Sentencia Civil 804/2023 Audiencia Provincial Civil de Huelva nº 2, Rec. 568/2023 de 13 de diciembre del 2023

PRIMERO.- En la demanda rectora de la que trae causa este recurso de apelación, don Mario, hoy apelante, reclama la condena de la parte demandada al pago de la cantidad de 5500 euros, junto con los intereses correspondientes, con fundamento en el contrato de arrendamiento sobre vivienda sita en la DIRECCION000 de la aldea de El Rocío, celebrado entre las partes en fecha 15 de septiembre de 2020.

Conforme a los hechos narrados en la demanda, el citado contrato establecía una duración anual, desde el 15 de septiembre de 2020 al 14 de septiembre de 2021, pactándose, en lo que al procedimiento afecta, el pago de una renta de 16.000 euros, que se abonaría en tres pagos: 5500 euros a la firma del contrato, 5500 euros antes del 15 de enero de 2021 y 5500 euros antes de 15 de mayo de 2021. La demanda manifestaba que la parte demandada había incumplido el último de los pagos, por lo que reclamaba su importe que ascendía a 5500 euros.

La parte demandada se oponía íntegramente a la demanda, cuya desestimación interesaba con apoyo en tres argumentos: en primer lugar pluspetición, pues conforme al contenido del documento 1 que acompañaba con la contestación, de no celebrarse la romería de El Rocío, la renta quedaría reducida en 2000 euros, descontables del último pago. En cualquier caso, siendo el último pago de 5000 euros, la demandada únicamente debería abonar 3000 euros.

En segundo lugar excepcionaba la cláusula rebus sic stantibus, bajo la excepción de fuerza mayor, por cuanto desde el 4 de diciembre de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021, en virtud de los sucesivos decretos que enumeraba, la comunidad autónoma andaluza estuvo perimetrada por la pandemia por Covid-19, estándolo también la comunidad autónoma madrileña donde reside el demandado y el grupo de personas que pretendía disfrutar la vivienda como segunda residencia. Por ello no pudieron acceder a El Rocío hasta el 9 de mayo de 2021.

En tercer lugar, y derivado de lo anterior, sostenían la resolución consentida del contrato mediante la entrega de las llaves al intermediador inmobiliario en fecha 13 de mayo de 2021.

Acompañaba a la contestación, como documento 3, un prorrateo de los pagos efectuados, correspondiéndoles únicamente el 50% de tales pagos por razón de las circunstancias anteriormente expuestas.

La sentencia desestima la demanda, declarando que concurre una alteración extraordinaria de las circunstancias, como consecuencia de la pandemia por Covid-19, que supuso el cierre perimetral de las CCAA de Madrid y Andalucía, impidiendo a los demandados el disfrute de la vivienda arrendada, lo que determina la alteración de la base del negocio. Igualmente, con apoyo en la prueba practicada, y especialmente en la prueba de interrogatorio del actor y la ficta confessio apreciada, estima acreditada la resolución anticipada del contrato, consentida y con efectos desde el mes de diciembre de 2020, por lo que considera que no existe la deuda reclamada, por haberse abonado el primero de los pagos y por el carácter retroactivo con el que se acordó la resolución del contrato.

Contra dicha sentencia se alza en el presente recurso la parte actora, interesando la demandada su confirmación.

SEGUNDO.- Sobre la admisión de la prueba de interrogatorio de parte. Improcedencia de la ficta confessio.

La parte actora, como ya lo hiciera en el acto de la vista, impugna en esta alzada la admisión de la prueba de interrogatorio de parte, pues la demandada no manifestó, conforme al contenido del artículo 440.1 párrafo cuarto de la LEC, que iba a solicitar la prueba de interrogatorio de parte, a fin de que fuere el demandante citado con los apercibimientos legales expresos, lo que impide a su juicio, la admisión de la prueba de interrogatorio, y en todo caso, la estimación de la ficta confessio contenida en la sentencia.

La admisibilidad de la prueba de interrogatorio de parte, a juicio de este Tribunal, se hallaba fuera de toda duda, pues no concurre defecto de citación a la vista, y la prueba es pertinente y útil a efectos de los hechos controvertidos en el procedimiento, pues el hecho de la admisión de la resolución anticipada del contrato constituye uno de los elementos decisivos del litigio ( artículos 281 a 283 LEC en relacion con la prevención del artículo 440.1 párrafo tercero de la LEC).

Distinto es el efecto derivado de la incomparecencia del demandante al acto de la vista, estando debidamente representado por procurador, cuando no se ha advertido por la parte demandada de la intención de solicitar su interrogatorio, y si ello impide tener al demandante por confeso.

El Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 21 de enero de 2021, ha resumido las condiciones de aplicación de la ficta confessio a la vista de lo establecido en el art. 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: "De la exégesis del precitado precepto podemos obtener las consecuencias siguientes: (i) Que se refiere exclusivamente a la prueba del interrogatorio de parte y requiere que la citación del litigante, que no comparece a rendir declaración, se haya llevado a efecto con todas las formalidades legales y advertencia expresa de las consecuencias de su incomparecencia ( sentencias 907/2007, de 18 de julio y 987/2011, de 11 de enero de 2012 ). (ii) Los hechos admitidos deben ser aquéllos en los que la parte haya intervenido personalmente, lo que implica protagonismo en ellos. (iii) Que su fijación como ciertos sea enteramente perjudicial para la parte. (iv) Se trata de una facultad y no de una obligación que opere de forma automática e incondicionada, de manera que la ficta admissio no constituye consecuencia ineludible, normativamente impuesta, anudada al hecho de la incomparecencia de la parte a su interrogatorio. En este sentido, las sentencias 958/2005, de 15 de diciembre ; 907/2007, de 18 de julio y 588/2014, de 22 de octubre. (v ) Como cualquier facultad judicial, su juego normativo no puede ser arbitrario. A tales efectos, es necesario ponderar si hay otras pruebas adecuadas para acreditar los hechos relevantes del litigio que son objeto de controversia, si la ausencia de pruebas no se debe a la desidia del litigante que propuso la prueba de interrogatorio de parte, y si dicha prueba es adecuada para acreditar los hechos objeto del proceso. (vi) Se trata de buscar un correctivo a conductas obstruccionistas de parte, a través de las cuales se impide a quien propone el interrogatorio cubrir las exigencias del onus probandi del art. 217 de la LEC , en relación con la obligación de colaboración de las partes en cuyo poder se encuentran las fuentes de la prueba. (vii) La facultad del art. 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha de ser aplicada, de forma prudente y razonable, de modo que no lleguen a considerarse a su amparo acreditadas tesis absurdas o difícilmente creíbles. (viii) No impide sino que obliga al tribunal a ponderar los otros elementos de prueba obrante en autos en una valoración conjunta de la prueba según las reglas de la sana crítica, como impone el art. 316 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (...)"

Como indica la sentencia citada, y con base en el artículo 316 LEC expresamente invocado por el Tribunal Supremo, la prueba de interrogatorio de parte no es una prueba tasada, sino que debe valorarse conjuntamente con el resto de la prueba practicada, de forma que sólo se tendrán por ciertos los hechos reconocidos (de los que participa la ficta confessio) en tanto en ellos haya intervenido personalmente el confesante, le sean enteramente perjudiciales, y su resultado no contradiga el de las demás pruebas.

El requisito de la citación expresa para la prueba de interrogatorio de parte para poder estimar al litigante que incomparece como confeso de los hechos, en aplicación del artículo 304 LEC, se suele exigir por un sector, posiblemente mayoritario, de las Audiencias Provinciales. Parece ello la interpretación conforme de los párrafos tercero y cuarto del artículo 440.1 LEC. Pero también se derivaría del artículo 183.3 LEC en su apartado tercero, que exige una expresa citacion al confesante para la interrupción de la vista por su inasistencia, que no se cumple con la mera citación a la vista a través de su representación procesal.

Sin perjuicio de lo anterior, la confesión del actor que la sentencia razona en su fundamento de derecho segundo, respecto del hecho de la admisión de la resolución anticipada del contrato, y sus efectos retroactivos a diciembre de 2020, no puede admitirse, pues entra en contradicción con el resto de la prueba practicada a instancia de las partes, e incluso con las alegaciones de la parte demandada en su contestación a la demanda, aun cuando modificadas extemporáneamente en la vista.

El documento 2 de la contestación a la demanda, que documentaa la entrega por la parte demandada a la inmobiliaria intermediaria de las llaves del inmueble, no contempla ni un acuerdo resolutivo de ambas partes, ni mucho menos un efecto retroactivo de dicha resolución a la fecha de diciembre de 2020, entendiéndose entregada la posesión en el mes de mayo de 2021. Así se ratificó por el testigo don Juan Enrique, intermediario en este contrato.

En segundo lugar, es contradictorio con el propio documento 3 de la contestación a la demanda, que parece un cuadro resumen de pagos efectuado por la propia demandada, que no establece una retroacción de los efectos resolutorios del contrato como se ha declarado probado en la sentencia, sino un pago prorrateado del 50% de las rentas por el tiempo de disfrute de la vivienda, expresando claramente que la vivienda fue entregada el 15 de mayo.

Y por último, es contradictorio tener por confeso al demandante respecto de unas conversaciones y pactos que aun cuando fueran asumidas finalmente por el actor, de existir el acuerdo, que adelantamos, no consta probado con el carácter de retroactivo a fecha de diciembre de 2020, no se tuvieron con el actor, sino siempre con su pareja, doña Estefanía, como reconocieron todos los testigos.

Siendo ello así, la sentencia al fundar las conclusiones probatorias expuestas respecto de la resolución anticipada del contrato, consensuada y con efectos retroactivos desde el mes de diciembre de 2020, infringe el contenido del artículo 304 LEC, con las consecuencias probatorias que se dirán.

TERCERO.- Sobre la improcedencia de aplicar la cláusula rebus sic stantibus: asunción de los riesgos del contrato.

La mencionada cláusula carece de regulación legal expresa, por lo que se suele ubicar en el contenido del artículo 1258 del CC. Se trata de un remedio jurisprudencial que tiene su apoyo en el equilibrio negocial, en la base del negocio, de forma que cuando por circunstancias no contempladas en el momento de su celebración, ni previsibles dentro de los propios riesgos del contrato, se altera este equilibrio negocial, el mantenimiento a ultranza del principio pacta sunt servanda aparece contrario a las exigencias de la buena fe y entra en funcionamiento la cláusula invocada como mecanismo de reequilibrio de las prestaciones entre las partes.

La STS de 27 de diciembre de 2012 ya explicaba que la cláusula tiene por objeto la revisión, no anulación, del acto o negocio jurídico que ha sufrido un hecho imprevisible posterior a su celebración, no anterior. Así, la abundante jurisprudencia reitera como requisitos para su aplicación, que la alteración posterior de las circunstancias sea extraordinaria y provoque un desequilibrio exorbitante, por circunstancias imprevisibles. Así, sentencia de 20 noviembre 2009 y la anterior de 25 enero 2007 dicen:

"analizando la aplicabilidad al caso de la cláusula "rebus sic stantibus", dice la sentencia de 23 de abril de 1991 que "la doctrina ha examinado la dificultad extraordinaria sobrevenida en el cumplimiento de la obligación al igual que lo ha hecho la jurisprudencia, al tratar de la posibilidad de construir dentro de nuestro derecho vigente, la cláusula "rebus sic stantibus" como medio de establecer equitativamente el equilibrio de las prestaciones; con cita de las sentencias de 14 de diciembre de 1940 , 17 de mayo de 1941 , y 5 de junio de 1945 , la de 17 de mayo de 1957 establece las siguientes conclusiones en relación con la aplicación de la citada cláusula: A) Que la cláusula "rebus sic stantibus" no está legalmente reconocida; B) Que, sin embargo, dada su elaboración doctrinal y los principios de equidad a que puede servir, existe una posibilidad de que sea elaborada y admitida por los Tribunales; C) Que es una cláusula peligrosa, y, en su caso, debe admitirse cautelosamente; D) Que su admisión requiere como premisas fundamentales: a) alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración; b) una desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes contratantes que verdaderamente derrumben el contrato por aniquilación del equilibrio de las prestaciones, y c) que todo ello acontezca por la sobreveniencia de circunstancias radicalmente imprevisibles; y E) En cuanto a sus efectos, hasta el presente, le ha negado los rescisorios, resolutorios o extintivos del contrato otorgándole los modificativos del mismos, encaminados a compensar el desequilibrio de las prestaciones". Tal doctrina se ha mantenido en posteriores resoluciones de esta Sala -Sentencias, entre otras, de 29 de mayo de 1996 , 10 de febrero de 1997 , 15 de noviembre de 2000 , 27 de mayo de 2002 y 21 de marzo de 2003 ".

El limitado alcance de los efecto de la cláusula es resaltado por la jurisprudencia, destacando la sentencia de la Sección 21 de la AP de Madrid, de fecha 15 de septiembre de 2022 que " La cláusula " rebus sic stantibus et aliquid novo non emergentibus " ( estando así las cosas y no surgiendo algo nuevo ) que es más conocida por su formulación abreviada " rebus sic stantibus " ( estando así las cosas ), es una cláusula contractual ( es imprescindible la existencia, subsistencia y vigencia de una relación jurídica contractual nacida, como no puede ser de otra manera, de la voluntad concorde de ambas partes contratantes ) que se encuentra implícita en todos los contratos de tracto sucesivo ( contiene cláusulas contractuales expresas pactadas de común acuerdo por ambas partes contratantes que van a desplegar su eficacia en un prolongado período de tiempo futuro más o menos largo ) y que faculta a una de las partes contratantes para instar, en vía judicial, una novación modificativa de algunas cláusulas del contrato en contra de la voluntad de la otra parte contratante ( la demandada en el proceso judicial ) con subsistencia de la relación jurídica contractual, a la que le serán de aplicación el resto de las cláusulas contractuales pactadas por las partes contratantes que no fueran modificadas.

Esta cláusula, " rebus sic stantibus " implícita en los contratos de tracto sucesivo no faculta a una de las partes contratantes ( a diferencia de la implícita en las obligaciones recíprocas para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe prevista en el artículo 1.124 del Código Civil ) para instar la resolución del contrato, pues, en base a ella, tan sólo puede pedirse una novación modificativa de las cláusulas contractuales con subsistencia de la relación jurídica contractual. De tal manera que una pretensión resolutoria basada en esta cláusula " rebus sic stantibus " tiene que ser rechazado de plano, y, resulta imprescindible para la prosperabilidad de la acción de novación modificativa de las cláusulas contractuales, que, en la demanda, se concrete y precise la novación modificativa interesada."

En todo casos se exige la existencia de unas circunstancias sobrevenidas y excepcionales que provoquen la excesiva onerosidad del contrato para una de las partes, lo que conduce asimismo a desestimar la aplicación del remedio en aquellos casos en que las circunstancias invocadas se incluyen en los riesgos propios asumidos por el contratante, derivados de la propia relación contractual o expresamente previstos y pactados en el contrato. Exigiéndose además la relación causal entre la circunstancia sobrevenida invocada y la alteración de la base del negocio, debiendo ello ser objeto de prueba expresa por quien invoca su aplicación. La STS de 6 de marzo de 2020 declara que: "Para resolver la cuestión, hemos de partir de la jurisprudencia sobre la denominada cláusula rebus sic stantibus , que se contiene en la reciente sentencia 455/2019, de 18 de julio : "(...) según la doctrina jurisprudencial de la rebus sic stantibus , la alteración de las circunstancias que puede provocar la modificación o, en último término, la resolución de un contrato, ha de ser de tal magnitud que incremente de modo significativo el riesgo de frustración de la finalidad del contrato. Y por supuesto, es preciso que tales circunstancias sobrevenidas fueran totalmente imprevisibles para los contratantes ( sentencia del pleno 820/2012, de 17 de enero de 2013 ). Es condición necesaria para la aplicación de la regla "rebus" la imprevisibilidad del cambio de circunstancias. Si las partes han asumido expresa o implícitamente el riesgo de que una circunstancia aconteciera o debieron asumirlo porque, en virtud de las circunstancias y/o naturaleza del contrato, tal riesgo era razonablemente previsible, no es posible apreciar la alteración sobrevenida que, por definición, implica lo no asunción del riesgo (recientemente sentencia 5/2019, de 9 de enero ). No puede hablarse de alteración imprevisible cuando la misma se encuentra dentro de los riesgos normales del contrato ( sentencias 333/2014, de 30 de junio , 64/2015, de 24 de febrero , y 477/2017, de 20 de julio , entre otras)".

Y la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2022 sostuvo que: "No concurren los requisitos para aplicar la regla rebus sic stantibus , en que se funda dicha petición, puesto que la jurisprudencia de esta sala ha insistido constantemente en que la alteración de las circunstancias que puede provocar la de un contrato, ha de ser de tal magnitud que incremente de modo significativo el riesgo de frustración de la propia finalidad del contrato; y por supuesto, que tales circunstancias sobrevenidas fueran totalmente imprevisibles para los contratantes (por todas, sentencias 567/1997, de 23 de junio , y 5/2019, de 9 de enero , y las que en ellas se citan). Si las partes han asumido expresa o implícitamente el riesgo de que una circunstancia aconteciera o debieron asumirlo porque, en virtud de las circunstancias y/o naturaleza del contrato, tal riesgo era razonablemente previsible, no es posible apreciar la alteración sobrevenida que, por definición, implica lo no asunción del riesgo."

No es preciso analizar en los autos si la cláusula podría ser de aplicación a un contrato de arrendamiento de vivienda de temporada cuyo único plazo es de un año, con renta pactada en tres plazos a lo largo del período anual. Y no es preciso, pues como resulta de la jurisprudencia expuesta, la cláusula rebus sic stantibus no solo es de aplicación excepcional, sino subsidiaria de los remedios que el propio contrato haya contemplado para supuestos de fuerza mayor o privación de la finalidad última de la relación contractual.

En el mes de septiembre de 2020 las partes ya conocían la existencia de la pandemia por Covid-19 y podían intuir la continuidad de todas o algunas de las medidas implantadas para la contención de la propagación del virus, pues algunas aun estaban vigentes, y no muy alejado en el tiempo se habían adoptado medidas de cierre perimetral y restricciones de aforo en eventos públicos. Festividades de notoria aglomeración en nuestra comunidad habían sido ya suspendidas.

Las partes además conocían la incidencia expresamente en el arrendamiento de la vivienda, pues habían concertado otros dos contratos previos al que analizamos en los autos.

Pero además, del propio documento 1 que acompaña la parte demandada con su contestación a la demanda, documento firmado al momento del pago del primero de los plazos de abono de la renta, las partes contemplaban la posibilidad de que la mala evolución de la pandemia no permitiera la celebración en el año 2021 de la romería del Rocío, como finalmente acontenció, siendo este el fin fundamental del contrato, como declaró el testigo, don Bruno, en el acto de la vista. Y no solo lo contemplaban, no siendo por ello el riesgo ajeno al que se asumía con su celebración, ni imprevisible, ni por ello extraordinario, sino que establecían un sistema de compensación en el propio contrato, consistente en la reducción en 2000 euros de la renta total pactada.

Dada la subsidiariedad y excepcionalidad de la cláusula invocada, no puede fundamentarse en ella la desestimación de la demanda. Teniendo además en cuenta que la cláusula pretende una moderación de las consecuencias derivadas del mantenimiento del contrato (de tracto sucesivo), a través de la novación de sus cláusulas y la distribución de las consecuencias del riesgo extraordinario entre los contratantes. Pero no autoriza a la resolución sin más del contrato, como se postula en la contestación a la demanda.

CUARTO.- Resolución anticipada del contrato. Estimación de la demanda.

A la vista de los fundamentos de derecho precedentes, y de la prueba practicada, estimamos acreditado, como la sentencia recurrida, que el contrato fue resuelto anticipadamente, como resulta de la entrega de llaves acompañada como documento 2, a la que no se ha opuesto expresamente el demandante, ni resulta oposición alguna a la resolución de los documentos de autos, ni de la reclamación solo del segundo plazo del contrato, último que de acuerdo con esta resolución anticipada procedería.

Los efectos de la resolución no se prueba que se pacten retroactivamente, por lo que procederán únicamente desde su fecha, 13 de mayo de 2021, cuando según el contrato ya se había devengado el derecho al cobro del segundo plazo de la renta.

No opera, como hemos dicho la cláusula rebus sic stantibus. Pero tampoco la reducción de la renta en 2000 euros, pues conforme al tan mencionado documento 1 de la contestación a la demanda, solo se reduciría del tercero de los pagos, pues es el que procedería abonar en fechas cercanas a la celebración de la romería.

De acuerdo con lo expuesto, se estima el recurso de apelación contra la sentencia, debiendo la demanda ser estimada en su integridad, condenando a la parte demandada a la cuantía de 5500 euros reclamada, junto con sus intereses moratorios desde la fecha del requerimiento extrajudicial de pago (documento 4 de la demanda), por ser expresamente reclamados, conforme al contenido de los artículos 1100 y 1108 CC.

QUINTO.- Costas.

Al estimarse íntegramente la demanda, las costas de primera instancia han de imponerse a la parte demandada, conforme al criterio del vencimiento objetivo del artículo 394 LEC.

No se imponen las costas de la apelación, de acuerdo con el artículo 398 LEC, procediendo la devolución del depósito consignado para recurrir al apelante.

En atención a lo expuesto