Sentencia Civil 143/2023 Audiencia Provincial Civil de Granada nº 3, Rec. 298/2022 de 14 de abril del 2023

PRIMERO.-Interpuesta demanda por la representación de la Comunidad De Propietarios DIRECCION000 Nº NUM000 contra Dº. Baltasar, Administrador de la misma desde el año 2003 al año 2017, reclamando la cantidad de 14.550,98 euros,por las cantidades desglosadas en la demanda desde el año 2010 hasta el año 2017, en concepto de disposiciones injustificadas durante el periodo en el que ejerció como Administrador de la Comunidad, la sentencia estimó parcialmente la demanda condenando al demandado a abonar la cantidad de cuatro mil ciento setenta y nueve euros con cincuenta y cuatros céntimos (4.179,54 euros), mas intereses, sin expresa condena en costas a ninguna de las partes.

Frente a tal pronunciamiento se interpone recurso de apelación por ambas partes.

Se basa el recurso de apelación interpuesto por la representación de la Comunidad De Propietarios DIRECCION000 Nº NUM000 en:

- Error en la apreciación de la prueba e incorrecta aplicación de las normas sobre la carga de la prueba, vulnerando los artículos 217 y 218 de la LEC; e infracción de los principios de congruencia, efectividad, e imparcialidad judicial.

-Alega con carácter subsidiario se estime el error aritmético de que adolece la sentencia de instancia, estimando que el importe por traspasos y cargos indebidos asciende a la cantidad de 7.520,72 €.

Por la representación de Dº. Baltasar a través del recurso de apelación se alega:

-Errónea valoración de la prueba. Improcedente resolución en relación a la desestimación de la excepción de prescripción alegada en autos, en relación a la determinación del dies a quo.

-Infracción de la doctrina de los actos propios.

-Vulneración del derecho de defensa de la parte, ex art. 24 CE, por prueba propuesta y no admitida en la audiencia previa. -Subsidiariamente, error en la valoración probatoria efectuada en la instancia.

SEGUNDO.-Comenzando con el análisis de las alegaciones contenidas en el recurso de apelación de la parte demandada, definidos los términos del debate objeto del litigio, sobre la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre la Comunidad de Propietarios y el Administrador, la misma, se describe como la propia de un contrato de mandato, postura por la que se ha decantado la jurisprudencia en los últimos años, de tal forma que el Administrador desempeña sus funciones de gestión y asesoramiento ( art. 20 LPH) en interés de la Comunidad, y no de los propietarios singularmente considerados. Como ya dijo la sentencia de la AP de Valencia de 10 de Julio de 2009, la posible responsabilidad civil del Administrador no deriva de una obligación de resultado, sino que deriva de un deber de ordenada gestión, de una correcta llevanza de la contabilidad comunitaria, de la adopción de las debidas cautelas en el ejercicio de sus funciones y de la debida diligencia para evitar cualquier daño a la Comunidad; y la sentencia de 24 de Octubre de 2003 de la AP de Badajoz vino a definir las responsabilidades del Administrador de una CP de la siguiente forma: " se pueden diferenciar dos tipos de responsabilidad. En primer lugar, la derivada del incumplimiento total de los deberes de gestión. A este supuesto de responsabilidad por inejecución de funciones alude el art. 1718 CC y, en segundo término, existirá responsabilidad por cumplimiento defectuoso o incorrecto de sus obligaciones, que se produciría en aquellos casos en los que el Administrador realiza una actividad, pero la desarrollada con coincidencia plena con la función que le había sido encomendada, o con la que, según la naturaleza del caso, debía razonablemente esperarse. Es decir, el Administrador no responde objetivamente por el daño causado, lo exigible es una actuación diligente y adecuada en función de cada caso concreto ( art. 1104 CC ), y de la información que le sea suministrada por la Comunidad y por sus vecinos. Es sustancialmente un deber de actividad y de diligencia en la gestión de la actividad profesional...". Audiencia Provincial de Málaga, Sección 4ª, Sentencia de 5 de Marzo de 2021.

Teniendo en cuenta dichos cometidos y las clases de responsabilidad exigible, se habrá de determinar, en primer lugar, si el administrador demandado llegó a actuar de forma negligente o sin la diligencia debida, que es lo que se le demanda, y en segundo lugar, de existir esa actuación negligente, en tanto no ajustada a una adecuada actividad de administración, si se ha producido un daño preciso y cuantificable.

En este sentido y tras el visionado del acto de la vista, niega el demandado, a través del recurso, el reconocimiento de actuación no diligente en el desempeño de su cargo de Administrador de la C. de P. No obstante si tenemos en cuenta la documental aportada con la demanda, tras el requerimiento de la documental por parte de la nueva Administradora, tras hacer una relación de gastos durante los años de su gestión sin que conste aportada documental que avale la misma, expone :" Como ya exprese en la junta de propietarios, la contabilidad está desorganizada, pero eso no significa que haya existido por parte del administrador una actuación perjudicial para los comuneros.

No obstante lo anterior y como ya exprese ante todos los propietarios presentes en la última asamblea, me haré cargo de todas las deudas existentes con proveedores ( en concreto con el mantenimiento del ascensor y el albañil que realizó la impermeabilización de la fachada ) hasta Octubre de 2017, en base fundamentalmente a la contraprestación por los fallos que se han producido y a la confianza que se depositó en mi persona durante estos años.

En Granada a 28 de Febrero de 2018".

Es el propio Administrador demandada el que reconoce la contabilidad desorganizada, fallos e incluso asume deudas con proveedores, hasta Octubre de 2017.

En relación a la pretendida prescripción de la acción, según la cual el apelante considera que las sumas dispuestas desde 2015, serían solo 1.620 €, compartimos el criterio recogido en la sentencia, no podemos olvidar que la relación del Sr. Baltasar y la Comunidad de Propietarios actora, fue una relación larga y perdurable en el tiempo,desde el 12 de mayo de 2003, hasta el 23 de octubre de 2.017, no siendo sino cuando finalizó la misma cuando dicha Comunidad de Propietarios, tras el requerimiento del 29 de enero de 2018 al Sr. Baltasar pudo comprobar parte de la documentación de la que disponía y de la que se derivaban los perjuicios reclamados, siendo significativo el requerimiento dirigido al efecto al mismo, así como el acto de conciliación en junio de 2019,lo que interrumpió la prescripción de la acción.

Considera este Tribunal en este punto que no consta de la prueba documental unida a las actuaciones, que en las sucesivas aclaraciones de cuentas solicitadas por la Comunidad de Propietarios, al Sr. Baltasar, se hiciera constar, acreditándolo, la existencia de parte de los pagos que le son reclamados. Es por todo ello por lo que entendemos que la fecha inicial para el cómputo del plazo de prescripción para la reclamación de los perjuicios habidos por el defectuoso cumplimiento de sus obligaciones por parte del Sr. Baltasar frente a la Comunidad de Propietarios, no se puede iniciar sino a partir del cierto momento en que se tuvo conocimiento por dicha Comunidad de Propietarios de los perjuicios que tan negligente cumplimiento con dichas obligaciones le había causado, y no desde el momento de la celebración de las Juntas,en las que no consta que fueran suscritas por los respectivos Presidentes, según manifestaron en la vista. Siendo por ello por lo que debiendo determinarse como momento en el que la Comunidad de Propietarios actora en la litis tuvo conocimiento de tales perjuicios aquél en el que realmente dispuso de datos para conocer tales hechos, que no fue sino cuando realmente el Sr. Baltasar dejó de prestar sus servicios profesionales a la misma, no podemos considerar que haya prescrito la acción para reclamar cantidad alguna de las señaladas en la demanda, a cuya parte de abono se condenó al ahora apelante en relación con su actuación ante la Comunidad de Propietarios, en la sentencia dictada.

Tal desestimación implica la no apreciación de la infracción de la doctrina de los actos propios. Según la STS, Civil Sección 1ª del 14 de Septiembre de 2021, que analiza tal cuestión fundamental para la resolución del presente recurso, determina:" la doctrina de los actos propios en relación a que los derechos deberán ejercitarse con arreglo a las exigencias de la buena fe, en cuanto a que quien realiza actos que definen situaciones o relaciones jurídicas debe estar y pasar por las consecuencias de los mismos, sin poder ir luego contra dichos actos propios, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia interpretativa del mencionado artículo 7 del C.C. y al no admitir la Audiencia que los actos pueden ser tácitos (no ejercicio de acciones) y en concreto la emanadas de la Sala Primera del Tribunal Supremo Sentencia 274/1999 de 30 Marzo 1999, Rec. 2582/1994 Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 30-03-1999 (rec. 2582/1994), Sentencia nº 352/2010 de TS, Sala 1°, de lo Civil, 7 de Junio de 2010 Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 07-06-2010 (rec. 1039/2006), Sentencia 335/2013 de 7 Mayo. 2013, Rec. 252/2011, corroboradas por la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, núm. 73/1988, de fecha 21 de Abril de 1988 Jurisprudencia citada STC, Pleno, 21-04-1988 ( STC 73/1988)".

A continuación en aras a determinar su inaplicación fundamenta:

1.- La doctrina de los actos propios constituye un principio general del derecho que veda ir contra los propios actos ( nemo potest contra propium actum venire) como límite al ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad ( sentencias de 9 Mayo 2000Jurisprudencia citada a favor STS , Sala de lo Civil , Sección: 1ª, 09/05/2000 (rec. 2278/1995) Jurisprudencia sobre el principio de los actos propios. y 21 Mayo 2001Jurisprudencia citada a favor STS , Sala de lo Civil , Sección: 1ª, 21/05/2001 (rec. 738/1998) Jurisprudencia sobre el principio de los actos propios.). La sentencia de 19 Febrero 2010, reiterada por la núm. 335/2013, de 7 de Mayo de 2013, sintetiza esta doctrina en estos términos:

"El principio de los actos propios implica una actuación "con plena conciencia de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer una determinada situación jurídica, para lo cual es insoslayable el carácter concluyente e indubitado, con plena significación inequívoca del mismo, de tal modo que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o contradicción..." así se expresan las sentencias de 9 de Mayo de 2000 Jurisprudencia citada a favor STS , Sala de lo Civil , Sección: 1ª, 09/05/2000 (rec. 2278/1995)Jurisprudencia sobre el principio de los actos propios. y 21 de Mayo de 2001Jurisprudencia citada a favor STS , Sala de lo Civil , Sección: 1ª, 21/05/2001 (rec. 738/1998) Jurisprudencia sobre el principio de los actos propios.. Y añade la de 22 de Octubre de 2002 que "la doctrina que veda ir contra los propios actos se refiere a actos idóneos para revelar una vinculación jurídica". A su vez, precisan las de 16 de Febrero de 2005 y 16 de Enero de 2006 que "no ejerce su influencia en el área del negocio jurídico, sino que tiene sustantividad propia, asentada en el principio de la buena fe". "Significa, en definitiva - concluye la sentencia de 2 de Octubre de 2007 - que quien crea en una persona una confianza en una determinada situación aparente e induce por ello a otra persona a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede además pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación real".

La sentencia 529/2011, de 1 de Julio Jurisprudencia citada a favor STS , Sala de lo Civil , Sección: 1ª, 01/07/2011 (rec. 509/2007) Jurisprudencia sobre el principio de los actos propios., insiste en la necesidad de una aplicación prudente de esta doctrina y limitada a casos de actos concluyentes e indubitados:

"Entra este motivo en la doctrina de los actos propios, que tanta jurisprudencia ha provocado y cuya aplicación, en orden a la creación de un derecho o a la producción de una vinculación jurídica, debe ser muy segura y ciertamente cautelosa. "Actuaciones que por su trascendencia integran convención y causan estado, dice la sentencia de 19 de Mayo 1998 , "aquéllos cuya realización vaya encaminada a crear, modificar o extinguir algún derecho... y ha de ser concluyente e indubitado y de carácter inequívoco" añade la de 3 de Febrero de 1999, "precisa para su aplicación la observancia de un comportamiento (hechos, actos) con plena conciencia de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer una determinada situación jurídica", expresan las de 9 de Mayo de 2000 y 21 de Mayo de 2001, "actos idóneos para relevar una vinculación jurídica" precisa la de 22 de Octubre de 2002; "no ejerce influencia en el área del negocio jurídico... exige que los actos de una persona que pueden tener relevancia en el campo jurídico marcan los realizados en un devenir, lo que significa que en ningún caso pueden contradecir a los anteriores provocando una situación de incertidumbre que desconcierta a terceros afectados por los mismos y que rompe el principio de buena fe determinado en el artículo 7.1 del Código civil " dicen las sentencias de 16 de Febrero de 2005 Jurisprudencia citada a favor STS , Sala de lo Civil , Sección: 1ª, 16/02/2005 (rec. 3428/1998) Jurisprudencia sobre el principio de los actos propios. y 16 de Enero de 2006. Cuya doctrina, con parecidas palabras, se reitera en las sentencias de 17 de 2006 que recoge una extensa cita de sentencias anteriores, de 2 de Octubre de 2007 que "el acto sea concluyente e indubitado", de 31 de Octubre de 2007: "actos inequívocos y definitivos" y 19 de Febrero de 2010".

2.- En la reciente sentencia 320/2020, de 18 de Junio Jurisprudencia citada a favor STS , Sala de lo Civil , Sección: 1ª, 18/06/2020 (rec. 2765/2017) Jurisprudencia sobre el principio de los actos propios, se insiste también en la vinculación de esta doctrina con el principio de confianza legítima:

"La doctrina de los actos propios tiene su último fundamento en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables." ( SSTS de 9 de Diciembre de 2010 Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 09-12-2010 (rec. 1433/2006) y 547/2012, de 25 de Febrero de 2013 Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 25-02-2013 (rec. 2217/2008)). El principio de que nadie puede ir contra sus propios actos solo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieren creado una situación o relación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla ( SSTS 9 de Diciembre de 2010, RC n.º 1433/2006 Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 09-12-2010 (rec. 1433/2006), 7 de Diciembre de 2010, RC n.º 258/2007Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 07-12-2010 (rec. 258/2007)). Como afirmamos en la sentencia de 25 de Febrero de 2013Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 25-02-2013 (rec. 2217/2008), [...], dicha doctrina "significa, en definitiva, que quien crea en una persona una confianza en una determinada situación aparente y la induce por ello a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación real".

En cuanto a la vulneración del derecho de defensa de la parte, ex art. 24 CE, por prueba propuesta y no admitida en la audiencia previa y subsidiariamente, error en la valoración probatoria efectuada en la instancia, debe de procederse a la aplicación de las normas sobre la carga de la prueba, extremo donde -con carácter general- opera el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, precepto que, en sus apartados 2º y 3º, establece que corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, e incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior; lo cual significa que corresponde a la parte actora acreditar los hechos constitutivos del derecho cuyo reconocimiento y protección invoca y, a la parte demandada, los impeditivos o extintivos del mismo, sin que deba desconocerse, por un lado, que, conforme al apartado 1º del referido precepto, si al tiempo de dictar Sentencia el Tribunal considera dudosos unos hechos relevantes para la decisión, habrá de desestimar las pretensiones del actor o del reconviniente o del demandado o reconvenido según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones, y, por otro que, a tenor del apartado 7º del tan repetido artículo, para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada una de las partes del litigio.

Sustentar la revocación de la declaración de responsabilidad del demandado apelante en que "los documentos en que se funda la reclamación" han sido realizados de manera unilateral pues no han sido aportado soporte documental, se considera que atendiendo a la carga de la prueba que recae en el demandado de desvirtuar los hechos de la demanda, deberemos apreciar como acertadamente resuelve la juzgadora de instancia que los documentos aportados para fundar la pretensión aun siendo realizados de manera unilateral no es menos cierto que se han realizado por la nueva administradora a tenor de la contabilidad de la Comunidad de Propietarios, si bien basándose en los extractos de movimientos bancarios,el apelante debió y pudo exigir de la Comunidad de Propietarios la aportación de la documental que tanto en la instancia como en esta alzada denuncia, no han sido admitidas, debiendo señalar al respecto , como tal documental , no fue entregada por el demandado, reconociendo el mismo que no disponía de mas documentación, y que como Administrador, tenía obligación de dar cuenta a la Comunidad, por lo que la demanda ha sido estimada parcialmente.

La sentencia valora tanto las documentales como las pruebas de interrogatorio y testificales, sin que podamos apreciar una valoración ilógica, arbitraria o irracional, que determine el denunciado error lo que determina la desestimación del recurso interpuesto.

TERCERO.-Procede a continuación la resolución del recurso interpuesto por la Comunidad de Propietarios, se alega igualmente error en la apreciación de la prueba e incorrecta aplicación de las normas sobre la carga de la prueba, vulnerando los artículos 217 y 218 de la LEC; e infracción de los principios de congruencia, efectividad, e imparcialidad judicial. En relación al error en la valoración de la prueba nos remitimos a la fundamentación recogida en la presente resolución,en cuanto a la alegada incongruencia, efectividad e imparcialidad, la STS 372/2011 de 1 de Junio fundamenta que " el deber de congruencia de las sentencias consistente en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, existe allí donde la relación entre estos dos términos, fallo y pretensiones procesales, no está sustancialmente alterada, entendiéndose por pretensiones procesales, las deducidas en los suplicos de los escritos fundamentales rectores del proceso, y no en los razonamientos o argumentaciones que se hagan en los mismos."

Ejercitada una acción de reclamación de cantidad frente al Administrador de una Comunidad de Propietarios, una vez cesó en el cargo, y habiéndose pronunciado la sentencia sobre todas las cuestiones controvertidas, no podemos acoger tal motivo de impugnación, al ser estimada parcialmente la demanda en base a la documental obrante en el procedimiento.

En este sentido el art. 20.1 de la Ley 49/1969, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, establece que corresponde al administrador:

a) Velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y servicios, y hacer a estos efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares.

b) Preparar con la debida antelación y someter a la Junta el plan de gastos previsibles, proponiendo los medios necesarios para hacer frente a los mismos.

c) Atender a la conservación y entretenimiento de la casa, disponiendo las reparaciones y medidas que resulten urgentes, dando inmediata cuenta de ellas al presidente o, en su caso, a los propietarios.

d) Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras y efectuar los pagos y realizar los cobros que sean procedentes.

e) Actuar, en su caso, como secretario de la Junta y custodiar a disposición de los titulares la documentación de la comunidad.

f) Todas las demás atribuciones que se confieran por la Junta.

El administrador no está legitimado pasivamente frente a terceros por daños producidos en el desarrollo de estas funciones ni por el deterioro o mal funcionamiento de los elementos comunes de cuyo mantenimiento se encarga, sino que es la Comunidad la que responde en aplicación del art. 10.1 LPH, sin perjuicio de la competencia de la junta para exigir responsabilidades al mismo en vía de repetición en la esfera interna ( SSTS de 14/05/1993 y 21/10/1991 ), en el seno de la cual el Administrador responderá de la omisión de las actuaciones que le impone el art. 20 LPH , de la culpa y negligencia en el desempeño de tales actuaciones, con el rigor que permita, en su caso, su carácter de profesional retribuido ( arts. 1719.2 y 1726 CC ) o del incumplimiento de rendir cuentas de su gestión ( art. 1720 CC ).

La sentencia de 1ª Instancia estima parcialmente la demanda, y entendemos que no basta con afirmar los hechos, sino que la parte actora debió y pudo aportar la practica de una prueba pericial contable. Así la sentencia distingue entre traspasos a cuenta, cargos en cuenta realizados por el administrador, y disposiciones mediante cheques. Estos últimos los excluye al entender que no existen deudas por la Comunidad frente a los distintos proveedores de servicios a la misma.

Por lo que, ante la insuficiencia de prueba, se considera que la parte demandada no ha de responder de las cantidades reclamadas por tal concepto. No podemos presuponer como se alega en el recurso , que el Administrador extendiera los cheques por cantidad superior a la debida, apropiándose de cantidades indebidamente y condenar sin prueba al respecto.

Cuestión distinta son las cantidades que según la sentencia consisten en :"traspasos a cuenta y cargos en cuenta realizados por el Administrador, de la documental, consistente en extracto de cuenta (doc.nº 2), queda acreditado el cargo de recibos y transferencias efectuados por el Sr. Baltasar desde la cuenta de la Comunidad a la cuenta personal del Sr. Baltasar.

Dado que se trata de gastos y/o disposiciones efectuados desde la cuenta titularidad del Sr. Baltasar, corresponde al mismo, la carga de la prueba de acreditar el destino de las mismas, ya que al tratarse de una cuenta de su titularidad concurre la facilidad probatoria de aportación de la debida justificación de los movimientos de la referida cuenta. Motivo por que el que al no haber acreditado el destino de tales disposiciones, ha de responder de tales cantidades.

Dichas disposiciones ascienden a la cantidad total de 4.179,54 euros."

Es esta la última alegación que con carácter subsidiario realiza la actora apelante al considerar la existencia de error aritmético de que adolece la sentencia de instancia, estimando que el importe por traspasos y cargos indebidos asciende a la cantidad de 7.520,72 €.

No consta el alegado error material,en virtud de lo establecido en el art. 214 de la L.E.C. en primera instancia, por la que se solicitara la rectificación, que a través del recurso se pretende.

Examinada la documental nº dos aportada con la demanda, junto a la pretensión, en relación a la cantidad reclamada, mediante la misma, la sentencia solo reconoce como cantidad a abonar los traspasos a cuenta y cargos en cuenta realizados por el Administrador, queda acreditado el cargo de recibos y transferencias efectuados por el Sr. Baltasar desde la cuenta de la Comunidad a la cuenta personal del Sr. Baltasar.

Tales cantidades corresponden según la demanda en los sucesivos ejercicios a :

-Ejercicio 2.010:

Traspasos a cuenta no justificados: 500,00 €.

Cargos en cuenta realizados por el administrador no justificados: 457,12 €.

-Ejercicio 2.011:

Traspasos a cuenta no justificados: 352,82 €.

Cargos realizados por el administrador no justificados: 262,00 €.

-Ejercicio 2.012:

Traspasos a cuenta no justificados: 300,00 €.

Cargos realizados por el administrador no justificados: 306,66 €.

-Ejercicio 2.013:

Cargos realizados por el administrador no justificados: 834,09 €.

-Ejercicio 2.014:

Cargos realizados por el administrador no justificados: 854,65 €.

-Ejercicio 2.015:

Cargos realizados por el administrador no justificados: 312,20 €.

Ascendiendo la suma a la cantidad reconocida en sentencia de 4.179.54 € por lo que ningún error material se aprecia en cuanto a la cuantía a abonar procediendo la desestimación del recurso.

CUARTO.-Al desestimarse los recursos de apelación, las costas procesales de segunda instancia se imponen a las partes apelantes, según determina el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

VISTOS los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.