Sentencia Civil 138/2024 Audiencia Provincial Civil-penal de Ceuta nº 6, Rec. 95/2023 de 23 de abril del 2024

PRIMERO.- Sentencia estimatoria de una demanda en reclamación de cantidad. Alcance del fallo de dicha resolución como consecuencia de una sucesión procesal. Condena a la herencia yacente del demandado originario: Como se ha indicado en el antecedente primero de la presente resolución, una persona física formuló una demanda de juicio ordinario contra otra, en la que solicitó que se le condenara a pagar 62.700 euros, más " ...el interés legal desde la fecha de reclamación extrajudicial...". Ello se fundó, resumidamente, que habían tenido una " ...especie de sociedad civil verbal por la que tras descontar a los ingresos brutos, los gastos..." de unos laboratorios de análisis clínicos " ...se repartían el neto a partes iguales...", adeudándosele tras cesar sus relaciones el 04/08/2011 la cantidad 44.700 euros correspondientes al años 2010, de los que se habían satisfecho 10.000 euros mediante un cheque, y 28.000 euros por 7 meses y 11 días de 2011, como se había reconocido en un documento.

Según se ha expuesto en el antecedente segundo y quinto, el demandado se opuso a la demanda, dictándose una sentencia en la que se estimó la misma íntegramente, pero no condenado a aquél, sino a otras tres personas físicas.

La explicación de que se condenara a tres personas distintas de la originariamente demandada se encuentra en lo expuesto en el antecedente cuarto de la presente resolución. Como allí se ha referido se dispuso que aquéllas ocuparan su posición tras su fallecimiento en aplicación del artículo 16 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al manifestar que eran sus sucesores.

Ante tal situación tiene que aclarar este Tribunal el alcance del fallo de la sentencia, sobre lo cual tiene que destacarse lo siguiente:

a) La muerte de una persona, como le ocurrió al demandado originario determinaba la apertura de su sucesión conforme con el artículo 657 del Código Civil.

b) La apertura de la sucesión produce la vocación de la herencia del fallecido, como llamada general y abstracta a todos sus posibles sucesores, y la delación de la misma, entendida como ofrecimiento concreto a quienes tenían preferencia legal a ocupar tal posición, a los que se les atribuye el denominado " ius delationis".

c) Efectuada esa llamada y ofrecimiento de la herencia a los potenciales sucesores, sólo se adquirirá la condición de herederos mediante su aceptación, existiendo entretanto la denominada herencia yacente, que surge con la muerte del causante, y que es el patrimonio correspondiente al mismo susceptible de transmisión que interinamente, a grandes rasgos, carecerá de titular conforme con los artículos 440, 657, 661, 989, 1.003, 1.006, 1.010, 1.019 y 1.023 del Código Civil.

d) Después de que el artículo 998 del Código Civil establezca que la aceptación puede ser pura y simple o a beneficio de inventario, su artículo 999 establece lo siguiente:

" La aceptación pura y simple puede ser expresa o tácita.

Expresa es la que se hace en documento público o privado.

Tácita es la que se hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar, o que no habría derecho a ejecutar sino con la cualidad de heredero.

Los actos de mera conservación o administración provisional no implican la aceptación de la herencia, si con ellos no se ha tomado el título o la cualidad de heredero".

e) Desde que consta en el procedimiento el fallecimiento del demandado originario no se ha partido en momento alguno de que los llamados a sucederle, que se ha asumido que sólo son las tres personas a las que se ha referido el fallo de la sentencia, hubieran aceptado expresa o tácitamente su herencia ni de que se haya puesto en marcha siquiera el mecanismo previsto en el artículo 1.005 para forzarles a decidir al respecto.

f) Hasta que no se produzca esa eventual aceptación no se adquiere la condición de heredero, como se ha dicho, ni se extiende a esas personas llamadas a suceder al demandado originario la responsabilidad por sus deudas conforme con el artículo 1.003 del Código Civil.

Ello es lo que implícitamente parece haberse entendido en la sentencia, puesto que no se ha establecido de forma alguna el régimen de responsabilidad de las personas que formalmente se condenaban.

g) A la herencia yacente que no se sabe si persiste siquiera aún se le atribuye capacidad para ser parte en el artículo 6.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ahora bien, ello no le atribuye una personalidad jurídica propia y distinta de la de todos los llamados a suceder, cuyo interés en cómo pueda verse afectada por el procedimiento es obvia, en tanto que, de constituirse en herederos por la aceptación, los efectos se retrotraerían al momento de la muerte del causante conforme con el artículo 989 del Código Civil, ni puede concebirse como algo completamente distinguible y separable de ellos.

h) Como consecuencia de lo expuesto en el apartado anterior, de constar la muerte del potencial deudor antes de iniciarse el procedimiento la demanda habría debido dirigirse, en principio, como mantuvo el Tribunal Supremo en sentencias como las de 20/09/1982 y 21/05/1991, frente a los siguientes demandados:

h.1) La herencia yacente.

h.2) Los llamados a suceder al fallecido que fueran conocidos.

j) Produciéndose en este caso la muerte durante la tramitación del procedimiento y constando todos los posibles sucesores del demandado originario, que han comparecido como tales, lo que el artículo 16 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula son los efectos procesales de la apertura de la sucesión, pero no la atribución en sí a los mismos de la condición de herederos y la consiguiente extensión de responsabilidad por las deudas del difunto a ellos conforme con el artículo 1.003 del Código Civil.

El fallo de la sentencia de primera instancia debe entenderse que se extiende, por lo tanto, a esas personas formalmente condenadas como titulares de esa expectativa de derecho que les atribuye la apertura de la sucesión en tanto que conste su aceptación.

k) De confirmarse la sentencia de primera instancia y se verifica la aceptación la herencia de una u otra manera podrá el hoy demandante promover la ejecución del fallo contra uno u otros de los llamados a suceder al demandado originario o todos ellos conforme con los artículos 538.2.2º y 540 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO.- Cuestiones controvertidas en la fase de apelación: Como se ha referido en los antecedentes sexto y séptimo, los sucesores del demandado originario han recurrido en apelación la sentencia de primera instancia interesando que se revoque y se desestime la demanda, a lo que se opuso el demandante.

Para determinar si les asiste la razón a los recurrentes tiene que partirse de que, como se ha expuesto con mayor extensión en el antecedente segundo, el demandado originario se opuso a la demanda cuando contestó a la misma sobre la base de dos pilares fundamentales: poniendo en duda la realidad de que hubiera asumido con su firma el contenido del documento referido en la demanda y su capacidad mental para saber qué estaba haciendo si realmente ocurrió.

En la sentencia recurrida, como se ha indicado en el antecedente quinto, se entendió acreditada la firma por el demandado de ese documento, así como la existencia de las relaciones jurídicas entre el mismo y el demandante y el cobro del cheque para saldar parte de lo adeudado, y se llegó a la conclusión de que no se había probado que el primero tuviera mermada su capacidad mental para asumir lo allí plasmado.

Sobre tal base, lo siguiente que tiene que hacerse es determinar qué hechos concretos de los alegados por las partes son incontrovertidos. La razón de darle tanta importancia a ello se debe que, conforme con el artículo 281.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estarían exentos de la necesidad de ser probados.

Partiendo de lo razonado y como se ha referido en el antecedente tercero, en la audiencia previa se pusieron en marcha con mayor o menor fortuna los mecanismos establecidos en el artículo 427 y 428.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, encaminados, entre otras finalidades conexas, a fijar los hechos sobre los que hubiera o no una auténtica discusión entre las partes.

Como consecuencia de la aplicación de los dos preceptos antes indicados puede llegarse a la conclusión, partiendo de los documentos a los que se remitieron, de que ya desde entonces no había discusión entre las partes, cuando menos, sobre los siguientes hechos:

1.-Desde un tiempo indeterminado se realizaba una actividad de análisis clínicos a través de dos laboratorios, uno situado en la DIRECCION000 y otro en la DIRECCION001 de Ceuta.

2.-El demandado originario llevó a cabo la actividad de análisis clínicos antes referida.

3.-El demandante prestó, cuando menos, servicios en los laboratorios antes indicados a cambio de la obtención de ingresos económicos.

4.-La Tesorería General de la Seguridad Social impuso una multa al demandante por falta de afiliación del mismo y de alta en el régimen especial de autónomos durante el período comprendido entre enero de 2010 y mayo de 2011 por el ejercicio del mismo de la actividad antes referida, que fue dejada sin efecto mediante una sentencia dictada el día 07/05/2013 por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Ceuta.

5.-La prestación de servicios del demandante en los laboratorios había cesado ya, con independencia de cuándo tuviera lugar respecto de uno u otro de ellos.

6.-Tras dejar de prestar el demandante los servicios antes indicados continuó el demandado originario con la explotación de la misma actividad de análisis clínicos.

7.-El demandado originario comunicó el 05/01/2012 a las personas con las que tenía una relación laboral para la explotación de dicha actividad por sí sólo la extinción de la misma por su incapacidad para continuar desarrollándola al padecer la enfermedad de Alzheimer.

8.-La procedencia de la extinción de las relaciones laborales antes indicada fue declarada mediante una sentencia dictada el día 26/07/2012 por el juzgado de lo social número 1 de Ceuta.

9.-La redacción por el demandante de un documento, fechado el 04/08/2011, en el que se atribuyen al demando originario una serie de declaraciones, suscrito con una firma que se afirmó que correspondía a este último, que es el lo que se ha denominado por las partes y en la sentencia recurrida como " reconocimiento de deuda". Cuestión diferente es si, efectivamente, se puso aquélla por él.

10.-El día 10/10/2010 efectuó un requerimiento a través de un burofax certificado al originario por importe de 62.700 euros, conminándole también a comparecer en el despacho del letrado que firmaba la demandada para determinar cómo se iban a liquidar los enseres propiedad de ambos, que fue recogido el 14/10/2011 por quien se identificó como "... Dolores..." en la DIRECCION001 de Ceuta.

11.-No se habían abonado los 62.700 euros cuyo pago se había requerido.

Si realmente era discutido, lo que no puede llegar a saberse a tenor de cómo se aplicaron los artículos 427 y 428.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la audiencia previa, resulta patente por la posición adoptada por los recurrentes en las conclusiones vertidas tras la práctica de las pruebas en el trámite de conclusiones que prevé su artículo 433.2 y 3 y en la apelación que, alcanzada esta fase del procedimiento, no existía ya discrepancias fácticas, fuera de toda duda, sobre la existencia de un convenio entre el demandante y el demandado originario sobre que, como se alegó en la demanda, se repartían por mitad las ganancias obtenidas con la realización de la actividad análisis clínicos previa detracción de los gastos generados por la misma y que el segundo de ellos padecía la enfermedad de Alzheimer el 11/10/2011 y que se abonó al primero el cheque de 10.000 euros que se decía descontado de la cantidad adeudada en el documento ya referido.

Sentado lo anterior, sólo puede considerarse controvertido aún que el demandado originario hubiera puesto su firma sobre ese documento calificado como " reconocimiento de deuda" y, en caso de haber ocurrido, que tuviera capacidad para entender qué estaba haciendo.

Si volvemos sobre el antecedente de hecho sexto se apreciará que el recurso, en sí, se centró exclusivamente en discutir que la juzgadora había errado al valorarse la prueba sobre esos dos extremos antes indicados.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal tiene que llevar a cabo una nueva valoración de las pruebas practicadas sobre los dos extremos de hecho antes indicados conforme con el artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para determinar después si la consecuencia jurídica que se les pretendía atribuir conduce o no a la estimación de la demanda.

Para poder entender correctamente cómo se ha desarrollo por este Tribunal dicha labor tiene que describirse el contenido esencial de ese documento, que es el siguiente:

1º.-En la parte superior aparece fotocopiado un cheque de la entidad Unicaja por importe de 10.000 euros, librado a favor del demandante contra la cuenta número " ... NUM000... " y fechado el 04/08/2011, en cuya parte inferior figura los nombres del demandado originario y de Jacinta, que es una de las recurrentes.

2º-Debajo de la fotocopia del cheque aparece el siguiente texto:

" ...Al día de hoy 4-8-2011, me debe el Sr. Felix, 34.700 E del año 2010 y 7 meses y 10 días del año 2011 que son 28.000 E. También pagar[é] la mitad de la multa si se la ponen.

Este talón de 10.000 E est[á] descontado de los 44.700 E que me debe del año 2010, y se compromete a pagármelo antes del día 10-8-2011. Falta llegar a un acuerdo en repartir la mitad de los enseres y reactivos que hay en el laboratorio.

Fdo. Dr. Rosendo... ".

3º.-Debajo de ese texto aparece una firma manuscrita.

4º.-Debajo de la firma manuscrita aparece el siguiente texto:

"...*Por finalización de actividad de D. Gervasio con el Sr. Rosendo.

Enseres (Fotocopiadoras, neveras muebles, microscopio, estufas, centrifugadores etc)... ".

TERCERO.- Resultado de la valoración de las pruebas practicadas sobre los hechos controvertidos: Realizada la nueva valoración de las pruebas practicadas por este Tribunal sobre los hechos sobre los que se mantiene la controversia, el resultado es el siguiente:

1) Firma por el demandado originario del documento fechado el día 04/08/2011: sobre este hecho concreto se han practicado tres periciales caligráficas, dos que actuaron a instancia de cada una de las partes y otra más de designación judicial.

Los dictámenes escritos del perito del demandante y el judicial coincidieron en que la firma puesta en el documento fechado el día 04/08/011 es la del demandado originario.

El dictamen escrito del perito de la parte demandada concluyó con que " ...por la sencillez del trazo y calidad de las gestualidades expuestas, no es posible atribuir la firma cuestionada a la personalidad escribiente..." del demandado originario.

La valoración de las conclusiones de los peritos tiene que realizarse conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación de los artículos 348, 350 y 351 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, atendiendo para ello a lo expuesto en sus dictámenes escritos y al intervenir en el juicio, como autorizaba su artículo 347.

Sentado todo lo anterior debe coincidirse con la juzgadora de instancia sobre la procedencia de atribuir la firma de ese documento al demandado originario por lo siguiente:

1.1) Como punto de partida, no puede obviarse la existencia de que esa convicción se encuentra apoyada en dos dictámenes periciales, sobre los que tiene que destacarse que respecto de la autora de uno de ello, por ser de designación judicial, es más difícil de apreciar que pudiera concurrir cualquier causa que pudiera nublar su objetividad, más allá de que todo perito venga obligado a actuar privado de cualquier subjetivismo, so riesgo de incurrir en un delito castigado en los artículos 459 y 460 del Código Penal. Cuestión diferente es, obviamente, su acierto.

1.2) Al menos desde el punto de vista formal y salvo que no atinara a exponer correctamente el perito de la parte demandada la conclusión en dictamen escrito, no coincidía exactamente con lo que indicó en el juicio. En aquél, como se extrae de lo ya referido, parece sostener que no se puede atribuir la autoría de la firma a una persona concreta, mientras que en el segundo sostuvo que era falsa, siendo suplantada por la hecha por otra. Se trata de un primer elemento a tomar en consideración para cuestionar la corrección de su pericia.

1.3) Es también llamativo que en el dictamen escrito el perito de la parte demandada se sostuviera que realizó la pericia sobre el original del documento cuestionado, mientras que en el juicio admitió que se trataba de una copia del mismo, lo que a lo largo de su intervención, coincidiendo con los demás, expuso que limitaba las posibilidades de realizar ciertas comprobaciones técnicas, como es lógico.

1.4) No es muy revelador de la fortaleza de las conclusiones del perito de la parte demandada que pareciera criticar por tener por indubitados para el cotejo con el dubitado unos documentos que legalmente no podían tener tal condición, como se había hecho por el del demandante, mientras que en su dictamen escrito él mismo realizaba operaciones periciales utilizando algunos que igualmente no podrían ser calificados como tales según sus razonamientos.

1.5) El perito de la parte demandada basó la mayor parte de sus conclusiones en la existencia de unos gestos típicos, atribuibles innatamente a cada persona, que discordaban entre los documentos que consideró dubitados e indubitados, pero, además de apreciarse que en algunas ocasiones al hacer tal consideración tomaba partes distintas de una misma firma, parece hacerse tal operación sobre una muestra selectiva, no con el conjunto de todas las demás de las que disponía, que de por sí, aún calificándolas él mismo como indubitadas, presentaban importantes diferencias a simple vista.

1.6) El perito de la parte demandada criticó en el juicio la utilización por el del demandante de lo que calificó como una técnica desfasada (la superposición de firmas) cuando, en realidad, lo que este último se refería con ello no era algo distinto de los que el primero afirmó haber hecho, esto es, comparar analíticamente los trazos de las firmas que se consideraban indubitadas con diferentes tramos de la dubitada con independencia de que unas se superpusieran sobre las otras o se pusieran a un lado a tal fin.

1.7) El perito del demandante, como sostuvo en el juicio oral y se extrae del propio dictamen, realizó sus comprobaciones sobre el documento original. Es el único que actuó así, incrementándose así la fiabilidad de sus conclusiones.

1.8) Sobre la base del original del documento, el perito que actuó por el demandante razonó que en su trazado físico sobre el papel no se apreciaban signos reveladores de manipulación y, lo que es más importante, de indecisión en su realización.

1.9) Frente a lo alegado en el recurso, el perito de la parte demandada no fue el único que tomó en consideración lo que denominó grafometría tendencial y a lo que tanta importancia le atribuyó en él. La judicial hizo la misma operación de comprobación, que consiste en la medición de las proporciones de sus distintas partes de las firmas dubitadas e indubitadas.

1.10) La perito judicial se centró especialmente en esos gestos tipos innatos a los que el de la parte demandada sostuvo en el juicio que habría que atender muy especialmente y, además, lo hizo de una perspectiva mucho más lógica que como lo efectuó el segundo, que se centraba para rechazar tener por justificada la correspondencia entre firmas en detalles excesivamente precisos, que sólo podrían compararse a ese nivel de forma válida si todas las firmas que una persona pusiera a lo largo de su vida fueran prácticamente idénticas, lo que es notorio que no responde a la realidad y se evidenciaba a simple vista por las que según él podían considerarse indubitadas.

1.11) Aparte de las periciales, supone una corroboración, aún lejana, de quién puso la firma en ese documento, las manifestaciones en el juicio del testigo Benedicto.

Asumiendo el tiempo transcurrido (el juicio se celebró el 13/02/2023) y entremezclando afirmaciones que sólo si se examinan en su conjunto pueden llegar a entenderse, como en lo relativo a que tanto el demandante como el demandado originario firmaron el documento a pesar de que sólo consta una firma y que por el contexto de aquéllas más bien lo que parecía querer decir es que lo que presenció fue que dos personas mostraban su conformidad a un asunto que estaban tratando, mantuvo que el primero le dijo al segundo que rubricara de su mano el papel que le ofreció.

Enlazó ese acto, que mantuvo que presenció por casualidad cuando acudió al laboratorio, con que ya le constaba que el demandante no podía seguir realizando su actividad con el demandado originario por haberle advertido el Instituto de Gestión Sanitaria de la incompatibilidad que tenía para ello.

Añadió también que apreció en el documento un membrete. En el reverso del aportado con la demanda aparece impreso, efectivamente, el de una sociedad (Balagué Center S.A.) con un logotipo.

Además de lo anterior, sostuvo haber presenciado la conversación entre el demandante y otro testigo ( Damaso) sobre la existencia de un acuerdo entre aquél y el demandado originario, adeudándole este último al primero una cierta cantidad.

1.12) La importancia de que el testigo Benedicto hubiera presenciado esa conversación entre el demandante y Damaso no puede dejarse de destacar. La razón de ello radica en que este último, que evidenció tener por sus manifestaciones una vinculación muy especial con el demandado originario y que ninguna razón habría para negarle la credibilidad, más allá de que se considerase incontrovertido finalmente, sostuvo en el juicio que cada ciertos periodos él hacía liquidaciones de las cantidades obtenidas por la actividad de análisis clínicos, descontando de los ingresos brutos los gastos y lo que se hubiera tomado de la caja y dividiéndolo por mitad entre ese último y el demandante, que se reunían, las examinaban y firmaban si estaban de acuerdo, así como que en varias ocasiones había preparado lo necesario para terminar con su relación con este último, pero al final se había echado atrás.

Se evidencia pues, una voluntad de separación mantenida en el tiempo, que es lo que subyace también al contenido del documento incluso teniendo solo en cuenta el texto situado por encima de la firma manuscrita, lo que constituye una nueva corroboración de la asunción del mismo por el demandado originario.

Las amenazas a las que según el recurso sostuvo el testigo que se habría sometido el demandado originario, fuera cual fuese el objetivo con el que se esgrimió, carecen de cualquier relevancia. En primer lugar, en parte de las mismas lo que vino a indicar es que consistían en que cuando se proponía la separación el demandante le indicaba que se llevaría a todos los clientes, lo que le hacía al primero echarse atrás. El resto, que consistían en que le hubiera dicho que le iba a pegar, manifestó que era algo que ni siquiera se tomó en serio poque era muy bromista.

1.13) La Agencia Estatal de la Administración Tributaria informó, en lo que tiene que considerarse como una " respuesta escrita" de las previstas en el artículo 381 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que el demandado originario había indicado en la declaración anual de 2010 de retenciones a cuenta e ingresos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas que había retenido al demandante 3.353,50 euros a cuenta correspondiente a 44.700 euros, que es lo que se indicaba en el documento cuestionado que se le adeudaría por esa anualidad.

Dada la fuente de la información y el dato en sí facilitado no cabe dudar de la veracidad del mismo atendiendo a las reglas de la sana crítica conforme con el artículo 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, más allá de que, concordando con él, se aportara en la audiencia previa, sin que fuera impugnado en aspecto alguno, un " certificado de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas", fechado el 15/06/2011 y suscrito con una firma aparentemente idéntica a la del documento de reconocimiento tantas veces referido y atribuida al demandado originario, en el que se indicaba que se había pagado al mismo la suma de 44.700 euros y se le había retenido 3.352,50 euros en el ejercicio 2010.

1.14) El cobro del cheque de 10.000 euros que es incontrovertido que se llevó a cabo, termina de corroborarlo, máxime cuando se acredita que se efectuó a favor del demandante el 17/08/2011, fecha muy próxima a la del documento, según se extrae de la " respuesta escrita" remitida al órgano judicial por la entidad Bankia S.A.

De nuevo la fuente de procedencia del dato y la naturaleza del mismo harían que dudar de la veracidad de tal información atentara con la sana crítica a la que exige atender el artículo 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por todo ello, ninguna duda puede caber sobre la autenticidad del documento, que realmente, nunca se puso en entredicho de forma clara, concordando, por lo demás, su fecha con su contenido, la indicación de cuándo habría de cobrarse el cheque y que ello se efectuara.

2) Facultades mentales del demandado originario el día 04/08/2011: no es controvertido que al demandado originario se le diagnosticara Alzheimer el 11/10/2011 ni que ello motivara después el cierre de la actividad de análisis clínicos y el despido de los trabajadores posteriormente. El demandante ni siquiera impugnó los tres informes médicos que se aportaron con la contestación a la demanda en los que se hacía el juicio clínico de apreciación de que se sufriera tal enfermedad en su fase moderada ya en dicha fecha. El problema radica en hasta cuándo puede remontarse ese padecimiento y su alcance.

Ninguno de los testigos sostuvo que el demandado originario presentara algún tipo de merma en sus capacidades en el momento en que se ha acreditado que suscribió el documento tantas veces referido.

De otro lado, sólo se cuenta de entre los facultativos que hubieran realizado los informes médicos antes indicados con la intervención en el juicio de Pablo, que elaboró el suyo el 30/04/2012.

Dicho facultativo expuso que no podía saberse cuál sería el estado que tendría el demandado originario el 04/08/2010, puesto que se trataba de una enfermedad que tiene una evolución muy diferente en cada persona, aunque lo normal es que el grado moderado de afectación que apreció en abril de 2012 no se desencadenara en periodo relativamente corto de unos pocos meses, más allá de cuándo aparecieran los primeros síntomas.

No obstante, tan importante como hasta cuándo podamos retrotraer los padecimientos, es que, como destacó el deponente en el juicio, existen una gran variedad de " dominios cognitivos" que pueden verse alterados de una u otra forma y en mayor o menor extensión.

Esos nos lleva a no poder entender acreditado que los recuerdos del demandado originario sobre cómo se había desarrollado su actividad con el demandante y las incidencias del mismo, así como la libre formación de su voluntad de asumir lo declarado en el documento, se hubieran visto siquiera mínimamente afectadas, aunque lo pudieran estar otras facetas cognitivas, sobre todo cuando un tiempo antes, el 15/06/2011, había emitido personalmente ese " certificado de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas" que coincide plenamente con aquél en cuanto al importe correspondiente al año 2010.

CUARTO.- Reconocimiento de deuda efectuado por el demandado originario: El documento que es incontrovertido que redactó el demandante y que se ha acreditado que firmó el demandado originario supone, tal como se extrae de esta última circunstancia y de su contenido, la asunción del segundo de que tenía que pagar al primero una cantidad total de 72.700 euros y que para la satisfacción de 10.000 euros de la suma total se entregaba un cheque, que tampoco se discute que se cobró.

No discutiéndose siquiera que el sentido evidente de las palabras contenidas en ese documento, que sería a lo primero que habría que atender conforme con el artículo 1.281 del Código Civil, no coincidiera con la intención del firmante y representando la firma una de las manifestaciones más evidente de la prestación del consentimiento a la asunción de unas declaraciones de voluntad, nos encontramos, como se sostuvo desde la demanda, ante un reconocimiento de deuda.

El reconocimiento de deuda constituye un negocio jurídico unilateral, admisible en derecho dentro del amplio margen que el artículo 1.255 del Código Civil concede a la autonomía de la voluntad y que, con referencia o no a la causa de la misma, en este caso apuntada en el propio documento ya sólo tomando el texto que precedía a la firma y que, subyace con claridad a las pruebas practicadas (sumas que restaba por abonar al demandante tras cesar él en la actividad de análisis clínicos que realizaba conjuntamente con el demandado originario) vincula en principio a quien así lo declara, dando fijeza a las obligación subyacente y pudiendo recabarse judicialmente su cumplimiento conforme con el artículo 1.901 del citado cuerpo legal y el artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

QUINTO.- Potencial ineficacia del reconocimiento de deuda: El reconocimiento de deuda, como todo negocio jurídico, no desplegará los efectos obligaciones que le son propios, siendo por ello susceptible de calificarse nulo, cuando se efectúe sin mediar un verdadero consentimiento por carecer de unas facultades mentales que permitan ser consciente de la emisión del mismo y su significado, conforme con los artículos 1.261, 1.262 y 1.263 del Código Civil en la redacción vigente el 04/08/2011, con independencia de que se hubiera incapacitado o no judicialmente a la persona de que se tratase en virtud de sus artículos 199 y 200, también en la redacción vigente entonces.

SEXTO.- Aplicación de las normas sobre la carga de la prueba en perjuicio de la parte demandada: No pudiendo acreditarse, aunque tampoco descartarse, que el demandado originario careciera al tiempo de efectuar el reconocimiento de deuda de unas facultades mentales que le permitirán ser consciente de que estaba asumiendo unas declaraciones de voluntad y el significado de las mismas, las consecuencias negativas de tal incertidumbre deben recaer sobre su herencia yacente conforme a lo expuesto en el fundamento de derecho primero y lo que dispone el artículo 217.1 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que hace que la estimación íntegra de la demanda fuera correcta.

Es imposible apreciar en el demandante una mayor facilidad o disponibilidad probatoria para acreditar la plena capacidad para emitir el consentimiento del demandado originario que permitiera invertir las normas sobre la carga de la prueba y desestimar la demanda en aplicación del artículo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SÉPTIMO.- Costas de la primera instancia: Conforme con los artículos 394 y 397 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procediendo confirmar la estimación íntegra de la demanda tiene que hacerse lo propio con el pronunciamiento condenatorio sobre las costas procesales de la primera instancia.

No concurren serias dudas de hecho o de derecho que permitan ordenar que cada parte abone las costas procesales causadas a su instancia y las comunes por mitad. No equivalen a las primeras la aplicación de las normas sobre el reparto de la carga de la prueba. En cuanto al aspecto jurídico, las normas sustantivas y procesales aplicadas son básicas.

OCTAVO.- Costas derivadas del recurso de apelación: Al proceder desestimar el recurso de apelación tiene que condenarse a los recurrentes a abonar las costas procesales generadas por la apelación conforme con los artículos 394 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su redacción anterior, que es la aplicable al caso en virtud de la disposición transitoria segunda del Real Decreto-Ley 6/2023.

Los argumentos sobre la inexistencia de serias dudas de hecho o de derecho referidas en el fundamento de derecho anterior son extensibles a las costas generadas por el recurso de apelación.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, procede resolver lo siguiente: