Sentencia Civil 582/2023 Audiencia Provincial Civil de Girona nº 2, Rec. 591/2023 de 27 de julio del 2023

PRIMERO. Frente a la sentencia que estima la demanda interpuesta por PROMONTORIA COLISEUM REALESTATE SL contra IGNORADOS OCUPANTES AVENIDA000 Nº NUM000 DE LLORET DE MAR, habiéndose personado don Felicisimo y, en consecuencia: declara haber lugar al desahucio por precario del inmueble sito en la

AVENIDA000 nº NUM000 de Lloret de Mar.

Y condena a Ignorados Ocupantes y a don Felicisimo a que dejen libre, vacua y expedita la citada vivienda con apercibimiento de que si no lo hicieran procederá su lanzamiento .

Y condena a la parte demandada al pago de las costas del procedimiento, se interpone contra la misma recurso de apelación por don Felicisimo

La parte apelada solicita la confirmación de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Los motivos del recurso de apelación son básicamente los siguientes que va desarrollando a lo largo de su escrito del recurso de apelación y que son:

Prèvia.- Sigui dit amb els deguts respectes, sostenim que la Sentència incorre en error en la valoració de la prova practicada. Primera.- Sosté la Sentència impugnada, que no és procedent admetre l'excepció formulada per aquesta representació d'inadequació del procediment, a l'entendre que la promoguda amb l' article 250.1.2 de la Lec, exigeix que la finca en qüestió, hagués estat cedida en precari. Sostenim en definitiva, que en cas de què no hi hagi una cessió voluntària de l'immoble, no és procedent l'acció de precari de l' article 250.1.2 de la Lec , doncs la mateixa llei processal civil, disposa d'altres accions com la recuperació sumària de la possessió de l'article 250.1.4, que permetrien una recuperació d'aquella possessió, sense que el requisit de la l'acreditació de la cessió voluntària de l'ús, tingués cap rellevància en el debat jurídic.

Segona.- A més de l'exposat anteriorment, entén aquesta representació que la Sentència conté una errònea valoració de la circumstància de vulnerabilitat del meu representat. Novament, l'informe ocupacional de la demanda, afirma que existeix la situació de vulnerabilitat, tal com es pot apreciar en l'apartat "situación gestión", havent acreditat aquesta part amb la documental de la demanda, que aquella situació es manté actualment per part del Sr. Felicisimo. Així les coses, la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de la vivenda i la pobresa energètica, conté previsions respecte la necessitat de promoure proposta d'arrendament social, en especial en supòsit de grans tenedors, com notòriament resulta de Promontoria, tal com es constata de les previsions de l'article 5 d'aquella Llei 24/105: Essent inqüestonable el caràcter de gran tenedor de l'actora, era exigible doncs per la mercantil, donar compliment a l'oferiment d'arrendament social al meu representat.

Per tot l'exposat, AL JUTJAT PER A LA SALA SOL·LICITO: que tenint per presentat aquest escrit, l'admeti, i per promogut recurs d'apel·lació contra la Sentencia 21/2023, de 21 de febrer de 2023 ; I previs els tràmits legals oportuns, es dicti en el seu dia Sentència, en virtud de la qual, estimant els arguments d'aquesta representació revoqui la resolució 4 impugnada, desestimant íntegrament la demanda formulada de contrari, amb imposició de les costes processals en ambdues instàncies.

Subsidiàriament, en cas d'acordar-se el manteniment de la resolució impugnada, sigui revocat el pronunciament relatiu a la imposició de costes processals al Sr. Felicisimo, per motiu de la manca de requeriment previ.

TERCERO.- En cuanto al primer motivo del recurso de apelación: inadecuación del procedimiento, como de forma reiterada se ha venido manteniendo por esta Sala, así como se recoge en sentencia de esta Sala de fecha 15/09/2021:

- En la en la Sentencia del TS de 11 de noviembre de 2010 , se viene a reiterar la doctrina tradicional que mantenía en aplicación del art. 1.565 de la anterior LEC de 1881 , en el sentido de que el concepto de precario se extiende a cuantos sin pagar merced utilizan la posesión de un inmueble sin título para ello; en tal sentido se dice en la STS de 11 de noviembre de 2010 , que "el art. 250 de la LEC de 2000 establece que se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer la finca. Como dice la STS de 6 de noviembre de 2008 , se trata de una situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no le corresponde, aunque estemos en la tenencia del mismo y por tanto sin título que justifique el goce de la posesión, ya porque no se haya tenido nunca, ya porque habiéndola tenido se pierda o también porque otorgue una situación de preferencia, respecto a un poseedor de peor derecho."

Ámbito que también se deduce de la STS de 22 de noviembre de 2010 , que, si bien en referencia a otra cuestión, señala que "pese a la aparente dicción del art. 250.1.2º de la LEC ("cedida en precario ") no cabe deducir que se haya querido restringir el ámbito del juicio de recuperación posesoria."

Criterio similar mantienen otras sentencias de esta Sección 2ª de la AP de Girona, como las de 29/05/2015 , o, 5/03/2015, donde ya se recoge la doctrina del TS al respecto, coincidentes con las últimas numerosas sentencias de otras Audiencias que avalan la decisión del órgano "a quo" en el presente litigio, recordando que en el pasado fue objeto de discusión sobre si este procedimiento debería circunscribirse estrictamente a una cesión en precario.

Pero, revisada la cuestión a la luz de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, se procedió a modificar el anterior criterio restrictivo, que este tribunal también había venido siguiendo, y por tanto, esta Sala confirma el de la sentencia de Instancia al desestimar la inadecuación de procedimiento declarando que éste es el cauce procesal adecuado para resolver sobre el precario en caso de posesión inconsentida o en virtud de título degenerado.

Por eso, como ya tiene dicho este tribunal en posteriores sentencias, v. gr. la de 18/09/2015 , ".En el presente caso se ha ejercitado una acción de desahucio por precario, para la que el procedimiento adecuado es el establecido en el art. 250.1.2º de la LEC , pues no se configura en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil como un juicio especial y sumario de limitada "cognitio" y prueba restringida, sino que se regula como un procedimiento declarativo que, aunque por razón de la materia ha de tramitarse por las normas del juicio verbal, participa de todas sus garantías de defensa, sin restricción alguna en materia de alegación y prueba, y admite en su seno el debate de toda clase de cuestiones, incluso las que se refieren al título que esgrime el demandado, que podrán resolverse en él con efectos de cosa juzgada material; es más, la propia Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, corrobora con claridad esta conclusión, pues en su apartado XII, y después de relacionar los procesos de carácter sumario -cuya sentencia no produce los efectos de cosa juzgada-, añade que "La experiencia de ineficacia, inseguridad jurídica y vicisitudes procesales excesivas aconseja, en cambio, no configurar como sumarios los procesos en que se aduzca, como fundamento de la pretensión de desahucio, una situación de precariedad: parece muy preferible que el proceso se desenvuelva con apertura a plenas alegaciones y prueba y finalice con plena efectividad". Dicha naturaleza de juicio plenario permite discutir en su seno todas las cuestiones que afecten a la existencia, validez y vigencia, o extinción del título que pueda esgrimir el demandado para negar su condición de precarista.

Y el hecho de que existan otros procedimientos para recuperar la posesión por parte de quien se ha visto privado de la misma respecto de un inmueble de su propiedad, ello no convierte en inadecuado el empleado por la parte actora, de desahucio por precario expresamente contemplado en el art 250.1.2º de la LEC ."

Asimismo debe traerse a colación la STS de 21 de diciembre de 2020 :

"La institución jurídica del precario no aparece específicamente regulada en nuestro ordenamiento, si bien la mayoría de la doctrina lo encuadra en el art. 1750 CC . No obstante, ha sido desarrollado por una abundante jurisprudencia, que ha definido el precario como "una situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no nos corresponde, aunque nos hallemos en la tenencia del mismo y por tanto la falta de título que justifique el goce de la posesión, ya porque no se haya tenido nunca, ya porque habiéndola tenido se pierda o también porque nos otorgue una situación de preferencia, respecto a un poseedor de peor derecho" ( sentencias 110/2013, 28 de febrero ; 557/2013, 19 de septiembre ; 545/2014, de 1 de octubre , y 134/2017, de 28 de febrero ). Existe el precario: (i) cuando hay una situación de tolerancia sin título; (ii) cuando sobreviene un cambio de la causa por cesar la vigencia del contrato antes existente, (iii) o incluso la posesión gratuita sin título y sin la voluntad del propietario ( SSTS de 3 de diciembre de 1.958 y 30 de octubre de 1.986 , entre otras).

Por tanto, no se refiere exclusivamente a la graciosa concesión al detentador y a su ruego del uso de una cosa mientras lo permite el dueño concedente (en el sentido que a la institución del precario le atribuyó el Digesto), sino que se extiende a cuantos sin pagar merced utilizan la posesión de un inmueble sin título para ello o cuando sea ineficaz el invocado para enervar el cualificado que ostente el actor ( sentencias de 13 de febrero de 1.958 , 30 de octubre de 1.986 y 6 de noviembre de 2008 ) " (en el mismo sentido, STS de 1 de marzo de 2021 ).

Procediendo en consecuencia desestimar este motivo del recurso de apelación.

CUARTO.-- En cuanto al segundo motivo del recurso, por su situación de vulnerabilidad y la inexistencia de una propuesta previa de un alquiler social.

En relación a dicha cuestión este Tribunal ya sea venido pronunciado de manera reiterada, así y de forma clarificadora a título de ejemplo la sentencia de fecha 9 de marzo de 2022, en que se plantea la misma cuestión que aquí se plantea ya se dijo:

Aplicació de la llei 24/2.015 del Parlament de Catalunya.

SISÈ. L'article 5.2 d'aquesta norma disposava:

"2. Abans d'interposar qualsevol demanda judicial d'execució hipotecària o de desnonament per impagament de lloguer, el demandant ha d'oferir als afectats una proposta de lloguer social, si el procediment afecta persones o unitats familiars que no tinguin una alternativa d'habitatge pròpia i que es trobin dins els paràmetres de risc d'exclusió residencial que defineix aquesta llei, la qual cosa ha de comprovar el mateix demandant, que ha de requerir prèviament la informació als afectats, i sempre que es doni un dels dos supòsits següents:

a) Que el demandant sigui persona jurídica que tingui la condició de gran tenidor d'habitatge.

b) Que el demandant sigui persona jurídica que hagi adquirit després del 30 d'abril de 2008 habitatges que siguin, en primera o en ulteriors transmissions, provinents d'execucions hipotecàries, provinents d'acords de compensació de deutes o de dació en pagament o provinents de compravendes que tinguin com a causa la impossibilitat de retornar el préstec hipotecari".

SETÈ. Aquest apartat de l'article 5, així com els seus números 1, 3, 4 i 9, van quedar suspesos en virtut del que va decidir la interlocutòria del Tribunal Constitucional de 24 de maig de 2.016, publicada al BOE el 3 de juny del mateix any.

Aquesta suspensió es va produir per la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat per part del Govern espanyol contra els esmentats apartats i altres disposicions de la llei.

Mentre va durar aquesta suspensió, vam argumentar de manera reiterada quan els recursos d'apel·lació al·legaven la seva aplicació que, a banda d'altres raons, mentre durés la seva suspensió, esdevenia impossible aplicar-la.

VUITÈ. La sentència de l'esmentat Tribunal de 31 de gener de 2.019 , publicada al BOE el 21 de febrer del mateix any, va resoldre el recurs d'inconstitucionalitat i va aixecar la suspensió d'aquell article sobre la base del desistiment parcial del recurs d'inconstitucionalitat, que va afectar a aquells apartats.

NOVÈ. Aixecada la suspensió, vam argumentar en moltes sentències que l'article 5.2 de la llei 24/2.015 del Parlament de Catalunya, condicionava la seva aplicació a l'existència d'un procediment d'execució hipotecària o de desnonament per impagament de rendes i que no era aplicable a les situacions de precari, perquè la norma es limitava a aquells dos supòsits sense incloure els precaristes.

DESÈ. L'article 5.8 del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, que va entrar en vigor el dia 31 de desembre del mateix any, va introduir en la llei 24/2015 una disposició addicional primera amb el següent contingut:

"1. L'obligació a què fa referència l'article 5.2, d'oferir una proposta de lloguer social abans d'interposar determinades demandes judicials, es fa extensiva en els mateixos termes a qualsevol acció executiva derivada de la reclamació d'un deute hipotecari i a les demandes de desnonament següents:

a) Per venciment de la durada del títol jurídic que habilita l'ocupació de l'habitatge. La proposta de lloguer social és exigible durant un període de tres anys comptadors a partir de l'entrada en vigor del Decret llei de 23 de desembre de 2019, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.

b) Per manca de títol jurídic que habiliti l'ocupació, quan el demandant tingui la condició de gran tenidor d'acord amb la lletra a de l'apartat 9 de l'article 5 i amb la lletra a de l'apartat 3 d'aquesta disposició, sempre que concorrin les circumstàncies següents:

1r. Que l'habitatge es trobi en la situació d'utilització anòmala a què fa referència l'article 41.1.a de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

2n. Que els ocupants acreditin per qualsevol mitjà admès en dret que l'ocupació sense títol es va iniciar, com a mínim, sis mesos abans de l'entrada en vigor del Decret llei de 23 de desembre de 2019, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.

3r. Que els ocupants no hagin rebutjat cap opció de reallotjament social en els darrers dos anys oferta per qualsevol administració pública o d'acord amb l'article 5.2.

4t Que els serveis municipals emetin informe favorable sobre el compliment, per part dels ocupants, dels paràmetres de risc d'exclusió residencial i sobre l'arrelament i la convivència en l'entorn veïnal".

ONZÈ. Arran d'aquesta modificació normativa, la Junta General de Magistrats de les Seccions Civils de l'Audiència de Girona de 10 de febrer 2.020, va adoptar el següent Acord respecte de l'aplicació d'aquesta norma i de la seva eventual transcendència processal en els procediments de desnonament o d'execució hipotecària.

"El posicionament sobre si cal considerar o no com a requisit de procedibilitat per admetre o no una demanda d'execució hipotecària o una determinada demanda de desnonament en el fet que no s'hagi ofert el lloguer social, en els supòsits previstos en l' article 5. 2 i la disposició addicional primera de la Llei 24/2015 de 29 de juliol després de la redacció operada pel RD Llei 17/2019 de 23 de desembre (abans de qualsevol demanda judicial d'execució hipotecària o de desnonament per impagament de lloguer, desnonament per expiració del termini o desnonament d'ocupants sense títol), és, a judici unànime de la Junta de magistrats de les seccions civils de Girona, negatiu".

DOTZÈ. Les raons que ens van portar a aquest Acord van ser les següents:

"1/. Perquè no hi ha cap norma ni substantiva ni processal que determini que si no es fa l'oferiment de lloguer social, l'efecte jurídic sigui el de la no admissió de la demanda o el seu sobreseïment, tal i com exigeix l' article 403 de la LEC .

No es pot passar per alt que l'accés a demanar l'auxili dels Tribunals es troba inclòs en el dret fonamental a la tutela judicial efectiva, recollit en l' article 24.1 de la Constitució i, per aquesta raó, qualsevol restricció a aquest dret fonamental ha de ser interpretada de manera restrictiva.

2/. La norma que exigeix l'oferiment de lloguer social en determinats supòsits té una dimensió legislativa de caire administratiu i d'aquí que la pròpia llei 24/2015 hagués modificat parcialment la llei 18/2007 del dret a l'habitatge, concretament el seu article 124 que recull les infraccions greus, amb unes noves infraccions de les lletres

i) i j) referides al no oferiment de lloguer social, i que la Llei 4/2016 hagi també modificat l'article 118 de la Llei 18/07 que preveu les sancions aplicables als diferents tipus d'infraccions.

És a dir, que en cas d'incompliment d'aquell deure d'oferiment de lloguer social, l'efecte jurídic pot ser el d'una sanció econòmica per part de l'Administració.

3/. En la línia de reforçar la convicció de que el requisit d'oferiment d'un lloguer social en determinats supòsits és una exigència de caire administratiu (que pot comportar sancions fins a 90.000€) i no de caire processal (com a requisits de procedibilitat), destaquem que la defensa lletrada de la Generalitat de Catalunya davant el Tribunal Constitucional en fer les al·legacions en escrit de 6.7.16 al recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 24/2015 presentat pel President del Govern, ja va fer constar expressament que: "El objetivo del artículo 5 no es limitar la contratación ni establecer requisitos procesales a la interposición de las acciones judiciales, sino delimitar el derecho de propiedad, estableciendo una obligación conforme a una finalidad o utilidad social." (Antecedent de fet 7è lletra d) de la STC 13/2019 de 31 de gener ).

Per la seva banda, el Lletrat del Parlament afirmà en les seves al·legacions a l'article 5 apartats 1 a 4 i 9 que no vulneren el sistema de distribució de competències i que ". el Letrado autonómico (sic) razona ampliamente que hallan cobertura en las competencias estatutarias en materia de vivienda y Derecho civil" (Antecedent de fet 8è lletra d) de la mateixa STC).

Així doncs, ja des de Catalunya es constata que "en cap moment s'han volgut afegir requisits processals en aquesta qüestió".

TRETZÈ. La sentència del Tribunal Constitucional de 28 de gener de 2.021, en el que ara ens interessa, ha considerat inconstitucional la disposició addicional primera de la llei 24/2015 , introduïda pel Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.

Aquesta declaració d'inconstitucionalitat implica necessàriament la impossibilitat d'interrompre el procediment sobre la base de no haver fet prèviament a la presentació de la demanda una proposta de lloguer social, quan la necessitat d'aquesta proposta ha estat declarada inconstitucional.

CATORZÈ. Del que acabem d'exposar resulta que la llei 24/2.015 no permet desestimar les demandes de desnonament per precari, com sol·licita el recurs, perquè no modifica el que s'ha d'entendre per precari ni les seves conseqüències jurídiques, sens perjudici d'una eventual suspensió del llançament si concorren els requisits temporals i objectius que preveu la legislació actual o de l'activació dels protocols vigents en aquesta matèria. "

En nada modifica lo anterior la invocación de la llei1/2022. Como se ha señalado anteriormente el Decreto-Ley 17/2019, de 23 de diciembre, introdujo en la disposición adicional primera de la citada ley la obligación de ofrecer un alquiler social en supuestos como el presente, pero la norma fue anulada por sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de enero de 2021.

Las modificaciones que el Decreto-Ley 37/2020, de 3 de noviembre, introdujo en el apartado 1, párrafo primero, en el apartado 1 bis y en el apartado 3 de esta Ley 24/2015, de 29 de julio, fueron también anuladas, por sentencia de 24 de febrero de 2022.

La Ley 1/2022, de 3 de marzo, invocada por la parte recurrente ha vuelto a introducir el requisito del ofrecimiento de alquiler social en supuestos de simple ocupación, que había sido establecido por el citado Decreto-Ley 17/2019. Pero en atención a lo expuesto anteriormente viene siendo criterio de esta Audiencia no considerar este tipo de exigencias como un requisito para proceder judicialmente en estos casos en atención a lo expuesto anteriormente.

En este sentido, como se recoge en sentencia de esta Sala de fecha 14/11/2022:

QUINZÈ. La llei 1/2.022, de 3 de març, ha introduït una altra vegada la disposició addicional primera amb un redactat semblant a les versions anteriors declarades inconstitucionals.

SETZÈ. Per tant, dels arguments que hem exposat resulta que per dos vegades ha estat declarada inconstitucional l'obligació del propietari que legalment tingui la qualitat de gran tenidor d'habitatges, d'oferir un lloguer social que establia la llei 24/2.015, el que fa que no sigui exigible aquell oferiment.

DISSETÈ. Del que acabem d'exposar resulta que aquesta norma no permet suspendre el procediment o desestimar les demandes per expiració del termini contractual, com sol·licita el recurs, per la manca d'oferiment d'un lloguer social, sens perjudici d'una eventual suspensió del llançament si concorren els requisits temporals i objectius que preveu la legislació actual o de l'activació dels protocols vigents en aquesta matèria."

Por lo tanto, si el ofrecimiento del alquiler social no es un requisito procesal para admitir la demanda, ni provoca su desestimación en sentencia, que se haya realizado el ofrecimiento del alquiler social, solo afectará en su caso a la efectividad del propio lanzamiento, por ejemplo, si se dan los presupuesto previstos en la norma alegada o en el Real Decreto Ley 37/2020 de 22 de diciembre.

Por otro lado, en Sentencia 16/2021, de 28 de enero de 2021 del Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales y nulos los artículos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11 (inciso "sin perjuicio del supuesto a que hace referencia el artículo 42. 6"), 2.12, 4.2, 4.5 (inciso "y del apartado 2 de la disposición adicional primera"), 5.5, 5.6, 5.7, 6.3 y 6.6 y la disposición transitoria primera del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. En concreto fue el apartado 5.7 el que modificó el artículo 5 de la Ley 24/2015 y ampliaron su ámbito de aplicación a ocupaciones sin título, por lo tanto, las ocupaciones como la de la recurrente no está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 24/2015.

Y desde luego ello no supone que estemos ante una laguna legal. El precarista no está recogido en la norma, su ocupación es ilegal e ilegítima y, por lo tanto, resulta inadmisible acudir a otra norma para amparar tales situaciones.

En consecuencia la normativa invocada por la parte recurrente en nada modifica lo resuelto anteriormente en atención a lo expuesto y en consecuencia no cabe la desestimación de la demanda por falta de ofrecimiento de un alquilar social y ello sin prejuicio de poderse solicitar la suspensión del lanzamiento, en su caso, si concurren los requisitos previstos legalmente en la actual legislación o en su caso la activación de los protocolos vigentes en la materia.

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que como se recoge en las sentencias del TS 379/2021, de 1 de junio; 502/2021, de 7 de julio; 783/2021, de 15 de noviembre, y 605/2022, de 16 de septiembre, entre otras, el precario es una situación de hecho, que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no nos corresponde, por falta de un título que justifique el goce de la posesión, ya porque no se haya tenido nunca, ya porque habiéndolo tenido se pierda o, también, porque nos otorgue una situación de preferencia, respecto a un poseedor de peor derecho. Y constando acreditado que la parte recurrente ocupa la vivienda objeto del presente procedimiento sin título alguno que la habilite para ello, solo cabe desestimar el recurso y confirmar íntegramente la resolución recurrida.

QUINTO.- En cuanto a la petición subsidiaria solicitando que no se le impongan las costas, por no haber mediado un requerimiento previo.

Señalar que conforme al art. 250.1.2º LEC se decidirán en juicio verbal las demandas que "pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca", sin que sea preceptiva la realización del requerimiento previo que exigía, como presupuesto de la acción, el derogado art. 1565.3 LEC 1881,.

En consecuencia a diferencia de lo que sucedía bajo la vigencia de la LEC de 1881 (art. 1565-3), en la actualidad, el previo requerimiento de desalojo no constituye requisito para la interposición de una demanda de desahucio por precario y en consecuencia ninguna virtualidad cabe reconocer a su falta como motivo para no la aplicación del criterio objetivo del vencimiento establecido en el Art 394 de la L.EC. que aplica la sentencia de Instancia, en consecuencia solo allanándose a la demanda, podía haber evitado la imposición de las costas con la que relaciona aquella omisión.

º

SEXTO.- Al desestimarse el recurso las costas de esta alzada se impondrán a la parte recurrente de conformidad con lo dispuesto en el Art 398 de la L.EC .

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación