Sentencia Civil 893/2024 Audiencia Provincial Civil de Jaén nº 1, Rec. 248/2023 de 20 de junio del 2024

PRIMERO.- Contra la sentencia de instancia por la que se estima íntegramente la acción en reclamación de la cantidad de 45.841 €, en concepto de precio no abonado por contratos de arrendamiento de servicios (construcción de obra) celebrados con el demandado, al estimar acreditada la prestación convenida, y sin embargo no abonado parte del precio estipulado, se alza la representación procesal de dicha parte demandada aduciendo en primer lugar, error en la valoración de la prueba respecto del contrato de obra a que se refiere el pago reclamado. En segundo lugar, error en la valoración de la prueba respecto del cómputo de cantidades entregadas, incongruencia omisiva al no decidir la sentencia sobre las diversas entregas acreditadas en la contestación a la demanda. En tercer lugar, infracción legal por inaplicación de los artículos 1156 y 1157 del CC. En cuarto lugar error en la apreciación de la prueba respecto del audio aportado por la parte actora. En quinto lugar error en la apreciación de la prueba respecto de las partidas adicionales facturadas aparte del contrato. En sexto lugar, con carácter subsidiario, la parte sostiene que han de tenerse en cuenta diversos pagos para minorar el importe reclamado, procediendo, un máximo de abono de 8.841 euros, IVA incluido. Finalmente, se insta la no imposición de costas por la existencia de serias y relevantes dudas de hecho en el debate.

SEGUNDO.- Por su importancia y trascendencia, abordaremos en primer lugar todos los motivos atinentes a la denunciada error en la valoración de la prueba, respecto de la acreditación e importe de la deuda reclamada. Consideramos que para atender a la sistemática de la sentencia de instancia, que consideramos aborda correctamente la litis, y por estar íntimamente ligados estos motivos, han de merecer respuesta conjunta en este ordinal.

Nos referimos a los motivos el recurso, primero, segundo, tercero -pues no es sino un apéndice de los dos primeros motivos-, y sexto. Se trata en realidad de un mismo extremo, que la apelante divide en motivos distintos.

Centrado así el objeto de debate en esta alzada y denunciada que ha sido la existencia de error en la valoración de la prueba, conviene recordar con carácter general la reiterada y uniforme doctrina jurisprudencial que establece que el recurso de apelación permite al Tribunal "ad quem" examinar el objeto de la litis con igual amplitud y potestad con la que lo hizo el Juzgador "a quo", y que por lo tanto no está obligado a respetar los hechos probados por éste, pues tales hechos no alcanzan la inviolabilidad de otros recursos.

No obstante esa misma doctrina especifica que la práctica de la prueba se realiza ante el Juzgado de instancia y éste tiene ocasión de poder percibir con inmediación las pruebas practicadas, es decir, de estar en contacto directo con las mismas y con las personas intervinientes, y tal principio de inmediación que aparecía en la anterior LEC y con mayor rigor en actualmente vigente, debe implicar el respeto por la valoración probatoria realizada por el Juzgador de instancia, salvo que aparezca claramente una manifiesta inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba, o que el propio relato fáctico sea oscuro, impreciso, dubitativo, incongruente o contradictorio, pues caso contrario modificaríamos el criterio del juzgador por el interesado de la parte recurrente.

A la luz de la doctrina expuesta habremos de convenir que la resolución de instancia habrá de ser mayoritariamente "respetada", con la salvedad que a la hora de abordar el quinto motivo del recurso expondremos, pues en este concreto punto relativo al importe correspondiente a "partidas adicionales" incurre en el error que se denuncia e infringe la doctrina expuesta.

Pasamos a razonar nuestra decisión.

TERCERO.- En el presente caso, nos encontramos con una reclamación monetaria planteada por la sociedad CONSTRUCCIONES PENALGAR SL frente al apelante, Martin. La relación contractual, tiene origen en el contrato suscrito por ambas partes el día 5 de noviembre de 2007, documento 2 aportado junto a la contestación a la demanda, y sienta las bases para la contratación de una obra a tanto alzado en una parcela de 392 m², en la que ya existía una obra a medio construir. Se pacta un precio total de 213.976,02 €, a repartir entre tres hermanos, a saber, Martin, y sus hermanas Pilar y Verónica.

El referido documento deja constancia de que las obras comprenden la siguiente partidas, citando a continuación, entre otras, por su importancia para la resolución de esta litis, instalación de electricidad e instalación de fontanería.

Pues bien, partiendo de este escenario, la demandante del procedimiento sostiene que el demandado no ha llegado abonar la totalidad de su parte, conforme a la liquidación de la obra efectuada, como es de ver en los documentos 9 a 12 de los aportados con la demanda.

En consecuencia, insta, y con éxito tras la condena obtenida en primera instancia, el pago del resto pendiente de abono por parte del señor Martin.

Pues bien, es este el escenario que nos encontramos a la hora de abordar la resolución del recurso de apelación.

El primer motivo del recurso, denuncia error en la apreciación de la prueba respecto del contrato de obra a qué se refiere el pago reclamado. Pues aduce, que en todo caso se refiere al contrato de 2007, negando la existencia de un contrato verbal posterior.

La sentencia de instancia, en el primer párrafo del fundamento jurídico tercero, establece que resultaría ilógico que las facturas giradas al demandado estén fechadas a 2013, y principios de 2014, cuando los trabajos fuera acordados en 2007. Por lo que presume la existencia del contrato verbal suscrito entre las partes en el año 2012.

Ahora bien, consta aportado con la demanda, un contrato de ejecución de obra precisamente con el objeto que nos ocupa, y por el mismo precio que dice la demandante se pactó en el contrato verbal del año 2012. Este documento consta firmado y no ha sido denunciado de falsedad por la parte demandante. La impugnación fue genérica y a los meros efectos de su valoración probatoria.

Ello no quiere decir sino que este contrato escrito tiene plena virtualidad, puesto que si observamos la descripción de las obras y el precio estipulado es el mismo que finalmente la propia parte actora reconoce en los documentos que ilustran su demanda.

Si atendemos al hecho primero de la demanda, podemos observar que el objeto de la construcción lo constituye una obra de nueva planta, consistente en edificio pluri-familiar para cinco viviendas y garajes, en un solar propiedad del señor Martin, sito en la puerta de Segura Jaén, entre DIRECCION000 y esquina DIRECCION001, conforme al proyecto básico y de ejecución de obra, redactado por el arquitecto don Saturnino.

Por su parte en el referido contrato de 2007, consta como objeto la terminación de la obra mediante proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto superior don Saturnino, en el término municipal de la Puerta de Segura, situada en DIRECCION000, que consta de cinco viviendas, garajes y trasteros.

Es decir se trata en definitiva del mismo compromiso contractual. Y si bien, en la solución del nudo gordiano de la litis, al menos muy mayoritariamente, esta circunstancia no cobra ni despliega especial relevancia. No afecta al cómputo de los plazos prescriptivos, que además no han sido traslados a conocimiento de esta segunda instancia. Sí que afectará a la hora de resolver el quinto motivo del recurso. En cualquier caso el planteamiento de la cuestión ha de gozar de favorable acogida en esta alzada.

En cuanto al segundo motivo del recurso que también refiere error en la apreciación de la prueba respecto del cómputo de cantidades entregadas e incongruencia omisiva, al no resolver la sentencia sobre las diversas entregas, aducidas y acreditadas con la contestación a la demanda. Baste decir que en la página siete de la resolución ante penúltimo párrafo del fundamento jurídico tercero, podemos leer que si verdaderamente fuera cierto tal como se sostiene el demandado, hubiera abonado más de lo que le correspondía, existiendo un saldo a su favor de 62.454,66 €, resulta absolutamente ilógico que en dicha conversación no haya hecho referencia a esta circunstancia.

Ello no quiere sino decir que el juzgador a quo en realidad sí que ha valorado los supuestos pagos que aduce la parte apelante. Pero que en modo alguno los da por acreditado, puesto que resulta absurdo e ilógico, concluyendo la Sala en la misma forma que expone la sentencia de instancia, que habiendo abonado en demasía, nada más y nada menos, que una cantidad superior a 60.000 €, el señor Martin no plantease reclamación previa alguna o incluso demanda reconvencional ante la demanda que de adverso recibió.

Por esta razón, el segundo motivo del recurso habrá de perecer.

En cuanto al tercer motivo del recurso, alude infracción legal por inaplicación del artículo 1156 y 1157 y concordantes del CC. Para la resolución de este motivo simplemente nos hemos de remitir a lo hasta ahora expuesto, puesto que el planteamiento del mismo da por reproducido lo expuesto en la alegación que antecede, no existiendo las dudas e incertidumbres que interesadamente intenta introducir en el debate.

Finalmente, el sexto motivo del recurso alude, con carácter subsidiario, y para el caso de entender la Sala que procede el pago de cantidad, de conformidad con el supuesto contrato verbal, a que atendidas las diferentes pagos efectuados por el señor Martin, en todo caso, restaría una deuda favorable a la demandante que ascendería a la cantidad de 8841 euros, ello incluyendo el IVA, en lugar del importe que como condena establece la sentencia de instancia.

Pues bien, volvemos a incidir en que los documentos aportados junto con la contestación a la demanda, no acredita el abono por parte del señor Martin de su parte proporcional en las obras contratadas. Por lo que estos documentos, tal y como correctamente indica el juzgador a quo, tienen necesariamente que tratarse de documentos relacionados con el pago correspondiente a las partes de sus hermanos. Pues conviene recordar que en el contrato escrito del año 2007, aportado por el propio apelante, consta que el señor Martin actúa en nombre y representación de sus dos hermanas.

Hubiera sido fácil y sencillo llamar como testigos a las referidas hermanas, para que explicasen cómo y qué cantidades se abonaron por esta obra. Y si cada hermano abonó su parte, o el Sr. Martin hizo efectivo la parte correspondiente a sus hermanas, haciendo uso de la facultad de representación con la que actuó a la hora de suscribir el vínculo contractual.

Ello, sin perjuicio de estar a la relevante conversación habida entre el apelante y Alejo, de la parte actora.

La transcripción de esta conversación, documento número 13 del escrito de demanda, pone de manifiesto que en efecto, el señor Martin estaba en deuda con la empresa constructora. Por lo que resulta totalmente incoherente, y así lo declara el juzgador a quo con acierto, que habiendo abonado, como sostiene el demandado, un importe muy superior por las obras contratadas, no solamente nada manifestase al respecto al señor Alejo sobre el tema, sino que, incluso tratase de justificar el retraso en el pago en la penosa situación económica en la que se encontraba.

En consecuencia, procede la desestimación también de este sexto motivo del recurso.

CUARTO.- En cuanto al cuarto motivo del recurso de apelación, que versa sobre error en apreciación de la prueba respecto del audio aportado por la parte actora, poco tenemos que decir respecto de lo ya apuntado en el ordinal que antecede.

El recurrente aduce que el demandado no reconoce deuda alguna en dicho audio, y que la grabación es desconocida y no consentida por el Sr. Martin, por lo que se ha vulnerado su derecho constitucional a la intimidad y secreto de las comunicaciones.

Es importante reseñar que en el acto de la audiencia previa, debidamente visionado el video por la Sala, cuando el juzgador se pronunció sobre la admisibilidad de los medios de prueba, en sentido afirmativo respecto de este audio, la parte demandada ni tan siquiera llegó a interponer recurso de reposición, llegando incluso el juzgador a adelantar tal postura de la parte, por esperado, sin que, finalmente optara el letrado por su planteamiento. De forma que se aquietó a la decisión del juzgador, que ahora no puede cuestionar ex novo en esta alzada.

Por lo demás, una vez que la Sala ha escuchado el audio, y leído su transcripción, no podemos sino coincidir plenamente con la valoración efectuada en la instancia.

Y es que la conversación sostenida entre los dos hombres, pone claramente de manifiesto un escenario en el que el señor Alejo, seguramente no por primera vez, reclama al señor Martin el abono de la deuda pendiente, aduciendo este diversas circunstancias sobre su precaria situación económica para justificar el retraso en el pago.

Este escenario nos aleja por completo de el abono de la totalidad de la deuda, como voluntaristamente aduce el señor Martin, y desde luego de que hubiera efectuado pagos en demasía.

Se desestima por tanto este motivo.

QUINTO.- Finalmente, el quinto motivo del recurso, sí que ha de conllevar una reevaluación de la actividad probatoria efectuada en la instancia.

Nos referimos a las partidas consistentes en instalación de contadores en cocheras, contadores de agua, instalar puerta de cochera al fisio y reparar patio cochera.

Lo primero que hay que reseñar es que en el contrato del año 2007, en la página dos, in fine, e inicio de la página tercera, se especifica que el promotor pretende contratar al constructor la siguiente obra, enumerando, entre otras partidas, instalación de electricidad e instalación de fontanería. Posteriormente en las estipulaciones del contrato, en la sexta, con rúbrica "precio", consta literalmente que el constructor se compromete y obliga a ejecutar las obras antes citadas que son albañilería, aislamientos e impermeabilización, revestimientos continuos, solería de alicatado y aplacados, instalación de electricidad, instalación de fontanería, carpintería, metálica, cerrajería, carpintería interior, pinturas, preinstalación de aire acondicionado, instalación de telecomunicaciones, a precio a tanto alzado y total cerrado de 213.976,02 €, no susceptible de variación alguna sea cual fuere el número de unidades o medición de las mismas que sean necesarias para dejar la obra anteriormente descrita completamente terminada, con la calidad de especificación y determinaciones previstas en proyecto técnico, salvo los supuestos contemplados en la estipulación novena de este Contrato.

En dicha estipulación novena, bajo la rúbrica modificaciones al proyecto y obras adicionales consta, que si durante la ejecución de las obras hubieran de ejecutarse modificaciones necesarias al proyecto, como consecuencia de disposiciones oficiales de fecha posterior a la del presente contrato que supongan variación del costo, así como cambios de calidades de materiales que no estuviesen contempladas en el proyecto técnico, se acordará un nuevo precio contradictorio. Dicho precio deberá ser aprobado previa y expresamente por el promotor para que nazca la obligación de pago.

Pues bien, en el documento número nueve de la demanda, consistente en nota informativa Martin , referida a la obra que nos concierne, consta como partidas adicionales, poner contadores en cochera por valor de 2847 €, poner contadores de agua por valor de 800 €, poner puerta de cochera al Fisio y reparar patio cochera 1100 €. Hace un Total 4.747 euros, que la sentencia de instancia entiende plenamente justificados y que incluye en el importe condenatorio.

Como es de ver, y según las propias estipulaciones del contrato, todas y cada una de estas partidas están comprendidas en las labores contratadas por las partes, y por tanto, sujetas al precio a tanto alzado cierto e invariable que figura en mencionado contrato. Tampoco consta se haya seguido el procedimiento de fijación de precio contradictorio y la expresa conformidad del promotor respecto de estas partidas adicionales.

Y el solo hecho de que la verificación de las mismas haya tenido lugar con posterioridad a la emisión del certificado final de obra, documento seis de la demanda, en nada impide la recta y plena aplicación del contrato que vinculada a las partes.

Máxime cuando precisamente las partidas tienen por objeto la colocación de contadores de agua y contadores en cochera, elementos básicos en cualquier obra. Y en lo que respecta a la puerta de cochera al fisio y reparar patio de la cochera, igualmente se trata de un elemento fundamental, puerta de acceso al garaje, y la reparación del patio de la cochera, que evidencia una mala ejecución previa y el necesario acondicionamiento de la obra. Lo que suele ser habitual en construcciones de esta envergadura.

Ella no quiere, sino decir que procede la estimación de este quinto motivo del recurso y reducir el importe de la condena establecido en la sentencia distancia en la cantidad de 4.747 euros. De modo que la cantidad que viene obligado a pagar el apelante queda en 41.094 euros

Estimando este motivo del recurso, junto con el primero, procede declarar el éxito parcial de la apelación y revocar la sentencia de instancia en el sentido de corregir el importe que viene obligado a pagar Martin, que asciende a 41.094 euros, en lugar de la cantidad expresada en la sentencia de instancia.

SEXTO.- En cuanto al séptimo motivo del recurso, la existencia de dudas de hecho resulta innecesario abordar esta materia. En cualquier caso el supuesto analizado no plantea dudas de ninguna clase, pues la prueba documental es relevante y a fin de cuentas resolutoria de la cuestión litigiosa.

Hemos de aclarar en que a la vista de la mínima disminución que experimenta el importe al que resulta condenado el señor Martin, puede apreciarse que nos encontraríamos en un claro supuesto de estimación sustancial de la demanda, pues la cantidad concedida supone el 89,65% de la inicialmente peticionada, por lo que no ha de tocarse el pronunciamiento de costas efectuado en la instancia.

SEPTIMO.- Dado el sentir de esta sentencia, por imperativo del artículo 398.2 de la L. E. Civil, no habrá lugar a pronunciamiento sobre las costas de esta alzada.

OCTAVO.- Por aplicación de la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 9 de la L. O. P. J., añadida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de Noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, ante la parcial estimación del recurso, se declara la devolución del depósito constituido por la parte apelante para recurrir.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.