Sentencia Civil 167/2024 Audiencia Provincial Civil de Cádiz nº 5, Rec. 746/2023 de 25 de enero del 2024

PRIMERO.- Se alza en apelación la representación procesal de la parte demandante frente a la sentencia dictada en primera instancia en procedimiento de divorcio, en disconformidad, en primer lugar, con la cuantía de la pensión de alimentos establecida en la sentencia a cargo del progenitor no custodio para los dos hijos menores en la cantidad de 200 € mensuales para cada hijo, que interesa se incremente a 500 euros para los dos; así como, en segundo lugar, con el pronunciamiento que acuerda el abono de los gastos extraordinarios por el padre en un 60%, que interesa se incremente a un 75%, y que para la madre se reduzca al 25%; y, en tercer lugar, con la desestimación de la pensión compensatoria por dicha parte solicitada, que interesa se acuerde a cargo del apelado con una cuantía de 200 euros mensuales.

SEGUNDO.- Como ha declarado el Tribunal Supremo en Sentencia de 1 de marzo de 2001, "la obligación de prestar alimentos se basa en el principio de solidaridad familiar y tiene su fundamento constitucional en el artículo 39.1 de la Constitución Española que proclama que los poderes públicos han de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia", debiendo distinguirse entre la asistencia debida a los hijos durante su minoría de edad, dimanante de la patria potestad, generadora de derechos y obligaciones paterno-filiales ( artículos 110 y 154.1 y concordantes del Código Civil), y la institución de alimentos entre parientes de los arts. 142 y siguientes del Código Civil, que prescinde de toda noción de edad; y siendo en este caso aplicables los artículos 110 y 154 del Código civil, resulta procedente traer a colación la STS de 31 de octubre de 2012, que declara: " La cuestión de si existe una diferencia total y absoluta entre los alimentos debidos en casos de procedimientos por causa de la crisis familiar y los debidos de acuerdo con los artículos 142 y ss CC , está resuelto por esta Sala en la sentencia de 14 de junio de 2011 , referida a alimentos a los hijos menores, con cita de la de 5 de octubre de 1993, en la que se dice que "no es sostenible absolutamente que la totalidad de lo dispuesto en el Título VI del Libro I del Código civil, sobre alimentos entre parientes, no es aplicable a los debidos a los hijos menores como un deber comprendido en la patria potestad", doctrina repetida en la STS 917/2008, de 3 octubre , que declara aplicable el artículo. 148.1 CC ." Y la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2002, con cita igualmente de la sentencia de dicho Tribunal de 5 de octubre de 1993, señala que "una de las manifestaciones es la relativa a la fijación de la cuantía alimenticia, que determina qué lo dispuesto en los artículos 146 y 157 del código civil sólo se aplica de alimentos debidos a consecuencia la patria potestad ( artículo 154.1 del código civil ) con carácter indicativo, por lo que caben en sede de éstos, criterios de mayor amplitud, pautas mucho más elásticas en beneficio del menor, que se tornan en exigencia jurídica en sintonía con el interés público de protección de los alimentistas habida cuenta del vínculo de filiación y la edad"; correspondiendo la determinación de la cuantía al juez o tribunal sentenciador, cuyo criterio no puede sustituir las partes eficazmente con su propio ( sentencias del Tribunal Supremo de 24 de mayo 16 de noviembre de 1974).

La recurrente estima incorrectamente valoradas las pruebas practicadas en cuanto a la capacidad económica del apelado y a la proporcionalidad de la pensión, lo que nos lleva a constatar si en la apreciación conjunta del material probatorio se ha comportado el juez "a quo" de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de la experiencia o a las normas de la sana crítica. Esta Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la valoración de la prueba en la segunda instancia, manteniendo que, en principio, debe primar la realizada al efecto por el juzgador de la primera instancia al estar dotada de la suficiente objetividad e imparcialidad de la que carecen las partes a defender particulares intereses, facultad esta que si bien sustraída las partes litigantes, en cambio sí se les atribuye la aportación de los medios probatorios que queden autorizados por la ley en observancia de los principios dispositivo y de aportación de parte, como recogen entre otras las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1996 y 7 de octubre de 1997, sin que ello signifique que ante el planteamiento de un recurso de apelación interpuesto por una de las partes litigantes, el tribunal de la segunda instancia venga obligado a acatar automáticamente los razonamientos valorativos del tribunal de instancia, ya que esa valoración probatoria tienen los propios límites que impone la lógica y la racionalidad. Como ha declarado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 102/1994, de 11 de abril, el recurso de apelación otorga plenas facultades al tribunal "ad quem" para resolver cuantas cuestiones se planteen sean de hecho de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un "novum iudicium".

En la Sentencia apelada, se argumenta para fijar la cuantía de la pensión de alimentos en 200 euros al mes para cada hijo, en los siguientes términos: "En el supuesto enjuiciado atendiendo a las circunstancias concurrentes nos encontramos que la madre, según resulta de la averiguación patrimonial viene percibiendo una prestación por desempleo por importe mensual de 463,21 € así como una prestación por incapacidad total de 527,40 €. En el acto de la vista reconoció, además, realizar trabajos temporales (un mes en el Ayuntamiento de DIRECCION000), por lo que no puede descartarse que sus ingresos se vean eventualmente incrementados. Con respecto a los gastos que soporta, junto con el mantenimiento de sus hijos y el propio, se presumen los derivados por el uso y disfrute del

domicilio familiar.

El progenitor percibe ingresos derivados de su trabajo que rondan los 1.550 euros mensuales, según resulta de la averiguación patrimonial y nóminas aportadas de los meses de enero de 2022 a enero de 2023.

De la documentación aportada por la parte actora, y que no ha sido impugnada de contrario, resulta que el matrimonio percibía ingresos de la venta de aceite, que alcanzaron los 2.944 euros anuales en 2021. Tras la ruptura de la pareja, debe presumirse que dichos ingresos, dado que provienen de terreno propiedad de la familia del demandado, serán percibidos íntegramente por el mismo.

Dado que ambas partes tienen posibilidad de ver incrementados sus ingresos fijos acreditados por medio de otras actividades, y cuya periodicidad y cuantía exacta no es posible determinar, la fijación de la pensión de alimentos debe fijarse atendiendo exclusivamente a los ingresos concretados en esta resolución. Ambos cuentan con unos ahorros similares que rondan los 3.000 euros en ambos casos.

Desde la perspectiva de las menores a nadie escapan sus necesidades (educación, alimentación, ocio, vestido....) ; por todo lo expuesto la cantidad que procede fijar a cargo del padre en concepto de alimentos para cada una de las menores es la de 200 euros/mes,

haciendo un total de 400 euros mensuales."

Se alega en el recurso que en la sentencia apelada se incurre en error en la valoración de la prueba de los ingresos de ambas partes para fijar la cuantía de la pensión alimentos y el porcentaje de contribución a los gastos extraordinarios por ambos progenitores. Se alega en el recurso, respecto de los ingresos del progenitor no custodio, que basta con analizar las percepciones como empleado por cuenta ajena en el régimen general de la declaración de la renta de don Jose Ángel, que obra en la averiguación patrimonial, para observar que tiene una retribución dineraria bruta correspondiente al año 2021, de 24.070,04 euros, es decir, 2.000,54 euros brutos mensuales, de los que hay que detraer la cotización a costa del trabajador, que aparece en la Casilla 13 de la misma declaración y asciende a la cantidad anual de 1.529,50 euros, ya que la retención de IRPF se le devuelve íntegramente; y, por tanto, considera la recurrente que su rendimiento neto del trabajo, para 2021, en cómputo anual, fue de 22.596,92 euros, equivalentes a 1.883,08 euros mensuales, que con la subida salarial de 2022 y la de 2023, debe haberse visto aumentado en torno a un 7% (131 euros netos más), por lo que procedentes del trabajo, don Jose Ángel obtiene, según la recurrente, unos ingresos netos mensuales de 1.896,08 euros, a la que debe añadirse como mínimo la cantidad de 245,33 euros mensuales del olivar que percibe don Jose Ángel (2.944/12 meses),

estimando la recurrente que sus ingresos mensuales son de 2.141,39 euros. En cuanto a los ingresos de la progenitora custodia, se alega en el recurso que se yerra igualmente en la valoración de la prueba, ya que la "prestación por desempleo de 463,21 euros" que se menciona en la sentencia no es tal prestación, si no un "subsidio" por desempleo, que se abona de forma temporal cuando se ha cotizado pero se ha agotado la prestación por desempleo; sin que se hayan tenido en cuenta por la juzgadora a quo los documentos 19, 20 y 21 aportados por la atora en el plenario, de los que resulta que el 21 de julio de 2023 se agota dicho subsidio, lo que debe llevar a considerar que sus ingresos solo ascienden a la cantidad de 527,40 euros por la pensión de incapacidad permanente para su profesión habitual. Se añade que, según las tablas orientadoras del CGPJ, la pensión de alimentos debería ascender a 480 euros, en lugar de los 400 reconocidos en la sentencia. Con base en los mismos argumentos, considera la apelante incorrecta la distribución del abono de los gastos extraordinarios, en una proporción de 60% euros el padre y 40% la madre; ya que por una regla proporcional a los ingresos que dicha parte entiende se deben computar, es más equilibrado que el padre abone el 75% de los gastos extraordinarios y la madre el 25 % de los mismos.

Esta Sala estima correctamente valorada la prueba. En cuanto a los ingresos del hoy apelante, pretende la recurrente que se tengan en cuenta las retribuciones que constan en la declaración de IRPF de 2021, en lugar de las nóminas que han sido tenida en cuenta para fijar los ingresos del progenitor no custodio en la sentencia recurrida. La parte apelante pretende que se tengan en cuenta unos ingresos brutos de un ejercicio anterior a la fecha de la sentencia, sin que de dichos ingresos brutos se le reste la cantidad correspondiente al IRPF que se descuenta mensualmente. Estimamos que hemos de tener en cuenta los ingresos netos que percibe cada mes el progenitor no custodio para determinar el importe que puede abonar cada mes en concepto de pensión, aún cuando en una posterior declaración de la renta pueda salirle un resultado a devolver. Por otra parte, los ingresos que se puedan obtener de la venta de aceite -que el apelado aduce son de su madre-, también han sido tenidas en cuenta en la sentencia recurrida, si bien, de la misma manera, que los ingresos irregulares que pueda recibir por su trabajo en el Ayuntamiento la hoy apelante. En cuanto a los ingresos de la progenitora custodia, en la sentencia recurrida se han valorado los que percibía en dicho momento, sin que pueda conocerse si tras la extinción del subsidio por desempleo que se alega, pueda obtener algún otro tipo de ayuda por razón de los hijos a cargo, además de que la incapacidad permanente total que tiene reconocida lo es para su profesión habitual. Por ello, teniendo en cuenta que la cuantía establecida en la pensión de alimentos no incluye derecho de habitación, porque se ha acordado expresamente la atribución del uso de la vivienda familiar a la esposa e hijos, debiendo contribuir ambas partes al abono del préstamo hipotecario, no estimamos procedente, atendiendo a los ingresos netos que resultan de las nóminas, incrementar la cuantía establecida. De igual forma, no estimamos el motivo de recurso que pretende que se fije a cargo del progenitor no custodio un porcentaje de gastos extraordinarios del 75%, porque se parte en el recurso de unos ingresos brutos, al no descontar las retenciones por IRPF que mensualmente se practican por la empresa.

TERCERO.- Resta por analizar la impugnación de la desestimación de la pensión compensatoria que fue solicitada por la hoy apelante.

Regulada en el art. 97 CC, la pensión compensatoria se configura como una prestación económica a favor de un esposo y a cargo del otro tras la separación o divorcio del matrimonio, cuyo reconocimiento exige básicamente la existencia de una situación de desequilibrio o desigualdad económica entre los cónyuges o ex cónyuges, -que ha de ser apreciado al tiempo en que acontezca la ruptura de la convivencia conyugal y que debe traer causa de la misma-, y el empeoramiento del que queda con menos recursos respecto de la situación económica disfrutada durante el matrimonio ( STS 10 de febrero de 2005). El art. 97 CC impone al juez valorar, entre otras circunstancias, los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges, la edad y el estado de salud, la cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo, la dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge, la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal, la pérdida eventual de un derecho de pensión, y el caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. El concepto de desequilibrio ha sido objeto de interpretaciones diversas por las Audiencias Provinciales, al punto de distinguirse en la doctrina judicial dos tesis interpretativas: (1) la objetivista, conforme a la cual, el desequilibrio afecta a un cónyuge respecto al otro, siendo las circunstancias del artículo 97 CC meros parámetros para valorar la cuantía de la pensión; (2) la tesis subjetivista, que por el contrario, integra los dos párrafos del artículo 97 CC para determinar si existe o no desequilibrio entre los cónyuges compensable por medio de la pensión que regula. El Tribunal Supremo en la Sentencia del Pleno de la Sala Primera de 16 de enero de 2010 resuelve el recurso de casación en interés casacional, siguiendo la interpretación subjetivista del concepto de desequilibrio, de acuerdo con la cual hay que valorar todas las circunstancias del art. 97 CC. En la referida Sentencia, se resumen los criterios que ha ido consolidando el Alto Tribunal en la interpretación del artículo 97 CC, a saber: a) Que la pensión no es un mecanismo indemnizatorio (10-3 y 17-7-09); b) Que no constituye un mecanismo equilibrador de patrimonios de los cónyuges ( SSTS de 10 febrero 2005, 5 noviembre 2008 y 10 marzo 2009). Por su parte, la STS de 27 de junio 2011, consideró, en síntesis, lo siguiente: a) que presupuesto básico para la concesión o reconocimiento de la pensión es la existencia de un desequilibrio económico entre los cónyuges provocado por la ruptura conyugal que determine, para el acreedor de la pensión, un empeoramiento con relación a la situación de la que disfrutaba en el matrimonio (y no una situación de necesidad, por lo que compatible su percepción incluso en caso de contar con medios económicos para subsistir), siendo necesariamente al tiempo de producirse la ruptura cuando se han de valorar las circunstancias y resolver tanto lo referente a si procede o no reconocer el derecho y en qué cuantía, como además, sobre su duración indefinida o su fijación con carácter temporal; b) que partiendo de la concurrencia de desequilibrio, en la medida que la ley no establece de modo imperativo el carácter indefinido o temporal de la pensión, su fijación en uno y otro sentido dependerá de las específicas circunstancias del caso, particularmente, las que permiten valorar la idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico, siendo única condición para su establecimiento temporal que no se resienta la función de restablecer el equilibrio que constituye su razón de ser. La STS de 23 de enero de 2012, partiendo de la concurrencia de desequilibrio, en la medida que la ley no establece de modo imperativo el carácter indefinido o temporal de la pensión, señala como doctrina consolidada: (i) que su fijación en uno y otro sentido dependerá de las específicas circunstancias del caso, particularmente, las que permiten valorar la idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico, siendo única condición para su establecimiento temporal que no se resienta la función de restablecer el equilibrio que constituye su razón de ser ( SSTS de 17 de octubre de 2008 (RC núm. 531/2005 y RC núm. 2650/2003), 21 de noviembre de 2008 (RC núm. 411/2004) , 29 de septiembre de 2009 (RC núm. 1722/2007), 28 de abril de 2010 (RC núm. 707/2006), 29 de septiembre de 2010 (RC núm. 1722/2007), 4 de noviembre de 2010 (RC núm. 514/2007), 14 de febrero de 2011 (RC núm. 523/2008) y 27 de junio de 2011 (RC núm. 599/2009); (ii) que esta exigencia o condición obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso, particularmente, aquellas de entre las comprendidas entre los factores que enumera el artículo 97 CC, que según la doctrina de la Sala 1ª, fijada en STS de 19 de enero de 2010, de Pleno (RC núm. 52/2006), luego reiterada en SSTS de 4 de noviembre de 2010 (RC núm. 514/2007), 14 de febrero de 2011 (RC núm. 523/2008) y 27 de junio de 2011 (RC núm. 599/2009), entre las más recientes, tienen la doble función de actuar como elementos integrantes del desequilibrio y como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión, las cuales permiten valorar la idoneidad o aptitud de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio, juicio prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre.

La pensión compensatoria tiene como presupuesto el desequilibrio que "implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio; que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. De esto se sigue que, a diferencia de la pensión alimenticia, en la compensatoria no hay que probar la existencia de necesidad, toda vez que, como se ha dicho, el cónyuge más desfavorecido en la ruptura de la relación puede ser acreedor de la pensión aunque tenga medios suficientes para mantenerse por sí mismo. Lo que sí ha de probarse es que se ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge" ( SSTS de 19 y 20 de febrero de 2014, Rec. 2258/2012, y 2489/2012). La "legítima finalidad de la norma legal, la de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas, a las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial, resulta razonable entender que el desequilibrio que debe compensarse debe tener su origen en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia". Esto es, el requisito causal de que "tal desequilibrio traiga causa de la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia, razón por la cual la pensión, de concederse, deberá fijarse en cuantía y duración suficiente para restituir al este en la situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas, a las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial"" ( SSTS de 19 y 20 de febrero de 2014, Rec. 2258/2012, y 2489/2012).

En la sentencia recurrida se argumenta para desestimar la pretensión de establecimiento de una pensión compensatoria en los siguientes términos:

"En el supuesto sometido a examen resulta que de la extensa documentación que obra en las presentes actuaciones, no puede desprenderse ningún desequilibrio económico resultante de la separación -divorcio - por efecto de la presente resolución. No se aprecia que la demandante se encuentre en ninguna situación de inferioridad resultante de la crisis

matrimonial; como tampoco que la dedicación a su matrimonio le haya supuesto una pérdida de oportunidades en su formación y desarrollo profesional. Tan sólo se ha puesto de manifiesto la presumible pérdida de unos ingresos anuales procedentes del aceite que ambos vendían y que ascendía a escasos 1.500 euros anuales por miembro de la pareja, no siendo esta pérdida suficiente para sustentar una pensión de la naturaleza que aquí se solicita."

En el recurso de apelación se impugna el anterior pronunciamiento alegando igualmente error en la apreciación de la prueba, por considerar la apelante que de haberse valorado correctamente se habría llegado a la conclusión de que doña Bernarda queda en clara inferioridad. Se alega que el demandado reconoció -y no es un hecho controvertido-, que los gastos fijos mensuales del matrimonio (excluidos los alimentos) son los reflejados en el documento 26 aportado por la apelante por importe de 968,06 euros, siendo de suponer que la misma debe pagar la mitad (484,03 euros), por lo que tendría que destinar prácticamente el 100% de su pensión, sin que le quedara nada para subsistir, teniendo en cuenta que en la sentencia se acuerda que son de su cargo los gastos derivados del uso de la vivienda y el pago de los suministros, además de que se ha puesto de manifiesto la presumible pérdida de unos ingresos anuales procedentes del aceite que ambos vendían y que ascendía a 1.500 euros. Se añade en el recurso que a la esposa, de 43 años, le ha sido reconocida una Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual, lo que unido a que reside en el municipio de DIRECCION000, con solo 1.413 habitantes y una economía sin industria ni servicios, hacen que las posibilidades de que encuentre una ocupación sean mínimas; mientras que don Jose Ángel ha sido reconocido con un puesto fijo en la Administración Autonómica y es bombero de la Junta de Andalucía, puesto que ha conseguido por haber podido dedicarse a estudiar y posicionarse laboralmente, gracias al sacrificio de su hasta ahora cónyuge, que ha dedicado todo su tiempo y esfuerzos al matrimonio y a cuidar de la familia, de la casa y de los hijos. Por todo ello, entiende que se produce un claro desequilibrio económico resultante del divorcio, quedando la ex esposa en una llamativa situación de inferioridad resultante de la crisis matrimonial, estimando acreditado que la dedicación a su matrimonio y su incapacidad permanente toral le han supuesto una pérdida de oportunidades en su desarrollo profesional.

Esta Sala comparte la valoración probatoria realizada en la instancia, que estimamos resulta ajustada a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. En el presente caso, no estimamos acreditado que la ruptura produzca un desequilibrio en la esposa, ya que según la vida laboral, la misma ha podido trabajar durante el matrimonio. Consta que la esposa ha trabajado antes del matrimonio, que se le reconoció la pensión por incapacidad permanente total, lo que no es suficiente para considerar que la ruptura provoca un desequilibrio, porque éste no deriva de la ruptura matrimonial y puede compensarse a través del sistema público de pensiones, como de hecho, acontece, mediante el reconocimiento de la prestación. Ninguna de las circunstancias alegadas en el recurso modifican los argumentos de la sentencia apelada, debiendo recordarse que no estamos ante un mecanismo equilibrador de economías dispares, ya que no se trata de equiparar económicamente los patrimonios, porque no significa paridad o igualdad absoluta entre dos patrimonios ( SSTS de 10 de febrero de 2005 y 3 de noviembre de 2011). Resulta acreditado que la esposa ha podido trabajar antes del matrimonio y que la incapacidad para trabajar en su profesión habitual deriva de la declaración de incapacidad permanente total, lo que no impide que pueda trabajar en distintas profesiones, como de hecho ha trabajado tras el reconocimiento de dicha situación de incapacidad permanente.

Por otra parte, la solución adoptada en la instancia, que esta Sala comparte, resulta acorde con lo resuelto en la STS 499/2917, de 13 de septiembre, en la que se estima que no hay desequilibrio económico tras la ruptura cuando no se ha acreditado que haya sido el matrimonio el causante del perjuicio económico de uno de los cónyuges, en un caso en el que se debatía la procedencia o no de la atribución de una pensión compensatoria a favor de la esposa, a la que, como consecuencia de una enfermedad, le fue modificada su capacidad. La sentencia de casación considera que el matrimonio no ha supuesto perjuicio alguno para la esposa, quien ha podido desempeñar su actividad laboral constante el matrimonio, residiendo la diferencia salarial actual entre ambos cónyuges en la enfermedad de la esposa y no en el sacrificio que hubiera tenido que realizar en beneficio de un mayor desarrollo profesional del esposo. En concreto se señala en dicha sentencia:

" 3.- Una de las circunstancias que el artículo 97 exige tener en cuenta es el caudal y medios económicos y necesidades de cada uno de los cónyuges. Es la que tiene en cuenta la sentencia, cuando hay otras. La cuantía del patrimonio no es determinante por si sola para justificar un eventual derecho a la pensión ni resulta directa y obligadamente del matrimonio. Lo esencial es tener en cuenta lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial y, entre otras cosas, pues a ninguna más se refiere la sentencia, el cuidado y atención de los hijos, ahora bajo la custodia y alimentación exclusiva del padre, el uso de la vivienda familiar, atribuido a la esposa, y el régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges en el que podrán canalizarse esas disposiciones que se dicen hechas por el esposo, y que en el caso es el de gananciales en el que los mayores ingresos del esposo durante el matrimonio se podrán de manifiesto en el momento de la liquidación de la sociedad.

4.- Lo cierto es que el matrimonio no impidió trabajar a la esposa ni le privó de expectativas laborales, hasta su jubilación, como reconoce la sentencia, y lo que tampoco se ha probado es que la diferencia de ingresos entre los cónyuges traiga causa directa del sacrificio asumido por la esposa durante el matrimonio por su mayor dedicación a la familia y en concreto por el cuidado de los dos primeros hijos, ni que este sacrificio se encuentre en relación directa con el progresivo incremento de los ingresos del esposo por su trabajo durante el tiempo que duró el matrimonio, pues nada se dice en la sentencia.

5.- El matrimonio, en suma, no ha supuesto ningún perjuicio a la esposa, no solo por la situación económica de ambos esposos, sino porque esta posible diferencia salarial queda desdibujada desde el momento en que es a la esposa a la que se atribuye el uso de la vivienda y se la exonera de cualquier gasto de los hijos, y la situación de cada uno al término de su relación más tiene que ver con su enfermedad, que no tuvo incidencia en el matrimonio, salvo en un periodo muy próximo a la ruptura, que con la pérdida de su capacidad laboral o el sacrificio que hubiera tenido que asumir en beneficio del otro."

Por todo lo expuesto, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución recurrida.

CUARTO.- Desestimado el recurso de apelación, conforme a los artículos 398.1 y 394.1 de la LEC, las costas procesales devengadas en esta alzada han de ser impuestas a la parte apelante. No obstante, estimamos que el caso solicita dudas que justifican la interposición del recurso, por lo que no procede una expresa imposición a ninguna de las partes.