Sentencia Civil 380/2023 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 13, Rec. 212/2021 de 29 de junio del 2023

PRIMERO.- Planteamiento del debate.

Con la demanda inicial la actora, Mercedes, en su condición de autopromotora en la construcción de una vivienda propia, ejercita una acción de reclamación de responsabilidad por incumplimiento de contrato de obra y servicios, con invocación asimismo de la Ley de Ordenación de la Edificación, que dirige contra Rafael, quien asumió en virtud de lo contratado la alta dirección facultativa y dirección técnica de la edificación, y contra SERVEIS INTEGRALS I OBRES 2012 S.L. (en adelante SERVIOBRES), empresa que llevó a cabo la ejecución de la obra conforme al contrato suscrito con la promotora, solicitando que se dicte sentencia que condene a los demandados, como responsables solidarios de las patologías y deficiencias constructivas puestas de manifiesto en el informe pericial que acompaña a su demanda, a que le indemnicen mediante el pago del importe estimado de la reparación de las mismas y que asciende a 160.912'74€; subsidiariamente, y de no estimarse lo anterior, interesa que se les condene a realizar las obras necesarias para la subsanación y eliminación de las citadas patologías y deficiencias constructivas.

Al contestar a la demanda el codemandado Sr. Rafael invoca su falta de legitimación pasiva, argumentando que todas las deficiencias denunciadas son defectos de ejecución y que es ajeno a las responsabilidades planteadas en la demanda por cuanto ninguna de las deficiencias que se denuncian deriva del incumplimiento de las funciones legalmente atribuidas como arquitecto ni como arquitecto técnico, y, además se opone a la demanda aduciendo que la actora aplica, sin más, la solidaridad cuando es posible individualizar las responsabilidades conforme al art.17.2 LOE y, en último término, alegando pluspetición.

Por su parte la codemandada SERVIOBRES niega su responsabilidad por cuanto ninguno de los vicios que se le imputan le son atribuibles, ya que ejecutó la obra siguiendo el proyecto y las indicaciones de la dirección técnica de la obra y, además, se le imputan deficiencias en partidas que fueron realizadas por otros industriales, asimismo invoca falta de legitimación activa, por cuanto no puede reclamar la parte que ha incumplido sus obligaciones y la demandante la adeuda 13.153€ correspondientes a la última certificación, discute que deba aplicarse la solidaridad al considerar individualizables las responsabilidades y, en último término, opone pluspetición. Por todo ello, solicita que se desestime la demanda en su integridad y, subsidiariamente, para el supuesto que sea estimada siquiera en parte, interesa que se compense la suma de 13.153€ que le adeuda la actora.

Seguido el juicio por sus trámites, recayó sentencia que estima parcialmente la demanda y condena a los demandados al abono de las cantidades especificadas en la propia fundamentación de la sentencia. Solicitada aclaración por todas las partes intervinientes respecto a la atribución de responsabilidad respecto a tres de las partidas incluidas, se dictó auto por el que no se daba lugar a la aclaración interesada, remitiéndose a lo acordado en la sentencia.

Frente a dicha resolución se alza la parte demandante por medio del presente recurso y la impugna alegando que la misma adolece de falta de claridad y de incongruencia respecto de las deficiencias enumeradas en los puntos 8, 9 y 11 así como al pago de honorarios de arquitecto e impuestos, y que la misma incurre en error en la valoración de la prueba. Y termina solicitando que se dicte sentencia por la que, además de apreciar la falta de motivación e incongruencia indicadas, se condene a los demandados a pagar, en función de la responsabilidad de cada uno de ellos que se señala en el escrito de interposición del recurso, las siguientes cantidades: (a) por la reparación de las deficiencias constructivas identificadas del 1 al 15 de la sentencia, la cantidad de 57.563'66€. (b) Por la realización de trabajos auxiliares necesarios para realizar tales reparaciones la cantidad de 14.297'22€. (c) Por honorarios de arquitecto y dirección técnica 11.030'11€, que deberán atender ambos demandados en la forma ya indicada o, subsidiariamente, en función de la responsabilidad de cada uno de ellos en la causa de las deficiencias y (d) El pago del IVA correspondiente a dichas partidas; y, en último término solicita que se condene a los demandados al pago de las costas de la primera instancia, al considerar que estaríamos ante una estimación sustancial de la demanda.

Para la resolución del recurso se dispone del mismo material probatorio que en la primera instancia.

SEGUNDO.- Falta de claridad de la sentencia. Inexistencia de incongruencia.

Por lo que se refiere a la alegación de incongruencia debe resaltarse que reiteradamente, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han declarado que la congruencia de las sentencias , que, como un requisito de las mismas, establece el art. 218.1 LEC, se mide por el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes han formulado oportunamente, durante la fase expositiva del pleito, sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar cosa diferente que no hubiera sido pretendida, por lo que la congruencia o incongruencia ha de estimarse mediante la confrontación de la parte dispositiva con los términos en que en las demandas o en los escritos fundamentales del pleito se configuran las acciones o las excepciones ejercitadas. A tenor de ello, no puede atribuirse a la sentencia recurrida el reproche de incongruencia, ya que da respuesta y se pronuncia sobre las pretensiones oportunamente deducidas por las partes.

Ahora bien, ciertamente, la sentencia adolece en algunos puntos de falta de claridad (todas las partes personadas solicitaron la aclaración respecto determinadas partidas que fue denegada), infringiendo con ello la exigencia de claridad exigida en el art. 218.1 LEC, lo cual debe examinado desde la perspectiva no de la congruencia sino de la motivación.

En lo que respecta a la motivación de las sentencias, el artículo 218.2 LEC establece: "Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en su conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón".

Para el enjuiciamiento del respeto por la sentencia recurrida a ese deber de motivación debemos partir de la doctrina constitucional, como tiene declarado el Tribunal Supremo, entre otras en la Sentencia de 22 de julio de 2015 (Roj: STS 3442/2015 ): la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. La razón última que sustenta este deber de motivación reside en la sujeción de los jueces al Derecho y en la interdicción de la arbitrariedad del juzgador ( art. 117.1 CE ), cumpliendo la exigencia de motivación una doble finalidad: de un lado, exteriorizar las reflexiones racionales que han conducido al fallo, potenciando la seguridad jurídica, permitiendo a las partes en el proceso conocer y convencerse de la corrección y justicia de la decisión; de otro, garantizar la posibilidad de control de la resolución por los Tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido el amparo. Por ello, nuestro enjuiciamiento debe circunscribirse a la relación directa y manifiesta entre la norma aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica; sin que exista un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación, cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación por remisión" ( SSTC 108/2001, de 23 de abril , y 68/2011, de 16 de mayo ).

En definitiva, y como señala el Tribunal Supremo (sentencia de 3 de julio de 2013, Roj 4246/2013 ), la motivación de las sentencias se identifica con la exteriorización del iter decisorio o conjunto de consideraciones racionales que justifican un determinado fallo y para calificar una sentencia desde el punto de vista de la motivación ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que el derecho de los litigantes no les faculta a exigir que la argumentación sea exhaustiva en sentido absoluto ni que alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa - sentencias 165/1999, de 27 de septiembre , 196/2003, de 27 de octubre , 262/2006, de 11 de noviembre , y 50/2007, de 12 de marzo -, pero sí que expongan las razones decisivas que permitan, en último término, la impugnación de la decisión - sentencias 56/1987, de 5 de junio , y 218/2006, de 3 de julio -y, por ello, entenderla previamente.

Desde esta perspectiva, la sentencia da respuesta suficiente a las cuestiones debatidas en el pleito y, si bien la motivación es escueta en exceso, no puede reprochársele una falta de motivación, más allá de la falta de claridad ya indicada, en tanto recoge los elementos que han formado la convicción de la juzgadora respecto de los datos fácticos relevantes para la resolución del pleito, de tal forma que el contenido de la sentencia permite su conocimiento e impugnación por las partes; cuestión distinta es la corrección de los razonamientos que fundan la resolución o el desacuerdo con ellos de la parte recurrente, lo que no supone falta de motivación y ha de ser hecho valer a través de la impugnación en apelación.

En último término, es preciso puntualizar que, aún en el supuesto de que la sentencia de primera instancia incurriera en falta de motivación, no procedería la devolución de las actuaciones al Juzgado de 1ª Instancia, sino que, conforme establece el art. 465.3 LEC , " Si la infracción procesal alegada se hubiera cometido al dictar sentencia en la primera instancia, el Tribunal de apelación, tras revocar la sentencia apelada, resolverá sobre la cuestión o cuestiones que fueran objeto del proceso". Así pues, las infracciones del artículo 218 LEC que se aprecian, singularmente la falta de claridad o de definición en algunos puntos, no tendrían otra consecuencia que este tribunal deba resolver sobre las cuestiones objeto del proceso; en el bien entendido que no corresponde a este tribunal aclarar una resolución o pronunciamiento que no ha emitido, sin perjuicio de que resolvamos sobre el correspondiente particular en el marco de la impugnación del pronunciamiento llevado a cabo por la apelante.

TERCERO.- Deficiencias y defectos que presenta la construcción. Imputación de los mismos y atribución de la responsabilidad. Valoración a efectos indemnizatorios.

Todos los peritos coinciden en la existencia de determinadas deficiencias en las que se funda la demanda, por lo que el debate consiste en determinar si éstas pueden ser calificadas, efectivamente de defectos constructivos que hayan de ser indemnizados y, en caso afirmativo, cuál de los agentes del proceso de edificación es responsable de los mismos y, en último término, su valoración a efectos indemnizatorios.

Basando la apelante su recurso, en esencia, en la existencia de un error en la valoración de la prueba, hemos de tener en consideración que la apelación permite al tribunal un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa con plenitud de cognición y libertad para la nueva valoración de la prueba y para la aplicación del Derecho -el apartado XIII de la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil indica que "la apelación se reafirma como plena revisión jurisdiccional de la resolución apelada"-, por lo que nuestro sistema se adscribe al de aquellos que configuran el recurso como una segunda instancia con limitaciones en materia de prueba y aportación de hechos, de tal forma que, si bien no existe un novum iudicium (nuevo juicio) se produce un nuevo enjuiciamiento sobre el mismo objeto o revisio prioris instantiae (revisión de la anterior instancia), lo que, atribuye al Tribunal de apelación civil la fijación de los hechos y libre valoración de la prueba. De este modo, el Tribunal de apelación puede valorar el material probatorio de distinto modo que el Juzgador de primer grado, esto es, revisar íntegramente el proceso y llegar a conclusiones que pueden ser concordantes o discrepantes, total o parcialmente, con las mantenidas en primera instancia, pues su posición frente a los litigantes ha de ser la misma que ocupó el órgano inferior en el momento de decidir, dentro de los términos en que se desarrolla el debate -por todas, SSTS 7.7.2004 , 23.10.2012 y 24.5.2017 -. En esta línea la STS 17.6.2015 afirma: " Nuestro sistema procesal civil atribuye a la segunda instancia , cuyo conocimiento corresponde a un tribunal colegiado, la posibilidad de un examen total de lo actuado en la primera a efectos de determinar los hechos que han de considerarse probados y aplicar a ellos las consecuencias jurídicas correspondientes según lo pretendido por las partes", sin que sea preciso para sentar conclusiones diferentes a las de la primera instancia que en esta se haya incurrido en error evidente o arbitrariedad ( SSTS 23.10.2012 o 15.2.2012).

Siguiendo la relación de defectos denunciada en la demanda, atendiendo a los términos en que el debate ha quedado fijado en esta segunda instancia y tras una valoración conjunta por parte del tribunal de cuanto se ha aportado y practicado en autos, hemos de distinguir:

1. Fisuras generalizadas en las fachadas de la vivienda consecuencia de la falta de colocación de mallatex en las zonas de encuentro de diferentes materiales.

Todos los peritos coinciden en que la causa de las fisuras existentes en las fachadas de la vivienda (más notables en las fachadas noreste y noroeste) es que no se ha colocado una malla de distribución de esfuerzos (mallatex) antes de colocar el mortero de acabado en los cambios de material que componen la fachada, esto es, entre los diferentes materiales o soluciones constructivas.

Compartimos con la juzgadora a quo la conclusión de que dicho defecto es atribuible exclusivamente a la empresa constructora ya que su colocación estaba presupuestada incluso antes de que se decidiera el cambio de acabado (el aplacado de piedra de mármol travertino por revoco de mortero pintado) y, una vez decidido tal cambio, la dirección facultativa puso nota en el libro de órdenes haciendo expresa advertencia al constructor de la necesidad de su colocación.

Por el contrario, disentimos de la valoración de la prueba respecto de la valoración de esta deficiencia. Una vez examinados los dictámenes periciales que obran en autos, estimamos más ajustada la valoración realizada por la actora estableciéndola en 21.346€ (partida 1.09 del presupuesto de GSI) , ya que los trabajos que se incluyen en este presupuesto no suponen una mejora, sino que se limitan a corregir deficiencias de ejecución del proyecto .

En esta misma partida el tribunal considera oportuno incluir la suma de 14.297'22€, interesada en concepto de trabajos complementarios (protección de los elementos de la fachada con lonas u otros elementos adecuados, alquiler de andamios y desmontaje de elementos exteriores previos a la reparación de la fachada) por la actora.

A la hora de valorar la prueba aportada al respecto no podemos obviar que el perito Sr. Adolfo (aportado por la codemandada Serviobres) valora el coste de reparación de esta patología en 36.737'70€ (suma que incluye además los trabajos de reparación -rascado de paramentos verticales, aplicación capa de imprimación y posterior aplicación de un revestimiento transpirable de acabado similar al existente- la repercusión de andamios y torretas desplazables cuando sea necesario). Cantidad que coincide sustancialmente con la suma de lo valorado e interesado por la actora.

En definitiva, la constructora deberá responder por esta deficiencia en la cantidad de 35.643'22€.

2. Fisura en fachada del cuarto trastero de la vivienda.

En este particular la sentencia atribuye la responsabilidad por el defecto a ambos demandados, valorándolo en 390€.

La parte actora no impugna la atribución de responsabilidad, como tampoco lo han hecho los demandados (por lo que no es revisable en esta segunda instancia) cuestionando exclusivamente su valoración.

Tras el examen de la prueba el tribunal, coincidiendo con la valoración de la juez a quo, estima que debe cuantificarse en la suma de 390€ propuesta por el perito Sr. Adolfo. A este respecto, no puede acogerse los apartados del presupuesto de GSI que indica la apelante, por cuanto se han utilizado en su desglose criterios distintos a la reparación de los defectos en la forma en que se ha articulado la demanda, se comprende en los apartados señalados por la actora trabajos de reparación de fachada que ya se incluyen en el apartado anterior y, por último, como indica el referido perito , se ha realizado la valoración mejorando la calidad de la obra respecto de la existente.

En definitiva, no se acoge en este extremo la impugnación, debiendo confirmarse el pronunciamiento de la sentencia.

3. Junta abierta en el pavimento de la terraza sureste.

En este particular la sentencia atribuye la responsabilidad por el defecto a ambos demandados, valorándolo en 545'47€.

La parte actora no impugna la atribución de responsabilidad, como tampoco lo han hecho los demandados (por lo que no es revisable en esta segunda instancia) cuestionando exclusivamente su valoración.

Y en este punto el tribunal comparte plenamente la valoración probatoria de la juez a quo, acogiendo la cuantificación del perito Sr. Adolfo, debiendo señalarse que éste recoge una reparación más completa que la prevista por el Sr. Ambrosio, mientras que el perito Sr. Artemio se limita a remitirse al presupuesto de GSI (según sus manifestaciones en el acto del juicio, este perito se limitó a constatar deficiencias y a establecer las causas, sin atribuir responsabilidades y valorando conforme al presupuesto aportado por el constructor) que contempla en su partida 1.13 trabajos que van más allá de la simple reparación (la partida 1.06 no puede incluirse aquí, como pretende la actora por cuanto incluye trabajos adicionales a otras deficiencias).

En definitiva, no se acoge en este extremo la impugnación, debiendo confirmarse el pronunciamiento de la sentencia.

4. Fisuras generalizadas en pavimento hormigón del garaje.

La apelante se ha aquietado a la desestimación de esta partida, por lo que este pronunciamiento ha quedado firme y excluido del ámbito de esta segunda instancia.

5. Fisuras en paredes interiores de la vivienda.

Al igual que en el apartado anterior, la parte actora no ha impugnado la sentencia en este particular.

6. Humedades por capilaridad en el perímetro del edificio, junto al zócalo del pavimento.

La sentencia de primera instancia considera que es un defecto imputable a ambos demandados y valora la indemnización correspondiente en 9.871'6€.

Todas las partes se aquietan a la atribución de responsabilidad reconocida en aquélla.

7. Humedades por capilaridad en el antepecho de las terrazas, junto al zócalo del pavimento.

La sentencia de primera instancia considera que es un defecto imputable a ambos demandados y valora la indemnización correspondiente en 1.464'12€.

Todas las partes se aquietan a la atribución de responsabilidad reconocida en aquélla.

8. Manchas de óxido en las esquinas de las paredes revocadas junto zocalo.

La sentencia de primera instancia cuantifica la indemnización por este concepto en 993'9€, y no efectúa atribución de responsabilidad.

La apelante impugna este extremo, solicitando se declare la responsabilidad conjunta y solidaria de ambos demandados. En este particular el recurso ha de ser estimado. Así es, estas manchas tienen, por una parte, la misma causa que los dos defectos precedentes (núm. 6 y 7), las humedades por capilaridad derivadas de un defecto de impermeabilización (según los peritos Artemio y Ambrosio), de las que se ha estimado responsables a ambos demandados (en un pronunciamiento al que éstos se han aquietado) y, por otra, a la colocación de cantoneras de chapa lacada, de interiores, en lugar de otras no oxidables es también imputable al arquitecto técnico (el Sr. Rafael ejercía las funciones de proyectista, director de obra y arquitecto técnico) a quien corresponde el control de los materiales. En definitiva, esta deficiencia es también imputable de manera solidaria a ambos codemandados.

Por lo que se refiere a la valoración de estas tres últimas deficiencias (6, 7 y 8), en su recurso de apelación la actora procede a cuantificarlas conjuntamente; así considera que la reparación de éstas se ha de evaluar conforme a las partidas 01.08 (15.009'28€), 01.09 (21.346'-€) y 01.10 (15.295'8€) del presupuesto de GSI referidas a la deficiencia 6, comprendiendo las partidas 01.08 y 01.09 las otras dos. La partida 01.09 no puede ser aquí atendida por cuanto ya ha sido reconocida en el punto 1 relativo a la reparación de las fisuras en fachada, por lo que añadirla en este punto supondría una duplicidad en la indemnización por un mismo trabajo.

A efectos de cuantificación de la indemnización, se considera oportuno partir de la reparación propuesta por el perito Sr. Ambrosio, esto es, un tratamiento con inyección de resinas por la empresa especializada MurProtect (inyectar y encubar). Y en cuanto a la estimación el tribunal considera que ésta ha de ser valorada conforme al presupuesto emitido por dicha empresa (fol. 114 de las actuaciones) que asciende a 11.766€ (el IVA se contemplará posteriormente) y no conforme al presupuesto de GSI por la misma partida. A dicha suma deberá añadirse las sumas de 120€ y 321'6€ que el perito Sr. Adolfo añade para la específica reparación de los puntos 7 y 8, sin que proceda añadir el importe previsto por el Sr. Ambrosio por pintura de las paredes por cuanto ello ya está incluido, como se ha indicado, en el punto 1.

9. Humedades por capilaridad en el muro de contención al lado del trastero y en su interior.

La apelante entiende adecuado el criterio adoptado por la sentencia respecto a su reconocimiento y valoración, limitando su impugnación, dado que la sentencia de primera instancia no se pronuncia al respecto, al establecimiento de la responsabilidad de los demandados que considera es conjunta y solidaria.

Todos los peritos coinciden en señalar como causa de esta deficiencia la falta de impermeabilización del muro de contención; tratándose de un defecto que afecta a la estanqueidad y habitabilidad de la vivienda, ha de establecerse la responsabilidad por la misma tanto de la constructora como de la dirección facultativa. Es más, el propio perito Sr. Ambrosio, aportado por el demandado Sr. Rafael, en sus conclusiones recoge que esta deficiencia corresponde a una deficiente ejecución y a una deficiente dirección.

En definitiva, ambos demandados deberán responder de manera solidaria por este defecto, que se valora en la suma de 3.861'87€

10. Humedades filtración desde cubierta a pared de trastero junto a la vivienda.

La sentencia de primera instancia valora este defecto en 186'60€, atribuyendo la responsabilidad por el mismo exclusivamente a la constructora.

Ninguna de las partes ha impugnado este pronunciamiento, por lo que queda fuera del objeto de la segunda instancia, debiendo ser mantenido en los mismos términos.

11. Junta abierta en el vierteaguas.

En este caso la sentencia, que imputa la deficiencia a ambos demandados, valora la indemnización procedente en la suma de 973'20€.

Ninguna de las partes impugna la atribución de responsabilidad, impugnando la apelante su cuantificación, solicitando que se valore en 6.304'45€ (apartados 01.018, 01.019, 01.021 del presupuesto de GSI) más otros 2.400€ (partida 01.022). Esta última partida ha de ser excluida por cuanto ya ha sido incluida en la partida de trabajos complementarios reconocida en el punto 1.

En cuanto al resto, el tribunal comparte en este caso la valoración probatoria contenida en la sentencia, que hacemos nuestra y damos por reproducida para evitar repeticiones inútiles, acogiendo la valoración del perito Sr. Adolfo.

12. Humedades por capilaridad en el murete de la rampa de acceso peatonal a la vivienda.

En este particular la sentencia, que imputa la deficiencia a ambos demandados, valora la indemnización procedente en la suma de 1.930'94€, acogiendo la estimación del perito Sr. Ambrosio.

Ninguna de las partes impugna la atribución de responsabilidad, impugnando la apelante su cuantificación, solicitando que se valore en 6.370€, conforme al apartado 01.12 del presupuesto de GSI.

Esta impugnación no puede ser acogida, atendiendo a los mismos motivos en que se ha fundado la valoración contenida en el apartado precedente, manteniéndose la cuantificación contenida en la sentencia, al no haber sido impugnada de contrario.

13. Humedades por capilaridad en el muro de contención al lado del acceso peatonal a la vivienda.

En este punto la sentencia, que imputa la deficiencia exclusivamente al arquitecto, valora la indemnización procedente en la suma de 643'65€, acogiendo la estimación del perito Sr. Ambrosio.

La recurrente impugna en este supuesto tanto la atribución de responsabilidad como la valoración de la deficiencia.

Nuevamente, la sentencia en este extremo ha de ser confirmada por sus propios fundamentos, por cuanto no fue la constructora demandada la que se encargó de realizar la estructura y el pavimiento de hormigón de la casa, ni los muros de contención y los muros exteriores de la parcela, por lo que no puede atribuirse esta deficiencia a la misma por cuanto no intervino en la ejecución de esta partida, teniendo en consideración que, dada la solución que propone la actora, ésta actuación debía necesariamente llevarse a cabo por la industrial que ejecutó los elementos mencionados, previamente a la intervención y finalización del acceso por la demandada.

En definitiva, este pronunciamiento ha de ser igualmente confirmado, manteniendo la responsabilidad exclusivamente del Sr. Rafael.

Asimismo, compartimos la solución constructiva del perito Sr, Ambrosio para la reparación de este defecto y, consecuentemente su valoración.

14. Humedades por capilaridad en el muro de contención al lado del acceso rodado al garaje.

La apelante entiende adecuado el criterio adoptado por la sentencia respecto a su reconocimiento y valoración, limitando su impugnación, al establecimiento de la responsabilidad de los demandados, pues, mientras la sentencia la atribuye exclusivamente al arquitecto, la apelante considera ha de ser conjunta y solidaria.

En este punto, el tribunal considera que la responsabilidad ha de ser atribuida exclusivamente a la dirección facultativa por las mismas razones que se han tomado en consideración en el apartado anterior. En consecuencia, ha de ser confirmado el pronunciamiento que valora esta partida en 1.930'94€ imputando la responsabilidad al codemandado Sr. Rafael.

15. Grieta en el murete de la valla noroeste.

La sentencia de primera instancia valora este defecto en 388'68€, atribuyendo la responsabilidad por el mismo a ambos demandados de manera solidaria.

Ninguna de las partes ha impugnado este pronunciamiento, por lo que queda fuera del objeto de la segunda instancia, debiendo ser mantenido en los mismos términos.

A las cantidades reconocidas deberá añadirse un 10% en concepto de IVA. Así pues, el importe en que se valora la ejecución material de las reparaciones a realizar como consecuencia de los defectos constructivos denunciados (58.702'17€) ha de incrementarse con el indicado porcentaje en concepto de IVA, lo que totaliza la suma de 64.572'38€.

Por otra parte, la sentencia añade a la condena la suma de 2000€ para honorarios de arquitectos. El reconocimiento de esta partida no ha sido impugnado por los demandados, por lo que debe mantenerse su inclusión, impugnando la demandante su cuantificación, que estima debería fijarse en 11.030'11€, como valora el perito Sr. Artemio siguiendo el baremo de honorarios del COAC, que considera deberá ser atendida por los demandados a partes iguales.

De las actuaciones resulta que tanto el perito Sr. Artemio como el perito Sr. Ambrosio calculan los honorarios procedentes, según baremos del COAC, aplicando un porcentaje del 12% sobre el presupuesto de ejecución material y, sobre la cantidad resultante un descuento especial del 35%; la diferencia entre los honorarios indicados por ambos peritos resulta precisamente de la diferente manera en que ambos valoran los trabajos a realizar. Teniendo ello presente y aplicando idéntica fórmula, la indemnización correspondiente a honorarios de arquitecto, partiendo de la suma en que valora la sentencia los trabajos a realizar, ha de fijarse en 4.578'75€, que deberán ser abonadas conjunta y solidariamente por ambos demandados.

Por último, de la condena a Serviobres ha de deducirse la suma de 13.153€, que la propia actora reconoce como impagadas.

En conclusión, por todo cuanto antecede, procede, estimando en parte el recurso de apelación interpuesto, revocar en parte la sentencia de primera instancia y en su lugar dictar otra por la que se condena a ambos demandados a abonar a la actora de manera conjunta y solidaria la suma de 26.906'28€, y además, la codemandada Serviobres deberá pagar la suma de 26.259'8€ y el codemandado Sr. Rafael la cantidad de 2.832'05€.

CUARTO .- Costas y depósitos

Interesa en su recurso la parte actora que se impongan las costas a los demandados por la estimación sustancial de la demanda. Esta petición no puede prosperar. La estimación de la demanda no puede considerarse sino como parcial si atendemos a la diferencia entre lo solicitado en la demanda (160.912'74€) y lo finalmente reconocido en sentencia (55.998'13), no debiendo olvidarse que la acción principal se ciñe a una condena dineraria. En consecuencia y en aplicación de lo dispuesto en el art. 394.2 LEC, procede confirmar el pronunciamiento sobre costas contenido en la sentencia, debiendo cada parte asumir las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Idéntico pronunciamiento procede respecto de las costas de esta segunda instancia, al haber sido estimado, siquiera sea en parte, el recurso de apelación ( art. 398.2 LEC).

Por otra parte, estimado el recurso y conforme a lo dispuesto en el ap. 8º de la D.A. 15ª de la LOPJ, ha de procederse a la devolución al apelante de la totalidad del depósito para recurrir constituido.