Sentencia Civil 181/2023 Audiencia Provincial de Huesca Civil-penal Única, Rec. 264/2020 de 20 de septiembre del 2023

PRIMERO: Aceptamos y damos por reproducidos los que contiene la sentencia apelada en todo lo que no se opongan a los que siguen a continuación.

SEGUNDO: 1. (1) Los pedimentos formulados en la súplica de la demanda son los siguientes: " I. Se declare la nulidad del contrato de préstamo antes reseñado por el carácter usurario del interés aplicable (TAE) o, con carácter subsidiario, la nulidad por abusiva de la mencionada cláusula. / II. Se condene a la demandada, como efecto de dicha declaración, a restituir a la actora las cantidades antes mencionadas, minorando así la deuda, o si ésta fuese completamente amortizada, abonando el sobrante, según lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Azcárate o, subsidiariamente, el artículo 1.303 Cc ".

(2) Es decir, la actora ejerce en su demanda: a) una acción de nulidad del contrato de préstamo (micropréstamo) suscrito en fecha 20/3/2018, con fundamento en el carácter usurario del interés aplicable (TAE) y de las comisiones por prórrogas; b) o bien, con carácter subsidiario, la nulidad por abusiva de las mismas cláusulas de interés remuneratorio, ya que no superarían el control de incorporación y de trasparencia; c) la consiguiente acción de devolución de las cantidades indebidamente abonadas en virtud de la declaración de nulidad, mediante la minoración de la deuda, o, en el caso de estar amortizada, la devolución del sobrante.

2. La sentencia apelada estima la demanda y declara la nulidad del contrato de préstamo suscrito por las partes el 20 de marzo de 2018 vía telemática, nº NUM000, por el carácter usurario del interés aplicable (TAE) ; y consiguientemente condenaa la demandada, como efecto de dicha declaración, a restituir a la actora las cantidades cobradas que excedan de la suma recibida si hubiera sido completamente amortizada, o, en caso contrario, a imputar las cantidades cobradas indebidamente al abono de la suma recibida por la actora en concepto de principal.

3. Solo interpone recurso de apelación la demandada. En la compleja súplica del, a su vez, extensísimo recurso (156 páginas) formula las siguientes pretensiones, que nos van a servir para sistematizar la fundamentación de la presente sentencia:

1) La nulidad de la sentencia y del procedimiento desde el trámite de la audiencia previa con fundamento en: a) la inadecuación del procedimiento por razón de su cuantía; b) la denegación indebida de pruebas y c) la subsanación de la omisión de un pronunciamiento [incongruencia omisiva] .

2) Subsidiariamente, la revocación de la sentencia por razones de fondo, con arreglo a los siguientes motivos: a) infracción de las normas de carga de la prueba; b) error en la valoración de la prueba respecto a la acción principal de nulidad por usura que ha sido estimada en la sentencia; c) subsidiariamente, infracción de los requisitos legales para la estimación de la acción de nulidad por usura, lo que conlleva : (i) la desestimación íntegra de la demanda; (ii) con carácter subsidiario, no hacer especial pronunciamiento condenatorio en las costas de la primera instancia.

4. La decisión que merece el recurso seguirá las conclusiones defendidas, entre otras, en la sentencia de 21 de junio de 2022 (número 290/2022) dictada por la sección bis de esta Audiencia provincial en el rollo de apelación número 256/2020, salvo la conclusión final sobre la usura, en los términos que luego detallaremos.

TERCERO: 1. La demandada sostiene en el recurso que, al contrario de lo que se resolvió en la audiencia previa,la cuantía de la demanda es determinada y determinable: " Es decir, que, al solicitarse la nulidad del título obligacional (el micro préstamo nº NUM000 de fecha 20/03/2018), habría lugar a tomar como cuantía determinada, la total del propio título obligacional (497,99 € = 400,00 € de principal + 97,99 € de intereses remuneratorios por el plazo de devolución inicialmente pactado ". Por todo ello, la apelante concluye que procede la tramitación del juicio verbal y no del juicio ordinario, al ser la cuantía total acumulada inferior al importe de 6.000,00 € previsto en el artículo 250.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (ya se tome la cantidad de 97,99 €, diferencia entre el principal y lo abonado, o bien el importe total del título obligacional cuya nulidad se pretende, el micro préstamo impugnado, que por todos los conceptos asciende a 497,99 €) y al no existir especialidad en la materia.

2. Sin embargo, como venimos diciendo continuamente en ningún caso debemos entrar a conocer sobre la determinación de la cuantía del procedimiento en la segunda instancia, puesto que se trata de una materia que no procede zanjar en una sentencia, sino en la audiencia previa del juicio ordinario ( artículo 255 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y en nada concierne a los pronunciamientos emitidos en la parte dispositiva de la sentencia apelada.

3. En el presente caso, la demanda fue admitida a trámite partiendo de que su cuantía era indeterminada (Decreto de 16/1/20 -evento 9) y no se ha fijado su cuantía en otro sentido en la primera instancia, por lo que debemos partir ahora de su carácter indeterminado, como señala el artículo 251-1.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil [" Si se reclama una cantidad de dinero determinada, la cuantía de la demanda estará representada por dicha cantidad, y si falta la determinación, aun en forma relativa, la demanda se considerará de cuantía indeterminada"].

4. Lo expuesto resulta aplicable a la acción principal fundada en la usura, mientras que la acción subsidiaria por razón de la materia, sobre nulidad de condiciones generales de contratación por su abusividad, debe seguir necesariamente los trámites del juicio ordinario (artículo 249.1-5.º).

5. (1) A mayor abundamiento, aunque entendiéramos que, con arreglo a los datos aportados por la hoy apelante -antes referidos-, la cuantía de la demanda para la reclamación fundada en la usura debe determinarse dentro de los límites cuantitativos del juicio verbal, hasta 6.000 euros, tampoco procedería declarar la nulidad de las actuaciones propuesta en el recurso, como vamos a ver.

(2) En tal hipótesis, nos encontraríamos ante una acumulación indebida de acciones según las exigencias previstas en el artículo 73.1-2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( para que sea admisible la acumulación de acciones será preciso que las acciones acumuladas no deban, por razón de su materia, ventilarse en juicios de diferente tipo); y ello como consecuencia de que la acción "principal" es precisamente la de la nulidad del contrato por usura, la cual -siguiendo esa hipótesis- debería seguir los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, mientras que la que se ejerce de forma "subsidiaria" es la relativa a la abusividad de las cláusulas, cuya tramitación corresponde imperativamente, por razón de la materia, al juicio ordinario, y siempre teniendo en cuenta que esta última se plantea, como decimos, de forma subsidiaria y no de forma alternativa ni principal.

(3) Ahora bien, en tal situación no entenderíamos procedente una decisión tan drástica como declarar la nulidad de las actuaciones interesada en el recurso, puesto que para ello siempre es preciso acreditar la indefensión producida por la infracción procesal -lo que aquí no consta-, según lo requerido en el artículo 225-3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (equivalente al artículo 238-3.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial), como aclara la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2015 ( STS: 79/2015), también en un supuesto de inadecuación de procedimiento, de manera que la nulidad de actuaciones por indebida acumulación de autos resulta una sanción excesiva a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva, según lo argumentado en la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de septiembre de 2012 ( STS: 497/2012). Asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2012 ( STS: 11/2012) resalta elnulo efecto real de una nulidad de actuaciones, que produciría simplemente una repetición de actos procesales, " quebrantando el principio de economía procesal que se consagra como derecho constitucional en el artículo 24.2 de la Constitución Española al proclamar el del proceso público sin dilaciones indebidas". Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2013 ( STS: 720/2013) habla de carencia de efecto útil de la nulidad de actuaciones. Y, en fin, la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2013 ( STS: 315/2013) alude al principio de conservación de actuaciones, al menos cuando, como aquí ocurre, no está afectada la competencia objetiva ( sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2013 - STS: 315/2013), lo que en el presente supuesto conllevaría resolver en todo caso la acción que se debe tramitar por el juicio ordinario aquí seguido, la fundada en la abusividad.

CUARTO: La denegación de pruebas no puede constituir un motivo del recurso, sino que solo justifica la solicitud de práctica de prueba en la alzada, conforme a lo dispuesto en el artículo 460 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tal como hizo la demandada con su recurso de apelación y resolvió la Sala en sentido denegatorio por el referido auto de 26 de enero de 2023, y frente al cual no se interpuso el oportuno recurso de reposición, por lo que, además, la parte se aquietó a lo así decidido.

QUINTO: 1. Se alega incongruencia en la página 84 del recurso, al parecer con fundamento en que la sentencia apelada no se pronuncia sobre la acción subsidiaria planteada en la demanda relacionada con la abusividad de la cláusula de intereses remuneratorios (páginas 82 y siguientes del recurso). Con tal planteamiento, nos encontraríamos ante una incongruencia omisiva ( infra petitum o citra petitum).

2. Lo primero que debemos decir es que la demandada carece de legitimación para denunciar esa infracción procesal, puesto que implica el mantenimiento de una acción que solo compete a la otra parte (lo cual, por cierto, ha sido considerado suficiente por el Tribunal Supremo para superar la exigencia del tantum devolutum quantum apellatum sin necesidad de impugnar la sentencia, a diferencia de otros supuestos concretos).

3. Por otro lado, la estimación de la demanda por la causa principal autoriza al Juzgado a no entrar a enjuiciar las acciones ejercitadas de modo subsidiario, como se dice en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2019 ( STS: 369/2019) en un asunto de nulidad de un contrato.

4. Además de todo ello, ninguna de las partes denunció la incongruencia omisiva a través de la solicitud de complemento de la sentencia regulada en el artículo 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tal como es preceptivo en cualquier recurso devolutivo -como en el de apelación- con el fin de conservar el derecho a aducir tal defecto procesal en cualquier instancia ulterior, según lo exigido en el artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con su artículo 465.3. Así se deduce de la doctrina seguida por el Tribunal Supremo en numerosas sentencias a partir del Acuerdo de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de fecha 30 de diciembre de 2011 (por ejemplo, STS 3954/2010, STS 7248/2011, STS 596/2013, STS 3126/2013, STS 3015/2013, STS 422/2015 y STS 4153/2015, entre otras muchas posteriores). Las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2013 ( STS: 63/2013), 18 de febrero de 2013 ( STS: 52/2013), 11 de marzo de 2014 ( STS: 93/2014) y 27 de abril de 2021 ( STS: 230/2021) aclaran expresamente que tal doctrina es aplicable al recurso de apelación -pese a su carácter ordinario o de "plena jurisdicción"-, y no solo al recurso de casación, de manera que parece tratarse de un criterio minoritario el mantenido en la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019 ( STS: 383/2019).

5. La sentencia apelada, además, sí analiza la acción por abusividad, parece que a mayor abundamiento, en su página 10: " Por último, cabe mencionar que la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores sirve de óbice para no permitir el control del carácter "abusivo" del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia".

6. En cuanto a la cosa juzgada, debemos reproducir expresamente los argumentos desarrollados en la sentencia dictada por la Sección bis: "Por lo que respecta a la alegación en el encabezamiento del motivo de referencia a la cosa juzgada, no hallamos una concreción del motivo, pues ni siquiera tal excepción apareció formulada en el escrito de contestación".

7. Tampoco tiene sentido alguno la alegación genérica de "falta de motivación" comprendida en el título del motivo del recurso ahora analizado.

8. Ni cabe estimar la alegación que hace la apelante acerca de la mala fe procesal de la demandada, argumentación relativa al hecho de haber interpuesto una pluralidad de procedimientos que podrían haberse sustanciado en uno solo. Se trata de una argumentación nueva, que se introduce con ocasión del recurso de apelación, que no fue objeto del debate en primera instancia y que, por lo tanto, tampoco debe serlo de esta apelación.

SEXTO: 1. Respecto del carácter usurario del interés aplicable, el tipo TAE pactado en el contrato de fecha 20/3/2018 fue del " 3.751%" [" Tasa anual Equivalente (T.A.E) de la operación 3.751%"]. En concreto, el importe del préstamo, 400 €, debía devolverse en el plazo de 30 días con un incremento de 139,99 € durante ese periodo, es decir, 539,99 €. De todo ello resulta la total cantidad pagada por la prestataria, según la ahora apelante: 497,99 € [400 + 97,99 euros efectivamente pagados].

2. Esta Audiencia provincial ha dicho lo siguiente en la sentencia de 21 de junio de 2022 dictada por su Sección bis siguiendo sus propios precedentes (hemos añadido la negrita):

El Banco de España no publicaba al tiempo de la celebración de los respectivos contratos, ni publica actualmente, estadísticas específicas de los micropréstamos como modalidad de préstamos al consumo. El Tribunal Supremo, en su sentencia de 4 de marzo de 2020 , precisa que, para determinar la referencia que ha de utilizarse como "interés normal del dinero" para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada; y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias, deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio. En el supuesto de autos, el Banco de España no publicaba al tiempo de la celebración de los respectivos contratos, ni publica actualmente, estadísticas específicas de los micropréstamos como modalidad de préstamos al consumo .

Estimamos aquí, en línea con lo argumentado por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5, de 3 de marzo de 2021, que, aun siendo cierto que el mercado de microcrédito pueda ser objeto de categorización autónoma en la medida en que va dirigido colectivos que no pueden acceder a los préstamos tradicionales, su importe es muy pequeño, su plazo de devolución muy breve y su coste muy elevado, y pudiéramos estar de acuerdo en que, para determinar si el interés es superior al normal o habitual del mercado habría que acudir a las estadísticas específicas del producto crediticio, sin embargo, discrepamos, cual argumenta la sentencia apelada, en que, a falta de estadísticas públicas, haya que acudir a las confeccionadas por una asociación privada, que no otra cosa es la AEMIP, cuyas estadísticas son las que se hacen valer por la apelante .

Que las estadísticas del Banco de España no contemplen específicamente estos préstamos rápidos no es óbice para valorar su condición en relación a los intereses de operaciones de consumo. De esta manera, aun acudiendo a los tipos más elevados de préstamo al consumo que recogen las estadísticas del Banco de España (concretamente el "revolving" a través de tarjeta de crédito), llegaríamos a un 21,17 % anual. La STS 149/2020, de 4 de marzo , ha declarado usurario un 26,82%. Su razonamiento no es que se considere o no excesivo, sino que sea notablemente superior al normal del dinero. Que todas las empresas de "microcréditos" apliquen similares TAE resulta una cuestión estadística, pero no necesariamente configura el precio normal del dinero ni explica la manifiesta desproporción. Por otra parte, que todas las empresas dedicadas a este tipo de operaciones cobren ese alto interés no es sino una constatación de una realidad con un valor estadístico, pero no necesariamente convalidatorio de tal comportamiento. Es un dato objetivo, no una explicación convincente de la razón de ser de tales retribuciones al préstamo del capital .

Por lo demás, que se analice la solvencia de los prestatarios, que no exista comisión de apertura, no haya gastos de gestión adicionales, inmediatez en la concesión y el riesgo asumido, no son explicaciones de la naturaleza extraordinaria y elevadísima de dichos intereses. La citada sentencia del Tribunal supremo argumenta a este respecto, sin género de dudas, que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico. En consecuencia, debe tomarse en consideración el tipo de interés de los préstamos al consumo al tiempo de la celebración del contrato publicado por el Banco de España como referencia del "interés normal del dinero" para realizar la comparación con el interés pactado y valorar si el mismo es usurario, o, como mucho, con el tipo de interés de las tarjetas de crédito. De este modo, parece indiscutible que los intereses remuneratorios son manifiestamente superiores al normal de dinero si tenemos en cuenta que en las respectivas fechas los intereses para tarjetas de crédito eran del 20'78 % anual en febrero de 2018 en términos TEDR y los pactados eran del 3752% en TAE [similares a este caso].

3. A lo anterior podemos añadir que el Banco de España, si bien no publica en su página web una estadística de tipos de interés medio del mercado aplicable a los micropréstamos o microcréditos, sí nos proporciona las siguientes definiciones: los microcréditos son préstamos de reducido importe cuyo destinatario no cuenta con los recursos o garantías suficientes para acceder a una financiación suficiente para la puesta en marcha de su proyecto; y los créditos rápidos son préstamos o créditos que se caracterizan por la rapidez en su concesión si bien a un precio que suele ser superior a otras operaciones de financiación.

4. En conclusión, la TAE aquí pactada o el porcentaje de incremento en cómputo anual supera muy ampliamente cualquier tipo de interés, como los de consumo, por lo que es obvio que supone un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulta leonino, como dispone el artículo 1 de la Ley sobre Usura.

5. A partir de este punto, no asumimos los argumentos de la sentencia dictada por la sección bis referidas al elemento subjetivo aludido en el inciso segundo del párrafo primero del artículo 1 de la Ley Azcárate (la situación angustiosa, inexperiencia o a lo limitado de las facultades mentales del prestatario), los cuales siguen expresamente la tesis mantenida en varias sentencias de la sección 4 de la Audiencia provincial de Zaragoza cuando la parte prestataria realiza una multiplicidad de operaciones, como aquí ocurre, a tal punto que la demandante reconoce en su escrito de oposición al recurso (página 11) que " la actora ha acudido en numerosas ocasiones (siete, en concreto) a la entidad recurrente a solicitar créditos". De hecho, la Sra. Lina es parte demandante en varios de los procedimientos que penden ante esta Audiencia provincial. Es conocida la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el precedente judicial vinculante, cuyo apartamiento en situaciones sustancialmente parejas puede ser realizado si se hace conscientemente y de modo suficientemente motivado (por ejemplo, STC: 159/1992).

6. Nos alineamos, por el contrario, con el criterio sostenido por la sección 5 de la Audiencia provincial de Zaragoza en diversas sentencias. Así, al tratar de la " reiteración de contratos" la sentencia de 7 de junio de 2021 de ese Tribunal (SAP Z 708/2021) argumenta lo siguiente: " que el prestatario sea un cliente habitual de los "micropréstamos" pudiera, en su caso, afectar a la "comprensibilidad real" de la carga económica y jurídica que asumía, lo cual ha de situarse en el control de transparencia de una condición general de contratación. Mas no en la calificación de unos intereses remuneratorios como notablemente superiores al normal del dinero y manifiestamente desproporcionados con las circunstancias del caso. Es más, la reiteración lo que normalmente demostrará -precisamente por los altos intereses pagados- es la situación de necesidad del prestatario, incapaz de acudir a otros medios de financiación con precios muy inferiores. Consecuentemente, tal argumento no es óbice a la decisión favorable a la naturaleza usuraria del contrato. / En definitiva, se trata de un contrato de los denominados "micropréstamos", que se conceden generalmente por vía telemática aunque también de forma presencial, aunque esto es más residual. Son pequeñas cantidades que se entregan de forma casi inmediata, sin análisis documental de solvencia (o, en todo caso, muy rudimentario) y que obliga a una devolución en un breve periodo de tiempo, con unos intereses (denominados como honorarios del préstamo) muy elevados. / En este caso, las TAE aplicadas son del 3.752% y 3.751%".

7. Debemos destacar que la citada sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2020 ya puntualiza lo siguiente sobre el elemento subjetivo previsto en el artículo 1 de la Ley Azcárate: "Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, "que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso", sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija "que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales"". Cuando menos, se debe presumir la concurrencia de estas circunstancias.

8. Por otra parte, el artículo 1302.4 del Código civil tiene un alcance concreto frente a quien ha producido el error o causado la intimidación o la violencia, es decir, dentro de los supuestos de anulabilidad del contrato por vicios del consentimiento, por lo que su significado no debe ser extrapolable a un supuesto de nulidad radical o absoluta, como cuando concurre un interés usurario. Asimismo, rechazan la aplicación del artículo 1302 en casos similares la sentencia 52/2022 de la Audiencia provincial de Badajoz, sección 3, y la sentencia 14/2022 de la Audiencia provincial de Vizcaya, sección 5.

SÉPTIMO: 1. Sobre la base de todo ello, el recurso ha de ser desestimado, salvo con relación a las costas de la primera instancia, especialmente cuestionadas en el recurso, al apreciar serias dudas de Derecho más allá de las que son inherentes a todo litigio sobre la apreciación de la usura, de acuerdo con las distintas tesis analizadas anteriormente, por lo que procede omitir toda declaración sobre las costas de la primera instancia, como excepcionalmente autoriza el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. Al estimarse en parte el recurso, tampoco debemos hacer una especial declaración sobre las costas de esta alzada ( artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

3. Asimismo, procede disponer la devolución del depósito constituido para apelar, en cumplimiento del apartado 9 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.