Sentencia Civil 350/2022 del Audiencia Provincial Civil de Bizkaia nº 3, Rec. 430/2021 de 28 de septiembre del 2022

PRIMERO.- Motivo del recurso de apelación. Error en la valoración de la prueba . Aún cuando como mantiene la sentencia hoy recurrida aún cuando se firmaron las hojas de asistencia y se entregaron las deliberaciones, lo cierto es que no se comprobaron la procedencia o validez de las mismas antes de iniciarse la Junta por el Secretario-Administrador de la Junta. Ninguno de los testigos confirma este hecho. Por otro lado dos delegaciones en concreto -la de Dª Sara y la de D. Arsenio- son nulas ya que los mismos no entregaron ningún escrito en el que constara el consentimiento del resto de los copropietarios de los respectivos inmuebles (piso NUM000 y Lonja NUM001), a tal efecto considera que la documental aportada de contrario no acredita tal extremo manteniendo la nulidad de la Junta Ordinaria de Propietarios celebrada el día 12 de junio de 2017, contraviniendo lo dispuesto en el art. 15. 1 de la LPH, que establece que la asistencia a Junta de propietarios será personal o por representación legal o voluntaria, bastando para acreditar ésta un escrito firmado por el propietario.

La parte apelada se opone al recurso.

SEGUNDO.- El procedimiento trae causa de la demanda interpuesta por Edmundo, frente a la C.P. CALLE000 NUM002 BILBAO, en ejercicio de acción de impugnación de acuerdos sociales, por la cual solicita la nulidad de la Junta Ordinaria de Propietarios celebrada el 12 de junio de 2017, y consecuentemente de todos los acuerdos adoptados en la misma, ya que la misma se celebró sin resolver previamente sobre la procedencia o no de las delegaciones y/o representaciones presentadas. Así como mantuvo y mantiene que de las delegaciones o representaciones a la Junta enviadas a esta parte por la Administración de la Comunidad, dos de ellas (la de Dª Sara y la de D. Arsenio) son nulas por no cumplimiento por parte de los condóminos de lo dispuesto en el art. 15 de la LPH. De no considerarse nula la celebración de la Junta, se pretende la declaración de nulidad de los siguientes acuerdos adoptados: A) En cuanto al acuerdo de no aprobación de cuentas del ejercicio 2016 se ha adoptado con manifiesto abuso de derecho, sin existir motivo alguno para la no aprobación, suponiendo así mismo esta no aprobación de cuentas un grave perjuicio para la propia Comunidad que se encuentra con las cuentas paralizadas. El motivo real para la no aprobación de las cuentas es la manifiesta enemistad de un grupo de vecinos, que están en contra de la gestión o administración del Administrador, tratando por todos los medios de desprestigiar su actuación, llegando a existir denuncias entre la Sra. Sara y el Sr. Severino, que han dado lugar a la apertura de diligencias previas, y constituyendo la Sra. Sara una Asociación de Damnificados de Grupo Zabálburu. B) En cuanto al acuerdo de no aprobación del presupuesto elaborado para el ejercicio 2017, en el que se prevén gastos inferiores a los presupuestados en el ejercicio anterior, por lo que supone que también disminuyen las cantidades que deben abonar las viviendas en concepto de cuotas comunitarias, la no aprobación supone un claro perjuicio para los propietarios al continuar con el presupuesto y mantenerse las cuotas comunitarias superiores a las que se estaban presupuestando, por lo que el acuerdo se adoptó también con manifiesto abuso del derecho y es perjudicial para la Comunidad. C) Nombramiento de Presidente. En Junta se adoptó el acuerdo de elegir como Presidente a Dª Sara creyendo los propietarios que votaron a su favor que era copropietaria y tenía consentimiento del resto de copropietarios de la vivienda para acudir a la Junta, votar en la misma y presentarse a la elección de Presidente, cuando no consta que el resto de copropietarios le hubieran otorgado la representación para asistir y votar en junta. Por lo que tenia que haber sido tenida como ausente a la Junta. D) Nombramiento de Administrador. Para rescindir el contrato con el Administrador es necesario sujetarse a las estipulaciones recogidas en el contrato de administración que firmaron los representantes de las distintas comunidades que forman el Grupo Zabálburu con él. A la vista del mismo son todos los Presidentes del Grupo Zabálburu los que tienen la facultad para rescindir el contrato con el Administrador. Y el nombramiento de un nuevo Administrador sólo para la C.P. CALLE000, supone un grave perjuicio -desvinculación de la C.P. del resto de las Comunidades que forman el Grupo- y un gasto adicional al mismo (por importe de gastos del Administrador).

La demandada, la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE CALLE000 N° NUM002, de BILBAO, se opuso a la demanda porque 1°) Los acuerdos adoptados en la Junta que pretende anularse han sido adoptados cumpliendo todos los requisitos de la Ley de Propiedad Horizontal, los votos emitidos para la aprobación de los referidos acuerdos no son nulos ni anulables, las mayorías con las que se han aprobado los acuerdos son conforme a la Ley de Propiedad Horizontal y en consecuencia los acuerdos adoptados son totalmente válidos. 2°) El actor ha sido Presidente de la Comunidad demandada durante 24 años, tiempo en el cual la administración de la finca ha sido llevada a cabo por el Sr. Severino. 3°) Recibida la convocatoria de la Junta, los vecinos comenzaron a solicitar documentación imprescindible para poder aprobar las cuentas del ejercicio o aprobar el presupuesto del siguiente, recibiendo solo negativas a la entrega de la documentación solicitada. En otras ocasiones se ha solicitado también la documentación original necesaria, con antelación suficiente a la celebración de las Juntas, siendo denegada siempre la solicitud. 4°) Las delegaciones y/o representaciones fueron comprobadas al inicio de la Junta General por el que en aquel momento era Presidente de la Comunidad de Propietarios, el Sr. Edmundo, y por el Administrador de la Comunidad, el Sr. Severino, siguiendo el mismo sistema que se había llevado a cabo en las anteriores Juntas de Vecinos y no poniendo en duda ninguna de las representaciones que se aportaron. Además la Sra. Sara comunicó a sus dos hermanas su intención de presentar su candidatura como Presidenta de la Comunidad, y recibió la conformidad de ambas (Dª Azucena y Dª Begoña). Y actuando en su nombre y en el del resto de copropietarias delegó su voto en el Sr. Cayetano. Y el Sr. Arsenio tenía la delegación expresa del resto de los comuneros (sus hermanas Dª Felisa y Dª Gabriela) para representar a la comunidad de bienes en la Junta de Vecinos y para delegar el voto de la comunidad de bienes en la persona de Dª Sara. 5°) Los vecinos no aprueban las cuentas del ejercicio porque no tienen información ni documentación suficiente para poder valorar las cuentas y votar a favor o en contra motivadamente las mismas. La supuesta bajada de las cuotas no justifica la falta de información a los propietarios. Desde que la administración se lleva a cabo por un conjunto de vecinos se ha conseguido frenar un gasto desproporcionado por arreglo de terraza, que ha pasado de 31.889 € a 4.565 € más IVA. 6°) La decisión de cambiar la figura del Presidente ha sido absolutamente necesaria para poder tener acceso a la información contable de la comunidad de Propietarios, si bien hasta este momento se sigue denegando el acceso a la documentación, contabilidad y movimientos bancarios de la comunidad de propietarios.

La sentencia de instancia desestima la demanda y contra dicha resolución se alza la parte apelante concretando su motivo únicamente en que no se comprobaron la procedencia o validez de las mismas antes de iniciarse la Junta por el Secretario-Administrador de la Junta y en que dos delegaciones en concreto -la de Dª Sara y la de D. Arsenio- son nulas ya que los mismos no entregaron ningún escrito en el que constara el consentimiento del resto de los copropietarios de los respectivos inmuebles (piso NUM000 y Lonja NUM001). TERCERO.-Resolución del motivo de apelación. Error en la valoración de la prueba.

Recordar que como viene reiterando esta Sala en términos generales son muchas las Sentencias del Tribunal Supremo, y por ello huelga su cita concreta y específica al ser sobradamente conocidas, las que expresan que el recurso de apelación es de los llamados de plena jurisdicción, por lo que permite a la Sala entrar en el debate de todas las cuestiones controvertidas, tanto procesales como de fondo, y dentro de éstas tanto la comprobación de la adecuación e idoneidad de la fundamentación jurídica que se contiene en la resolución recurrida, como la revisión de todas aquellas operaciones relativas a la valoración global y conjunta de la prueba practicada, pudiendo llegar a idénticas o discordantes conclusiones a las mantenidas por el Juez "a quo", en la sentencia apelada. Cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez "a quo" sobre la base de la actividad desarrollada en el acto del juicio, debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el acto solemne del juicio en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción, concentración y oralidad, pudiendo la Juzgadora desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, así como la forma de expresarse y conducirse de las partes y los testigos en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia, exigencia que no se cumple ni siquiera con el visionado del soporte informático del acta, pues, como ya hemos dicho, no tiene la posibilidad de intervenir que posee el Juez "a quo". De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 17 de diciembre de 1985 , 23 de junio de 1986 , 13 de mayo de 1987 , 2 de julio de 1990 , 4 de diciembre de 1992 y 3 de octubre de 1994 , entre otras), únicamente deba ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador "a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada. La revisión jurisdiccional del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se incardina en una estructura jurídica claramente pergeñada por el legislador: infracción de las normas que regulan la valoración de la prueba denunciada en las alegaciones que sirvan de base a la impugnación de la sentencia ( artículo 458.1 LEC ). O Como recuerda la sentencia de la AP de Valladolid de 18 de octubre 2006 , que la ponderación probatoria corresponde de forma primera y primordial al juzgador de instancia que sabido es, opera con las ventajas que confieren la inmediación, oralidad y contradicción, de manera que en esta alzada, y a pesar del conocimiento pleno que de la cuestión tiene el Tribunal de apelación, éste se limita a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio, el juez de origen se ha comportado de forma ilógica, arbitraria o contraria a las máximas de experiencia o a las reglas de la sana crítica. Así mismo y en cuanto a la valoración de la prueba es preciso traer a colación la reiterada doctrina del T.C. relativa a que el recurso de apelación confiere plenas facultades al órgano judicial "ad quem" para resolver cuantas cuestiones se le planteen sean de derecho o de hecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un "novum iudicium" (entre otras SSTC 194/1990, de 29 de noviembre FJ-5 ; 21/1993, de 18 de enero, FJ 4 ; 272/1994, de 17 de octubre FJ 2 ; y 152/1998, de 13 de julio FJ 2). El Juez o Tribunal de apelación puede así valorar las pruebas practicadas en primera instancia y revisar la ponderación que haya efectuado el Juez "a quo", pues en esto consiste, precisamente, una de las finalidades inherentes al recurso de apelación.

Así pues, en la valoración de la prueba, en principio, debe primar la realizada al efecto por el juzgador de la primera instancia al estar dotada de la suficiente objetividad e imparcialidad de la que carecen las partes al defender particulares intereses, facultad ésta que si bien sustraída a las partes litigantes, en cambio, sí se les atribuye la de aportación de los medios probatorios que queden autorizados por la ley en observancia a los principios dispositivo y de aportación de parte, según recogen, entre otras, las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1996 y 7 de octubre de 1997 , sin que ello signifique que ante el planteamiento de un recurso de apelación interpuesto por una de las partes litigantes el tribunal de la segunda instancia venga obligado a acatar automáticamente los razonamientos valorativos efectuados por el unipersonal de primer grado, habida cuenta que esa valoración probatoria tiene los propios límites que imponen la lógica y la racionalidad. De ahí que el Tribunal Constitucional en sentencia 102/1994, de 11 de abril , expresara como el recurso de apelación otorga plenas facultades al Tribunal "ad quem" para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un "novum iudicium", de lo que cabe colegir que el deber del tribunal de apelación de comprobar si pese a las facultades del órgano judicial "a quo" para la apreciación conjunta de la prueba, se incurrió por el mismo, para la obtención de sus resultados, en falta de lógica o se omitió todo género de consideraciones sobre los elementos probatorios obrantes en las actuaciones, pues de ser así, el órgano judicial de segunda instancia vendría obligado a corregir el indebido proceder del de instancia.

De otro lado, la prueba testifical ha de valorarse conforme a las reglas de la "sana crítica", según previene el artículo 376 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , por cuanto que reiterada y uniforme doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo afirma que el actualmente extinto artículo 1248 del Código Civil contiene sólo una norma admonitiva, de carácter meramente facultativa, no preceptiva, ni valorativa de prueba, y el mismo, así como el artículo 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 , facultan al juzgador de la instancia para apreciar libremente las declaraciones de los testigos, según las reglas de la "sana crítica" - T.S. 1ª SS. de 30 de noviembre de 1990 , 14 de octubre de 1991 3 de junio de 1993 , 22 de abril de 1994 , 27 de febrero de 1995 , 12 de noviembre de 1996 y 10 de febrero de 1997 . En lo que se refiere a la valoración de las pruebas testificales, igualmente este Tribunal tiene establecido que, como señala la S. TS 19/12/89, que es doctrina constante y reiterada de esta Sala la de que la apreciación de la prueba de testigos es discrecional por el Juzgador de instancia y, por tanto, no impugnable en casación, ya que los arts. 1248 del Código Civil y 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no contienen reglas de valoración probatoria hábiles para fundar el recurso y sólo poseen carácter admonitorio, y no preceptivo, además de que las reglas de la sana crítica tampoco pueden citarse como infringidas, por no constar en norma jurídica positiva alguna - Sentencias, entre otras muchas, de 12 de diciembre de 1986 (RJ/1986/7436), 4 de febrero de 1987 (RJ/1987/680), 25 de marzo de 1988 (RJ/1988/2472) y 16 de febrero de 1989 (RJ/1989/970)-.

CUARTO.- Teniendo en cuenta la Doctrina anterior, debe destacarse que el recurrente no niega que sea cierto lo que depusieron los testigos y por ende lo que recoge la sentencia de instancia a saber que D. Cayetano, Dª Sara y Dª Begoña, mantuvieron en el acto del juicio que la Comunidad, a través de su Presidente -el hoy actor- y de su Administrador -el Sr. Severino-, comprobó qué propietarios asistían en su propio nombre y quienes acudían en nombre de un tercero, firmando en las hojas preparadas al efecto, y recogiéndose por el Administrador los escritos firmados de delegación ( documento n° 8 de la demanda ), y frente a ello el recurrente mantiene que debía ser la Sra. Begoña como Secretaria la que tenía que haber resuelto sobre la procedencia /validez de las delegaciones, y por ello mantiene la nulidad de la Junta, cuando es un hecho que el propio recurrente como Presidente comprobó qué propietarios asistían en su propio nombre y quienes acudían en nombre de un tercero, firmando en las hojas preparadas al efecto, y recogiéndose por el Administrador los escritos firmados de delegación. Si como mantiene ahora debió ser la Sra. Secretaria la que debía haber efectuado la referida comprobación, no se entiende como el recurrente como Presidente no solo no advierte de dicha anomalía, sino que por demás da por buena su propia comprobación y la del Administrador, cuando de lo que se trata es de que cualquier duda ha de resolverse en Junta, para que no haya confusiones al respecto, y todo se establezca correctamente.

Y por lo que hace a las dos delegaciones nulas y las discrepancias que se mantienen cuanto a la fecha del recibí de Dª Azucena de 9/03/2017 cuando el documento está fechado el 3/04 , otro tanto acaece a lo que en las líneas previas se ha expuesto. Y el hecho de Dª Begoña no se admitiese se hubiese dado la representación consentimiento además de lo expuesto, como ya recoge la resolución recurrida existiría, respecto de Dª Sara, acuerdo adoptado con la mayoría suficiente para que aquella acuda a la Junta como representante. En cuanto a la delegación de los hermanos Arsenio otro tanto puesto que fue el Presidente y el Administrador entonces quienes comprobaron qué propietarios asistían en su propio nombre y quienes acudían en nombre de un tercero, firmando en las hojas preparadas al efecto, y recogiéndose por el Administrador los escritos firmados de delegación, sin que nada se advirtiese de la previa comprobación no por ellos sino por la Secretaria, por ello se ha de considerar con la sentencia que, además del hecho de que así ha venido actuando de forma constante la Comunidad, por otro lado el mero hecho de que la Comunidad no exigiera en el momento de celebrarse la reunión el escrito donde se acredita la representación baste, por sí solo, para impugnar la Junta.

Por tanto, no existiendo motivo de recurso alguno contra el resto de los pronunciamientos de la sentencia debe desestimarse el recurso, confirmando la resolución recurrida .

QUINTO.- Las costas de esta alzada se imponen a la parte apelante, art.s 394 y 398 LEC .

SEXTO.- La disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), regula el depósito previo que ha de constituirse para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado 9, aplicable a este caso, que la inadmisión del recurso y la confirmación de la resolución recurrida, determinará la pérdida del depósito.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.