Sentencia Civil 133/2023 Audiencia Provincial Civil de Bizkaia nº 3, Rec. 131/2022 de 03 de mayo del 2023

PRIMERO.- Por la representación de Dª Clemencia, se interpone recurso de apelación en base a los siguientes motivos: 1.- ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN CUANTO A LA LEGITIMACIÓN PASIVA..- FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA AD CAUSAM.- TAMBIÉN EN RELACIÓN CON LA FACTURA NUM000, DOC. 11 DE LA DEMANDA.-

Se alega que la sentencia considera que la actora sí realizó algunas gestiones de las que la demandada se ha beneficiado, y así la sentencia recoge que "consintió y permitió que la actora realizara ciertos trámites, como son los de la presentación de los modelos 650 y 660, así como las plusvalías.... que la llamada inicial de la abogada actora a Dª Clemencia se produce el 7 de febrero de 2018 y que la referida documentación se presenta el día 8 de febrero de 2018 (ultimo día del plazo legalmente previsto de 6 meses, desde el fallecimiento). Y Así, dice el Fundamento, de las partidas reclamadas en la minuta (f. 34) cabe reconocer todas ellas, por entender que son gestiones que sí fueron realizadas por la Sra. Crescencia, que la demandada permitió y consintió que se hicieran en su nombre y beneficio, reputando proporcionada las cuantías que se reclaman.... Por lo que estima parcialmente la demanda y condena al pago de 2.320'50 euros. Ante ello la parte recurrente mantiene que la actora abogada realiza todos los trámites por encargo de la hermana de la demandada: Dª Joaquina y de sus dos hijos, con los que concurre a la herencia la demandada Dª Clemencia, con la que no solo hay intereses contradictorios, como bien se recoge en la sentencia, hasta el punto que aún a día de la fecha no hay acuerdo de partición y adjudicación de herencia, sino que además, la relación personal entre ellas es mala, o inexistente.

Y no solo no resulta beneficiada la demandada con la gestión que la actora sino que resulta claramente perjudicada, ya que en las declaraciones realiza una valoración de los bienes que no solo no ha sido suministrada por la demandada, sino que, además, la perjudica a ella en beneficio de su hermana y sus hijos (que son los que realizan el encargo profesional a la abogada actora).

La abogada actora hace todo su trabajo en nombre, representación e interés de sus clientes Dª Joaquina y sus dos hijos. Y lo que hace, es llamar por teléfono a la demandada justo el día antes de que venza el plazo de presentación para comunicarle que va a presentar los modelos 650 y 660 del impuesto de sucesiones y la plus valía. Ni tan siquiera le remite los modelos a presentar para que los revise y firme. No constan ni una firma de Dª Clemencia en la documentación que se presenta. Por tanto, entendemos que, la factura NUM000 igual que la otra NUM001 únicamente podrá reclamarla a sus clientes; pero no a Dª Clemencia, que no está legitimada pasivamente ad causan para soportar tal acción. No siendo cliente de la abogada actora.

2.- SUBSIDIARIAMENTE : ERROR EN LA VALORACIÓN Y APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.- EN CUANTO A LA FACTURA NUM000.-

Se cuestiona en este motivo el importe reclamado y también que en la factura NUM000 se recogen dos partidas que nada tienen que ver con dichos conceptos y gestiones ( presentación del impuesto de sucesiones en la consejería y la plus valía en el Ayuntamiento), por lo que, en ningún caso debe condenarse a su pago. Por lo que se considera que en todo caso de la factura en cuestión, NUM000 , se habrían de excluir las dos referidas partidas y, en consecuencia, revocar la Sentencia para reducir la condena a la demandada al pago de las otras tres partidas, referidas al impuesto de sucesiones y a la plus valía, cuya suma asciende a 240'00 €, más el IVA en vigor, al 21% (50'40 €), esto es, al total de 290'40 euros. Cantidad esta última que, en todo caso, deberá de dividirse en cuatro partes al ser éste el número de herederos a que se refiren tanto los modelos 650 y 660 del impuesto de sucesiones como la plusvalía, esto es, la demandada Dª Clemencia y los 3 verdaderos clientes de la abogada minutante, Dª Joaquina y sus dos hijos.

La contraparte no formula oposición a este recurso.

Por la representación de doña Crescencia, se interpone recurso de apelación en base a los motivos siguientes :

1.- ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.

Se impugna la desestimación de la reclamación parcial por importe de 7027,10€, por considerar que dicho importe no le es debido a la demandante, hoy recurrente.

En resumen mantiene que consta acreditado que el importe del seguro de vida del que era beneficiaria la demandada no se abonó, ni total ni parcialmente el día 16/11/2017, que la demandada-beneficiaria no realizó gestión alguna para el cobro de dicho importe, ignorando por completo la existencia de tal seguro hasta que le fue comunicado por la letrada y que el mismo se cobró debido única y exclusivamente a la intervención de la letrada que ahorra recurre en reclamación del pago de los honorarios por ello debidos. Así mismo mantiene que contrario a lo considera la Sentencia hoy apelada, que la intervención profesional de esta letrada tanto en la tramitación de la herencia como en la del seguro de vida, viene avalada por el momento en que es nombrado el abogado que viene a sustituirla, Sr. Bernalt, el 22 de mayo de 2018, toda vez que el seguro de vida estaba cobrado, los impuestos hereditarios liquidados y la minuta notarial para adjudicación de herencia depositada en la notaria, tras haber sido consensuada con la demandada, y si bien esta letrada cometió un error en cálculo del importe de la legitima (inmediatamente subsanado), lo hizo con igual repercusión para las dos hermanas y herederas, por lo que no podemos aceptar ni el pretendido conflicto de interés ni el mayor interés de esta parte hacía los otros clientes en cuanto al reparto hereditario. Igualmente consideramos que la pregunta-petición que el compañero don Manuel Bernalt, hace a esta letrada, vía email, "de estos 13.033,37€ habrá que descontar todas las cantidades que te adeude a ti por razón de las gestiones realizadas por ti en su interés", no deja duda alguna sobre las gestiones que realizó esta letrada en interés de la demandada, tanto en cuanto a la herencia como en cuanto al cobro del seguro de vida, por tanto, tenemos que rechazar la exclusión que en alusión a la petición del Sr. Bernalt, se hace en la Sentencia respecto a las gestiones sobre el seguro de vida, pues si bien, el compañero en su email no especifica que está puedan ir referidas a las gestiones encaminadas al cobro del seguro de vida, lo cierto es que tampoco lo niega, por tanto, es plausible aceptar que las mismas tuvieron lugar y fueron ejecutadas por quien hoy recurre. A más queda acreditada la intervención de la letrada en la tramitación del seguro de vida, en la posesión en exclusiva (nunca estuvo en posesión de la demandada, de ahí que no lo aportase al procedimiento) el certificado emitido por el BBVA reconociendo la condición de beneficiaria de la demandada del seguro de vida, documento del todo necesario para la liquidación del ISyD y por ende para el cobro del seguro de vida. Dicho documento fue aportado en su momento por esta parte y posteriormente por el BBVA adjunto en su oficio, ante lo cual, nos preguntamos, si la letrada demandante no era quien había tramitado por encargo y autorización de la demandada el cobro de su seguro de vida, ¿por qué el banco le reconoció legitimidad suficiente para entregarle un documento personal y del todo necesario para la liquidación del ISyD y consiguientemente, para el cobro del seguro de vida? La respuesta sólo puede ser que la letrada demandante era la interlocutora legítimamente reconocida por el banco toda vez que la demandada legitimó ante el banco (por teléfono una vez conocedora de su condición de beneficiaria de seguro de vida) a la demandante como interlocutora para la gestión de su derecho de crédito.

2.-VULNERACIÓN DEL ART. 265.3 LEC Y 24 CE.

Se alega que examinado el oficio remitido por fax por el BBVA a requerimiento del Juzgado, como medio de prueba propuesto y admitido, pudo constatar que parte de los documentos en el contenidos faltaban a la verdad, concretamente el referido a la fecha del pago del seguro de vida a la demandada, obrante en la página 10 del oficio y 86 de las actuaciones judiciales, en la que se dice que el pago del seguro de vida se realizó el día 16/11/2017, circunstancia que falta a la verdad dado que dicho pago tuvo lugar con posterioridad al día 08/02/2018, una vez liquidado el ISyD, condición sine qua non, al igual que falta a la verdad la afirmación que en dicho oficio se hace de que la interlocutora que se personó en la oficina era doña Joaquina, toda vez que la interlocutora para todo el proceso fue la letrada recurrente. Una vez advertido "esta circunstancia" se verifica la argumentación para la solicitud de prueba que se recoge en su escrito.

La contraparte se opone al recurso.

SEGUNDO.- En primer lugar y por lo que hace al segundo de los motivos esgrimidos en el recurso interpuesto por doña Crescencia se ha de puntualizar a dichas alegaciones recogidas en dicho motivo que en su día se dictaron las resoluciones oportunas que constan en el rollo de Apelación y que a las mismas se ha de remitir esta resolución en cuanto a los medios de prueba intentados hacer valer en esta alzada.

Dando respuesta a este recurso interpuesto por aparte actora al respecto del error en la valoración de la prueba recordar que como viene reiterando esta Sala en términos generales que son muchas las Sentencias del Tribunal Supremo, y por ello huelga su cita concreta y específica al ser sobradamente conocidas, las que expresan que el recurso de apelación es de los llamados de plena jurisdicción, por lo que permite a la Sala entrar en el debate de todas las cuestiones controvertidas, tanto procesales como de fondo, y dentro de éstas tanto la comprobación de la adecuación e idoneidad de la fundamentación jurídica que se contiene en la resolución recurrida, como la revisión de todas aquellas operaciones relativas a la valoración global y conjunta de la prueba practicada, pudiendo llegar a idénticas o discordantes conclusiones a las mantenidas por el Juez "a quo", en la sentencia apelada. Cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez "a quo" sobre la base de la actividad desarrollada en el acto del juicio, debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el acto solemne del juicio en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción, concentración y oralidad, pudiendo la Juzgadora desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, así como la forma de expresarse y conducirse de las partes y los testigos en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia, exigencia que no se cumple ni siquiera con el visionado del soporte informático del acta, pues, como ya hemos dicho, no tiene la posibilidad de intervenir que posee el Juez "a quo". De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 17 de diciembre de 1985 , 23 de junio de 1986 , 13 de mayo de 1987 , 2 de julio de 1990 , 4 de diciembre de 1992 y 3 de octubre de 1994 , entre otras), únicamente deba ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador "a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada. La revisión jurisdiccional del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se incardina en una estructura jurídica claramente pergeñada por el legislador: infracción de las normas que regulan la valoración de la prueba denunciada en las alegaciones que sirvan de base a la impugnación de la sentencia ( artículo 458.1 LEC). O Como recuerda la sentencia de la AP de Valladolid de 18 de octubre 2006 , que la ponderación probatoria corresponde de forma primera y primordial al juzgador de instancia que sabido es, opera con las ventajas que confieren la inmediación, oralidad y contradicción, de manera que en esta alzada, y a pesar del conocimiento pleno que de la cuestión tiene el Tribunal de apelación, éste se limita a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio, el juez de origen se ha comportado de forma ilógica, arbitraria o contraria a las máximas de experiencia o a las reglas de la sana crítica. Así mismo y en cuanto a la valoración de la prueba es preciso traer a colación la reiterada doctrina del T.C. relativa a que el recurso de apelación confiere plenas facultades al órgano judicial "ad quem" para resolver cuantas cuestiones se le planteen sean de derecho o de hecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un "novum iudicium" (entre otras SSTC 194/1990, de 29 de noviembre FJ-5 ; 21/1993, de 18 de enero, FJ 4 ; 272/1994, de 17 de octubre FJ 2 ; y 152/1998, de 13 de julio FJ 2). El Juez o Tribunal de apelación puede así valorar las pruebas practicadas en primera instancia y revisar la ponderación que haya efectuado el Juez "a quo", pues en esto consiste, precisamente, una de las finalidades inherentes al recurso de apelación.

Así pues, en la valoración de la prueba, en principio, debe primar la realizada al efecto por el juzgador de la primera instancia al estar dotada de la suficiente objetividad e imparcialidad de la que carecen las partes al defender particulares intereses, facultad ésta que si bien sustraída a las partes litigantes, en cambio, sí se les atribuye la de aportación de los medios probatorios que queden autorizados por la ley en observancia a los principios dispositivo y de aportación de parte, según recogen, entre otras, las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1996 y 7 de octubre de 1997 , sin que ello signifique que ante el planteamiento de un recurso de apelación interpuesto por una de las partes litigantes el tribunal de la segunda instancia venga obligado a acatar automáticamente los razonamientos valorativos efectuados por el unipersonal de primer grado, habida cuenta que esa valoración probatoria tiene los propios límites que imponen la lógica y la racionalidad. De ahí que el Tribunal Constitucional en sentencia 102/1994, de 11 de abril , expresara como el recurso de apelación otorga plenas facultades al Tribunal "ad quem" para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un "novum iudicium", de lo que cabe colegir que el deber del tribunal de apelación de comprobar si pese a las facultades del órgano judicial "a quo" para la apreciación conjunta de la prueba, se incurrió por el mismo, para la obtención de sus resultados, en falta de lógica o se omitió todo género de consideraciones sobre los elementos probatorios obrantes en las actuaciones, pues de ser así, el órgano judicial de segunda instancia vendría obligado a corregir el indebido proceder del de instancia.

Pues bien tal y como recoge la resolución hoy recurrida no existe así medio de prueba alguno que permita constatar ni la realidad del encargo ni las condiciones del mismo. Lo que no es un hecho controvertido es que la actora defendía los intereses de Doña Joaquina y de sus hijos (la hermana y sobrinos de la demandada). Si, como afirma la actora, no existía ninguna relación entre las hermanas desde hace muchos años, hasta el punto de que Doña Joaquina la contrató para que localizara a la demandada, no parece lo más lógico que la demandada la contratara para la defensa de sus intereses, en claro conflicto con los de su hermana y sobrinos. De hecho, la demandada contrató a otro abogado (el Sr. Bernalt), que comunica tal circunstancia a la actora por correo electrónico de 22 de mayo de 2018 (fol. 65 de los autos).

Ello se ha de mantener así como la interpretación que igualmente recoge la sentencia de que es la hermana de la demandada, Doña Joaquina, la que contrata a la actora para la gestión de la herencia de su madre y le pide que localice a su hermana Doña Clemencia, con la que no tenía relación alguna desde hacía años, sin que exista prueba objetiva que acredite las intensas gestiones que dice la actora hubo de realizar para localizar a la demandada. Igualmente se ha de mantener que de la documental aportada Oficio del BBVA, lo que se acredita es que se realizaron dos pagos la hermana de la demandada. Señala la recurrente que ello no era posible sin la liquidación del impuesto correspondiente sin embargo tal y como se recoge en la certificación (folio 84 de las actuaciones) la liquidación definitiva de la prestación se efectuará a la recepción de esta carta de presentación o liquidación del citado impuesto.

Por tanto se han de mantener los fundamentos de la resolución y desestimar el presente recurso.

TERCERO.- Resolución de los motivos del recurso de apelación interpuesto por Dª Clemencia.

Es de señalar que si bien como ya se ha recogido es un hecho no controvertido que la abogada-actora, defendía los intereses de Doña Joaquina y de sus hijos (la hermana y sobrinos de la demandada). Ello no obstante la sentencia justifica la intervención en este caso de la abogada ante la premura de la presentación de tales documentos, que de hecho se ha de añadir no tendría porque haber presentado salvo respecto de sus clientes, cosa que no es así y por otro lado por el reconocimiento por parte del Letrado Sr. Bernalt, en el correo remitido el 26 de septiembre de 2019 que por tanto corrobora la argumentación recogida en la resolución que ahora se apelada. En cuanto al desglose de las partidas se ha de estar con la recurrente que en todo caso se debe limitar la minutación a las gestiones realmente reconocidas como efectuadas cuales son el impuesto de sucesiones y a la plus valía, cuya suma asciende a 240'00 €, más el IVA en vigor, al 21% (50'40 €), esto es 290,40 € que debe dividirse en cuatro partes al ser éste el número de herederos a que se refieren tanto los modelos 650 y 660 del impuesto de sucesiones como la plusvalía, esto es, la demandada Dª Clemencia y los 3 verdaderos clientes de la abogada minutante, Dª Joaquina y sus dos hijos.

CUARTO.- Desestimado el recurso de apelación interpuesto por doña Crescencia deben imponerse a dicha parte las costas de esta alzada causadas en virtud del mismo y estimado el motivo subsidiario del recurso de apelación interpuesto por Doña Clemencia no procede efectuar expresa declaración en cuanto a las costas de esta alzada causadas en virtud del mismo, arts. 394 y 398 LEC.

QUINTO.- La disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), regula el depósito previo que ha de constituirse para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado 9, aplicable a este caso, que la inadmisión del recurso y la confirmación de la resolución recurrida, determinará la pérdida del depósito.

Asimismo, la disposición adicional 15.ª de la LOPJ, establece en su apartado 8, aplicable también a este caso que si se estimare total o parcialmente el recurso, en la misma resolución se dispondrá la devolución de la totalidad del depósito.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,