Sentencia Civil 125/2023 Audiencia Provincial Civil de A Coruña nº 3, Rec. 74/2023 de 12 de abril del 2023

PRIMERO.- Fundamentación de la sentencia apelada .- Se aceptan y comparten los fundamentos de derecho de la sentencia apelada, que se dan por reproducidos como parte integrante de la presente en aras a inútiles repeticiones.

SEGUNDO.- Objeto del litigio .- La cuestión litigiosa planteada, en lo que afecta a lo que es objeto de este recurso, puede resumirse en los siguientes términos:

1.º) Don Domingo, nacido en 1981, y doña Eva, nacida en 1987, contrajeron matrimonio en el año 2006. Tienen un hijo, Luciano, nacido en NUM005 de 2013.

Se afirma que don Domingo está en situación de Incapacidad Permanente Absoluta, percibiendo una pensión de unos 1.400 euros al mes. Doña Eva trabaja en un establecimiento de una cadena de supermercados, realizando turnos rotatorios de mañana y tarde, con unos emolumentos de unos 1.000 euros mensuales netos. El menor está escolarizado en un centro público muy cercano a su domicilio.

El domicilio familiar es una vivienda arrendada.

2.º) Los cónyuges cesaron la convivencia en septiembre-octubre de 2021, marchándose doña Eva del domicilio familiar y fijando su residencia en una vivienda alquilada muy próxima a la anterior.

Desde entonces pactaron un régimen de custodia compartida por semanas para la guarda del hijo común.

3.º) El 11 de enero de 2022 don Domingo formuló demanda de divorcio solicitando, en lo que aquí afecta, un régimen de custodia compartida.

4.º) El 1 de febrero de 2022 doña Eva dedujo demanda de divorcio, peticionando que se estableciese un régimen de custodia monoparental, y subsidiariamente compartida.

5.º) En las contestaciones a las demandas respectivas, cada parte mantuvo sus planteamientos. Se acumularon ambos expedientes judiciales.

6.º) El Ministerio Fiscal interesó que se estableciese un régimen de guarda y custodia compartida por semanas.

7.º) Tras la correspondiente tramitación se dictó sentencia estableciendo un régimen de custodia compartida por semanas.

Contra dicho pronunciamiento se interpone por doña Eva recurso de apelación ante esta Audiencia Provincial.

TERCERO.- El régimen normal de guarda y custodia .- En el primer alegato de la recurrente se afirma que en este caso «no concurre ninguno de los presupuestos, ni legal ni jurisprudencialmente previstos, para que pudiera establecerse un régimen de guarda y custodia compartida».

El planteamiento no puede compartirse.

1.º) En los últimos años se ha producido un cambio notable de la realidad social y un cambio jurisprudencial, fundado en estudios psicológicos que aconsejan que la custodia compartida se considere como el sistema más razonable en interés del menor [ SSTS 564/2017, de 17 de octubre (Roj: SSTS 3718/2017, recurso 1130/2016)].

Ya la sentencia de 29 de abril de 2013 (Roj: SSTS 2246/2013, recurso 2525/2011) estableció como doctrina jurisprudencial que el régimen de custodia compartida que regula el artículo 92 del Código Civil no es una «medida excepcional, sino que, al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea». Esta doctrina se ha mantenido constante, pudiendo citarse las sentencias 131/2022, de 21 de febrero (Roj: STS 694/2022, recurso 4057/2021); 559/2020, de 26 de octubre (Roj: STS 3561/2020, recurso 802/2020); 15/2020, de 16 de enero (Roj: STS 61/2020, recurso 826/2019); 215/2019, de 5 de abril (Roj: STS 1363/2019, recurso 3683/2018), 654/2018, de 20 de noviembre (Roj: STS 4044/2018, recurso 1448/2018), 593/2018, de 30 de octubre (Roj: SSTS 3684/2018, recurso 1383/2018), 194/2018, de 6 de abril (Roj: SSTS 1167/2018, recurso 3079/2017) y 22/2018, de 17 de enero (Roj: SSTS 43/2018, recurso 1447/2017) entre las más recientes. Con frases como «Este tribunal viene reiterando la bondad objetiva del sistema de guarda y custodia compartida» [ STS 318/2020, de 17 de junio (Roj: STS 2018/2020, recurso 781/2019)].

El fin último de la norma es la elección del régimen de custodia que más favorable resulte para el menor, en interés de este. Lo que prima cuando se valora el régimen de custodia no es tanto el beneficio que proporciona la medida a los hijos, como el perjuicio que puede ocasionarles de acordarse [ STS 579/2017, de 25 de octubre (Roj: SSTS 3755/2017, recurso 3305/2016)]. Para resolver sobre la guarda y custodia de un menor debe atenderse primordialmente al interés de ese menor, tal y como se desprende de lo establecido en los artículos 92, 68 y 100 del Código Civil, artículos 39 y 120.3 de la Constitución Española, artículos 3.1, 9 y 18 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de la Asamblea General de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, artículos 2 y 11.2 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, artículos 8 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y artículo 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de fecha 20 de noviembre de 2011. El concepto de interés del menor, ha sido desarrollado en la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, no aplicable por su fecha a los presentes hechos, pero sí extrapolable como canon hermenéutico, en el sentido de que "se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares", se protegerá "la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas"; se ponderará "el irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo"; "la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten..." y a que "la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara" [ SSTS 155/2017 de 7 de marzo (Roj: SSTS 849/2017, recurso 1158/2016); 13 de abril de 2016 (Roj: SSTS 1638/2016, recurso 1473/2015), 29 de marzo de 2016 (Roj: SSTS 1291/2016, recurso 1159/2015) y 17 de marzo de 2016 (Roj: SSTS 1164/2016, recurso 1136/2015)].

2.º) La conclusión es que no hay unos requisitos para establecer el sistema de guarda y custodia compartida. Debe considerarse el régimen normal y deseable cuando se solicite. Y lo que hay son excepciones a ese régimen, pero por imposibilidad o incapacidad de unos de los progenitores para asumirlo, o porque las circunstancias concretas del menor no lo hacen aconsejable. No se trata tanto de probar que se puede desarrollar ese tipo de guarda, sino de acreditar que concurre un obstáculo que hacen inviable el sistema. El régimen ideal nunca es la guarda monoparental y un progenitor que ve a su hijo cuatro días al mes (dos fines de semana alternos). Progenitor que no colabora a la educación y formación de su hijo, que no transmite valores, que no permite establecer un vínculo afectivo real, y que a la postre -con suerte- se convierte en un mero conseguidor de recursos económicos.

No parece que pueda afirmarse que, en este caso, el régimen de custodia compartida sea perjudicial para Luciano, cuando fueron sus padres, de mutuo acuerdo, quienes lo instauran cuando cesa la convivencia, tres o cuatro meses antes de presentarse la primera demanda. Para modificarlo tendría que probarse que ha sido negativo. No solo que no le beneficie, sino que le perjudica. Perjuicio para el menor, no para los deseos de los padres.

CUARTO.- La práctica anterior .- Sostiene la apelante que «acreditó cumplidamente en el acto de juicio» que don Domingo «no se ha encargado del cuidado del pequeño antes de producirse la ruptura de la relación matrimonial sino que tampoco, después de la misma, puede hacerlo sin contar con la ayuda de sus familiares». Añade posteriormente que «fue siempre la madre quien por su aptitud y por sus actitudes cuidó y atendió de manera directa al menor».

El argumento no puede compartirse.

1.º) En procedimientos como el presente no rigen las disposiciones legales en materia de fuerza probatoria del interrogatorio de las partes, de los documentos públicos y de los documentos privados reconocidos, como preceptúa el artículo 752.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; por lo que el juez goza de una gran discrecionalidad en la valoración esas pruebas, si bien deberá justificar su uso en la motivación de la sentencia [ SSTS 216/2017, de 4 de abril (Roj: STS 1335/2017, recurso 56/2016), 557/2015, de 20 de octubre (Roj: STS 4283/2015, recurso 2158/2014) y 244/2015, de 13 de mayo (Roj: STS 1945/2015, recurso 846/2014), entre otras]. Ahora bien, esa amplitud valorativa no permite establecer como ciertas lo que no pasan de ser meras afirmaciones carentes de toda prueba, y menos cuando son negadas frontalmente. Como tampoco puede considerarse probados alegatos genéricos peyorativos que nunca se concretan.

2.º) La Sala Primera del Tribunal Supremo ha reiterado que nuestro Código Civil no contiene una lista de criterios que permitan al Juez determinar en cada caso concreto qué circunstancias deben tenerse en cuenta para justificar el interés del menor en supuestos en que existen discrepancias entre los progenitores. Una de ellas es la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales. Cómo se comportaban en relación con su hijo antes de producirse la ruptura de la pareja [ SSTS 729/2021, de 27 de octubre (Roj: STS 4022/2021, recurso 445/2021); 559/2020, de 26 de octubre (Roj: STS 3561/2020, recurso 802/2020); 15/2020, de 16 de enero (Roj: STS 61/2020, recurso 826/2019); 637/2019, de 25 de noviembre (Roj: STS 3855/2019, recurso 739/2019), 561/2018 de 10 de octubre (Roj: SSTS 3479/2018, recurso 484/2018)].

3.º) La única prueba de lo afirmado son las declaraciones de la propia doña Eva en el acto del juicio. Después de afirmar que don Domingo en casa no hacía nada, que no se hacía cargo del cuidado de su hijo para nada, reconoció que era él quien lo llevaba y lo iba a buscar al colegio las cuatro veces, se supone que le daba la comida cuando la madre estaba trabajando, que era él quien lo llevaba al pediatra, quien lo llevaba a actividades extraescolares, quien hablaba con los tutores, quien participaba en la AMPA del colegio, etcétera, porque ella trabajaba a turnos y no podía hacerlo, ni podría pedir días constantemente para todas las actividades de su hijo; mientras que su padre tenía disponibilidad al ser pensionista por incapacidad.

Por otra parte, como ya se dijo, esa afirmación de falta de capacidades o disposición resulta contradictoria con el reconocimiento de que fue ella quien optó por la custodia compartida cuando cesaron la convivencia porque quiere que su hijo «tenga a su padre». Es decir, se está sosteniendo que, pese a que don Domingo sería una persona carente de toda capacidad para cuidar a su hijo -preparar comida, asearlo, ayudarle en el estudio, llevarlo al colegio, ocio, etcétera- sin embargo, no duda en tratar de instaurar voluntariamente un régimen de custodia compartida porque le parece el mejor para su hijo. Y ahora, un año después de estar con ese régimen, sin que sea capaz de mencionar un solo hecho negativo o perjudicial para el menor, se desdice.

4.º) En la sociedad actual no es aceptable que se argumente que los progenitores precisan el auxilio de la familia extensa, principalmente de los abuelos de los niños, como si fuese algo negativo. No puede obviarse que los abuelos, y otros parientes, en algunas ocasiones desempeñan un papel de cuidadores de los hijos más próximas que los propios padres [ SSTS 26 de octubre de 2016 (Roj: STS 4634/2016, recurso 2907/2014) y 16 de febrero de 2015 (Roj: STS 258/2015, recurso 2827/2013)]. Cuando ambos padres trabajan, es habitual que sean ayudados por la familia extensa (padres, tíos, hermanos) para atender a los hijos, bien para llevarlos o recogerlos en el colegio, períodos no lectivos, llevarlos al pediatra, al dentista, etcétera. El problema se plantea cuando no existe ese apoyo familiar y es preciso acudir a empleados del hogar para atender esas carencias, cuando no todas las economías familiares se lo pueden permitir.

Pero, además, no está acreditado que la madre de don Domingo colabore de forma asidua al cuidado de su nieto Luciano. Lo reconocido es que ella vive en una población cercana a la ciudad de Ferrol, no en A Coruña, y que vendría a estar algún día con su hijo y nieto. No es una ayuda permanente, ni tampoco que la abuela haya venido a residir con su hijo, como se insinuó. Sin embargo, se reconoció que es doña Eva quien sí es auxiliada de forma habitual y continuada por sus padres, pues al trabajar a turnos no puede hacerse cargo de su hijo, bien por la mañana, bien por la tarde.

QUINTO.- La incapacidad .- Para amparar la pretensión de custodia monoparental se reiteran las alusiones a la falta de capacidad de don Domingo dadas «las dolencias psíquicas que le aquejan y que le han hecho, incluso, ser declarado afecto a situación de incapacidad permanente en grado de absoluta». Afirmaciones que repite en varios alegatos como si fuese un hecho acreditado e incontestable.

La afirmación carece de toda prueba.

1.º) Como se dijo anteriormente, una cosa en la amplitud de valoración que confiere el artículo 752 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y otra que se pretende sostener que un hecho está acreditado por la mera manifestación de la parte. Los hechos que constituyen el enunciado de las normas jurídicas que a ellos se aplican han de ser probados, para que puedan ser considerados como efectivamente acaecidos. Solo si están probados pueden ser puestos en relación con el precepto del que constituyen supuesto, con el fin de identificar su significación jurídica y, por lo tanto, de determinar si reúnen o no las notas que los convierten en relevantes desde el punto de vista de la norma. No basta con afirmar que las cosas han sucedido de una concreta forma, sino que es necesario que quien afirma la realidad de su pretensión pruebe «la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a la demanda» ( artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). No puede admitirse que se consideren como probados extremos que no pasan de ser simples alegatos [ SSTS 116/2021, de 3 de marzo (Roj: STS 973/2021, recurso 2757/2018); 24 de noviembre de 2016 (Roj: STS 5165/2016, recurso 837/2014), 19 de mayo de 2015 (Roj: STS 2344/2015, recurso 721/2013), 29 de octubre de 2013 (Roj: STS 5479/2013, recurso 1972/2011), 18 de enero de 2013 (Roj: STS 679/2013, recurso 1318/2011) de Pleno; 683/2015, de 21 de noviembre (Roj: STS 7843/2012, recurso 1729/2010); 9 de marzo de 2012 (Roj: STS 1312/2012, recurso 489/2009)].

2.º) Hay una evidente falta de actividad probatoria. El hecho de que don Domingo sea pensionista por Incapacidad Permanente Absoluta y cuál es el importe de su pensión es una afirmación de su demanda. Pero no se aportó la resolución que declaró esa situación, se ignora por tanto la causa, ni se justificó la cuantía de la prestación económica. La única prueba, como se dijo, son sus manifestaciones; que la parte adversa parece aceptar.

Ergo, no está expuesta, y menos probada, cuál sea la causa de su discapacidad. Sobre la causa de la incapacidad de don Domingo solamente constan sus respuestas al ser interrogado por la abogada de doña Eva en el acto del juicio. Y lo que manifestó es que la causa primaria había sido un infarto (se supone que cardíaco), que al intervenirle (quirúrgicamente) le habían lesionado la espalda, y por eso no podía trabajar. Era cierto que había sufrido una depresión tras el infarto, pero era un padecimiento superado.

En conclusión, no hay prueba alguna que acredite o haga sospechar, siquiera indiciariamente, que don Domingo sufre algún tipo de enfermedad psiquiátrica, que esa enfermedad sea la causa de su Incapacidad Permanente Absoluta laboral, o que le impida prestar la debida atención y cuidados a su hijo.

SEXTO.- Las manifestaciones del menor .- Resalta la apelante en varios de los alegatos que el menor, al ser entrevistado por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez, manifestó querer quedarse con su madre, que no quería un régimen de custodia compartida.

El motivo no puede estimarse.

1.º) Las manifestaciones y la voluntad expresada por el menor deben valorarse de manera razonada con arreglo a la sana crítica, según la lógica y la experiencia del juzgador. La opinión de los menores no es vinculante, sin que pueda atribuírsele al menor la responsabilidad de la decisión, pero también debe respetarse si lo revelado es razonable, especialmente cuanto estamos en edades más o menos próximas a la mayoría de edad, se expresan con libertad de criterio y conocen las consecuencias de sus actos [ SSTS 705/2021, de 19 de octubre (Roj: STS 3863/2021, recurso 5993/2020) y 372/2021, de 31 de mayo de 2021 (Roj: STS 2255/2021, recurso 5288/2020)].

2.º) No puede sobrevalorarse el deseo de un niño que acaba de cumplir diez años sobre con quién le resulta más cómodo residir. Habitualmente hay una inclinación sobre la parte familiar que más le consienta y juegue con él. Como resaltó don Domingo al ser interrogado, Luciano mostraba una preferencia por sus abuelos paternos, pero porque le daban dinero para comprar lo que le apetecía y le consentían. No son solo las manifestaciones del menor, sino que hay que atender a cuál es la causa de su inclinación. Esa es la labor del entrevistador. Y la razón por la que, pese a lo que dice, se considera más beneficioso para su correcto desarrollo y educación optar por una custodia compartida.

Pese a lo que se argumenta en el recurso, que Luciano se sienta "frustrado" porque no se haya establecido una custodia monoparental no es perjudicial. Las frustraciones forman parte de la educación de la persona. A lo largo de su vida sufrirá muchas. No puede educarse en un sistema en el que cualquier deseo, caprichoso o razonable, sea concedido. Se opta por el régimen de guarda que se considera óptimo para él. Aunque no pueda comprenderlo en este momento. Por otra parte, el menor en la entrevista no manifiesta que no desee estar con su padre, sino que lo pasa mejor con su madre, lo que ya entra en las habilidades subjetivas de cada progenitor.

SÉPTIMO.- El fracaso del régimen de custodia compartida .- Alega la recurrente que, tras el cese de la convivencia «se intentó» el régimen de custodia compartida, pero «se pudo constatar, y así lo constata el propio hijo de los litigantes, no funcionó, (y sigue sin funcionar) al resultar imposible cualquier acuerdo entre los litigantes en relación al cuidado y educación que ha de darse al menor, al existir discrepancias sustanciales entre un progenitor y otro y costumbres muy diferentes». Posteriormente también alude a la imposibilidad de mantener un contacto entre los progenitores.

El argumento está carente de todo desarrollo y prueba.

1.º) Las malas relaciones o conflictividad entre los progenitores por sí solas no son relevantes ni irrelevantes para determinar la guarda y custodia compartida, pues solo se tendrán en consideración si afectan negativamente al interés del menor [ SSTS 182/2018, de 4 de abril (Roj: SSTS 1156/2018, recurso 2878/2017); 529/2017, de 27 de septiembre (Roj: SSTS 3378/2017, recurso 3933/2016); 26 de octubre de 2016 (Roj: SSTS 4634/2016, recurso 2907/2014), 16 de octubre de 2014 (Roj: SSTS 4240/2014, recurso 683/2013), 17 de diciembre de 2013 (Roj: SSTS 5966/2013, recurso 2645/2012), 7 de junio de 2013 (Roj: SSTS 2926/2013, recurso 1128/2012), 9 de marzo de 2012 (Roj: SSTS 1845/2012, recurso 113/2010), 22 de julio de 2011 (Roj: SSTS 4924/2011, recurso 813/2009)].

No se considera que impida la guarda y custodia compartida los desencuentros propios de las crisis matrimoniales que no afecten de modo relevante a los menores, mientras exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad [ STS 729/2021, de 27 de octubre (Roj: STS 4022/2021, recurso 445/2021); 529/2017, de 27 de septiembre (Roj: SSTS 3378/2017, recurso 3933/2016)]. Las malas relaciones de los progenitores son, hasta cierto punto, la consecuencia de la ruptura afectiva de la pareja, no pudiendo exigirse que las relaciones sean de armónico diálogo (siempre deseable). Por ello no puede ser causa exclusiva (salvo notoria gravedad) de la negación de un reparto equitativo del tiempo de estancia de los menores [ SSTS 4 de marzo de 2016 (Roj: SSTS 973/2016, recurso 1/2015)]. El hecho de que los progenitores no se encuentren en buena armonía es una consecuencia lógica tras una decisión de ruptura conyugal, pues lo insólito sería una situación de entrañable convivencia. La existencia de desencuentros, propios de la crisis matrimonial, no descarta per se esté régimen de guarda y custodia, a salvo que afecten de modo relevante a los menores en perjuicio de ellos [ SSTS 545/2022, de 7 de julio (Roj: STS 2783/2022, recurso 7297/2021); 404/2022, de 18 de mayo (Roj: STS 1952/2022, recurso 6733/2021); 318/2020, de 17 de junio (Roj: STS 2018/2020, recurso 781/2019); 182/2018, de 4 de abril (Roj: SSTS 1156/2018, recurso 2878/2017)].

Para la adopción del sistema de custodia compartida no se exige un acuerdo sin fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor, así como unas habilidades para el diálogo. Si bien la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad [ SSTS 545/2022, de 7 de julio (Roj: STS 2783/2022, recurso 7297/2021); 242/2018, de 24 de abril (Roj: SSTS 1478/2018, recurso 2556/2017), 296/2017, de 12 de mayo (Roj: SSTS 1792/2017, recurso 103/2016), 21 de septiembre de 2016 (Roj: SSTS 4099/2016, recurso 3282/2015)].

Así, por ejemplo las discrepancias en torno al mantenimiento o no del menor en un colegio privado no concertado, con la repercusión económica que ello produciría, suponen una divergencia razonable [ SSTS 16 de febrero de 2015 (Roj: SSTS 615/2015, recurso 890/2014)].

Para que la tensa situación entre los progenitores aconseje no adoptar el régimen de guarda y custodia compartida, será necesario que sea de un nivel superior al propio de una situación de crisis matrimonial [ SSTS 296/2017, de 12 de mayo (Roj: SSTS 1792/2017, recurso 103/2016)]. No puede establecerse un sistema de guarda y custodia compartida cuando se advierte una elevada hostilidad interparental (o falta de comunicación entre los padres), unos elevados niveles de relitigio, y la ausencia de acuerdo en lo relativo a mantenimiento y educación de los hijos. Cuando no existe una mínima capacidad de diálogo, las comunicaciones son exclusivamente a través de SMS, de sistemas de mensajería instantánea o a través de sus abogados [ SSTS 559/2016, de 21 de septiembre (Roj: SSTS 4099/2016, recurso 3282/2015) y 143/2016, de 9 de marzo (Roj: SSTS 1159/2016, recurso 1849/2014)].

2.º) Obsérvese que se trata de un alegato genérico sobre el mal funcionamiento del sistema de guarda y custodia compartida, que voluntaria y extrajudicialmente instauraron los progenitores tras el cese de la convivencia. Pese a las alusiones a que «no funcionó», en ningún momento se expone con un mínimo de detalle cuál es la causa por la que se considera que "no funciona". De los interrogatorios de las partes solo se destaca la queja de don Domingo porque a veces se interfieren las comunicaciones telefónicas con su hijo, y la de doña Eva en cuanto a la alimentación que le da a el padre a Luciano. Es más, doña Eva repitió en varias ocasiones que el sistema era imposible, que no funcionaba, pero tampoco concretó. Nunca se llega a decir en qué no están de acuerdo, en qué adoptan posturas opuestas. La queja de doña Eva sobre que don Domingo llevaba a su hijo a establecimientos de los conocidos como fast food y los problemas de DIRECCION000 del menor, fue aclarada por este, en el sentido de que no llevaba a su hijo varias veces a la semana a esos establecimientos, sino alguna vez ocasionalmente.

Se han puesto de acuerdo en el sistema de custodia, que sea por semanas, no hay discrepancias en cuanto al colegio, pediatra, atenciones al menor, etcétera. Una cosa es que no coincidan en todos los aspectos de la vida del menor, como tampoco coincidirían aunque mantuviesen la relación de pareja, y otra que las discrepancias hagan inviable el ejercicio conjunto de la patria potestad y la custodia compartida.

Es cierto que doña Eva dijo que el método de comunicación eran mensajes instantáneos a través de la aplicación WhatsApp. Obviamente, no es el método ideal para trasladarse los comentarios cuando haya que tomar decisiones relevantes sobre Luciano. Pero es de espera que a corto o medio plazo empiecen a normalizarse las relaciones entre los progenitores, al estar aún relativamente reciente la ruptura de la pareja.

OCTAVO.- El desarrollo de la paternidad .- Cuestiona la apelante la actuación de don Domingo para con Luciano, en cuanto traslada al menor sus inquietudes en cuanto a la separación de la pareja, que manifestó a su hijo «la relevancia de sus manifestaciones», las consecuencias económicas que podría ocasionarle si tenía que abonar una prestación alimenticia, o tener que marcharse de A Coruña a su población de origen; y así lo reconoció don Domingo en su interrogatorio.

El argumento podría compartirse, pero no tiene trascendencia jurídica.

No parece que el tipo de comentarios que se hacen al menor sobre las supuestas consecuencias de las manifestaciones del menor ante la Ilma. Sra. Magistrada-Juez, sobre los problemas económicos que podría generar al padre, y otros que reconoció don Domingo al ser interrogado, sean los más adecuados para un niño de nueve años de edad. Se le está imponiendo una responsabilidad por sus actos impropia de su edad. Se le está culpabilizando, porque el mensaje que se transmite es que, si me quitan la custodia compartida, tengo que abonar alimentos, dejar la vivienda porque no puede pagar el alquiler, marcharme de A Coruña para la casa de mis padres, ya no me verás tanto y la culpa será tuya. No es un adulto al que se le pueda hacer ver las posibles consecuencias de una actuación. Como también debe rechazarse que se estén grabando conversaciones con el menor para aportarlas ante un tribunal. Pero que no se consideren actuaciones correctas desde un punto de vista educativo, no supone la falta de idoneidad o capacidad para educar a un hijo y tenerlo en su compañía. Los padres también tienen derecho a equivocarse en alguna ocasión.

NOVENO.- Costas .- Por todo lo anterior, la sentencia apelada debe ser confirmada, lo que conlleva la preceptiva imposición de las costas devengadas por el recurso a la parte apelante ( artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

DÉCIMO.- Depósito del recurso .- Conforme a lo dispuesto en el ordinal noveno, de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la desestimación del recurso conlleva la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal.