Sentencia Civil 124/2023 Audiencia Provincial Civil de Cáceres nº 1, Rec. 1160/2022 de 02 de marzo del 2023

PRIMERO.- Objeto del Recurso.

En la demanda rectora del presente procedimiento la parte actora -D. Luis Enrique- acciona frente a la demandada Dña. Palmira interesando el dictado de una sentencia por la que se declare: (i) que existió una unión de hecho no matrimonial entre Dña. Palmira y D. Luis Enrique; (ii) que los bienes muebles relacionados en el hecho sexto y octavo de la demanda fueron adquiridos en exclusividad por el actor y son privativos del mismo; (iii) que dicho patrimonio pertenece en exclusividad a D. Luis Enrique y se condene a Dña. Palmira a estar y pasar por dicha declaración y a compensar económicamente a aquel en la cantidad de 5.113,44€, valor aproximado de los bienes reclamados en el momento de su adquisición (detallados en el expositivo sexto y séptimo de la demanda), y a la devolución de los bienes de uso personal detallados en el expositivo octavo de la demanda; (iv) que se condene a la parte demandada a las costas del proceso.

Refiere la demandante en apoyo de su pretensión que el Sr. Luis Enrique y la Sra. Palmira mantuvieron una relación sentimental, procediendo al arrendamiento de una vivienda desamueblada por contrato de 2 de octubre de 2018 en la CALLE000 núm.- NUM000 de Cáceres, adquiriendo ambos la casi totalidad del mobiliario existente en referida vivienda. Que, debido a las desavenencias habidas entre la pareja, D. Luis Enrique decidió dejar la residencia de ambos de forma provisional, aprovechando entonces Dña. Palmira para cambiar la cerradura, no permitiendo al demandante retirar los muebles de su propiedad y objetos de uso personal.

Que pese a los numerosos intentos por llegar a una solución amistosa con la demandada, no se ha conseguido, siendo esta la razón por la que se interpone la demanda con el fin de obtener una compensación económica, que cifra en 5.113,44€, por los muebles y objetos adquiridos y detallados en los expositivos sexto y séptimo de la demanda, así como la devolución de los bienes de uso personal detallados en el expositivo octavo de la misma.

La demandada, reconociendo que ambas partes mantuvieron una relación estable de pareja y que suscribieron el contrato de arrendamiento aportado con la demanda, precisa que si bien es cierto que el demandante abandonó la vivienda en noviembre de 2019, no lo fue con carácter provisional sino permanente, oponiéndose al importe que se reclama de adverso por los motivos que explica en el hecho tercero de su contestación a la demanda, reconociendo exclusivamente como enseres privativos que se encuentran en la vivienda que constituyó el domicilio familiar de ambos los que se enumeran en el hecho cuarto de la mencionada contestación a la demanda.

La sentencia dictada en la instancia estima parcialmente la demanda y realiza los siguientes pronunciamientos:

1.- Declara que existió una unión de hecho no matrimonial entre Dña. Palmira y D. Luis Enrique.

2.- Declara que de los bienes muebles relacionados en el hecho sexto de la demanda fueron adquiridos en exclusividad por el demandante los relacionados en los puntos 1, 2 y 5, dado que de los relacionados en los puntos 3 y 4 la demandada abonó parte de las facturas del importe total de los mismos (600€ de la factura total de 2.411,87€ y 300€ de la factura de 669,83€), y de los relacionados en el hecho octavo, fueron adquiridos en exclusividad por el demandante los siguientes: muebles de palet de terraza; aparatos de gimnasio; "Tv LG 55".

3.- Condena a Dña. Palmira a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a compensar económicamente a D. Luis Enrique en la cantidad total de 3.756,06€ y a la devolución de los siguientes bienes de uso personal: muebles de palet de terraza; aparatos de gimnasio; "Tv LG 55".

4.- No se hace imposición de costas procesales.

Frente a dicha resolución se alzan en apelación tanto la parte demandante como demandada.

La representación procesal de D. Luis Enrique alega en breve síntesis los siguientes motivos:

Primero.- Incongruencia "citra petita", habiendo resultado infringidos los artículos 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 208 y 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y articulo 24.1 de la Constitución , por falta de congruencia entre las peticiones de la demanda y la parte dispositiva de la sentencia, al haberse omitido el pronunciamiento sobre una pretencioso de la parte demandante concretada en la entrega del dormitorio juvenil de la hija del Sr. Luis Enrique y sin embargo accede al abono de los gastos del transportista que no se realzó, al efecto de que por esta Sala se complete la omisión de dicho pronunciamiento: Sostiene que existe una incongruencia en la sentencia de instancia, pues si bien se accede al abono de la mitad de la contratación de un camión de mudanzas para trasladar el dormitorio de la hija del demandante, sin embargo no se condena a la entrega del mismo, por lo que entiende que se ha incurrido en incongruencia infra o citra petita.

Segundo.- Error en la valoración de la prueba: Sostiene que no se ha valorado correctamente el material probatorio del proceso, especialmente la prueba concerniente a la propiedad del dormitorio juvenil al actor, estando detallado en la denuncia presentada ante la Policía Nacional, en los correos electrónicos remitidos, en la contratación de un camión de mudanzas, no habiéndose negado la propiedad, pero realizando la demandada un acción obstructiva para su devolución como del resto de objetos propiedad del demandante, los cuales ha retenido la demandada durante tres años.

Al recurso se opuso la representación procesal de Dña. Palmira.

Esta parte, por su lado, interpone recurso de apelación y alega los motivos siguientes:

Primero.- Error en la valoración de la prueba:

1.- Con respecto a la Nota de contado núm.- 1896 del bazar Padilla por importe de 91€ (doc. núm.- 8 de la demanda), señala que en ningún momento se ha negado que el Sr. Luis Enrique adquiriese ese artículo, lo que se ha negado es que tal artículo, adquirido en Zafra, esté en la vivienda que compartieron en Cáceres los litigantes y por ende en posesión de la demandada. Es cuando menos, altamente sospechoso, que un artículo de carácter tan usual y ordinario, se hubiera adquirido por la antigua pareja en una localidad tan alejada geográficamente de Cáceres.

2.- Por lo que respecta a la factura de Leroy Merlin, por importe de 669,83€, señala que la mitad del importe de este gasto fue abonado al Sr. Luis Enrique por la Sra. Palmira en metálico, una vez reintegró de su cuenta el importe de 300€ y así lo considera acreditado la sentencia, que determina como indemnizable por la demandada la cantidad de 369,83€.

Ahora bien, los elementos adquiridos (tiradores y pomos de puerta, escuadras y bombillas de luz) por su propia naturaleza, fueron incorporados como mejoras al inmueble objeto de arrendamiento, por lo que regiría en todo caso con respecto a ellos el artículo 1573 CC con remisión al 487 del mismo cuerpo legal, permitiéndose en consecuencia al arrendatario las mejoras útiles o de recreo que tuviera por conveniente, pero no tendrá por ello derecho a indemnización, pudiendo, a la finalización del arrendamiento, retirar las mejoras, siempre que fuere posible hacerlo sin detrimento de los bienes. Añade que no ha existido novación en el contrato de arrendamiento suscrito. El propio actor se ha negado a ello, por lo que su vinculación con el arrendador permanece.

3.- En cuanto al mobiliario adquirido en la mercantil IKEA el 13/10/2018. El importe total de la compra ascendió a 2411,87€, abonándose la cantidad de 600€ con cargo a la tarjeta de crédito de la Sra. Palmira (coincidiendo con el límite de pago que esta tenía entonces) y el resto, 1811,87€ con cargo a la tarjeta de crédito del Sr. Luis Enrique.

Advierte que el mismo día 13 de octubre de 2018, la Sra. Palmira efectuó un reintegro en metálico con cargo a su misma cuenta por importe de otros 600€ que entregó a su entonces pareja.

Se constituye sobre el mobiliario una comunidad ordinaria, para cuya disolución ha de procederse con las normas propias de la división de la cosa común, la formación de lotes si es susceptible de ello, y no como acuerda la sentencia a la adjudicación a uno de ellos con la condena a una indemnización al otro.

4.- Por lo que se refiere a la factura de Iketran, argumenta que el hecho de que se hallase a nombre de cualquiera de la pareja, no significa que el pago lo hubiese efectuado íntegramente uno de los miembros.

5.- Con respecto a la "indemnización" por el importe de la compra de una bicicleta que el actor adquirió en fecha 21 de agosto de 2020, advierte que la sentencia de instancia determina que procede la indemnización por la compra, dado que la demandada no devolvió otra bicicleta al actor, argumento que afirma entra en clara contradicción con el fundamento segundo de la sentencia por el que se desestima la petición de devolución de determinados objetos enumerados en la lista que la demandante aporta como documento l9, por no estar acreditados que aún permanezcan en la vivienda ni que sean propiedad del demandante.

Consecuentemente si la sentencia de instancia considera que no consta acreditada la existencia de una bicicleta (enumerada en el documento l9 de la demanda) no puede establecerse que la devolución le fue negada al actor y consecuentemente es inviable e incongruente la indemnización por la compra de una nueva bicicleta.

6.- En cuanto a la condena a la demandada para indemnizar al actor en la mitad de la cuantía de una factura por una mudanza. Afirma que consta acreditado que la mudanza en cuestión no se llegó a realizar, que el transportista recibió el encargo del actor con la pretensión de que la mudanza se realizase al día siguiente y que el propio transportista llamó a la demandada el mismo día, con la premura que ello supone.

Argumenta que solo el actor es imputable de la contratación de un servicio que no se realizó, que no pudo realizarse por la imposibilidad manifiesta en la organización, y por ende la demandada no debe pechar, ni siquiera en la mitad establecida en sentencia, con el coste de un servicio no realizado, no concertado y sospechosamente facturado.

Segundo.- La sentencia de instancia condena a la demandada a compensar económicamente a D. Luis Enrique en la cantidad total de 3.756,06€: Señala que la acción ejercitada por el actor se ha circunscrito a la acción declarativa de dominio y reivindicatoria con fundamento en el art. 348 CC.

Es una acción recuperadora, pues su finalidad es obtener la restitución de la cosa y es una acción de condena, toda vez que la sentencia que se obtenga, si es favorable, condenará o impondrá al poseedor demandado un determinado comportamiento de restitución. Así pues, por el ejercicio de esta acción, el propietario vencerá al poseedor y recuperará la cosa si se prueba, y estos son los requisitos de la acción, el dominio por parte del actor, la falta de derecho a poseer del demandado, la tenencia o posesión de éste y la identidad de la cosa ( sentencias del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1.927 , de 3 de marzo de 1.966 , de 10 de junio de 1.969 , de 19 de febrero de 1.972 , de 28 de junio de 1.976 , de4 31 de enero de 1.976 de 31 de enero de 1.980 , de 10 de marzo de 1.980 , de 13 de noviembre de 1.981, de 98 de junio de 1.982 y de 20 de diciembre de 1.984).

Si la acción que prospera es la acción reivindicatoria, no es factible la compensación económica sin otra justificación que el mero interés del actor en sustituir la restitución in natura de los bienes por la "indemnización". Y más aún: La sentencia de instancia condena a compensar económicamente al actor por el valor de bienes por su valor de adquisición, obviando la notable depreciación de los mismos.

La demandada no se ha opuesto en ningún momento a la retirada de los enseres privativos del demandado. El objeto de discusión entre las partes era la determinación de los que habían sido adquiridos por los dos y su planteamiento siempre ha sido que conformándose sobre los mismos una comunidad de bienes, habría de dividirse los mismos mediante lotes.

Al recurso se opuso la parte demandante.

SEGUNDO.- Recurso de la demandante. Incongruencia citra petita.

Considera la recurrente que la sentencia de instancia incurre en incongruencia citra petita, pues si bien se accede al abono de la mitad de la contratación de un camión de mudanzas para trasladar el dormitorio de la hija del demandante, no se condena, sin embargo, a la entrega del mismo.

A propósito de la incongruencia es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, citando por todas la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2021 que, con cita a su vez de la sentencia núm.- 580/2016, de 30 de julio, recuerda que "la congruencia exige una correlación entre los pedimentos de las partes oportunamente deducidos y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta la petición y la causa de pedir. Adquiere relevancia constitucional, con infracción no sólo de los preceptos procesales ( art. 218.1 LEC), sino también delart . 24 CE , cuando afecta al principio de contradicción, si se modifican sustancialmente los términos del debate procesal, ya que de ello se deriva una indefensión a las partes, que al no tener conciencia del alcance de la controversia no pueden actuar adecuadamente en defensa de sus intereses. A su vez, para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido (ultra petita), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra petita) y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (citra patita), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita. Se exige para ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de demanda y, en su caso, de contestación, y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito".

En similares términos, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 2021 declara: "Sobre incongruencia declaró esta sala en sentencia 37/2021, de 1 de febrero : "La congruencia exige la necesaria correlación entre las pretensiones de las partes oportunamente deducidas y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta la petición y la causa de pedir ( sentencias 698/2017, de 21 de diciembre ; 233/2019, de 23 de abril ; 640/2019, de 26 de noviembre ; 31/2020, de 21 de enero ; 313/2020, de 17 de junio , 526/2020, de 14 de octubre , entre otras); desde esta perspectiva, la sentencia debe ser la respuesta que dan los juzgadores a las pretensiones introducidas por el actor en el escrito rector del proceso, conjuntamente con las que merecen las excepciones y resistencias opuestas por el demandado. "Una sentencia es pues incongruente, como ha recordado reiteradamente esta Sala (por todas las sentencias 604/2019, de 12 de noviembre ; 31/2020, de 21 de enero ; 267/2020, de 9 de junio y 526/2020, de 14 de octubre ), si concede más de lo pedido (ultra petita); se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra petita); se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (citra petita), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita de la pretensión deducida; por el contrario, es perfectamente válido que dé menos de lo pedido (infra petitum), lo que no constituye infracción de incongruencia, salvo que diera menos de lo admitido por la contraparte".

Trasladando la anterior doctrina al caso concreto, y atendiendo al contenido de la demanda y su Suplico, se advierte que tanto el sustrato fáctico de esta como el petitum aluden a objetos y enseres que obran en la vivienda de la Comarca de Gata y que se hallan detallados en la lista que se adjunta como documento núm.- 19 de la demanda. Así, en el apartado tercero del Suplico se contiene la solicitud de declaración y condena en los términos siguientes : "(...) y a la devolución de los bienes de uso personal que han sido detallados en el expositivo número octavo de esta demanda". Y en el hecho octavo de la demanda se consigna literalmente: "Existen objetos que fueron llevados a la vivienda como "ajuar" por el Sr. Luis Enrique y que obran sitos en la vivienda de la Comarca de Gata donde residió durante un año con la Sra. Palmira, cuya relación se detalla en lista que se adjunta como documento nº 19".

En coherencia con lo peticionado, la juzgadora de instancia declara en el fallo de la sentencia que solo fueron adquiridos en exclusividad por el demandante los muebles de palet de terraza, aparatos de gimnasio, "Tv LG 55", previa explicación en el fundamento jurídico segundo de la misma que el resto de los objetos que se enumeran en el documento núm.- l9 de la demanda, no está acreditado que aun permanezcan en la vivienda ni que sean propiedad de demandante.

Lo relevante y decisivo, dados los términos en que se formula la demanda, es que los bienes o enseres se hallen relacionados en el documento núm.- 19 de la demanda y que además se encuentren en la vivienda sita en la CALLE000, por lo que cualquier pronunciamiento ajeno a ello supondría una clara incongruencia extra petita.

El motivo, en consecuencia, debe decaer.

TERCERO.- Recurso de la demandante. Error en la valoración de la prueba.

Al hilo de lo anterior, la recurrente considera que la juzgadora de instancia no valora correctamente el material probatorio en lo concerniente a los bienes o enseres propiedad del actor, particularmente en lo que hace a la propiedad del dormitorio juvenil de su hija.

Ciertamente, el debate jurídico se circunscribe a la existencia de prueba suficiente para declarar que la demandada retiene bienes del actor, con identificación de los mismos y condenando a su restitución.

La acción reivindicatoria ejercitada en la demanda exige, según constante y pacífica doctrina jurisprudencial, de la concurrencia de los siguientes requisitos: (i) dominio del que reclama, que debe probar; (ii) identificación del objeto que reclama, que ha de acreditarse con la debida precisión; (iii) posesión injusta del que posea la cosa.

Pues bien, el documento núm.- 19 de la demanda, listado creado unilateralmente por el demandante, no tiene sustento per se para acreditar el dominio de los bienes ni el mantenimiento de la posesión por la demandada tras la ruptura, más aun cuando no existe constancia cierta de que permanezcan en la vivienda que fuera domicilio familiar (vivienda en la CALLE000).

En consecuencia, la valoración probatoria efectuada por la juzgadora de instancia es conforme a la prueba analizada en sentencia; y, como este tribunal viene manifestando de manera reiterada, la valoración probatoria de los órganos judiciales debe ser respetada en tanto no se demuestre que el juzgador incurrió en error de hecho, o que sus valoraciones resultan ilógicas, opuestas a las máximas de la experiencia o a las reglas de la sana crítica. Por tanto, debe respetarse el uso que haga el juzgador de primer grado de su facultad de libre apreciación o valoración en conciencia de las pruebas practicadas, al menos en principio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia, como tiene declarado el Tribunal Constitucional (sentencia 17 de diciembre de 1985, 13 de junio de 1986, 13 de mayo de 1987, 2 de julio de 1990 y 3 de octubre de 1994), salvo que aparezca claramente que, en primer lugar, exista una inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba o, en segundo lugar, que el propio relato fáctico sea oscuro, impreciso o dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio, porque prescindir de todo lo anterior es sencillamente pretender modificar el criterio del juzgador por el interesado de la parte recurrente.

El motivo debe ser desestimado.

CUARTO.- Recurso de la demandada. Error en la valoración de la prueba.

Partiendo de lo expuesto en el fundamento jurídico anterior in fine, paso a examinar cada uno de los puntos y/o aspectos en los que incide la demandada en esta alzada.

1.- Nota de contado núm.- 1896 del bazar Padilla por importe de 91€ (doc. núm.- 8 de la demanda).

Las sospechas y conjeturas de la demandada por razón de lugar (distancia) en que fue adquirido el bien no desvirtúan las acertadas conclusiones valorativas de la Magistrada de primer grado, sustentadas en la fecha de adquisición de la mesa en relación con la fecha de arriendo de la vivienda y el testimonio del arrendador Sr. Erasmo.

2.- Factura de LEROY MERLIN.

El reiterado argumento de la recurrente de que los elementos adquiridos en Leroy Merlín fueron incorporados como mejoras a la vivienda que se tenía alquilada por la pareja, a fin de justificar la improcedencia de la indemnización fijada por la juzgadora a quo, en nada desvirtúa el razonamiento de esta, sobre la base de lo manifestado por el testigo Sr. Erasmo, de no haber resultado acreditado que se compensaran defectos o deficiencias de la vivienda con una mensualidad de renta y no estar acreditado que la compensación que afirmara la demandada lo fuera a cuenta de los objetos que constan en la factura de Leroy Merlín.

Por otra parte, la vinculación que predica la demandada del actor con el arrendador es cuando menos cuestionable al haberse reconocido por el Sr. Erasmo que se autorizó a la demandada al cambio de cerradura.

En cualquier caso, es lógico que el actor pueda recuperar su aportación al cesar la convivencia, que es precisamente la causa que motivó la misma.

3.- Mobiliario adquirido en la mercantil IKEA.

Considera y defiende la recurrente que estos bienes fueron adquiridos por mitad, por lo que entiende se ha constituido sobre este mobiliario una comunidad ordinaria, para cuya disolución ha de procederse por las normas propias de la división de la cosa común.

Pues bien, citando la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1992, "no cabe la posibilidad de considerar que toda unión paramatrimonial por el mero y exclusivo hecho de iniciarse lleve aparejado el surgimiento automático de un régimen de comunidad de bienes, llámense gananciales, sociedad universal de ganancias, condominio ordinario o cualquier otra forma, sino que habrán de ser los convivientes interesados los que por pacto expreso o por sus "facta concludentia", aportación continuada y duradera de sus ganancias o de su trabajo al acervo común, los que evidencien que su inequívoca voluntad fue la de hacer comunes todos o algunos de los bienes adquiridos durante la duración de la unión de hecho".

Se requiere pues, la acreditación de la existencia de un pacto expreso de los interesados, o bien hechos concluyentes (facta concludentia) que evidencien, de forma inequívoca, la voluntad de ambos convivientes de hacer comunes todos o algunos de los bienes adquiridos durante la unión de hecho.

En el caso concreto no consta la existencia de pacto alguno entre la pareja, como tampoco la existencia de una cuenta común; por el contrario, ambos mantenían su propia cuenta bancaria en exclusividad, en la que se ingresaban los distintos emolumentos que obtenían, lo que desvirtúa y hace decaer la tesis de la recurrente.

4.- Factura de IKETRAN.

Reitera la recurrente que el hecho de que la factura venga a nombre de uno de los litigantes no significa ni implica que el pago lo hubiese efectuado íntegramente uno de los miembros de la pareja.

En el caso de los bienes adquiridos en Iketran, el pago en exclusiva por el demandante viene avalado por la respuesta facilitada por la mercantil dicha al oficio que le fue remitido.

5.- Indemnización por el importe de la compra de una bicicleta.

Considera la recurrente que la determinación de esta indemnización entra en clara contradicción con el fundamento segundo de la sentencia, por el que se desestima la petición de devolución de determinados objetos enumerados en la lista que la demandante aporta como documento l9, por no estar acreditados que aún permanezcan en la vivienda ni que sean propiedad del demandante.

El pronunciamiento desestimatorio de devolución de determinados bienes u objetos enumerados en la lista que se aporta como documento núm.- 19 se ciñe y limita exclusivamente al "resto de los objetos que se enumeran en el documento núm.-19 de la demanda", con exclusión, por tanto, de aquellos que, como la bicicleta, fueron objeto de un análisis pormenorizado.

6.- Indemnización al actor en la mitad de la cuantía de una factura por una mudanza.

Defiende la recurrente que solo al actor es imputable la contratación de un servicio que no se realizó, por imposibilidad manifiesta en la organización, que achaca y atribuye en exclusiva al demandante.

Nada más lejos de la realidad. Tal y como explica la juzgadora de instancia, con apoyo en los correos que se sucedieron entre las partes y el testimonio de D. Humberto, la falta de organización residió en una falta de entendimiento y comunicación entre ambas partes, imputable a ambas en los términos que quedan recogidos en la sentencia.

QUINTO.- Recurso de la demandada. La sentencia de instancia condena a la demandada a compensar económicamente a D. Luis Enrique en la cantidad total de 3.756,06€.

El motivo decae con lo razonado a propósito del mobiliario adquirido en la mercantil IKEA, que damos aquí por reproducido, reiterando que no existía voluntad alguna de formar un patrimonio en común.

Finalmente, y en orden a los criterios de determinación del importe de la compensación económica, es ahora, en esta alzada, cuando la recurrente acude al concepto de depreciación como factor de corrección, introduciendo en esencia una alegación nueva que no puede ser considerada so pena de generar indefensión a la parte contraria.

En cualquier caso, parece ajustado y cabal prescindir de ese porcentaje de depreciación habida cuenta el tiempo que se ha impedido al actor recuperar los muebles o su correspondiente valor económico.

SEXTO.- Costas de la alzada.

La desestimación de ambos recursos de apelación conlleva la imposición de las costas de esta alzada, derivadas de uno y otro, a la parte apelante ( artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación en nombre de S.M. EL REY y por la Autoridad que me confiere la Constitución Española, pronuncio el siguiente: