Sentencia Civil 119/2024 Audiencia Provincial Civil de A Coruña nº 3, Rec. 326/2023 de 05 de febrero del 2024

PRIMERO.- Procedimiento en primera instancia; y objeto del recurso.

1.1.- La demanda que dio origen al presente procedimiento de modificación de medidas la formuló el ahora apelado-impugnante, D. Cayetano, solicitando que se acordara: "1.- Declarar la extinción del derecho de uso de la vivienda familiar sita en la DIRECCION000, en la ciudad de A Coruña, que le fue atribuido a Dña. Carmen en la sentencia de fecha 24 de noviembre de 2014; 2.- Conceder a mi mandante el derecho de uso de la referida vivienda familiar, por constituir el interés más necesitado de protección, hasta el momento en que se produzca la efectiva liquidación de la Sociedad de Gananciales; 3.- Declarar la extinción de la obligación fijada a cargo del padre, de abonar la pensión de alimentos de la hija, Doña. Andrea, en el caso de que, durante la tramitación del presente procedimiento, la misma inicie el desempeño de una actividad laboral. Subsidiariamente, y para el supuesto de que Andrea continúe desarrollando su educación, con estudios de postgrado, se acuerde reducir el importe de la pensión de alimentos a la cantidad de 200 euros mensuales, y por un período máximo de dos años, a contar desde la fecha de la Sentencia".

Como sustento a la solicitud de extinción del derecho de uso de la vivienda familiar se alegó que se había producido una modificación sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta en el año 2014, señalándose como tales a la fecha de la demanda:

a) Que Dña. Andrea contaba con 22 años de edad, y se encontraba a punto de terminar los estudios universitarios en Ciencias del Mar, en Vigo, residiendo en esta Ciudad la mayor parte del tiempo; y que en los periodos en que no se encontraba allí, residía indistintamente tanto con su padre, en la Ciudad de Lugo, como con su madre en la ciudad de A Coruña.

b) Que Dña. Carmen había procedido a celebrar nuevas nupcias con posterioridad a dictarse sentencia en el procedimiento de divorcio, en fecha 14 de julio de 2015, según acreditaba el certificado de matrimonio que se acompañaba, conviviendo con su nuevo esposo y los hijos de éste en la vivienda familiar cuyo uso y disfrute le había sido atribuido.

El demandante alegó también que él constituía en ese momento el "interés más necesitado de protección" por encontrarse en situación de absoluto desequilibrio económico con respecto a la posición que ostentaba la demandada, ya que, siendo Arquitecto, se veía obligado a hacer frente a una situación económica muy precaria debido a la situación de crisis intensa que, desde finales del año 2009, venía atravesando el mundo de la construcción y todas las actividades que lo rodean.

En relación a la cuantía de la pensión de alimentos se decía que si, en el año 2014, el demandante se había aquietado con la cantidad de 400 euros, esta suma ya suponía entonces una cantidad notablemente superior a sus reales posibilidades económicas, y que a lo largo de los años transcurridos desde el momento de dictarse sentencia de divorcio tan sólo había podido hacer frente a ella con notables penurias, contando con la ayuda de sus padres y hermanos, ante la casi total ausencia de ingresos que sufre en el ejercicio de su profesión.

Por otra parte, se indicaba que, dado el excelente expediente académico de la hija común, cabía suponer que gozaría de ofertas para incorporarse al mercado laboral, y que, en cualquier caso, sus necesidades serían sustancialmente menores a partir de la terminación de sus estudios, ante la previsible vuelta al domicilio familiar, bien acompañando a su padre o a su madre. Además, que debía de tomarse en consideración que Andrea contaría con ahorros, ya que, a la pensión de alimentos, habría que añadir el importe de las becas de estudios que habría percibido en los últimos años.

1.2.- Por la representación procesal de Dña. Carmen se presentó escrito de oposición a la demanda y de reconvención en solicitud de que la pensión alimenticia a favor de la hija se determinara en 719,98 euros, así como de que se prorrogara la atribución del uso de la vivienda en tanto no procediera la liquidación de la sociedad de gananciales.

Se alegó la improcedencia de la reducción de la pensión de alimentos, de su extinción y limitación temporal. En lo que se refiere a las circunstancias de ambos cónyuges, se negó que se dieran los presupuestos para una modificación de medidas, aduciendo que éstas seguían siendo las mismas. A tal efecto, en relación a la situación del demandante, se aportó información y datos económicos referidos a su actividad profesional, sobre su patrimonio inmobiliario, y signos externos de riqueza. En lo que se refiere a la propia demandada, se señaló que, como contratada laboral fija en el IGAPE, no ha habido ningún cambio en su categoría profesional, ni en consecuencia ningún ascenso ni variación en su status profesional, únicamente los dos cuatrienios transcurridos, acompañando a tal efecto tres nóminas.

Por lo que respecta a la hija común se alegó la existencia, desde hace un tiempo, de un cambio importante de sus circunstancias, aduciendo que, cuando se había acordado el pago de la pensión alimenticia, tenía 14 años y era alumna de la ESO en un centro concretado, que ya enseguida había resultado patente que los alimentos asignados eran insuficientes, y ello se había agravado con el inicio de los estudios universitarios de Ciencias del Mar en Vigo. Se anunciaba que Dña. Andrea estaba a punto de obtener el Grado, y que había manifestado su voluntad de cursar el Máster de Ecología Marina en la Universidad de las Islas Baleares, efectuándose una estimación de los gastos que ello supondría en un total de 1.439,97 euros.

En relación a la solicitud de extinción del uso de la vivienda familiar, se puntualizó que no era cierto que la hija viviese indistintamente en A Coruña y Lugo, sino que tenía su domicilio en A Coruña, y se negó que los hijos de su nueva pareja conviviesen en el domicilio conyugal. Por lo demás, se mantuvo que carecía de fundamento la petición del actor de que se le atribuyese el uso de dicha vivienda, y que se consideraba que este procedimiento no era el cauce para solicitar la atribución de su uso posterior a la extinción del uso recogido en la sentencia de divorcio.

Como sustento a su petición de prórroga Dña. Carmen sostuvo que ella se vería obligada a alquilar otra vivienda, y ello, unido a la cuota de préstamo hipotecario de 350 euros mensuales que paga, consumiría gran parte de su salario, sin poder hacer frente a otros gastos de su vida normal.

1.3.- La sentencia de instancia, conforme queda reproducido, acuerda, como única modificación de las medidas acordadas en la sentencia de divorcio de los litigantes, la extinción del derecho de uso y disfrute de la vivienda familiar, recogiendo expresamente que la demandada debería abandonar el referido domicilio en el plazo de cuatro meses desde la firmeza de dicha resolución. Este pronunciamiento lo efectúa en consideración a que el nuevo matrimonio de la demandada habría hecho perder a la vivienda la condición de familiar del matrimonio, y a que la hija de ambos es mayor de edad y no vive en el domicilio. No efectúa atribución del uso de dicha vivienda a ninguna de las partes, desestimando pues tanto la atribución de su uso al demandante, como la pretensión reconvencional de prórroga del uso de a la demandada.

En lo que se refiere a la pensión de alimentos señalada a favor de la hija común, el Juzgador de instancia desestima también las pretensiones de ambos litigantes. Entiende no satisfecha la prueba que incumbía al demandante que autorizara una reducción, y menos una extinción, de dicha pensión. Y considera que tampoco se ha justificado los motivos de los pedimentos de la demanda reconvencional, con referencia expresa a tal efecto a que la hija habría manifestado que, con lo que percibe, vive con cierto desahogo.

1.4.- El objeto del recurso de la demandada lo constituye tanto la estimación de la pretensión de la contraparte, como la desestimación de su demanda reconvencional.

En lo que se refiere a la decisión adoptada sobre la vivienda familiar alega que, al recogerse la obligación de abandono de la vivienda, se habría vulnerado del principio dispositivo y de justicia rogada, porque tal petición no habría sido planteada, y por lo tanto, que no habría sido objeto de debate en el presente procedimiento. Sostiene además que, una vez extinguida la asignación de uso exclusiva uno de los copropietarios, la decisión sobre desalojo de la vivienda postganancial excedería de la competencia objetiva del Juzgado de Familia.

El recurso se motiva también en la alegación de que el Juez de instancia, al haberle denegado el uso de la vivienda, habría incurrido en error en la valoración de la prueba. Entiende la recurrente que no resulta congruente que, en la misma sentencia, se declare la necesidad de la hija de seguir percibiendo los correspondientes alimentos por parte del padre, y se le priva del derecho a disponer de un alojamiento digno.

En relación a la denegación de incremento de la pensión alimenticia denuncia también una errónea apreciación de la prueba porque, considera, que habrían resultado acreditadas la confluencia de condiciones necesarias para el incremento de la misma, al haber pasado la hijas a ser una estudiante universitaria, que vive en la ciudad más cara de España, y tener unos gastos de matrícula, alojamiento, desplazamiento que no tenía cuando se dictó la sentencia de divorcio; sosteniendo acreditada la necesidad de que la cuantía de la pensión de alimentos se incremente a 719,98 euros.

1.5.- De adverso, se formuló escrito de impugnación en lo relativo al pronunciamiento desestimatorio de la concesión del uso de la vivienda familiar a favor del demandante, reafirmándose en que debería efectuarse esta atribución a él por constituir el interés más necesitado de protección. Sostiene que no resulta un razonamiento oportuno que el Juez de instancia hubiera señalado que no se habría justificado la necesidad del uso de la vivienda, cuando, como cualquier persona, tiene la necesidad de tener una vivienda para desarrollar sus actividades vitales, y su proyecto de futuro. Y explica que la decisión de trasladarse a Lugo habría sido debida a la necesidad de procurarse una vivienda ya que, debido a la situación económica y laboral que atravesaba el año 2014, con la incidencia fundamental de la crisis inmobiliaria pen su actividad profesional de arquitecto, carecía de recursos económicos necesarios para sufragarse una vivienda en A Coruña.

Se impugna asimismo el pronunciamiento por el que se acuerda no rebajar el importe de la pensión alimenticia por entender que no se realiza una adecuada valoración de las circunstancias económicas. Alega que la denegación de la practica documental le habría impedido conocer, al menos parcialmente, cuál es la situación económica de la demandada. Además, de no haber tenido conocimiento de, hasta qué punto, la nueva situación económica de la que disfruta, tras haber contraído nuevo matrimonio, tendría que haber sido tomada en consideración para valorar la contribución que, como progenitora custodia, le correspondía. Sostiene también que el Juzgador de instancia no habría efectuado una adecuada valoración del hecho incontrovertido de que, Andrea, habría percibido desde hace tres años cantidades, que dice, son muy importantes, en concepto de becas. Entiende, en definitiva, que no sólo resulta improcedente la petición formulada de adverso de aumento de la pensión de alimentos, sino que es más ajustado que dicho importe se reduzca a 300 euros mensuales.

SEGUNDO.- Extinción de la atribución del uso de la vivienda familiar: nuevo matrimonio de la demandada.

2.1.- La atribución que del uso de la vivienda se hace en los procedimientos matrimoniales queda caracterizada por las notas de provisionalidad y temporalidad, al suponer, según los casos, una derogación del régimen ordinario de propiedad o del condominio ( STS 100/2006, de 10 de febrero), y sólo tiene sentido para solventar en los momentos próximos a la ruptura conyugal los conflictos derivados de ella. Dice el Tribunal Supremo: "Esta atribución a la esposa del uso de la vivienda familiar, en la sentencia de separación conyugal, según el artículo 96 y con la la temporalidad y provisionalidad que señala artículo 91, no es un derecho de usufructo como pretende la recurrente, derecho real en principio vitalicio y disponible, sino un derecho de ocupación" ( STS 2390/1997, rec. 1396/1993 y 322/1998, rec. 1423/1996).

2.2.- En el recurso de la demandada no se está discutiendo realmente la extinción de la atribución del uso por razón de la entrada de un tercero en la vivienda familiar. La doctrina jurisprudencial que se invocó en el escrito de contestación, y que aplica la sentencia de primera instancia, es clara al señalar que tal circunstancia provoca la extinción de la atribución de ese uso al cambiar el status de domicilio familiar.

El Tribunal Supremo considera que el carácter familiar desaparece incluso si, pese a seguir viviendo la madre con un hijo menor en custodia, la vivienda pasa a ser residencia de un tercero. En STS 641/2018, de 20 de noviembre, cuyos términos se reproducen en STS 488/2020, de 23 de septiembre, afirma:

"(i) El derecho de uso de la vivienda familiar existe y deja de existir en función de las circunstancias que concurren en el caso. Se confiere y se mantiene en tanto que conserve este carácter familiar. La vivienda sobre la que se establece el uso no es otra que aquella en que la familia haya convivido como tal, con una voluntad de permanencia ( sentencia 726 /2013, de 19 de noviembre ). En el presente caso, este carácter ha desaparecido, no porque la madre e hijos hayan dejado de vivir en ella, sino por la entrada de un tercero, dejando de servir a los fines del matrimonio. La introducción de una tercera persona hace perder a la vivienda su antigua naturaleza "por servir en su uso a una familia distinta y diferente", como dice la sentencia recurrida.

"(ii) La medida no priva a los menores de su derecho a una vivienda, ni cambia la custodia, que se mantiene en favor de su madre. La atribución del uso a los hijos menores y al progenitor custodio se produce para salvaguardar los derechos de aquellos. Pero más allá de que se les proporcione una vivienda que cubra las necesidades de alojamiento en condiciones de dignidad y decoro, no es posible mantenerlos en el uso de un inmueble que no tiene el carácter de domicilio familiar, puesto que dejó de servir a los fines que determinaron la atribución del uso en el momento de la ruptura matrimonial, más allá del tiempo necesario para liquidar la sociedad legal de gananciales existente entre ambos progenitores.

"El interés de los hijos no puede desvincularse absolutamente del de sus padres, cuando es posible conciliarlos. El interés en abstracto o simplemente especulativo no es suficiente y la misma decisión adoptada en su día por los progenitores para poner fin al matrimonio, la deben tener ahora para actuar en beneficio e interés de sus hijos respecto de la vivienda, una vez que se ha extinguido la medida inicial de uso, y que en el caso se ve favorecida por el carácter ganancial del inmueble y por la posibilidad real de poder seguir ocupándolo si la madre adquiere la mitad o se produce su venta y adquiere otra vivienda".

2.3.- En este caso, además, la hija de los litigantes adquirió la mayoría de edad en el año 2018. Y esta circunstancia podría, de por sí, haber posibilitado un replanteamiento sobre la decisión adoptada de uso de la vivienda.

Dice el Tribunal Supremo en SSTS 624/2011, de 5 de septiembre, y 183/2012 de 30 de marzo" : "Como primer argumento a favor del criterio contrario a extender la protección del menor que depara el Art. 96.1º CC más allá de la fecha en que alcance la mayoría de edad se encuentra la propia diferencia de tratamiento legal que reciben unos y otros hijos. Así, mientras la protección y asistencia debida a los hijos menores es incondicional y deriva directamente del mandato constitucional, no ocurre igual en el caso de los mayores, a salvo de una Ley que así lo establezca. Este distinto tratamiento legal ha llevado a un sector de la doctrina menor a declarar extinguido el derecho de uso de la vivienda, adjudicado al hijo menor en atención a esa minoría de edad, una vez alcanzada la mayoría, entendiendo que el Art. 96 CC no depara la misma protección a los mayores".

Y añade: "Que la prestación alimenticia y de habitación a favor del hijo mayor aparezca desvinculada del derecho a usar la vivienda familiar mientras sea menor de edad, se traduce en que, una vez alcanzada la mayoría de edad, la subsistencia de la necesidad de habitación del hijo no resulte factor determinante para adjudicarle el uso de aquella, puesto que dicha necesidad del mayor de edad habrá de ser satisfecha a la luz de los Arts. 142 y siguientes del CC" ( SSTS 624/2011, de 5 de septiembre, y 183/2012 de 30 de marzo".

2.4.- De modo que, extinguido el derecho atribuido, en su momento, con carácter provisional, al uso de la vivienda, no cabe efectuar ahora, más de nueve años después a la disolución del vínculo matrimonial, una reasignación de uso decidiendo cuál sería, en este momento, el interés más necesitado de protección. El uso de la vivienda debe resolverse ahora como un problema de uso de un inmueble sujeto a un condominio ordinario, bien por liquidación de gananciales, o por existir una comunidad post ganancial.

Por esta razón, entiende esta Sala, que no procede entrar a realizar un análisis de las circunstancias personales de uno y otro ex cónyuge, a fin de descubrir si existe un interés más necesitado de protección. En todo caso, no puede efectuarse reproche alguno a la valoración probatoria del Juzgador de instancia de no se haya acreditado un interés prevalente del demandante, ya sólo porque no se ofrece una explicación consistente al respecto de que, por razón de dificultades económicas, tuviese en este momento la necesidad de residir en A Coruña, y trasladarse desde esta Ciudad a Lugo, con los gastos que ello pudiera conllevar, siendo admitido en el propio escrito de impugnación que tiene allí el domicilio profesional la sociedad " DIRECCION002", a través de la cual presta sus servicios profesionales.

Esta resolución, actuando en el estricto ámbito del Derecho de Familia, sólo puede decretar la extinción del uso establecido en la sentencia de divorcio, pero no puede traspasar esos límites, y establecer una nueva restricción del derecho de propiedad de la vivienda. Por esta razón no existe cobertura alguna tampoco para prorrogar el uso de la vivienda de la demandada hasta la liquidación de la sociedad de gananciales.

2.5.- Lo anterior supone que será, ya fuera del ámbito del Derecho de Familia, que las partes podrán ejercitar las acciones correspondientes para dirimir sobre el uso de la vivienda en el marco de la comunidad postganancial, que deberán sustanciarse ante los cauces procesales que le son propios. Debe pues estimarse la solicitud del recurso de apelación en cuanto a que deje sin efecto el pronunciamiento relativo a la obligación de abandono del domicilio en el plazo de cuatro meses desde la firmeza de la resolución de primera instancia.

TERCERO.- Pensión de alimentos: no se acredita la existencia de variación sustancial de circunstancias.

3.1.- El art. 775 de la Ley Procesal Civil establece que "(...) en todo caso, los cónyuges, podrán solicitar del Tribunal que acordó las medidas definitivas, la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas". Igualmente, el artículo 91, in fine, señala que estas medidas, refiriéndose a las definitivas adoptadas en los procesos de nulidad, separación o divorcio en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio y liquidación del régimen, "podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias".

La jurisprudencia recaída en interpretación del artículo 91 del Código Civil es constante en señalar que para obtener la modificación de medidas acordadas en el proceso matrimonial, se requiere que la modificación o alteración de circunstancias, para ser tenida en cuenta ha de revestir una serie de requisitos, tales como que sea verdaderamente trascendente, y no de escasa o relativa importancia; permanente o duradera y no coyuntural o transitoria; que no sea imputable a la simple voluntad de quien insta la revisión, ni preconstituida con finalidad de fraude; y, por último, que sea posterior y no prevista por los cónyuges o el juzgador en el momento en el que las medidas cuya revisión se insta fueron establecidas. Por ello, una pretensión de tal clase se encuentra condicionada a la demostración, por quien demanda, de que ha tenido lugar una alteración de tal índole.

Según se señala en STS 259/2017, de 26 de abril, la carga de la prueba de los ingresos y patrimonio del deudor de la pensión no se puede hacer recaer sobre el acreedor, pues este no tiene porque conocer cuáles son los bienes de aquél, especialmente tras la ruptura matrimonial, y no cabe exigirle una labor de investigación o indagación más allá de lo que es fácilmente detectable por los signos externos o consulta de un registro.

3.2.- En este caso, ad initio, resulta un dato a considerar que la reducción de la cuantía de la pensión alimenticia se solicita en demanda presentada en abril de 2022 y, conforme queda indicado en la síntesis de las alegaciones de la misma, en referencia a una situación de desequilibrio patrimonial provocada por la situación de crisis en la construcción iniciada en 2009; esto es, trece años antes, incluso años antes de la sentencia de divorcio de 24 de noviembre de 2014. En todo caso, aunque la declaración del IRPF del ejercicio económico 2020 que se aporta con la demanda constan unos rendimientos de trabajo de 10.191,96 euros, es de destacar que en el expediente de solicitud de beca de Andrea para el año figure en un apartado de empresas/actividades económicas, el dato del CIF de una entidad con un porcentaje de participación del 50%, con unos ingresos de 57.542,9 euros, y del CIF de otra, con un porcentaje de participación del 33,33% con unos ingresos anuales brutos de 12.000 euros; sin que se ofrezca explicación a porqué se habrían consignado estos datos. Las notas simples del Registro de la Propiedad aportadas revelan que la sociedad DIRECCION002, a través de la que desarrolla su actividad profesional el 100% de un piso en la DIRECCION003 de Lugo; y la sociedad Bimieiros Inversores SL, de la que ostenta 1/3 de las participaciones sociales, tres locales de oficina en la calle de la Reina de Lugo, un trastero y 17 plazas de garaje en la Ronda de la Muralla y 17 plazas de garaje; inmuebles estos que aunque conste con cargas hipotecarias, son susceptibles de producir rendimientos económicos.

3.3.- También debe repararse en que el aumento de su cuantía se solicite en el escrito de reconvención, en junio de 2022, cuando la hija, nacida el NUM002 de 2000, contaba ya con 22 años, y en fechas en las que se estaba a punto de finalizar los estudios del Grado en Ciencias del Mar; esto es, sin que se hubiera postulado modificación alguna en tal sentido durante los años en que cursó sus estudios universitarios en Vigo, se hubiera. En consonancia con ello, en este momento, para valorar las necesidades económicas de Dña. Andrea, no procede tampoco considerar las cantidades que durante los años anteriores hubiera percibido por becas de ligadas a su residencia en Vigo, y de exención de tasas académicas; que debe entenderse se han consumido. Tampoco el ingreso puntual de 2.000 euros por la realización del TFG, cuando, como se verá, la menor hace referencia a la asunción de algunos gastos con sus ahorros, y se trata además de una percepción puntual.

3.4.- Por la demandada-reconviniente se aportaron justificantes de sus nóminas como administrativa del IGAPE de marzo, abril y mayo de 2022, por importes líquidos, respectivamente, de 1.501,44, 1.501,45 y 1.501,45 euros. Por esta Sala, al desestimar la solicitud de prueba en esa segunda instancia efectuada en el escrito de impugnación, se señaló que no se daba explicación por el demandado sobre el algún motivo o razón que pueda dar sustento a que, conocidos a través de estas nóminas sus ingresos mensuales, y que los percibe por una relación laboral de carácter fijo con un organismo público, la práctica de la prueba que se interesa pueda revelar otros datos de transcendencia para valorar la situación económica de la demandada.

3.5.- La estimación efectuada en el escrito de reconvención de unos gastos de la hija de un total de 1.439,97 euros mensuales durante su estancia en Mallorca para realizar un master, no han tenido sustento en la prueba practicada cuando ya la hija se encontraba cursando el máster, ni en las manifestaciones de la hija en su declaración en el acto de la vista. Se incluía un coste de 1.813 euros de la matrícula del master, gastos de alojamiento en una residencia universitaria de 905,11 euros mensuales, y de tres viajes de ida y vuelta de 400 euros cada uno, en total 1.200 euros. Con anterioridad al acto de la vista, se aportó la notificación de la beca concedida a la Dña. Andrea en el curso 2022-2023 para estudios del Master de Ecología Marina por la Universidad de Baleares, por una cuantía de 1.600 euros ligada a residencia y 100 euros de excelencia académica, y contrato de arrendamiento de habitación en casa compartida por 300 euros.

Dña. Andrea manifestó en el acto de la vista, en marzo de 2023, que estaría haciendo el master hasta julio de ese año, y que podría posponerse unos meses, y que no sabía aun que hacer el año que viene. Dijo que los billetes de avión, con el descuento de residencia, le habían costado, en ese viaje 36 euros, en Semana Santa 50 euros y algo, y en Navidad que creía recordar que algo más de 100 euros. También dijo que, además de las cantidades que le abona, el Ministerio de Educación se hacía cargo de la matrícula. Manifestó que no sabía exactamente lo que gastaba, que los gastos de transporte ese año eran gratuitos, y que gastaba en lo que le costaba comer, en la luz y el agua, haciendo una estimación de que en el mes anterior habría gastado, con el alquiler, unos 600 euros, sin contar con los gastos de ropa, porque ella se la compraba con ahorros que tenía.

Con estos datos, y teniendo en cuenta los gastos de ocio y viajes propios de su edad, y otros gastos corrientes de toda índole, no se estima que pueda haberse producido una minoración de los gastos considerados en su momento para fijar una pensión alimenticia de 400 euros, contando Dña. Andrea con 14 años, y cursando estudios en un centro concertado en A Coruña. Ni existe ningún dato que nos permita estimar que, en este momento, se hayan podido ver reducidos, o que en un plazo determinable pueda encontrarse Dña. Andrea en una situación de consolidación laboral que haga innecesario el sustento económico de sus padres; debiendo valorarse además que la declaración de extinción de la atribución del uso de la vivienda conyugal conlleva que la hija sea vea desprovista del derecho de ocupación habitacional. Tampoco se revela que sea insuficiente dicha cuantía establecida en sentencia de divorcio, teniendo en cuenta además que la propia demandada vino a admitir su contribución en un 50% al cuantificar los gastos de la hija.

Debemos pues desestimar la existencia de una modificación sustancial de las circunstancias en lo que se refiere a las necesidades de la hija mayor de edad, y en consecuencia desestimar también ambas pretensiones revocatorias.

CUARTO.- Costas de segunda instancia y depósito.

La estimación del recurso de la demandada-reconviniente en el sentido expuesto conlleva que, de conformidad al art. 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se efectúe condena en costas respecto al mismo.

Se imponen al demandado-reconvenido las costas devengadas a consecuencia de su impugnación ( art. 398.1 en relación al art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

La disposición adicional 15º de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), regula el depósito previo que ha de constituirse para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo, en su apartado 8º, que si se estimare total o parcialmente el recurso, en la misma resolución se dispondrá la devolución de la totalidad del depósito. Y, en su apartado 9º, que la inadmisión del recurso y la confirmación de la resolución recurrida, determinará la pérdida del depósito.