la jurisprudencia que la interpreta en relación a la falta de transparencia del método revolving, así como de las reglas de la buena fe, provocando un desequilibrio jurídico y económico en la posición contractual del consumidor que puede ver perjudicada su situación económica de forma excesivamente gravosa, habida cuenta que del simple examen del contrato suscrito se evidencia que, en la primera página del mismo se identifica a la deudora y el crédito concedido, sin mencionar que ese crédito conlleve interés alguno; únicamente, en el reverso, amontonada entre otra multitud de cláusulas, se expresa que la cantidad acreditada devenga un interés del 19,21%, y una TAE hasta del 21% y no consta ninguna explicación gramatical y con ejemplos de la modalidad revolving, y lo que ello supone económicamente para el consumidor; en ningún caso se le explica cómo se lleva a cabo la amortización y liquidación periódica de la deuda. Además, el hecho de que la iniciativa de contratar el crédito bajo la modalidad revolving, si es que lo hizo porque el predisponente, en ningún caso significa que fuese conocedor de la carga económica y jurídica que dicha modalidad suponía, pues no hay ni una sola prueba que acredite fielmente que la entidad cumpliera con sus deberes de información, y ese "deber" no desaparece por el hecho de que el empresario formule y el consumidor pueda elegir entre una pluralidad de ofertas de contrato, cuando todas están estandarizadas con base a cláusulas predispuestas, sin posibilidad real alguna de negociación en orden a la individualización o singularización del contrato, ya procedan del mismo empresario o se trate de diferentes ofertas de distintos empresarios; tampoco desaparece el carácter impuesto por el hecho de que el consumidor haya prestado su consentimiento de forma voluntaria y libre, pues una cosa es la libertad de contratar y otra muy distinta que esa libertad suponga por sí una previa negociación del contenido contractual. Aduce que dicho deber tampoco se ve cumplido por el hecho de entregar, el mismo día de la firma del contrato, información precontractual, puesto que la misma no aporta ejemplos ni simulaciones sobre el método revolving en concreto (ya por sí, el hecho de que las condiciones del contrato sean entregadas el mismo día de la firma excluyen per se la transparencia, puesto que el actor no ha tenido tiempo ni posibilidad de conocer anticipadamente las consecuencias económicas y jurídicas a las que quedaba obligado con carácter previo a la firma). Aduce que las entidades deben estar en condiciones de acreditar que facilitaron a sus clientes no solo información precontractual, sino también las explicaciones adecuadas (personalizadas, para su concreta situación particular), exigencia que en este caso no se ha respetado; las explicaciones comprenderán la aclaración del contenido y los términos de la información precontractual, de la personalizada, de la oferta vinculante y de toda aquella que sea suministrada hasta el otorgamiento del contrato, con arreglo a lo previsto en la ley, en especial sobre el modo de cálculo de las cuotas y de otros posibles costes o penalizaciones, así como una clara descripción de las obligaciones asumidas y de las consecuencias que tanto la celebración del contrato como su incumplimiento puedan tener; dichas explicaciones deberán ser sencillas y comprensibles, evitando el uso de tecnicismos, y se adaptarán a las circunstancias personales y económicas de la persona a la que van dirigidas, atendiendo a su nivel de conocimientos y de experiencia en materia bancaria, así como a la complejidad del producto ofrecido. Sostiene que no hubo ninguna explicación previa a la contratación, menos aún por personal bancario especializado, de modo que no puede declararse la transparencia del método revolving, en los términos expuestos de adverso, sencillamente porque no se explica bajo unos mínimos de compresibilidad. Además, la falta de información y/o publicidad, ofreciendo ejemplos claros en cuanto al coste económico del contrato, además de incumplir el control de incorporación y de transparencia a favor del consumidor, va en contra de los principios de buena fe contenidos expresamente en el artículo 7.1 CC. Concluye que el condicionado general no permite conocer a un ciudadano medio, y por ende, tampoco al actor, las condiciones y el funcionamiento real de este tipo de tarjetas, por lo que existe una clara falta transparencia tanto en el condicionado del contrato al no permitir al consumidor conocer de manera razonable el coste real que asume al tiempo de suscribir el crédito asociado a la tarjeta contratada, y que tampoco permite una clara percepción de la obligación de pago a asumir, información que por otra parte, tampoco se ha acreditado se diese al actor con antelación suficiente a la celebración del contrato para adquirir conocimiento y conciencia del mismo, por lo que resulta totalmente procedente la declaración de nulidad de las condiciones generales incluidas en el contratos uscrito por las partes, que regulan el interés remuneratorio y el sistema revolving de pago del crédito. Añade ahora en su recurso que la certificación expedida por Logalty viene a acreditar es que la contratación se realizó por vía electrónica, lo que, a su vez, pone de manifiesto que el actor no tuvo oportunidad alguna de resolver sus dudas durante el periodo de firma, que, al ser online, tampoco permite negociación o modificación alguna del clausulado; de hecho, el art. 10.5 de la Ley 16/2011, de Créditos al Consumo, dice que: "Se considera que el prestamista ha cumplido los requisitos de información de los apartados 1, 2y 3 del presente artículo y de los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, si facilita la Información normalizada europea sobre el crédito al consumo", y no ha quedado acreditado que recibiera la información normalizada europea sobre el crédito al consumo y, ni mucho menos, que dicha documentación se acompañara de las explicaciones pertinentes para su correcto entendimiento.

TERCERO.- 1. Un nuevo examen de las actuaciones conforme al art.456.1 LEC conduce a este Tribunal a la estimación del recurso.

Por tratarse de un supuesto similar al que es objeto del procedimiento, traemos a colación lo que señala al respecto la SAP Murcia, sección 1ª, de 24 de abril de 2023 ( ROJ: SAP MU 888/2023 - ECLI:ES:APMU:2023:888 ):

" 10.- Como ya se ha señalado, no es posible el control de abusividad sobre elementos esenciales del contrato, como es el interés remuneratorio, sino que sólo debe de acudirse al control de transparencia derivado de los artículos 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación , en relación con la necesidad de una efectiva información precontractual al consumidor para que éste pueda conocer el alcance de lo que contrata. En relación al presente caso, nos encontramos ante un supuesto de contratación de la tarjeta por vía electrónica, tal como se justifica con el documento nº 6 de la contestación de la demanda. Ello implica, como bien señala la juzgadora a quo, que la iniciativa de la contratación parte del consumidor y que éste tuvo a su disposición las condiciones generales del contrato antes de su firma electrónica, sin estar sometido a plazo alguno para la contratación.

11.- Es conveniente resumir la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el control de transparencia, tal como se sintetiza en la STS 213/21, de 19 de abril : " El control de transparencia no se agota en el mero control de incorporación, sino que supone un plus sobre el mismo. Según se desprende inequívocamente de la jurisprudencia del TJUE ( SSTJUE de 21 de marzo de 2013, C-92/11 , RWE Vertrieb ; 30 de abril de 2014, C-26/13 , Kásler y Káslerne Rábai; 26 de febrero de 2015, C-143/13 , Matei; y 23 de abril de 2015, C-96/14 , Van Hove), no solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas.

"El control de transparencia excluye que, en contratos en que el adherente sea un consumidor, pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el consumidor, tal y como éste la había percibido, mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica le pasó inadvertida, porque se le dio un inapropiado tratamiento secundario y no se le facilitó la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha cláusula.

"Tanto la jurisprudencia nacional como la comunitaria han resaltado la importancia que para la transparencia en la contratación con los consumidores tiene la información precontractual que se les facilita, porque es en esa fase cuando se adopta la decisión de contratar (por todas, STJUE de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11, caso RWE Vertrieb ; y STS 509/2020, de 6 de octubre ). Así como que en el examen de la transparencia se deberán tener en cuenta "el conjunto de circunstancias en torno a la celebración del contrato" ( STJUE de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18 , apartado 70)".

Como hemos declarado en reiteradas ocasiones (por todas, sentencia 355/2018, de 13 de junio ), no existen medios tasados para obtener el resultado: un consumidor suficientemente informado. El adecuado conocimiento de la cláusula, de su trascendencia y de su incidencia en la ejecución del contrato, a fin de que el consumidor pueda adoptar su decisión económica después de haber sido informado cumplidamente, es un resultado insustituible, aunque susceptible de ser alcanzado por pluralidad de medios. Así lo pusimos también de relieve en la sentencia 171/2017, de 9 de marzo , en que afirmamos que "en cada caso pueden concurrir unas circunstancias propias cuya acreditación, en su conjunto, ponga de relieve con claridad el cumplimiento o incumplimiento de la exigencia de transparencia".

12.- En relación a la contratación electrónica, el Tribunal Supremo se viene pronunciando a favor del cumplimiento de las exigencias de transparencia, pudiéndose citar, en relación con la cláusula suelo, las SSTS 284/23, de 22 de febrero y 363/23, de 13 de marzo . Para ello hay que acudir al contrato concertado y aportado como documento nº 1 de la demanda y 5 de la contestación. La parte apelante insiste en que no existe referencia alguna en el anverso de la solicitud de tarjeta al tipo de interés aplicable, lo que entiende que no es transparente. Ello es cierto, pues en la primera página de las seis que tiene el contrato, sólo se contiene la identificación de la parte actora y los aspectos añadidos al contrato de tarjeta contratados o no. No obstante, lo cierto es que es difícil entender que un consumidor que solicita una tarjeta, sin la existencia de medios de presión añadidos, no atienda a cuál es el interés aplicable a la tarjeta cuando lo cierto es que el propio contrato contiene todos los datos que deberían permitir al mismo conocer que es lo que contrataba. Lo primero que hay que destacar es el hecho de que en esa primera página se incluyen una serie de declaraciones del titular de la tarjeta entre las que se encuentra el reconocimiento de haber recibido con antelación la información precontractual exigida por la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, lo que viene a constituir un expreso reconocimiento de haber sido informado previamente a la contratación de la tarjeta.

13.- En la condición general de crédito 3ª, relativa a las modalidades de pago, expresamente se incluye la de pago aplazado y dentro de la misma dos tipos de revolving, de cuota variable mensual y de cuota fija mensual, siendo esta última la adoptada en este caso dado el pago de una cuota mensual por parte del consumidor, lo que supone una opción personal al contratar, estando debidamente explicado en el apartado ii) el funcionamiento de dicha modalidad de pago. La misma cláusula 3ª diferencia en el pago total, que no genera intereses, y el pago aplazado, que sí devenga intereses. En consecuencia, cuando el actor aceptó una de las modalidades de pago aplazado era consciente, pues así constaba en la información facilitada, que tal aplazamiento iba a generar intereses.

14.- Ello debe de ponerse en relación con la condición general de crédito 5ª, tipo de interés, en el que aparece reflejado y resaltado por medio del subrayado de la misma, el tipo de interés aplicable (TIN 19,21 % y TAE 21 %), incluyendo una serie de ejemplos representativos de pagos del crédito que permitían conocer al consumidor que contrataba la forma como funcionaba el crédito y el coste del mismo. Lo anterior, unido a lo ya señalado del conocimiento del cobro de intereses, impide considerar que el tipo de interés aplicable estuviese oculto o fuese desconocido por parte del titular de la tarjeta de crédito.

15.- Por último, tampoco es posible acudir a la falta de transparencia del propio sistema de crédito revolving, cuando el funcionamiento del mismo y la información contractual mensual posterior de los diferentes movimientos de la cuenta aparecen fijados en la condición general de crédito 4ª, de amortización. En la misma se explica el sistema y los mecanismos de formación del saldo correspondiente a cada cuota mensual, así como se fija el contenido de los extractos mensuales que se ponen a disposición del titular de la tarjeta a través de la banca electrónica. En atención a todo lo señalado y a lo razonado en la sentencia apelada, el contrato de tarjeta de crédito debe de ser considerado transparente al contener los datos necesarios para que el consumidor conociese el funcionamiento de la tarjeta de crédito en los términos por él mismo elegidos al contratar."

2. Lo anterior deviene aplicable al presente contrato, suscrito en fecha 15 de septiembre de 2017, en cuyas condiciones particulares, sin embargo, sí aparece el tipo de interés aplicable en el anverso del contrato:

"Solicitud de PuenteCash(r)/Transfiere Disponible de 1000 Euros: SI ha solicitado recibir, una vez aprobada su solicitud, en su cuenta bancaria de domiciliación una transferencia de 1.000 Euros como parte del límite de crédito, sujeto al tipo de interés contractual del 19,21% T.I.N. / 21% T.A.E. Sin comisiones salvo reembolso en un plazo inferior a dos (2) meses."

En las condiciones generales, consta explicitado, con referencia expresa a que se trata de una tarjeta revolving, lo siguiente:

" 3.Modalidades de pago. El Titular deberá reembolsar a EVO Finance las cantidades que procedan según la modalidad de pago existentes, de acuerdo con lo siguiente:

a) Pago Total: El Titular reembolsará la totalidad de las disposiciones efectuadas el mes inmediatamente anterior, mediante adeudo efectuado por EVO Finance en la Cuenta de cargo, no devengándose intereses por las operaciones realizadas en el período.

b) Pago Aplazado:

(i) Revolving Cuota Variable Mensual: aplazamiento de pago del crédito dispuesto, siendo la cuota mensual la que resulte de aplicar un porcentaje al saldo deudor del Crédito cada mes, dicho porcentaje es a elección del Titular y debe ser solicitado a EVO Finance con carácter previo, apareciéndole reflejado en el extracto correspondiente al período de liquidación siguiente. En todo caso, dicha cuota mensual no podrá ser inferior al mayor de los dos importes siguientes: 4% del saldo deudor cadames o 5 euros, según el caso.

(ii) Revolving Cuota Fija Mensual: aplazamiento del saldo pendiente de pago, siendo la cuota mensual aquella que al efecto le comunique EVO Finance al seleccionar esta modalidad de pago. Respecto de esta modalidad de pago, el Titular reembolsará mensualmente las cantidades debidas cuyo importe no podrá ser inferior a pago mínimo (en adelante el "Pago Mínimo") el cual sería del 3% sobre el Crédito (en su caso, primas del seguro de Crédito e intereses incluidos en dicho porcentaje) más todas las comisiones y gastos reflejados en el periodo de liquidación del extracto correspondiente, o cualquier otra cantidad que de forma justificada y que en virtud del presente Contrato le pueda exigir EVO Finance; ni superar el pago máximo ("Pago Máximo") que sería del 33% sobre el Crédito, con los mismos conceptos considerados.

(iii) Pago Básico: aplazamiento del saldo pendiente de pago, siendo la cuota mensual el importe mayor de los 3 siguientes: 5 Euros; 2,25% del saldo deudor cada mes; 1% del saldo del Crédito pendiente más, en su caso, intereses, primas del seguro y todas las comisiones y gastos reflejados en el periodo de liquidación del extracto correspondiente, o cualquier otra cantidad que de forma justificada y que en virtud del presente Contrato le pueda exigir EVO Finance.

La forma de pago predeterminada es el Pago Básico salvo que el Titular expresamente haya indicado otra cosa a EVO Finance de acuerdo con lo indicado a continuación. Si el Titular desea incrementar la cuantía del Pago Mínimo o bien modificar la forma de pago del saldo dispuesto, podrá hacerlo contactando con EVO Finance a más tardar al final del quinto día hábil anterior al primer día hábil de cada período de liquidación correspondiente.

El Titular autoriza expresamente a que en el caso de impago, EVO Finance podrá modificar automáticamente la forma de pago que en su caso haya seleccionado el Titular, estableciendo como tal el Pago Básico.

Los pagos realizados a favor de EVO Finance tendrán efecto desde el momento en que se acrediten en la Cuenta de Cargo. En el caso de disposición mediante Tarjeta de Crédito, EVO Finance reflejará las transacciones en dicha Cuenta de Cargo una vez el Sistema de Pagos selas haya notificado.

4. Amortización. Cada cuota mensual comprenderá las disposiciones efectuadas en el período de liquidación determinado por EVO Finance encada caso que se le comunica al Titular en sus extractos correspondientes, transcurriendo un mes natural entre cada fecha de liquidación. Del mismo modo, dichos extractos incluirán la fecha de cobro o pago de cada cuota mensual que tendrá lugar, aproximadamente, a los 27 días naturales posteriores a la fecha de liquidación correspondiente, salvo que se trate deun día no hábil en cuyo caso la fecha de cobro o pago será el día hábil

anterior. .

El saldo disponible del Crédito para nuevas disposiciones se incrementará automáticamente con el capital amortizado en cada cuota mensual. La modificación del importe del crédito disponible no supondrá la variación del cálculo de la cuota mensual salvo autorización expresa y previa de EVO Finance. Cada cuota mensual amortizará capital, e incluirá los intereses calculados desde el último extracto correspondiente al periodo de liquidación inmediatamente anterior, y el Seguro y/o las comisiones quesean de aplicación en ese período. Para el cálculo del capital efectivamente amortizado en cada cuota mensual, se deducirá del total dela mensualidad los intereses devengados, el Seguro, en su caso, y/o las comisiones aplicadas.

Las disposiciones PuenteCash(r)/Transfiere Disponible y Tarjeta se cargarán al Titular mediante un único recibo que integrará los importes correspondientes de todas las operaciones efectuadas a través de dichas formas de disposición, de acuerdo con la modalidad de pago seleccionada. Del mismo modo, la Disposición PDV será objeto de recibo separado respecto de las dos anteriores.

EVO Finance pondrá a disposición del Titular a través del servicio de Banca Online, con carácter mensual, extractos de la Cuenta de Cargo en los que se reflejarán los movimientos registrados en el período de referencia, con desglose por cada tipo de disposición, recogiendo el importe mensual que el Titular deberá pagar. Lo anterior, salvo en los casos en los que no se produzcan movimientos ni haya liquidación pendiente en un período de liquidación, en cuyo caso EVO Finance no emitirá el referido extracto. El Titular podrá visualizar los extractos mensuales a través de la Banca Online donde estarán accesibles con carácter inalterable para su consulta e impresión, de acuerdo con loestablecido en la normativa aplicable en cada momento."

A su vez, en relación con el tipo de interés aplicable, se detalla, subrayado, lo siguiente:

" 5. Tipo de Interés. El Crédito concedido devengará intereses en los términos recogidos en la Cláusula 6 siguiente al tipo de interés nominal anual (en adelante "T.I.N.") del 19,21% y con una tasa anual equivalente del 21% (en adelante "T.A.E.").

A estos efectos, se entenderá por T.A.E. el coste total del crédito, expresado en un porcentaje anual sobre la cuantía del Crédito concedido. La T.A.E. ha sido calculada siguiendo la fórmula contenida en el primer epígrafe del Anexo I de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo en consideración a: (i) todos los gastos, comisiones e intereses conocidos por EVO Finance que debe pagar el Titular en el momento de formalización del Contrato según la modalidad de pago que elija; (ii) que el Contrato se mantiene vigente durante el plazo pactado, sin rembolsos anticipados, (iii) que se cumplen las obligaciones de pago, no incluyéndose penalizaciones e indemnizaciones caso de que esto no suceda, y (iv) que se aplican las condiciones recogidas en el presente Contrato en cuanto a cuotas, plazo de amortización, en su caso, y tipo de interés nominal (TIN). El cálculo de la T.A.E. se efectúa en virtud de períodos de liquidación iguales a partir de la fecha de vigencia y en los términos recogidos en el presente Contrato y con mantenimiento del tiponominal y de los demás gastos al nivel inicial. No se tiene en cuenta para el cálculo de la T.A.E. el Seguro, al ser opcional su contratación.

Ejemplo Representativo del Crédito: Importe del crédito: 1.000 euros. Plazo12 meses. TIN: 19,21% TAE: 21%. Cuota mensual de 92,26 euros (excepto la última de 92,18 euros). Importe total a pagar por el consumidor (capital +intereses): 1.107,04 euros.

Ejemplo Representativo de la Compra Especial: Se aplaza el pago de una compra por un importe de 300 euros, con un aplazamiento a 3 meses sin intereses (T.I.N. 0%). Los gastos de gestión son 6,3 euros (T.A.E. 13,57%), efectuando un pago mensual inicial de 106,3 y dos posteriores de 100euros, por lo que el importe total adeudado es de 306,3 euros.

Ejemplo Representativo Disposición PDV: Importe Disposición PDV: 3.000euros. Plazo: 48 meses. Carencia: 2 meses TIN: 13%. Comisión de formalización: 1% (mínimo 12 euros). TAE: 14,36%. Cuota mensual: 82,23euros. Importe total a pagar por el consumidor (capital + intereses +comisiones): 3.977,04 euros.

En los ejemplos anteriores, el contrato se formalizará el primer día del mesy se mantendrá en vigor durante toda su duración, cumpliendo las partes sus obligaciones en las condiciones y plazos establecidos."

Y, en relación con el devengo de intereses, se explicita lo siguiente:

"6. Devengo de Intereses. El devengo de intereses será diario se liquidan de fecha a fecha de liquidación y se emitirán al cobro de acuerdo con lo establecido en el extracto correspondiente. Los intereses y los ajustes que puedan corresponder relativos a reembolsos anticipados, devoluciones o nuevas disposiciones efectuadas de fecha de liquidación ala siguiente, de acuerdo con lo establecido en la Clausula 4 anterior, aparecerán reflejados en el extracto mensual siguiente que corresponda. A los efectos de que el Titular no exceda el saldo del crédito disponible, EVO Finance se reserva el derecho a limitar aquellas disposiciones con las que prevea que esto se va a producir, no autorizando la disposición correspondiente y poniéndolo en conocimiento del cliente por los medios habilitados por EVO Finance a tal efecto. No obstante, en caso de que el Titular finalmente excediera el saldo del crédito disponible, EVO Finance podrá ampliar el límite máximo del Crédito, pudiendo EVO Finance facturar el importe excedido de éste último límite en la siguiente inmediata liquidación. El cálculo del importe total de los intereses devengados encada cuota mensual, al tipo indicado en la Clausula 5 anterior, se efectúa de acuerdo con la siguiente fórmula:

n r

n r I = (A x i x do) + S (Dn x i x d1) - S (Rr x i x d2) - (P x i x d3)

n=0 r=0

Donde: I= Importe total de los intereses mensuales. A= saldo del extracto de cuenta anterior. i= TIN/nº de días del año. TIN= Tipo de interés nominal.do= nº de días del mes correspondiente al período de liquidación. n=número de disposiciones. D= Importe de las diferentes disposiciones efectuadas durante el mes correspondiente al período de liquidación. d1=número de días transcurridos desde las diferentes disposiciones hasta el último día del período de liquidación correspondiente. R= Importe de los diferentes reembolsos efectuados durante el mes correspondiente al período de liquidación. r= número de reembolsos. d2=número de días desde los diferentes reembolsos hasta el último día del período de liquidación correspondiente. P= importe del pago de la cuota mensuald3=número de días transcurridos desde el pago de la cuota mensual hasta el último día del período de liquidación correspondiente.

Los intereses se capitalizarán y cargarán en cada fecha de liquidación, devengando nuevos intereses al tipo de interés nominal aplicable desde la fecha de liquidación."

3. Así también, la SAP Cantabria, sección 2ª, de 10 de abril de 2023 ( ROJ: SAP S 182/2023 - ECLI:ES:APS:2023:182 ) señala:

" En este caso la contratación de la tarjeta de crédito en fecha 19 de marzo del 2.018 se hizo por vía electrónica y a instancias del consumidor.

El contrato supera el control de incorporación.

En la indicada contratación se confirma que se han recibido por parte de EVOFINANCE, con anterioridad a la firma del contrato, explicaciones adecuadas y personalizadas respecto de las condiciones particulares y generales, así como sobre las consecuencias en caso de impago y sobre el excesivo endeudamiento. También se declara haber recibido con la debida antelación la información precontractual en cumplimiento de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo y haber tenido acceso a las tarifas habitualmente aplicadas por EVO y al modelo de contrato de tarje de crédito.

Debe reputarse así probado que la demandante dispuso anticipadamente, a través de la correspondiente página web, de la información referida a las condiciones generales de contratación, precios, tipos de interés de demora etc. Claro está, por consiguiente, que pudo examinar las condiciones de la contratación con el detalle y tiempo que estimó necesarios antes de proceder a su aceptación; es decir, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.3 y 11 de la Ley de Créditos al Consumo , debe entenderse que la demandada cumplió con el deber de información. En consecuencia, cumplido con exactitud el deber de información precontractual, únicamente nos resta dilucidar si las cláusulas que regulan el coste económico del contrato y el sistema de amortización están redactadas con la concisión, claridad y sencillez exigidas por la norma.

Ciñéndonos a los términos del contrato, constatamos que las condiciones económicas del crédito son materia, en primer lugar, de la cláusula quinta, en la que se explicita que la utilización de la tarjeta a crédito comportará el pago de intereses con una TAE del 21% anual; Esa información va seguida de ejemplos prácticos sobre el importe de los mismos en función de todas las hipótesis que admite el contrato. Entre las hipótesis contempladas se identifica expresamente la modalidad de pago aplazada con el término "revolving", como exige el art. 33 ter, introducido por la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente. Además, en la cláusula 4, referida a la amortización, se explica "que el saldo disponible del crédito para nuevas disposiciones se incrementará automáticamente con el capital amortizado en cada cuota mensual", lo que conlleva una expresa remisión a la reconstrucción del capital que se debe devolver en la modalidad revolving.

Por ello debe estimarse que la cláusula que fija los intereses remuneratorios supera ese control de inclusión y también el de transparencia formal porque es de fácil lectura y comprensión para un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (concepto empleado reiteradamente en su jurisprudencia por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas), de modo que permite formarse una idea precisa de su contenido y efectos para valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13 , EU:C:2014:282 , apartados 70 a 73; de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17 , EU:C:2019:820 , apartado 37, y de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18 , EU:C:2020:138 ."

4. Cabe recordar que la STS, Sala 1ª, de 23 de marzo de 2021 ( ROJ: STS 1104/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1104 ) señala:

" (...) 2.- Las cláusulas impugnadas afectan a las dos principales obligaciones del prestatario: la devolución o reembolso del capital en el plazo y forma pactados, y el pago de los correspondientes intereses remuneratorios. En consecuencia, afectan a elementos esenciales del préstamo hipotecario, en el sentido del art. 4.2 de la Directiva 93/13, de 5 de abril , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, conforme al cual:

"2. La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible".

3.- Al tratarse de condiciones generales de la contratación, quedan sujetas al control de incorporación de los arts. 5 y 7 LCGC , y en la medida en que están incluidas en un contrato celebrado entre un profesional predisponente y unos consumidores, también están sujetas al denominado control de transparencia. Como ha dicho el TJUE, entre otras, en su sentencia de 30 de abril de 2014, As C-26/13 , Kásler, Káslené Rábai:

"teniendo en cuenta también el carácter de excepción del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 y la exigencia de una interpretación estricta de esta disposición que deriva de él, las cláusulas del contrato incluidas en el concepto de "objeto principal del contrato", en el sentido de esta disposición, deben entenderse como las que regulan las prestaciones esenciales de ese contrato y que como tales lo caracterizan. (apartado 49)

"En cambio, las cláusulas de carácter accesorio en relación con las que definen la esencia misma de la relación contractual no pueden formar parte del concepto de "objeto principal del contrato", en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 . (apartado 50)".

En el mismo sentido se pronunciaron las sentencias del TJUE de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc, C-186/16 /apartados 35 y 36) y de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17 (apartado 32).

Estas cláusulas relativas al objeto principal del contrato, delimitadas con ese alcance, están también sujetas al control de transparencia material. Como ha declarado reiteradamente el TJUE, recientemente en su sentencia de 16 de julio de 2020, C-224/19 y C-259/19 , CY y Caixabank, S.A.:

"el Tribunal de Justicia ha destacado que la exigencia de redacción clara y comprensible que figura en el artículo 5 de la Directiva 93/13 se aplica en cualquier caso, incluso cuando una cláusula está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 2, de esa Directiva y aun cuando el Estado miembro de que se trate no haya transpuesto esta disposición. Tal exigencia no puede reducirse únicamente al carácter comprensible de la cláusula contractual en un plano formal y gramatical ( sentencia de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18 , apartado 46)".

En el mismo sentido se ha pronunciado en numerosas resoluciones esta Sala.

4.- En consecuencia, debemos realizar el doble control de transparencia y abusividad que corresponde cuando se trata de cláusulas que afectan a elementos esenciales del contrato.

QUINTO.- Control de transparencia

1.- El control de transparencia no se agota en el mero control de incorporación, sino que supone un plus sobre el mismo. Según se desprende inequívocamente de la jurisprudencia del TJUE (sentencias de 21 de marzo de 2013, C-92/11 , RWE Vertrieb ; 30 de abril de 2014, C-26/13 , Kásler y Káslerne Rábai; 26 de febrero de 2015, C-143/13 , Matei; y 23 de abril de 2015, C-96/14 , Van Hove), no solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas.

El control de transparencia excluye que, en contratos en que el adherente sea un consumidor, pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el consumidor, tal y como éste la había percibido, mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica le pasó inadvertida, porque se le dio un inapropiado tratamiento secundario y no se le facilitó la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha cláusula.

2.- En la fecha de celebración de los contratos, la normativa bancaria sobre transparencia estaba contenida en la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, que imponía el deber de entrega al prestatario del folleto informativo y la oferta vinculante como información precontractual. A su vez, la jurisprudencia comunitaria y nacional ha resaltado la importancia que para la transparencia en la contratación con los consumidores tiene la información precontractual que se les facilita, porque es en esa fase cuando se adopta la decisión de contratar. La STJUE de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11, caso RWE Vertrieb , declara al referirse al control de transparencia:

"44. En efecto, reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información".

3.- Como hemos declarado en reiteradas ocasiones (por todas, sentencia 509/2020, de 6 de octubre ), no existen medios tasados para obtener el resultado que con el requisito de la transparencia material se persigue: un consumidor suficientemente informado. El adecuado conocimiento de la cláusula, de su trascendencia y de su incidencia en la ejecución del contrato, a fin de que el consumidor pueda adoptar su decisión económica después de haber sido informado cumplidamente, es un resultado insustituible, aunque susceptible de ser alcanzado por pluralidad de medios. Así lo pusimos también de relieve en la sentencia 171/2017, de 9 de marzo , en que afirmamos que en cada caso pueden concurrir unas circunstancias propias cuya acreditación, en su conjunto, ponga de relieve con claridad el cumplimiento o incumplimiento de la exigencia de transparencia.

Así resulta también de la doctrina jurisprudencial consolidada del TJUE, reiterada nuevamente en la sentencia de 16 de julio de 2020 (C-224/19 y C- 259/19 , CY y Caixabank, S. A.), que tras recordar que "la exigencia de redacción clara y comprensible que figura en el artículo 5 de la Directiva 93/13 se aplica en cualquier caso, incluso cuando una cláusula está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 2, de esa Directiva" y que "esta exigencia no puede reducirse únicamente al carácter comprensible de la cláusula contractual en un plano formal y gramatical ( sentencia de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18 , EU:C:2020:138 , apartado 46)", añade que:

"dado que el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo referente, en particular, al nivel de información, la mencionada exigencia debe entenderse de manera extensiva, esto es, en el sentido de que no solo impone que la cláusula en cuestión sea comprensible para el consumidor en un plano gramatical, sino también que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate, así como, en su caso, la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13 , EU:C:2014:282 , apartados 70 a 73; de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17 , EU:C:2019:820 , apartado 37, y de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18 , EU:C:2020:138 , apartado 43)" (apartado 67).

Y explica que esa exigencia del "carácter claro y comprensible" de las cláusulas litigiosas debe ser examinada:

"a la vista de todos los aspectos de hecho pertinentes, entre los que se cuenta la publicidad y la información ofrecidas por el prestamista en el contexto de la negociación de un contrato de préstamo, y teniendo en cuenta el nivel de atención que puede esperarse de un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13 , EU:C:2014:282 , apartado 74; de 26 de febrero de 2015, Matei, C-143/13 , EU:C:2015:127 , apartado 75; de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C-186/16 , EU:C:2017:703 , apartados 46 y 47, y de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18 , EU:C:2020:138 , apartado 46)" (apartado 68).

En definitiva, en el examen de la transparencia se deberán tener en cuenta "el conjunto de circunstancias en torno a la celebración del contrato" (apartado 70)."

5. Pues bien, en atención a lo expuesto, consideramos que, en este concreto supuesto, se cumple con la exigencia de transparencia que viene impuesta por la jurisprudencia, y que el actor pudo conocer la carga económica del contrato, concertado por vía electrónica.

6. Procede, por tanto, la estimación del recurso interpuesto, y, por ende, la desestimación de la demanda, con imposición al actor de las costas procesales de primera instancia, en virtud del criterio del vencimiento objetivo ( art.394.1 LEC).

CUARTO.- Por imperativo del art.398 LEC, dada la estimación del recurso, no son impuestas a ninguna de las partes las costas procesales de segunda instancia, debiendo cada una de ellas abonar las causadas a su instancia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación