Sentencia Civil 66/2023 Audiencia Provincial Civil de Granada nº 3, Rec. 335/2022 de 21 de febrero del 2023

PRIMERO.-Por la representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000 fue interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de fecha 5 de Mayo de 2021,dictada en procedimiento de juicio ordinario nº 624/19 por el juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Granada.

Conferido traslado a la parte contraria por la misma se opone al recurso interpuesto.

SEGUNDO.-Se determinan como motivos de impugnación los siguientes:

-INFRACCIÓN DE PRECEPTO LEGAL: LA SENTENCIA VULNERA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 394.1 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, AL PRESENTAR LA CUESTIÓN LITIGIOSA OBJETO DE LA RESOLUCIÓN, SEVERAS DUDAS DE HECHO Y DE DERECHO PATENTES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL.

-INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL SOBRE CARGA DE LA PRUEBA Y ERROR DE LA JUZGADORA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

-INFRACCIÓN DE PRECEPTO LEGAL, DEL ARTÍCULO 14 APARTADO C) DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, AL CONVALIDAR Y ESTIMAR CONFORME A DERECHO, UNA EXTRALIMITACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD, NO RECOGIDAS EXPRESAMENTE POR EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y SI COMO COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA JUNTA DE VECINOS. INCONGRUENCIA DE LA RESOLUCIÓN POR CUANTO EL FALLO DICTADO SE APARTA DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA APLICABLE EXPRESADA POR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LA JURISPRUDENCIA INVOCADA.

TERCERO.-La sentencia impugnada desestima la demanda, cuya acción giraba en la impugnación de dos acuerdos, solicitando la nulidad de los mismos, por ser contrarios a la Ley de Propiedad Horizontal y a los Estatutos de la Comunidad.

Se trata de dos acuerdos de la Mancomunidad impugnados judicialmente, uno de fecha 14 de junio de 2018 y otro de 24 de octubre de 2018. Es decir, uno de fecha anterior y otro de fecha posterior a la Junta de Propietarios que, según la actora, la legitima para el ejercicio de la presente acción, la sentencia sin embargo considera,que no existe legitimación para la impugnación del acuerdo de la junta de la Mancomunidad de fecha 24/10/2018, posterior a la junta de autorización celebrada por la actora, fundamentándolo en el hecho de no constar la voluntad expresa de la Comunidad para ello, por lo que dicho acuerdo de 24 de octubre de 2018, queda fuera del objeto del debate en cuanto al fondo, sin que quepa pronunciamiento alguno sobre una eventual nulidad del mismo. Tal pronunciamiento no ha sido combatido en esta instancia.

Procede por tanto resolver sobre la nulidad o no del acuerdo de 14 de junio de 2018 , y desestimada la caducidad de la acción de impugnación del mismo, la sentencia desestima la demanda.

En este sentido, en cuanto a la cuestión de fondo objeto del recurso,se ha de analizar, si el mismo es contrario o no, a los Estatutos y a la Ley de Propiedad Horizontal.

CUARTO.-Son varias las documentales que procede valorar, y comenzando con referido acuerdo aportado como documento nº 4 con la demanda. El acuerdo de la Mancomunidad de 14/6/2018, aprueba el gasto de jardinería.

Por acuerdo de 20 de septiembre de 2018, se celebró Junta General Extraordinaria de la Comunidad de Propietarios actora , resultando aprobado por unanimidad el punto 3º, bajo el título "Informe Junta Directiva Asuntos Mancomunidad.

Medidas Adoptar", con el siguiente contenido : " se aprueba reclamar las diferencias de gasto de jardinería, ya que se acordaron en Junta General de la Mancomunidad, un presupuesto de 3.000 euros para dichos gastos y la correspondiente derrama extraordinaria, con sorpresa se comprobó que dichos gastos excedieron con demasía a lo acordado hasta 6.353,79 euros lo cual no sólo es un exceso, sino que implica un gasto de más de 3.000 euros de más, infringiendo las normas de la Mancomunidad. Por lo tanto, se aprueba por unanimidad reclamar la diferencia a cuenta de que se trata, de un gasto que en modo alguno tiene el respaldo de acuerdo alguno, por lo que podría incluso provocar responsabilidades de quien lo acordara unilateralmente. Por lo tanto, se solicitará la devolución de nuestra Fase del coeficiente de participación de lo que ha excedido lo acordado o en caso contrario, se acuerda ejercer las acciones legales contra quien proceda".

Comenzando con el análisis de la reglamentación el artículo 43 de los Estatutos de la Mancomunidad, establece que "La Junta de Propietarios nombrará anualmente de entre sus miembros un Presidente, que representará en todo a los demás copropietarios en los asuntos relativos a las cosas comunes de la Agrupación, llevará la presidencia de las reuniones y será el representante legal de la Agrupación de Comunidades frente a terceros, en juicio y fuera de él. Tendrá facultad para efectuar pagos de carácter urgente e imprevistos, hasta un importe máximo de SEISCIENTOS EUROS (600 EUROS) en conjunto." En la Junta General Ordinaria de 1 de junio de 2017 (documento nº 6), que limitaba el presupuesto de gasto en relación a "gastos por jardinería" a la cantidad de tres mil euros (3.000 euros).

Solicitaba la actora a través del escrito rector de su demanda, se dicte resolución por la que estimando íntegramente esta demanda se acuerde declarar que los acuerdos impugnados son contrarios a los Estatutos y a la L.P.H. y por tanto nulos, dejando ineficaces los mismos, reconociendo el derecho de la actora a no abonar las cantidades en concepto de gastos extraordinarios que se les requiere en virtud de tales acuerdos nulos, reintegrando a los vecinos y en especial a la actora, en las cantidades totales que ya han sido abonadas por la Fase IV A.

La sentencia de instancia diferencia entre gastos urgentes o imprevisibles, y gastos de mantenimiento y necesarios por lo que el Presidente se encontrada habilitado para su aprobación. Fundamenta, que no estamos ante el supuesto de hecho previsto en el art. 43 de los Estatutos y la actuación del presidente se halla amparada por lo dispuesto en el art. 10.1.a de la L.P.H.

Comenzando por la presunta violación de los Estatutos de la Mancomunidad , la demandante señala como infringido el art.43 de los mismos que dispone que el presidente :" Tendrá facultad para efectuar pagos de carácter urgente e imprevistos, hasta un importe máximo de SEISCIENTOS EUROS (600 EUROS) en conjunto".

La propia demandada admite expresamente que estos gastos no responden a pagos ni urgentes ni imprevistos, por lo que en ningún caso estaríamos ante una extralimitación del techo de gasto indicado en el art. 43 de los Estatutos al no tratarse de una actuación del presidente amparada en tal precepto.

QUINTO.-.-Procede en este sentido la delimitación entre gastos urgentes o imprevisibles, y gastos de mantenimiento y necesarios. Si bien en el régimen establecido en Ley Propiedad Horizontal - tras la reforma operada por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas - y, más concretamente con motivo de la modificación de su artículo 10-1 -, " tendrá carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios los trabajos y las obras que, entre otros extremos, resulten necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, pues el artículo 20 c) L.P.H . habilita al Administrador, o en su caso al Presidente, para realizar todas aquellas obras, reparaciones y medidas que resulten urgentes," en el caso enjuiciado, ya adelantamos como las obras de jardinería no tenían tal carácter de urgencia, por lo que no infringían lo establecido en los Estatutos en relación al limite de la cuantía de 600 euros.

Siguiendo con el análisis de la alegada infracción de los preceptos legales y el pretendido error en la valoración de la prueba, remitiéndonos a la regulación contenida en la L.P.H. procede anticipar que el régimen de la propiedad horizontal, en el que se plantea el marco de las relaciones entre las partes en litigios, supone la coexistencia de una propiedad privada sobre los elementos privativos (viviendas y locales), y de una comunidad, inseparable de la anterior, sobre los elementos comunes,y en el caso enjuiciado la existencia de varias comunidades,integradas en una mancomunidad la cual se regula, en primer lugar, por el principio de autonomía de la voluntad: el titulo constitutivo y los estatutos, cuya aprobación se hace por el propietario único del edificio al iniciar su venta por pisos, por acuerdo de todos los propietarios existentes, por laudo o por resolución judicial ( art. 5 L.P.H.), y cuya modificación requiere la unanimidad; en segundo lugar, por la normativa propia de la propiedad horizontal ( art. 396 Código Civil y L.P.H.), sin perjuicio de que ésta contenga ciertas normas imperativas que son inderogables por la autonomía de la voluntad; en tercer lugar por las normas del Código Civil sobre copropiedad (art. 392 y ss), propiedad en general ( art. 348 y ss) y toda su normativa ( art. 4 nº 3 Código Civil); y finalmente, junto a lo anterior, subordinado a ello, se halle el reglamento de régimen interior, que es una normativa de convivencia interna, cuya función es regular los detalles de la convivencia y la adecuada organización y utilización de los servicios y cosas comunes ( art. 6 LPH), respetando, en todo caso, tanto las normas legales como las estatutarias.

SEXTO.-Sostiene la actora que se ha infringido el art. 14.c de la L.P.H. el cual dispone que le corresponde a la Junta de Propietarios:

"Aprobar los presupuestos y la ejecución de todas las obras de reparación de la finca, sean ordinarias o extraordinarias, y ser informada de las medidas urgentes adoptadas por el administrador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.c)."

La demandada, en cambio, ampara la actuación de su presidente en el art. 10.1.a L.P.H. en su vigente redacción operada por la Ley 8/13 de 26 de junio,ya aludida, según el cual tendrán carácter obligatorio y no requerirán acuerdo previo de la junta de propietarios,las siguientes actuaciones:

"1. Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes actuaciones:

a) Los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, así como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de conservación".

Delimita tal precepto las siguientes obras:

A) las de adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes.

B) las que satisfacen los requisitos básicos de seguridad ,habitabilidad y accesibilidad universal.

C) las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de conservación.

Y ello porque el propio artículo 10, de la Ley de Propiedad Horizontal, señala expresamente que : "2. Teniendo en cuenta el carácter de necesarias u obligatorias de las actuaciones referidas en las letras a) a d) del apartado anterior, procederá lo siguiente:

a) Serán costeadas por los propietarios de la correspondiente comunidad o agrupación de comunidades, limitándose el acuerdo de la Junta a la distribución de la derrama pertinente y a la determinación de los términos de su abono".

Debiendo señalar que en el caso enjuiciado es en el apartado A), que hemos delimitado, en donde la sentencia impugnada encuadra la legalidad del acuerdo.

Planteado así el debate y revisado el contenido de las actuaciones; se ha de anticipar, que el recurso debe ser desestimado.

SEPTIMO.- En relación a la infracción del artículo 217 de la L.E.C. en relación a la carga de la prueba y al alegado error en la valoración de la misma, por parte de la Juzgadora de Instancia.

En primer lugar, señalar que no consideramos ninguna infracción de lo dispuesto en el artículo 217 de la L.E.C. pues el mismo en su apartado segundo, establece que:

" Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención". Por tanto, era la recurrente, actora en el procedimiento, quien debió probar debidamente que los gastos de jardinería tenían la consideración de gastos urgentes e imprevistos y que por ello resultaba de aplicación el artículo 43 de los Estatutos.

Ya nos hemos pronunciado al respecto, debiendo reiterar como de las facturas de fechas 24/07/2017 y 06/08/2017 emitidas por Virtudes, que se acompañan como documentos nº 7 y 8 en la demanda, recogen las labores realizadas, consistentes en el desbroce y limpieza de la comunidad para la que fueron necesarios nueve contenedores, así como el mantenimiento del material de riego necesario, por lo que no puede hablarse de gastos urgentes e imprevisibles, sino de gastos de mantenimiento y conservación obligatorios. En relación a la alegación de incongruencia, el órgano judicial sólo está vinculado por la esencia de lo pedido y discutido en el pleito, y no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formalmente solicitadas por los litigantes, de forma que no existirá incongruencia cuando el juez o tribunal decida o se pronuncie sobre las pretensiones, como se da en el caso enjuiciado, en que existe pronunciamiento sobre todos los hechos objeto del procedimiento.

No podemos compartir el criterio de la apelante en el sentido en que en su recurso mantiene que el carácter de las obras llevadas a cabo : "obras necesarias" de la comunidad se fija asentándose en un mero criterio personal de la Juzgadora.

Analizando la prueba, en relación a las testificales de Dº Feliciano , presidente de la Mancomunidad que autorizó dichos gastos,y Dª María Rosario, presidenta de otra de las Fases, indican que los consideraron gastos urgentes.

Al negar esta urgencia o imprevisibilidad del gasto la propia demandada, no es criterio personal, el considerar las obras como no urgentes, sino necesarias,obligando a la Mancomunidad a prestar un servicio necesario de mantenimiento.

OCTAVO.-Procede a continuación determinar, si el presidente actuó en contra de las normas de la L.P.H. Así, esta Sala al reflexionar, sobre la cuestión de fondo, ha de destacar como la Comunidad de Propietarios precisa para su existencia y funcionamiento de diversos órganos, y entre ellos y por lo que ahora nos afecta:

1º.- El Presidente, y en su caso, los Vicepresidentes.

2º.- La Junta de Propietarios. " Es la máxima expresión democrática de la Comunidad de propietarios, a la que la Ley le reconoce una serie de facultades ( art. 14 L.P.H .)".

De la confrontación entre lo establecido en el art.14.c de la L.P.H. el cual dispone que le corresponde a la Junta de Propietarios " Aprobar los presupuestos y la ejecución de todas las obras de reparación de la finca, sean ordinarias o extraordinarias, y ser informada de las medidas urgentes adoptadas por el administrador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.c)."y el art. 10.1.a L.P.H. en su vigente redacción operada por la Ley 8/13 de 26 de junio, según el cual tendrán carácter obligatorio y no requerirán acuerdo previo de la junta de propietarios,las siguientes actuaciones:

"Los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, así como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte dela Administración, del deber legal de conservación."

Hemos de decantarnos, entre uno y otro precepto , a fin de determinar la nulidad o no del acuerdo, y teniendo en cuenta la intervención en la zona de jardinería, según ya hemos analizado, la misma estaría incluida, en la referida a la de adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, encontrándonos, dentro del ámbito del art. 10.1.a L.P.H. como así lo fundamentó la sentencia recurrida, procediendo la desestimación del recurso.

NOVENO.-Resta por último un pronunciamiento sobre las costas impuestas en primera instancia y que también ha sido objeto de recurso. en el caso, de mantenerse la desestimación de la demanda, se interesa se deje sin efecto la condena en costas impuesta a la parte actora, y no hacerse expresa imposición ante la existencia de dudas de hecho y de derecho existentes, como se deducen del propio relato de la sentencia.

Respecto de la regulación de la condena en costas, la misma supone el deseo del legislador de ponerla en su más directa relación con el resultado del litigio, de manera que, sin vulnerar el derecho a la tutela judicial, con acceso a los Tribunales de todos los ciudadanos, ya tengan medios económicos o no ( art. 24 y 119 de la C.E.), la misma se ha entendido como el efecto derivado del ejercicio temerario o mala fe de las acciones judiciales, o de la desestimación total de éstas, según sea el régimen legal que rija el proceso o recurso, cuya justificación o razonabilidad se encuentra en prevenir los resultados distorsionadores del entero sistema judicial que se derivarían de una excesiva litigiosidad, y en restituir a la parte contraria de los gastos, que, en menoscabo de la satisfacción de sus pretensiones, le ocasione la defensa de sus derechos e intereses legítimos frente a quienes promuevan acciones o recursos legalmente merecedores de la imposición de costas ( T.C. 2º S. 146/91 de 1 de Julio).

En base a esta filosofía, se dio la reforma en esta materia por la Ley 34/1984 de 6 de Agosto que da nueva redacción al art. 523 de la L.E.C., que hoy día se mantiene en el art. 394 LEC 1/2000 de 7 de Enero, aplicable al presente caso, estableciendo el sistema objetivo del vencimiento, esto es el principio de la condena en costas, fundada en la victoria procesal de una de las partes respecto de la otra, siempre que se estimen íntegramente o se desestimen totalmente las pretensiones ejercitadas, lo que supone respecto de la demanda, que ésta se desestime íntegramente independientemente de que las razones de ello, lo sean de fondo o de forma, generadoras éstas de una sentencia absolutoria en la instancia (TS 1ª S. 25 de Marzo, 28 de Febrero, 16 de Junio y 4 de Julio de 1.997, entre otras), a no ser que el Juez o Tribunal, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición ( art. 394 nº 1 de la L.E.C.), cual pudiera ser la apreciación de serias dudas de hecho o de derecho, sin que de ninguna manera esté previsto en el texto legal que las costas derivadas de un procedimiento se impongan al vencedor en él.

Ahora bien, cuando la estimación o desestimación fuera parcial, el art. 394 nº 2 L.E.C. establece que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiera méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad, lo que exige un razonamiento judicial expreso ( T.S.1ª S. de 8 de Mayo de 1990 y 18 de Noviembre de 1997, entre otras).

Es más, y reiterando esta doctrina el Tribunal Supremo, Sala Primera, en su sentencia de 15 de junio de 2007 ha declarado, al reflexionar sobre el antecedente legislativo del art. 394, esto es el art. 523 L.E.C. anterior ...., conviene recordar el sistema general de imposición de costas recogido en dicho precepto que, como expone la Sentencia de 9 de junio de 2006 " se basa fundamentalmente en dos principios: el del vencimiento objetivo y el de la distribución, también llamado compensación -aunque no es estrictamente tal-, que tiene carácter complementario para integrar el sistema. El sistema se completa mediante dos pautas limitativas. La primera afecta al principio del vencimiento, y consiste en la posibilidad de excluir la condena cuando concurran circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición (lo que en régimen del artículo 394 L.E.C . tiene lugar cuando el caso presente serias dudas de hecho o de derecho). Su acogimiento (artículo 523, párrafo primero , inciso final) transforma el sistema del vencimiento puro en vencimiento atenuado. La segunda pauta afecta al principio de la distribución, permitiendo que se impongan las costas a una de las partes (se discute si ha de ser total, o cabe hacerlo proporcionalmente, con opinión mayoritaria favorable a la segunda solución) cuando hubiese méritos para imponerlas por haber litigado con temeridad. Por otro lado, la doctrina de los Tribunales, con evidente inspiración en la "ratio" del precepto relativo al vencimiento, en la equidad, como regla de ponderación a observar en la aplicación de las normas del ordenamiento jurídico, y en poderosas razones prácticas, complementa el sistema con la denominada doctrina de la "estimación sustancial" de la demanda, que, si en teoría se podría sintetizar en la existencia de un "cuasi- vencimiento", por operar únicamente cuando hay una leve diferencia entre lo pedido y lo obtenido, en la práctica es de especial utilidad en los supuestos que se ejercitan acciones resarcitorias de daños y perjuicios en los que la fijación del "quantum" es de difícil concreción y gran relatividad, de modo que, por razón de la misma, resulta oportuno un cálculo "a priori" ponderado y aproximado, con lo que se evitan oposiciones razonables por ser desproporcionadas las peticiones efectuadas, y además se centra la reclamación en relación al "valor del momento en que se formula, dejando la previsión de la actualización respecto del momento de su efectividad, a la operatividad de la modalidad que se elija de las varias que en la práctica son posibles".

Así el pronunciamiento en costas pertinente cuando se desestima o estima la demanda, lo es el previsto en el art. 394 nº 1 L.E.C. esto es su imposición a la parte que ha visto desestimadas sus pretensiones, la actora en el primer caso y la demandada, en el segundo, a no ser que el caso presente serias dudas de derecho por no existir jurisprudencia clara y consolidada en la materia, y/o serias dudas de hecho.

En relación con el concepto de serias dudas de hecho que como tal el legislador no define, esta Sala considerada que tienen que ser algo más que las dudas propias de todo proceso, sujetas al resultado probatorio y que la parte habrá sopesado al valorar las consecuencias de la presentación a la demanda, y entre ellas, el riesgo de una eventual condena en costas, compartiendo al respecto las reflexiones realizadas por la Audiencia Provincial de Mallorca, Sec. 3ª en su sentencia de 10 de octubre de 2017:

" El artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento establece como regla general, en materia de imposición de costas, el criterio objetivo o del vencimiento en virtud del cual éstas se impondrán a la parte que haya visto rechazadas sus pretensiones. Excepción a dicha regla es la concurrencia de serias dudas de hecho o de derecho, razonadamente apreciadas por el juez. La apreciación de si en un caso concreto concurren las " serias dudas de hecho", debe basarse en las siguientes premisas:

- La interpretación de lo que deba entenderse por "serias dudas de hecho" ha de ser siempre restrictiva por tratarse de una excepción. - El carácter dudoso de los elementos fácticos del pleito ha de venir determinado por las dificultades probatorias sobre la existencia de los hechos constitutivos de la pretensión.

Lo fáctico resulta dudoso cuanto en la fijación de los hechos controvertidos alegados por una y otra parte haya resultado especialmente compleja pudiéndose calificar la labor de apreciación de las pruebas como verdaderamente difícil e intensa. El proceso se revela como imprescindible puesto que sin él hubiese sido imposible establecer los hechos relevantes para la resolución del litigio".

"Esto es la duda seria que justifique la no imposición debe versar no sobre la discrepancia propia de todo proceso existente entre los litigantes en sus escritos de demanda y contestación o a través del recurso interpuesto, pues eso acontece en la totalidad de procesos y recursos, salvo los absolutamente infundados, si no que la duda debe surgir por la existencia real de incertidumbre acerca de lo realmente acontecido siempre que tenga repercusión directa en la resolución de la litis.".

Desde esta perspectiva el pronunciamiento en costas pertinente sería el realizado por la Juzgadora de instancia, esto es su imposición a la parte actora quien ha visto rechazadas sus pretensiones en el curso del proceso, sin que frente al principio del vencimiento en el que se inspira el art. 394 nº 1 L.E.C. permita su no imposición a la demandada ya que la decisión de presentar una demanda es de quien lo hace, independientemente de la conducta de la parte demandada, la cual solo se valorará, en caso de apreciarse temeridad en su actuar para imponerle las costas en los supuestos de parcial estimación o desestimación de las pretensiones ( art. 394 nº 2 L.E.C.) o de allanamiento ( art. 395 L.E.C. ) que no es el caso, pues estamos ante la desestimación total la demanda.

La única excepción que se permite en el art. 394 nº 1 L.E.C. y que daría lugar a la no imposición, es que estemos ante un caso que presente serias dudas de Derecho o de hecho, que no es el de autos, pues aquellas no son tales al versar el litigio sobre la impugnación judicial de un acuerdo adoptado por la Junta de una Mancomunidad de propietarios y la doctrina jurisprudencial en la materia, aunque pueda diferir entre los distintos órganos judiciales, al resolver la cuestión, está consolidada y estas son las propias de todo proceso sujetas al resultado probatorio y que la parte habrá sopesado antes de presentar la demanda ante el riesgo de una eventual condena en costas, sin que sean de la entidad que pretende la parte, pues no han llevado a la Juzgadora a no imponerles las costas, pronunciamiento que procede confirmar.

DECIMO.- Lo expuesto en los fundamentos de derecho precedentes conlleva la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la resolución recurrida, por lo que en relación a las costas procesales de esta alzada procede su imposición a la parte apelante ( art. 398 nº 1 LEC).

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación.