Sentencia Civil 611/2022 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 1, Rec. 871/2021 de 22 de diciembre del 2022

PRIMERO.- Planteamiento del litigio en primera instancia. Resolución apelada. Recurso de apelación.

Formuló la parte actora, Doña Isidora, contra la demandada, AXA VIDA S.A. DE SEGUROS y REASEUROS, demanda de juicio ordinario en la que solicitaba (A) que se declarase el derecho de la actora a percibir la suma de 268,74 € mensuales por 14 pagas, con carácter vitalicio en concepto de renta vitalicia garantizada, en su condición de viuda y/o cónyuge del asegurado Fabio en relación con la póliza suscrita con Winterthur, ahora AXA; (B) que se condenase a la demandada al pago a la actora de la suma de 6.987,37 € correspondientes a la rentas dejadas de percibir desde enero 2017 hasta la fecha de interposición de la demanda (en diciembre de 2018) más intereses; y (C) que se impusiesen las costas del procedimiento a la parte demandada.

Alegó la parte demandante que es viuda del Sr. Fabio, titular de la póliza de autos suscrita el 30/6/89 modificada según Anexo suscrito el 27/12/98. El Sr. Fabio se casó en segundas nupcias con la actora el 25/7/1998, siendo aquél viudo al haber fallecido su segunda esposa, Marí Juana el 16/12/94. El Sr. Fabio falleció el 25/12/16. Entiende la parte actora, que como viuda del Sr. Fabio al tiempo de su fallecimiento es beneficiaria de dicha póliza, y le corresponde percibir las cantidades reclamadas.

La parte demandada contestó a la demanda, oponiéndose y solicitando la desestimación de la misma y la condena en costas a la parte actora.

Opuso dicha parte demandada que la póliza de autos no es un seguro de vida/riesgo sino un seguro colectivo de ahorro contratado por la empresa LA MÁQUINA TERRESTE Y MARÍTIMA S.A. para sus trabajadores pasivos (jubilados) por el que se garantizaba el pago a los trabajadores mientras viviesen de una renta anual que complementaba la pensión de jubilación y que era reversible, al 50%, a favor del cónyuge si fallecía el asegurado. Se instrumentaba como seguro de ahorro en el que la prima la pagaba la empresa y las condiciones y términos los negociaba la empresa y no los trabajadores. El aseguramiento del Sr. Fabio comenzó el 25/1/90 y se cobró prima en base a su fecha de nacimiento y la de su mujer en aquél entonces y sobre esos datos se aceptó el riesgo, se cobró la prima y se perfeccionó el contrato, luego si cuando el asegurado falleció el 25/12/16 su mujer, la única persona asegurada junto con su marido, le había premuerto el 16/12/94, a nadie corresponde cobrar la renta al haber muerto las dos personas aseguradas, y a la actora nada le corresponde cobrar porque nunca estuvo asegurada, pues el contrato se perfeccionó con base a unos datos concretos, como que la Sra. Marí Juana nació en 1925, no pudiendo pretender la actora, que nació en 1944 con una esperanza de vida mucho mayor y que habría sido mucho más cara de asegurar, ser beneficiaria. Aun cuando se hubiese notificado el fallecimiento de su mujer en el año 1994 y solicitado el aseguramiento de su nueva esposa no habría sido posible pues se trata de un seguro de prima única y total abonada por el tomador sin que cupiese modificar las condiciones ni incluir nuevos asegurados.

Celebradas la correspondiente audiencia previa y juicio oral, se dictó sentencia por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Granollers el 12 de mayo de 2021 por la que se desestimó la demanda condenando en costas a la parte actora.

Contra esta sentencia ha formulado la parte actora recurso de apelación alegando como motivos de apelación los que, de forma sucinta, se exponen a continuación: 1º La demandante es beneficiaria de la póliza y así consta en la póliza suscrita (y en su modificación) la expresión viudo/a o cónyuge, sin que conste en ningún documento que la beneficiaria sea la primera esposa no siendo válido a tal fin el documento realizado por AXA en el año 2017, sin que tampoco conste que el asegurado tuviese que notificar el fallecimiento de su esposa, ni que la pensión se extinga por fallecimiento de la primera esposa; 2º No consta en ningún documento que la Sra. Marí Juana ni en el año 1989 ni en el año 1998 fuese designada como beneficiaria; y 3º Solicitó, para el caso de que no se estimase el recurso, la no imposición de costas a la demandada, por dudas de hecho y de derecho al estar redactado el contrato facilitado a la actora en términos genéricos, sin especificación alguna y de manera totalmente amplia.

La parte demandante se opuso al recurso.

SEGUNDO.- Hechos relevantes.

En el caso de autos partimos de la base de que el 30/6/89 LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA S.A. y WINTERTHUR VIDA SEGUROS S.A. (absorbida por la ahora demandante, AXA) suscribieron un contrato denominado de " SEGURO DE VIDA DE GRUPO" con número NUM000.

En este contrato se identificó como tomador a LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA S.A., como asegurador a Winterthur Sociedad de Seguros sobre la Vida, como beneficiario a LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA S.A., y como asegurados " El colectivo de empleados pasivos del Tomador que se relaciona en cada Grupo de Prestaciones Aseguradas de la presente Póliza", o " Las personas indicadas por el Tomador que se ha relacionado...", apareciendo relacionado el Sr. Fabio en el Centro 9850.

Como prestaciones aseguradas se garantizaba una determinada indemnización al trabajador, y que " En caso de fallecimiento, la viuda/o seguirá percibiendo "de por vida" del 50% de la indemnización correspondiente".

Consta también suscrito boletín de adhesión, o certificado individual de seguro (con nº NUM001), en el que constan los datos del beneficiario, el asegurado, y en caso de fallecimiento de éste, Doña " Marí Juana ", que entraba en vigor el 25/1/90, siendo la garantía asegurada el pago de la Renta Vitalicia garantizada, que se abonaría desde el mes de enero de 1990, en 14 mensualidades, el día 25 de cada mes.

El 14/12/94 fallece Doña Marí Juana.

El Sr. Fabio, se casó en segundas nupcias con la actora, Doña Isidora, el 25/7/98.

Y el 29/12/98 se suscribió anexo a la póliza de seguro, en virtud del cual, se adoptaron los siguientes acuerdos de modificación de determinados puntos de la póliza de seguro:

" Primero: El tomador designa como beneficiario de las prestaciones del seguro correspondientes al riesgo de supervivencia de los asegurados a los propios asegurados de la póliza y, para el caso de fallecimiento de los mismos, a sus cónyuges en los términos y de conformidad con lo establecido en la mencionada póliza.

Segundo: Con efectos desde el uno de enero de mil novecientos noventa y nueve, la designación de Beneficiario de la póliza NUM000, tendrá la siguiente redacción:

Beneficiario: El Tomador designa como beneficiario de las prestaciones del seguro correspondiente a la cobertura del riesgo de supervivencia a los propios asegurados y, para el riesgo de fallecimiento de los mismos, a sus cónyuges.

La anterior designación de beneficiarios podrá ser revocada por parte del Tomador en cualquier momento mediante simple comunicación de la nueva designación a la Entidad Aseguradora, lo cual dará lugar a la emisión del oportuno anexo a la póliza".

Y el Sr. Fabio falleció el 25/12/16.

TERCERO.- Contexto en que se suscribe la póliza de autos. Externalización de compromisos por pensiones. Póliza colectiva de autos. Beneficiario.

1. Dice la parte apelada que la suscripción del Anexo a que hemos hecho referencia obedeció a la entrada en vigor del Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprobaba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, que había entrado en vigor en octubre. Es cierto que ese Real Decreto entró en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE (27/10/99). Sin embargo, en ésta fecha ya se había firmado el anexo antes mencionado hacía casi un año (29/12/98).

El origen de la regulación de la exteriorización o externalización de los compromisos empresariales por pensiones a través de planes de pensiones y seguros colectivos de vida lo encontramos en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que " con el objeto de proteger los intereses de los trabajadores, aun en los supuestos en que se haya extinguido su contrato de trabajo, frente a posibles insolvencias del empresario en orden al cumplimiento de los compromisos por pensiones asumidos por éste", incorporó un precepto a la Ley de Planes y Fondos de Pensiones dando nueva redacción a su disposición adicional primera, adaptando así el artículo 8 de la Directiva 80/987/CEE. El artículo 8 de la Directiva preveía que los Estados miembros se asegurarían de que se adoptasen las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores asalariados y de las personas que ya hubiesen dejado la empresa o el centro de actividad del empresario, en la fecha en que se producía la insolvencia de éste, en lo que se refería a sus derechos adquiridos o en curso de adquisición y a determinadas prestaciones.

El régimen sustantivo de la protección se contenía en la Disposición Adicional 1ª de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, que, a partir de la modificación introducida por la Ley 30/1995 (a través de su Disposición Adicional once apartado 19), introdujo la " Protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores", estableciendo el deber de instrumentar los compromisos por pensiones asumidos por las empresas mediante contratos de seguro, a través de la formalización de de un plan de pensiones o de ambos, describiendo los requisitos que debían tener esos contratos de seguro, y disponiendo que reglamentariamente se fijarían las condiciones que habrían de cumplir los contratos de seguro a los que se refería esta disposición.

La Disposición transitoria decimocuarta de la Ley 30/1995 estableció el régimen transitorio, de los compromisos por pensiones ya asumidos (" Régimen de los compromisos por pensiones ya asumidos") y obligó a " Los empresarios que en el momento de entrada en vigor de la presente Ley mantengan compromisos por pensiones con sus trabajadores o empleados cuya materialización no se ajuste a la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio , de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, según la redacción dada por la presente Ley", a " proceder, en un plazo no superior a tres años desde la citada entrada en vigor, a adaptar dicha materialización a la citada disposición adicional", entrando en vigor esta disposición transitoria ( Disposición Final Tercera de la Ley 30/1995), a los 6 meses de la publicación en el BOE de la Ley 30/1995, el 9/11/95), por lo que el plazo de 3 años mencionado se cumplía el 10/5/99.

Finalmente por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, se aprobaba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios.

Por tanto, la suscripción de este Anexo no obedeció a la entrada en vigor del Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, sino a toda la normativa anteriormente citada.

2. Situados en dicho contexto, lo que constituye objeto del presente pleito es si puede considerarse beneficiaria de la póliza de seguro de vida colectivo a la demandante, Sra. Isidora, que es la actual viuda del asegurado y que también lo era cuando se suscribió el Anexo el 29/12/98.

En efecto, cuando se suscribe la póliza la esposa del asegurado era la Sra. Marí Juana (por error, se identifica en el certificado individual de seguro o boletín de adhesión como Marí Juana, cuando su nombre era el anteriormente indicado). La Sra. Marí Juana falleció el 14/12/94. Esta Sra. es la que aparece designada en el documento de adhesión, y ya había fallecido cuando se suscribe el Anexo (29/12/98), estando en esta fecha casado nuevamente el asegurado con la actora (25/7/98).

Resulta baldía, como veremos, toda la discusión provocada por la parte actora para negar validez al documento de adhesión o certificado individual de seguro a que hemos aludido. Este documento no es sino el duplicado del certificado individual de seguro suscrito en su día entre el empresario y la aseguradora, y ni puede dejar de tomarse en consideración con el débil argumento de que se elaboró ad hoc para el presente pleito en el año 2017 al ser la fecha que aparece al pie del documento el 5/4/17 (tesis de la demandante), siendo ésta la fecha en que lo expide la mercantil AXA, ni tampoco centrar en el mismo toda la atención acerca de la cuestión objeto del debate (tesis de la demandada), como razonaremos a continuación.

3. Como venimos argumentando la exteriorización de los compromisos por pensiones, supone la obligación del empresario de celebrar un contrato de seguro colectivo de vida con una entidad aseguradora del ramo autorizada y el trasvase de los recursos financieros empresariales afectos a tales compromisos al patrimonio asegurador.

Se trata, no obstante, como en el caso del contrato de autos, de seguros de vida colectivos o de grupo a los que son de aplicación las normas relativas a tales contratos.

Al seguro colectivo se refiere el artículo 81 de la Ley de Contrato de seguro cuando dice que " El contrato puede celebrarse con referencia a riesgos relativos a una persona o a un grupo de ellas. Este grupo deberá estar delimitado por alguna característica común extraña al propósito de asegurarse".

A este tipo de seguros colectivos y a su diferencia con los seguros individuales y a las exigencias de transparencia contractual que se requieren del asegurador frente al asegurado, se han referido las sentencias del Tribunal Supremo 570/2019, de 4 de noviembre y 636/2020, de 25 de noviembre, con cita, en ambas, de la sentencia 541/16, de 14 de septiembre, que a su vez se remitió al tratamiento de la cuestión en la sentencia 1058/2007, de 18 de octubre. En esta sentencia se razonaba del siguiente modo:

"...A) En los seguros colectivos o de grupo no hay coincidencia entre el tomador del seguro y el asegurado porque la póliza se contrata con la aseguradora por aquél para facilitar la incorporación de quienes forman parte del grupo, unidos por alguna circunstancia ajena a la mera voluntad de asegurarse, los cuales manifiestan ordinariamente su voluntad de incorporarse mediante la firma de un boletín de adhesión y reciben una certificación individual expresiva de las condiciones del aseguramiento ( STS 6 de abril de 2001, rec. 878/1996 ).

De acuerdo con el artículo 7 LCS en los casos de distinción entre el tomador y el asegurado las obligaciones y los deberes que derivan del contrato corresponden al tomador, salvo aquellos que por su naturaleza deban ser cumplidos por el asegurado. De este principio se infiere que la carga de información que pesa sobre el asegurador para cumplir con el principio de transparencia contractual está en relación con la posición que respectivamente ocupan en el contrato el tomador y el asegurado. Las exigencias formales que afectan a las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado impuestas por el artículo 3 LCS , entre las cuales figura la especial aceptación por parte de éste, deben ser interpretadas en consonancia con este principio.

En los seguros colectivos, según se desprende de la jurisprudencia invocada ( STS de 14 de junio de 1994 y 24 de junio de 1994 ), el tomador del seguro debe tener conocimiento y aceptar especialmente las cláusulas limitativas. Esta exigencia resulta adecuada a la posición del tomador del seguro, en cuanto al contratar contrae obligaciones como tal tomador, aunque el seguro tenga un carácter genérico y requiera para su perfección respecto de los distintos asegurados la declaración de voluntad individual en que consiste la adhesión.

Sin embargo, la exigencia de transparencia contractual, especialmente en lo que afecta a las cláusulas limitativas, exige que, al menos cuando la perfección del contrato está subordinada a un acto de voluntad por parte de solicitante, consistente en su adhesión al seguro colectivo, el asegurador cumpla con el deber de poner en conocimiento del asegurado dichas cláusulas limitativas con la claridad y énfasis exigido por la ley y recabe su aceptación especial, para lo cual constituye instrumento idóneo la solicitud de adhesión que se prevé para este tipo de seguros...

...

Es menester, pues, que cuando la aseguradora interviene expidiendo un documento individual en favor del solicitante que se adhiere a un seguro colectivo y con ello presta su consentimiento para la perfección del contrato, haga constar en el expresado documento con suficiente claridad no sólo la cobertura del seguro, sino también la existencia de cláusulas limitativas, con los requisitos formales exigidos por el artículo 3 LCS .

Aunque se trata de una norma posterior a los hechos enjuiciados, y además de carácter reglamentario y, por ello, subordinada a la ley y a la interpretación que de la misma realicen los tribunales, tomamos en consideración que un criterio interpretativo similar se sigue en el artículo 106 del Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados aprobado por RD 2486/1998 , el cual establece que las entidades aseguradoras deben suministrar a los asegurados de los seguros colectivos la información que afecta a sus derechos y obligaciones con anterioridad a la firma del boletín de adhesión o durante la vigencia del contrato, salvo que dicha obligación sea asumida por el tomador del seguro.

Desde la perspectiva de las reglas sobre interpretación de los contratos, la oscuridad sobre el alcance de las cláusulas contractuales, especialmente si tienen un carácter limitativo de los derechos del asegurado, originada por la aseguradora, que puede haber movido al asegurado a aceptar el seguro en unas condiciones distintas de aquellas cuyo conocimiento cree tener, no puede redundar en beneficio de quien ha causado la oscuridad, de acuerdo con el principio que tiene su reconocimiento en el artículo 1288 CC , según el criterio de interpretación de las cláusulas contra proferentem [contra el que las ha emitido]...".

Según la indicada jurisprudencia, en los seguros colectivos, al menos cuando la perfección del contrato está subordinada a la declaración individual de voluntad en que consiste el documento de adhesión, la exigencia de transparencia contractual exige que el asegurador cumpla con el deber de poner en conocimiento del asegurado las cláusulas limitativas con la claridad y énfasis exigido por la Ley y que recabe su aceptación especial (para lo que es instrumento idóneo la solicitud de adhesión).

4. En el caso del seguro de autos, según sostiene la parte actora la designación de beneficiaria se hizo con carácter genérico, y según alega la parte demandada, se realizó de forma nominativa a favor de la Sra. Marí Juana.

La designación de beneficiario es el acto por el que el tomador del seguro indica al asegurador a quien debe satisfacer la suma asegurada cuando se produzca el siniestro ( art. 84.1 LCS). Puede indicarse la identidad o realizarse una designación genérica a la que expresamente se refiere el art. 85 LCS (sección correspondiente a los seguros sobre la vida) estableciendo la Ley reglas interpretativas concretas que tienen por objeto conseguir que el beneficiario sea determinable en el momento del acaecimiento de la prestación (" En caso de designación genérica de los hijos de una persona como beneficiarios, se entenderán como hijos todos sus descendientes con derecho a herencia. Si la designación se hace en favor de los herederos del tomador, del asegurado o de otra persona, se considerarán como tales los que tengan dicha condición en el momento del fallecimiento del asegurado. Si la designación se hace en favor de los herederos sin mayor especificación, se considerarán como tales los del tomador del seguro que tengan dicha condición en el momento del fallecimiento del asegurado. La designación del cónyuge como beneficiario atribuirá tal condición igualmente al que lo sea en el momento del fallecimiento del asegurado. Los beneficiarios que sean herederos conservarán dicha condición aunque renuncien a la herencia"). Se trata en estos casos de designación expresa de beneficiarios aunque no específica o nominativa.

En contratos como el de autos, por remisión del art. 34 del Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, son de directa aplicación el artículo 106 del Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados aprobado por RD 2486/1998 , de 20 de noviembre, según el cual las entidades aseguradoras deben suministrar a los asegurados de los seguros colectivos la información que afecta a sus derechos y obligaciones con anterioridad a la firma del boletín de adhesión o durante la vigencia del contrato, salvo que dicha obligación sea asumida por el tomador del seguro, y el artículo 107 del mismo Reglamento, que dispone que "... se acreditará que el tomador del seguro y, en su caso, el asegurado ha recibido con anterioridad a la celebración del contrato de seguro o a la suscripción del boletín de adhesión, toda la información requerida a este respecto en los artículos precedentes".

También es de aplicación el artículo 3.1 párrafo segundo del Real Decreto 1588/1999, que dispone que "... el condicionado del contrato de seguro deberán incorporar, expresamente, todos y cada uno de los elementos que determinan los compromisos por pensiones vigentes en cada momento, objeto de cobertura por dichos instrumentos, sin que sea admisible la mera remisión a convenios colectivos o disposición equivalente".

Y el artículo 28.4 del mismo Real Decreto 1588/1999, según el cual la condición de beneficiario en este tipo de contratos " corresponderá a las personas físicas en cuyo favor se generan las pensiones según los compromisos asumidos".

Por tanto, incumbía a la aseguradora proporcionar información clara y transparente acerca de las circunstancias en que se adquiría la condición de beneficiario como elemento determinante de los compromisos por pensiones, sin que la oscuridad sobre tal cuestión pueda redundar en beneficio de quien ocasionó tal oscuridad.

5. En el caso de autos, en contra de lo que sostiene la parte apelada, no es el método actuarial de cálculo de la prima del seguro lo que determina a quien corresponde la condición de beneficiario de la póliza. Y si bien es cierto que en el boletín de adhesión se identificó como beneficiaria a la Sra. Marí Juana, primera esposa del asegurado, también lo es que del resto de la documentación analizada resulta que la designación de beneficiario se realizó con carácter genérico y no nominativo. Y ello por lo siguiente.

En primer lugar, porque la póliza surtía efectos con independencia del Certificado de Adhesión no dependiendo de la suscripción de este documento la perfección del contrato. Según la póliza (pacto tercero página 50) el objeto de la misma era la asunción por la aseguradora de las obligaciones contraídas por la empresa frente a su colectivo de pasivos relacionados en el apartado prestaciones, por lo que la póliza surtía plenos efectos desde su firma y abono de la prima " con total y absoluta independencia de la entrega y suscripción de los correspondientes y respectivos Certificados de Seguro por los asegurados", a cuyos efectos la aseguradora, a petición del tomador, podía abonar las prestaciones " al beneficiario...o bien pagará directamente las prestaciones a todo el colectivo de pasivos, incluso a los que no hubiesen suscrito los correspondientes certificados de adhesión".

En segundo lugar, porque según la póliza la prestación tenía derecho a percibirla el asegurado o, a su fallecimiento, la viuda/o " de por vida", y si acudimos al Anexo, se hace referencia a los " cónyuges en los términos y de conformidad con lo establecido en la mencionada póliza".

En tercer lugar, porque no se puede interpretar que la remisión del Anexo lo era al boletín de adhesión pues en el momento de la suscripción del Anexo (29/12/98) ya había fallecido la Sra. Marí Juana (14/12/94) y ya estaba nuevamente casado el Sr. Fabio (25/7/98).

De ello deducimos que en el caso del seguro colectivo de autos (igual que en el caso que resolvió la STS de 4/11/19) la perfección de la póliza de seguro de vida de grupo suscrita el 30/6/89 no se subordinó a la declaración de voluntad del asegurado/s ( El colectivo de empleados pasivos del Tomador) expresada a través de la suscripción del Boletín de Adhesión al seguro colectivo. A mayor abundamiento, como decimos, en el Anexo suscrito el 29/12/98, cuando ya había fallecido la Sra. Marí Juana (año 1994) y estando nuevamente casado el asegurado con la actora (25/7/98), se hace referencia a los " cónyuges en los términos y de conformidad con lo establecido en la mencionada póliza", modificando la designación de beneficiario en los términos más arriba indicados, designación que en la póliza también hace referencia a " la viuda/o..". Tal designación a favor del cónyuge (viudo/a), conforme con lo dispuesto en el artículo 85 de la LCS, debe entenderse referida " al que lo sea en el momento del fallecimiento del asegurado", en este caso, a la demandante Sra . Isidora.

Por todo lo cual, procede estimar el recurso de apelación y, en consecuencia, con revocación de la resolución de primera instancia, estimamos la demanda y declaramos el derecho de la actora a percibir la suma de 268,74 € mensuales por 14 pagas, con carácter vitalicio en concepto de renta vitalicia garantizada, en su condición de viuda y/o cónyuge del asegurado Fabio en relación con la póliza suscrita con Winterthur, ahora AXA, y condenamos a la demandada al pago a la actora de la suma de 6.987,37 € correspondientes a la rentas dejadas de percibir desde enero 2017 hasta la fecha de interposición de la demanda (21/12/18), más los intereses que correspondan desde la interpelación judicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1108 del Código Civil, así como condenamos a la demandada al pago de las costas de primera instancia en virtud de lo establecido en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

CUARTO.- Costas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no se condena en las costas del recurso a ninguno de los litigantes.