Sentencia Civil 35/2023 Audiencia Provincial Civil de Granada nº 5, Rec. 382/2022 de 19 de enero del 2023

PRIMERO.- El recurso de apelación interpuesto en nombre de las hermanas María Milagros -Dª María Milagros, Dª Belen y Dª Bernarda- se ciñe al pronunciamiento sobre costas consecuente al allanamiento de las apelantes a la acción de división de la cosa común que deduce en su demanda el también hermano D. Alejo -titular de una cuota del 84,35 % del condominio-, cuestión que es la que se aborda principalmente en la sentencia apelada, a cuyo efecto conviene dejar sentado que en la demanda rectora del procedimiento la pretensión se plantea en los siguientes términos:

1) Se declare la existencia de un condominio sobre el local sito en C/ DIRECCION000, nº NUM000 de Granada, registrado como FINCA Nº : NUM001 IDUFIR: NUM002, según se describe en el hecho primero de la presente demanda.

2) Se declare, que por ser el inmueble en cuestión esencialmente indivisible, para salir de la indivisión, de no existir acuerdo entre las partes para la adjudicación del inmueble a uno de ellos compensando a los demás, se debe proceder a la venta de los mismos en pública subasta, cuyas condiciones serán presentadas al tiempo de ejecución de la demanda, distribuyéndose el precio que en ella fuera obtenido, conforme al derecho de cada propietario en tal comunidad, o que, subsidiariamente a esta declaración, en el supuesto de que se considere que la finca es divisible, se proceda a la división material de los citados inmuebles en los indicados porcentajes.

3) Se condene a las demandadas a estar y pasar por estas declaraciones y a llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para proceder a la división del inmueble.

4) Se impongan expresamente a la parte demandada las costas procesales del presente litigio, aun cuando se allanen a la presente demanda, según lo expresado en el Fundamento de Derecho VIII.

A esa demanda las demandadas contestan separadamente, manifestando Dª Belen que se allana a las pretensiones deducidas excepto en lo que concierne a que las condiciones sean las presentadas al tiempo de la "ejecución de la demanda" porque ello entraña que se admita que la parte actora sea la que imponga las condiciones de la subasta de forma unilateral, sosteniendo que serán las condiciones que impone la LEC en los artículos 655 y siguientes o las que se consensuen entre las partes. Ello entraña, se dice en la contestación a la demanda, que se deja a la voluntad del actor:

1. Si se tiene ó no que pedir la certificación de dominio y cargas de la finca registral a subastar ( art. 656 de la L.E.C.).

2. Si es el actor quien impone y/o fija la valoración del inmueble (130.854,83 €), ó se designará un perito, de común acuerdo ó por este Juzgado, para que realice su valoración para su subasta ( art. 666 de la L.E.C.).

3. Si la subasta sólo participarán los cuatro hermanos o bien se admitirán licitadores distintos a estos lo que significa que se dará a la subasta la publicidad que establecen los arts. 667 y 668 de la L.E.C.

4. Si cada copropietario está obligado a consignar el 5% del valor que se le dé al inmueble para poder participar en la subasta o esta eximido de realizar dicha consignación ( art. 669 de la L.E.C.).

5. Si celebrada la subasta, si se producirá o no la adjudicación directa si el mejor tipo ofrecido es inferior al 70% del tipo de subasta o sobre qué porcentaje se producirá esa adjudicación y si ésta se puede otorgar por la mejor postura ofrecida con independencia del precio ofertado. Si se exige o no un porcentaje mínimo para que se produzca la adjudicación directa. Si se puede ofrecer pagar a plazos con garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, el precio aplazado. Si la mejor postura ofrecida es inferior al 70%, si cabe presentar un tercero que mejore dicha postura ó si un copropietario puede ofrecer el 70% del tipo de subasta ( art. 670 de la L.E.C.).

6. Qué ocurrirá si no se produce ninguna postura en la subasta. Si se repite o no la subasta y en qué condiciones ó puede algún copropietario ofrecer un determinado dinero para adjudicarse el bien y si el resto de propietarios pueden mejorar esa oferta.

7. Qué ocurre si se produce la quiebra de la subasta, bien por un propietario o por un tercero que pudiera participar y qué consecuencias se pueden producir ( art. 653 de la L.E.C.).

De modo que propone, textualmente, que bastará con que la parte actora suprima la frase "...cuyas condiciones serán presentadas al tiempo de ejecución de la demanda..." (sic), del suplica de la demanda o, en su defecto, aclare y/o matice dicha frase en el sentido de que Don Alejo no impondrá, ni presentará, las condiciones de la subasta al tiempo de ejecución de la demanda por lo que estas serán consensuadas, de común acuerdo, con el resto de copropietarios o será de aplicación la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que mi mandante se allane, de forma total o íntegra, a la demanda que presenta la Parte actora" , al margen de señalar que detecta un error material al incluir en la petición que se proceda a la división; y en lo relativo a las costas, mantenía la ineficacia del burofax porque el " actor puso un burofax en correos, el funcionario lo llevo al domicilio de mi mandante y como no había nadie no lo entregó y dejó un aviso sin que mi mandante fuera a recogerlo en correos", porque ella no tenía obligación alguna de recoger esa carta o lo que fuera en las oficinas de correos, ni sabía que pudiera tratarse de un burofax remitido por su hermano, y sostiene que lo que quiere es " poner fin al proindiviso a través de la subasta judicial del inmueble, donde se pujará por el mismo por una determinada cantidad y si alguien, hermano o tercero, ofrece un mayor importe pues para él y a repartir el dinero que se obtenga conforme a los porcentajes de participación".

Por su parte Dª Bernarda y Dª María Milagros, con la misma representación y defensa que su hermana Belen, contestan conjuntamente, aduciendo idénticos argumentos en lo que atañe al allanamiento parcial por la cuestión de las condiciones de la subasta; reiterando, en cuanto a las costas que el burofax no recogido no produce efectos, si bien se añade que el burofax de fecha 2 de diciembre de 2020, dirigido a Doña María Milagros, se remitió a la isla de Ibiza (islas Baleares), cuando desde el 1 de Mayo de 2020 se encontraba trabajando en la ciudad de Málaga tal y como se acredita con el certificado, de fecha 23 de Septiembre de 2021, que ha expedido el Servicio Andaluz de Salud.

El recurso de apelación se interpone conjuntamente por las tres hermanas, aduciendo seis motivos de impugnación con denuncia de infracción legal y de la doctrina jurisprudencial, que se enuncian así:

1. Primer motivo de recurso. Infracción del art. 394 de la L.E.C. Se ha producido una estimación parcial de la demanda y ello porque la parte actora, en el acto de la audiencia previa, al aclarar el suplica de su demanda, lo modificó, alteración que fue aceptada por mis mandantes y se recoge, de forma expresa, en la sentencia dictada.

2. Segundo motivo de recurso. Infracción de la doctrina jurisprudencial en relación a los procedimientos de división de cosa común. Estos procedimientos no llevan aparejada, por su especial singularidad, la imposición de costas en caso de allanamiento.

3. Tercer motivo de recurso. Infracción del art. 395.1 de la L.E.C. Mis mandantes no recibieron los burofax que les remitió la parte actora.

4. Cuarto motivo de recurso. Infracción del art. 395.1 de la L.E.C. Los burofax que le remitió la parte actora a mis mandantes no constituían "... requerimiento fehaciente y justificado de pago" (sic), sino que eran genéricos, sin contenido alguno, que impedían a mis mandantes decidir si compraban la participación del actor o le vendían la suya.

5. Quinto motivo de recurso. Infracción del art. 395.1 de la L.E.C. Un correo electrónico y/o un sms no constituyen "... requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él solicitud de conciliación" (sic). No se acredita que mis mandantes recibieran esos correos electrónicos y sms.

6. Sexto motivo de recurso. Infracción del art. 395.1 de la L.E.C. y de nuestra doctrina jurisprudencial. No existe identidad objetiva entre los burofax y lo que se pide en la demanda.

La sentencia apelada da respuesta a cada uno de los motivos expuestos, puesto que reproducen, sustancialmente, argumentos fácticos y jurídicos ya alegados en los escritos de contestación, por lo que incumbe a esta sala pronunciarse sobre la conformidad a derecho de tales respuestas.

SEGUNDO.- Procedencia de la aplicación de los art. 394.2 o 395.1, párrafo segundo, de la LEC .

Con arreglo a lo declarado por el Tribunal Supremo en doctrina consolidada, la comunidad ordinaria o romana regulada en nuestro Código Civil en sus artículos 392 y siguientes es considerada, desde el derecho romano, como una situación transitoria y a la que el ordenamiento contempla con disfavor, dada su inestabilidad y alta conflictividad, afirmando en la sentencia de 28 de enero de 2011 (con cita de otras muchas) que la acción de división reconocida en el artículo 400 a cada uno de los copropietarios es una facultad del derecho de propiedad y se caracteriza por su imperatividad, respondiendo a una facultad inherente al condominio de carácter absoluto, irrenunciable e imprescriptible; y resulta conforme a esa naturaleza y características de la acción y, por ende, ineludible jurídicamente que, en el supuesto de que por imposibilidad de división material del inmueble, como es el caso, haya de procederse a la división económica, necesariamente habrá de efectuarse preferentemente por convenio o acuerdo entre las partes ( STS núm. 504/2013 de 19 julio) y, en su defecto, mediante enajenación en pública subasta y reparto del precio en proporción a las cuotas de cada uno; pronunciándose en ese sentido la STS 693/2018, 11 de diciembre, en la que se dice que, excluida por la voluntad del comunero la adjudicación a uno con compensación económica al otro, la única forma de proceder a la división de la comunidad es la de acudir a la venta en pública subasta con distribución del precio obtenido entre los comuneros; sin que tenga cabida, por ende -decimos nosotros-, en defecto de acuerdo entre las partes, ningún tipo de imposición de condiciones que las que resulte de la aplicación subsidiaria de los procedimientos legales, puesto que la única solución que puede ser coercitivamente impuesta cuando los bienes (o alguno de ellos) sean indivisibles es precisamente la venta en pública subasta y el reparto del precio entre los condueños ( arts. 404 y 1062 Código Civil).

En este sentido coincidimos con la Magistrada en que de la lectura del suplico de la demanda en absoluto se desprende que la pretensión deducida en la misma fuese la de imponer condiciones unilaterales a la subasta, puesto que la mención a la solución alternativa para el caso de falta de acuerdo entre las partes para la adjudicación del inmueble a uno de ellos compensando a los demás, precisamente viene a poner el foco en el criterio principal de solución consensuada, por lo que ningún sentido tendría que en lo que se refiere a la subasta pretendiesen imponerse condiciones unilaterales, de modo que la frase "cuyas condiciones serán presentadas al tiempo de ejecución de la demanda", referida a la celebración de la subasta, como mucho puede considerarse que incurre en cierta imprecisión, pero en caso alguno implicaría que, de recaer pronunciamiento estimatorio de la pretensión en esos mismos términos, ello supusiera la admisibilidad de demanda ejecutiva en la que la parte ejecutante estableciera a su conveniencia condiciones de celebración de la subasta arbitrarias o contrarias a derecho, y que ello excluyera, además, la facultad de oposición de los ejecutados a esa pretensión ejecutiva, lo que, por otra parte, se descarta por la propia naturaleza imperativa e indisponible de las normas procesales que rigen la ejecución de sentencia.

Pero es que, además, de la lectura conjunta de la demanda tampoco se deduce que la pretensión fuese la de imponer la celebración de subasta en condiciones distintas a las que legalmente resulten procedentes, y ateniéndose a los términos de los burofaxes enviados en nombre del demandante lo que resulta, con claridad, es lo contrario, puesto que en los mismos se dice que "En caso de no alcanzar un acuerdo para que me vendas tu cuota del local o compres la mía y con objeto de evitarnos tener que acudir a un procedimiento judicial de división de la cosa común, te ofrezco la opción de acudir a una subasta voluntaria a tramitar por los cauces de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria", siendo determinante en este sentido recordar que el art. 110 de esta norma viene a establecer que se presente por los interesados, legitimados para la enajenación, " el pliego de condiciones particulares con arreglo a las cuales haya de celebrarse la subasta y en donde se recogerá la valoración de los bienes o derechos a subastar", lo que, ineludiblemente, conforme a la naturaleza de esa norma y de los procedimientos previstos en la misma, implica que dichas condiciones se establezcan con el consenso de todos los titulares del dominio sobre el inmueble; y finalmente, el tratamiento procesal conferido a la cuestión por la Magistrada de Instancia se acomoda a dichas consideraciones, puesto que sometió la cuestión a las partes y aclaró la demandante que no pretendía otra cosa que la venta por el precio fijado de mutuo acuerdo o fijado por tasador, siendo el caso que el texto de estos burofaxes se incorpora a la demanda y la propia parte actora se remite a los mismos para alegar la mala fe que impregna el comportamiento de las demandadas al hacer caso omiso de los mismos, careciendo de sentido y apartándose del significado de lo expuesto en los mismos y en el suplico de la demanda la conclusión de que pretendía el demandante imponer sus condiciones en la que insisten las apelantes; así como la consideración de que concurre una modificación de la pretensión deducida en la demanda, por lo que, en línea con la sentencia apelada, ha de considerarse aplicable el art. 395 y no el 394 de la LEC, al tratarse de una estimación íntegra de la demanda.

TERCERO.- Aplicación al caso de la excepción de mala fe contemplada en el art. 395 LEC , e interpretación del precepto a la luz de los motivos de impugnación del apelante.

Con arreglo a lo expuesto hemos de descartar que la Magistrada de Instancia y esta Sala se hallen vinculadas por una doctrina jurisprudencial que establezca la inaplicación de la excepción contemplada en el art. 395 LEC a las acciones de división de la cosa común, puesto que partiendo de que el principio que inspira la excepción al criterio general de no imposición de costas en caso de allanamiento, cual es evitar que instrumentalice el mismo como estrategia de interés espurio por parte del demandado que, reconociendo el sustento legal de las pretensiones del demandante, le obligue a asumir los gastos y la dilación en la satisfacción de su derecho que supone el procedimiento declarativo previo a la solución divisoria consensuada o a la división económica mediante subasta pública; lo que, lejos de excluirse en los supuestos de ejercicio de las acciones de división de cosa común, adquiere carta de naturaleza en las mismos, teniendo en cuenta, precisamente, el carácter transitorio e indeseable de la situación de indivisión y la naturaleza de facultad inherente al dominio que corresponde a la acción judicial, así como la irrenunciabilidad e imprescriptibilidad que la caracterizan, por lo que la resistencia injustificada a la viabilidad de la división se tiñe de mayor gravedad y más clara conculcación de la buena fe exigible; considerando, por otra parte, que dicho procedimiento declarativo es perfectamente evitable acudiendo, precisamente, al procedimiento de subasta voluntaria previsto en la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Dicho lo cual, el segundo motivo impugnatorio de los esgrimidos por el apelante ha de ser igualmente desestimado, puesto que lo que viene a defenderse es la conformidad a la buena fe de una postura deliberada de desacuerdo con cualquier propuesta, aunque sea la de fijación objetiva del precio mediante tasación contradictoria y sometimiento, sobre esa base, a las condiciones particulares que se pacten o a las legalmente establecidas.

En consecuencia, la interpretación del art. 395 de la LEC, acomodada al supuesto de ejercicio de la actio communi dividundo, aboca a la consideración de que la mala fe a que alude se trata de mala fe extraprocesal, lo que entraña valorar la conducta de las partes con anterioridad al planteamiento de la demanda con base en dos criterios fundamentales: la homogeneidad de lo pedido en el pleito por el actor con lo reclamado por él extraprocesalmente, y la existencia efectiva de algún requerimiento extraprocesal para la satisfacción del derecho reclamado en la litis; por lo que, desde una perspectiva negativa, no cabría apreciar mala fe si lo reclamado en la demanda difiriese de lo reclamado con anterioridad, pues en tal caso es obvio que las demandadas podían disentir de lo pedido en un principio pero no de lo reclamado después, impregando de coherencia a su postura procesal de aceptación de la reclamación judicial; a lo que podemos añadir, como supuestos excusables a pesar de la homogeneidad de las pretensiones extraprocesales y las deducidas en la demanda, aquéllos en que la demanda se plantea de forma sorpresiva, sin aviso previo a las demandas o sin respeto a un razonable plazo de cumplimiento, de lo que resultaría que, en realidad, no se ha dado en consecuencia de cumplir voluntariamente su obligación.

Por el contrario, y desde una perspectiva positiva, resulta obligado afirmar la mala fe cuando, reclamándose en la demanda lo mismo que se reclamó extrajudicialmente, las demandadas hacen caso omiso a dicho requerimiento sin causa alguna o guardando silencio durante más tiempo del razonable hasta el punto de provocar la reclamación judicial de lo debido, único momento en que al fin se avienen a asumir la exigibilidad del derecho del actor.

Con arreglo a tales criterios, y soslayando por ahora las cuestiones relativas a los reparos y motivos impugnatorios que la representación de los apelantes formula basándose en las incidencias relativas a la recepción de los requerimientos extrajudiciales, en lo que entraremos posteriormente, hemos de estar a la coherencia del contenido de los requerimientos extrajudiciales con la pretensión deducida, conforme a lo razonado anteriormente, puesto que no concurre el factor diferenciador que se aduce en el recurso al descartarse que se deduzca con la demanda pretensión alguna de imposición de condiciones unilaterales de la subasta pública para el caso de inexistencia de acuerdo en las mismas; siendo insostenible el argumento impugnatorio basado en que en los burofaxes se referían cuotas de participación del 2,59 % en lugar del 2,599 % en el caso de Dª Belen, del 8,30 % en lugar del 8,3024 % en el Dª María Milagros y del 4,7463 % en el de Dª Bernarda, y que ello respondía a la intención de D. Alejo de devenir en propietario de una cuota del 99,9883 % y no del pleno dominio y de abonarles sólo esa parte de su participación en el precio, puesto que ello pugna con la intención más que evidente de consolidar el pleno dominio por parte del demandante y, en palabras usadas por el Tribunal Supremo en algún supuesto -que hacemos nuestras-, responde no ya una interpretación literal alejada de la verdadera intención de la parte, sino a una interpretación literalista que pretende desenfocar la cuestión de la valoración de la falta de respuesta alguna a los requerimientos, puesto que es evidente que esa falta de respuesta en modo alguno puede pensarse que se debiera a esa discrepancia infinitesimal; y hemos de decir lo mismo en lo que concierne a que la negociación sólo hubiera tenido cabida ante una oferta de compra a un precio concreto, que es otro de los motivos de justificación que se aducen a la falta de respuesta y de impugnación del pronunciamiento sobre costas, puesto que es perfectamente posible iniciar una negociación con base, como se decía en los buofaxes, al precio que se establezca de mutuo acuerdo o que sea fijado por un tasador, si es que existiera una mínima voluntad de someterse a la acción de división de cosa común que imperativamente contempla el ordenamiento jurídico, de forma que lo que lo que claramente resulta contrario a la buena fe exigible, con arreglo al art. 7º del Código Civil, es la postura de absoluta pasividad ante el requerimiento, puesto que lo consecuente con esa buena fe es la respuesta clara y motivada, posicionándose respecto a las alternativas que se ofrecen (adquisición de las cuotas por precio concertado o fijado por tasador o venta en pública subasta) sin menoscabo de la posibilidad de pedir aclaraciones o precisiones sobre dichas ofertas, nada de lo cual se implementa cuando la actitud que se adopta es la no darse por enterado de la pretensión deducida, si fuese cierto que la intención que albergaban las apelantes era, como se dice, " poner fin al proindiviso a través de la subasta judicial del inmueble, donde se pujará por el mismo por una determinada cantidad y si alguien, hermano o tercero, ofrece un mayor importe pues para él y a repartir el dinero que se obtenga conforme a los porcentajes de participación".

Ha de concluirse, por tanto, en que no se actúa de buena fe con esa actitud pasiva; máxime, cuando consta y se admite que el funcionario de correos ha depositado un aviso de la llegada del burofax y, deliberamente, la persona destinataria decide no personarse en la oficina de correos, con lo que abordamos otro de los motivos impugnatorios de las apelantes, porque defiende su representación que la sentencia apelada incurre en error de valoración jurídica y en infracción del art. 24 de la Constitución Española cuando afirma que los burofaxes despliegan sus efectos jurídicos a efectos de validez como requerimiento si no llegan a entregarse materialmente por causa imputable al destinatario, sosteniendo que personarse en la oficina de correos depende de su exclusiva voluntad y derecho sin consecuencia alguna, lo que contrasta con la doctrina jurisprudencial, que como señala la Magistrada de Instancia, proclama en distintos supuestos en que el requerimiento previo es relevante, porque "la naturaleza recepticia que corresponde a toda notificación o requerimiento, legalmente practicado, exige la colaboración del destinatario, en el sentido de que admita y no obstaculice intencionada o negligentemente su recepción, de manera tal que la frustración de su práctica no responda a causas que le sean directamente imputables y no al requirente", porque -declara- "n o es posible que la eficacia de un acto jurídico penda de la voluntad del requerido", y, con cita, de la sentencia del Pleno 552/2010, de 17 de septiembre, añade que en la misma "se conjugó, tratándose del contrato de opción de compra, el criterio de la recepción con el principio de auto-responsabilidad, o de razonable posibilidad de conocimiento de la aceptación por el requerido", y en el mismo sentido se pronuncia la sentencia 738/2016, de 21 de diciembre, invocando el art. 1119 del Código Civil, conforme al cual "se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impidiese voluntariamente su cumplimiento".

Así resulta de la sentencia del Tribunal Supremo núm. 493/2022, de 22 de junio; de modo que el recurso de apelación sólo podría prosperar por los motivos impugnatorios que atañen a la falta de recepción por causas distintas a la voluntad de las demandadas de no personarse en las oficinas de correos.

CUARTO.- Remisión y recepción de los burofaxes, correos electrónicos y mensajes SMS.

La formulación conjunta del recurso de apelación o de la contestación a la demanda, en el caso de las hermanas Belen y María Milagros, no puede soslayar el hecho admitido de que tanto Bernarda como Belen recibieron en su domicilio el aviso de llegada del burofax, de manera que rechazados los motivos impugnatorios del pronunciamiento sobre costas basados en la indioneidad objetiva de esos burofaxes para ser tenidos como requerimientos previos, y calificada de mala fe su actitud pasiva ante los mismos, obviamente no podrán beneficiarse éstas de pronunciamiento alguno basado en que la tercera de las hermanas - María Milagros- no hubiera recibido en su domicilio el mismo burofax por el mero hecho de formular conjuntamente el recurso de apelación, teniendo en cuenta, además, que el pronunciamiento sobre costas en supuestos como el presente, en los que no concurre vínculo de solidaridad alguno, el crédito por costas tiene naturaleza mancomunada.

Centrándonos, por tanto, en lo sucedido con Dª María Milagros, se constata en la sentencia apelada que, con arreglo al certificado emitido por el SAS, prestaba sus servicios profesionales en Málaga con antelación a la remisión del primer burofax, pero se fundamenta su condena al pago de las costas en que tampoco atendió a los correos electrónicos que le envió su hermano con igual petición para llegar a un acuerdo sobre la extinción del condominio, considerándolos medios hábiles para efectuar el requerimiento, frente a lo cual se aduce en el recurso que no se acredita con las certificaciones emitidas por "LLEIDA.NET" que los correos electrónicos y sms se recibieran y leyeran por las destinatarias, y que podría estar bloqueada la recepción de este tipo de mensajes, de modo que no puede tenerse por acreditado el acuse de recibo, admitiendo únicamente que dichos documentos lo que acreditan es la entrada en el servidor de destino, lo que no quiere decir que las apelantes los recibieran en sus terminales y los leyeran.

Cuestión ésta que hemos de abordar considerando recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo, en línea con el ya invocado de la sentencia núm. 493/2022, de 22 de junio, en los que se insiste en que la naturaleza recepticia de los requerimientos, exigible para su eficacia jurídica, no puede supeditarse a que se efectúe por un medio "fehaciente", por mucho que ello facilite la prueba, sino " que también pueden tomarse en cuenta diversos elementos fácticos para llegar a la conclusión de que la comunicación que contenía el requerimiento ha sido recibida por el afectado (o ha podido ser recibida empleando una diligencia razonable), sin necesidad de que el requerimiento se haya practicado mediante un burofax con acuse de recibo, un acta notarial u otro medio fehaciente" ( sentencia del Tribunal Supremo, de Pleno, núm. 946/2022, de 20 de diciembre , en la que se aborda la cuestión desde la perspectiva de la exigencia de requerimiento de pago previo para la inclusión del deudor en fichero de morosos y su repercusión en la conculcación del derecho al honor). Y, en definitiva, en el contexto que se viene describiendo, hemos de considerar acreditada con la certificación expedida por la empresa prestataria de servicios de certificación de remisión de datos y entrega, la comunicación pudo ser recibida con una diligencia razonable por parte de Dª María Milagros, teniendo en cuenta que lo que se infiere sin lugar a dudas, teniendo en cuenta la actuación procesal de consuno con sus hermanas, es la comunión de intereses con las mismas, que entraña la más que probable comunicación previa a la interposición de la demanda y el conocimiento de las intentos de comunicación del hermano respecto al bien en proindiviso, habiendo quedado claramente constatada que la actitud deliberada de las mismas, lejos de responder a la intención de facilitar la división que se dice, es la de desentenderse de las comunicaciones, por lo que no podemos reconocer peso impugnatorio a las alegaciones sobre hipotéticos bloqueos de los mensajes que debieron tener acceso al ordenador o teléfono de Dª María Milagros una vez acreditada la entrada en el servidor, como viene a reconocerse en el propio escrito de interposición del recurso y consta en las referidas certificaciones, con fecha de entrega de los correo electrónicos, en lo que atañe a Dª María Milagros, del 7 y 16 de marzo de 2021 - reproduciendo este último el contenido del burofax- y 13 de marzo de 2021 el SMS, por lo que hemos de ratificar que ninguno de los allanamientos de las apelantes responden a la buena fe que les es exigible, siendo de aplicación el criterio de imposición de costas que para tales casos establece el art. 395.1 de la LEC, procediendo la íntegra desestimación del recurso.

QUINTO.- Las costas del recurso se imponen a las demandadas, en aplicación de los artículos 394.1 y 398.1 de la LEC; y con arreglo a la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por la Ley Orgánica 1/09 de 3 de noviembre, procede acordar la pérdida del depósito constituido por la recurrente, al que en el Juzgado de Primera Instancia se le dará el destino legal correspondiente

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,