Sentencia Civil 225/2024 Audiencia Provincial Civil de Jaén nº 1, Rec. 195/2024 de 21 de febrero del 2024

PRIMERO.- Contra la sentencia de instancia por la que desestimando la demanda, se acuerda no haber lugar a modificar el régimen de custodia acordado respecto de los dos menores hijos para con su padre-apelante, así como el mantenimiento del régimen acordado en el convenio regulador, y aprobado por ende en sentencia de divorcio de mutuo acuerdo de fecha 15-1-2021, dictada por el juzgado nº 1 de Martos, se alza la representación procesal del demandante, con cita de preceptos de la Convención de los Derechos del Niño y del CC, que considera infringidos, esgrimiendo en definitiva como motivo la existencia de error en la valoración de la prueba, insistiendo en que el padre ha visto modificadas sustancialmente sus condiciones laborales, por lo que vuelve a interesar en el recurso la instauración de la guarda compartida respecto de los menores hijos que en común tiene con la demandada-apelada, insistiendo en la alzada en su pretensión. La parte apelada muestra su oposición al planteamiento del recurso.

El Ministerio Fiscal no evacua traslado, constando no obstante su personación.

SEGUNDO.- Centrado así el objeto del debate aún a fuerza de ser reiterativos con lo ya resaltado en la instancia, conviene recordar aquí también con carácter general, que según criterio unánime de la denominada jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales, cabe la posibilidad de alterar las medidas fijadas con carácter firme en los procesos de nulidad, separación y divorcio, conforme a lo establecido en los arts. 90, 91, 92 y 100 del Cc, siempre y cuando por quien la pretenda se acredite cumplidamente la concurrencia de una alteración sustancial y duradera de las circunstancias tenidas en cuenta para su adopción, pues si bien es cierto que aquellas sentencias producen excepción de cosa juzgada material, ello no significa que una vez adoptadas tales medidas, éstas se mantengan inalterables en el tiempo, sin tener en cuenta los distintos avatares por los que puede discurrir la fortuna y necesidades de los miembros de la unidad familiar y circunstancias de todo tipo que en ellos concurran.

Es por ello, se mantiene por tal doctrina, que una pretensión de tal clase se encuentra condicionada a la demostración, por quien demanda, de que la mentada alteración ha tenido lugar, es decir, que nuevas circunstancias han generado una variación contemplada en la procedente sentencia, ( SS AAPP Vizcaya 14-12-98; Ciudad Real, 9-3-98, Alicante 17-9-98, Madrid 2-10-98, Barcelona 8-5 y 27-6-2000, Huesca 23-2-2000, La Coruña de 29-06-99, Asturias de 27-7-04, Barcelona de 8-7-04, Córdoba de 19-5-04, Santa Cruz de Tenerife de 3-6-10, Navarra de 27-6-12, Álava de 8-7-13, Valencia de 23-10-13 y Cádiz de 28-10-13).

De otro lado, respecto de la cuestión en concreto que centra nuestra atención en esta alzada, es importante, por la contundencia y reiteración en sus pronunciamientos, citar las siguientes sentencias del Alto Tribunal.

No es, como decimos, un tema novedoso. Ya en la STS 368/2014 contemplaba nuestro Alto Tribunal que "Tomar como referencia el acuerdo previo por el cual la guarda y custodia la debía ostentar la madre supone desconoce la realidad de las cosas y lo que es más grave, deja sin valorar la actitud de uno y otro progenitor para llegar a un compromiso de custodia provisional tras la ruptura, que no tuvo otra finalidad que la de garantizar el inmediato interés de los menores tratando de no perjudicarles y de no generar un ambiente de conflictividad que repercutiese negativamente en ellos".

Hace ya por tanto bastante tiempo que el Tribunal Supremo contempló que pactar la "cesión" de la guarda y custodia a favor de uno de los progenitores no significa que, a futuro, no pueda establecerse la custodia compartida, ya que en no pocas ocasiones uno de los progenitores (generalmente, el masculino) prefiere "renunciar" (forzado por las circunstancias) a la guarda de sus hijos en aras de que la ruptura les afecte lo menos posible.

Al igual que recogió la STS 368/2014, refiere la STS 490/2019 que un acuerdo alcanzado en un momento en el que, probablemente, los nervios estén a flor de piel, independientemente de los términos de este y en el que se "ceda" (si lo queremos llamar así) la guarda y custodia a favor del otro progenitor no puede interpretarse como una renuncia literal a derecho u obligación alguna.

Pero, además, representa la STS 490/2019 una suerte de resumen de la doctrina del Tribunal Supremo respecto a la guarda compartida, siendo francamente interesante la lectura detenida del Fundamento Jurídico Tercero. Desde la consideración de la guarda conjunta como regla general a que la pretendida mala relación entre los progenitores no es un obstáculo para su establecimiento, pasando por el hecho de considerar como "cambio cierto" el propio crecimiento de los menores y la evolución doctrinal acontecida, constituye la STS 490/2019 un magnífico resumen de la consolidadísima doctrinal de nuestro Alto Tribunal respecto a la guarda y custodia compartida que, recordemos (tal y como decía la STS 257/2013), "debe aplicarse siempre que sea posible y en tanto en cuanto lo sea".

La recientísima STS de 27-11-2023 dice: "La modificación de medidas, tal como el cambio de sistema de custodia, exige un cambio "cierto" de las circunstancias y que se adopte en interés de los menores ( art. 91 del C. Civil). "Igualmente en sentencia 311/2020, de 16 de junio, se declaró: ""En base a lo expuesto, se debe declarar que concurre un cambio cierto y sustancial en las circunstancias dada la escasa edad que tenían los menores cuando los padres se divorciaron, el tiempo transcurrido, la posibilidad de vivienda independiente del padre, la reconstrucción de sus vidas afectivas por parte de ambos progenitores, la idoneidad como educadores de ambos y la trascendencia del informe psicosocial que no desaconseja la custodia compartida, todo ello unido a un amplio régimen de vistas preexistente que va a facilitar la transición al actualmente fijado". "En el mismo sentido las sentencias 124/2019, de 26 de febrero, y 211/2019, de 5 de abril".

Y en relación con la guarda y custodia compartida, en la sentencia 870/2021, de 20 de diciembre, dijimos que: "conforma una manifestación declarada por este tribunal del interés y beneficio de los menores, en tanto en cuanto: 1) se fomenta la integración de los hijos con su padre y con su madre, obviando desequilibrios en los tiempos de presencia; 2) se evita el sentimiento de pérdida; 3) no se cuestiona la idoneidad de los progenitores; y 4) se estimula la cooperación de los padres, en beneficio de los menores ( sentencias 433/2016, de 27 de junio; 526/2016, de 12 de septiembre; 545/2016, de 16 de septiembre; 413/2017, de 27 de junio; 442/2017, de 13 de julio; 654/2018, de 30 de noviembre y 175/2021, de 29 de marzo, entre otras)". Y en la sentencia 559/2020, de 26 de octubre, que: "Sobre el sistema de custodia compartida esta Sala ha declarado: ""La interpretación del artículo 92, 5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar de guarda y custodia compartida, que se acordará cuando concurran alguno de los criterios reiterados por esta Sala y recogidos como doctrina jurisprudencial en la sentencia de 29 de abril de 2013 de la siguiente forma "debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea" ( STS 25 de abril 2014). "Como precisa la sentencia de 19 de julio de 2013: "se prima el interés del menor y este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, define ni determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel. Lo que se pretende es aproximar este régimen al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo más beneficioso para ellos. ( Sentencia 2 de julio de 2014, rec. 1937/2013)"".

TERCERO.- Pues bien, a la vista de lo anterior, la sentencia recurrida no aplica correctamente esta doctrina, ya que la escasa edad de los menores cuando se atribuyó la guarda y custodia exclusiva a la madre, el menor de ellos contaba con un año, el tiempo transcurrido (ya tres años a fecha de pronunciarnos), la reconstrucción de la vida afectiva del padre y el hecho, muy especialmente, de las mejoras de su situación laboral en lo atinente a su desempeño profesional, permiten apreciar, conforme a nuestra doctrina, un cambio cierto y sustancial en las circunstancias.

No estamos de acuerdo con la juzgadora de instancia en el análisis que efectúa del certificado emitido por la entidad de DIRECCION000. y DIRECCION001. Y es que el documento signado por ambas socciedades, certifica que Pedro Enrique, en su calidad de ingeniero técnico, al servicio del grupo empresarial, tiene relación laboral con una antigüedad de 10 años, es decir, desde el año 2014. Siendo que en la actualidad, a la vista de la positiva evolución del trabajador en la empresa, es por lo que la dirección de la misma ha depositado en él total confianza, que le permiten plena gestión y autonomía en la organización de su trabajo, pudiendo adaptar su jornada y presencialidad en la oficina a sus necesidades, ya que la mayoría del trabajo que se desarrolla en la oficina puede hacerlo en la modalidad de teletrabajo. La compañía ha apostado siempre por otorgar a la plantilla todas las herramientas a su alcance para facilitar la conciliación.

Al respecto de este documento, la sentencia, con una perspectiva excesivamente simplista, concluye que para la empresa resulta del todo punto antieconómico la contratación de otras personas para efectuar tareas que antes estaban encomendadas al apelante. Apartándose injustificadamente de la finalidad conciliadora que manifiesta la empresa en dicha certificación, finalidad que además, en la actualidad goza de pleno reconocimiento legal, baste señalar como punto de partida la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, que propició la promulgación de toda una normativa, que sigue a día de hoy desarrollándose, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, siendo buena muestra de ello todos los pronunciamientos que hemos extractado del Tribunal Supremo.

Del mismo modo, destacamos que el análisis de la instancia se atasca en cuestiones intrascendentes, como cuales eran las funciones anteriores del demandante, y cuáles son sus funciones actuales, obviando, el nudo gordiano que se extrae tanto de la presentación de la demanda de modificación de medidas, como de he dicho certificado. Y es que constata la Sala la plena y rotunda voluntad del padre de compartir la custodia para la debida crianza y educación de sus hijos menores. Lo cual además de ser loable, no es sino la más básica manifestación afectiva de cualquier persona, máxime de los progenitores para con su prole.

Por otra parte, no conviene despreciar la idoneidad como educadores de ambos progenitores, la conveniencia de que los menores desarrollen con facilidad y del mejor modo la relación con sus dos progenitores, así como el hecho de no haberse constatado la existencia de inconveniente alguno para el establecimiento del régimen de guarda y custodia compartida que solicita el padre -no lo es su trabajo en absoluto, que no le impide atender las necesidades de sus hijos, labor para la que cuenta, además, con la ayuda y apoyo de otros familiares; y tampoco constituye inconveniente la distancia existente entre los domicilios de los progenitores, dado que no es significativa, de hecho solo quinientos metros-, y que dicho régimen, en principio, tal y como señala la Jurisprudencia, debe ser el preferente y normal; todo lo cual configura un conjunto circunstancial favorable al establecimiento de la guarda y custodia compartida que se aprecia, en este momento, como el sistema más idóneo y acorde al principio del interés superior de los menores. En definitiva, "el interés superior de los menores no debe confundirse con el mantenimiento de la situación anterior por el mero hecho de que así venía desarrollándose". La edad actual de los menores y el contacto fluido con su padre resulta beneficioso y favorable para su desarrollo. Y, además, no concurren circunstancias de peso que aconsejen la limitación de la relaciones paternofiliales. El solo hecho de que el padre puntualmente precise de viajar por razones laborales, no puede privarle del ejercicio de la custodia respecto de sus hijos, pues se trata de una circunstancia habitual hoy en día.

De otro lado, y a la vista de que ambos progenitores ostentan plena independencia económica, pudiendo sufragar el coste de alimentación y vestido de sus hijos en los periodos que queden sujetos a su guarda, es por lo que procede, tal y como interesa la parte, dejar sin efecto la pensión de alimentos fijada en el convenio regulador.

En consecuencia, procede estimar el recurso interpuesto, revocar la sentencia recurrida, estimar el recurso de apelación y establecer el régimen de custodia compartida propugnado en la demanda rectora, pero con las acotaciones que a continuación expondremos, con la finalidad de salvar las lagunas sobre temas no contemplados en el régimen expuesto en la demanda rectora, y así evitar contenciosos futuros que pueden perjudicar a los propios menores.

Así:

PATRIA POTESTAD

La patria potestad sobre los hijos seguirá atribuida y será ejercida conjuntamente por ambos progenitores compartiendo asimismo ambos su guarda y custodia y las responsabilidades parentales con arreglo a las normas que se establecen en los apartados siguientes.

Como consecuencia del carácter conjunto de la patria potestad, será necesario el consentimiento de ambos para adoptar y ejecutar las decisiones más trascendentes sobre la residencia, salud y educación de los menores. En particular deberán ser acordadas previamente a ser adoptadas, sin que puedan ejecutarse unilateralmente por ninguno de los dos progenitores, todas las decisiones relativas a la fijación del lugar de residencia de los menores y a cualquier traslado posterior, incluso dentro de la misma población; desplazamientos fuera de España, incluso por razón de vacaciones o estudios; el cambio del centro escolar respecto al que acuden en el momento de eficacia del presente convenio, o la elección del que corresponda en cada cambio de ciclo educativo; actividades extraescolares permanentes de carácter lúdico o didáctico; práctica o confesión religiosa; tratamientos médicos distintos de las revisiones rutinarias o de urgencia inaplazable, especialmente los de naturaleza quirúrgica; tratamientos y terapias psiquiátricos o psicológicos, etc.

Cualquiera de las decisiones relativas a los aspectos anteriores deberá ser notificada de manera clara por el progenitor que pretenda adoptarlas, al otro, antes de comenzar su ejecución, por cualquier medio que deje constancia fehaciente del contenido y de la recepción, al efecto del recabar el necesario consentimiento complementario del otro progenitor. A todos los efectos legales se entenderá prestado dicho consentimiento para el concreto acto notificado si el destinatario no contesta mostrando su oposición dentro de los quince días naturales siguientes a la efectiva recepción de la notificación. En caso de discrepancia, los dos progenitores se obligan a someterla al mecanismo de la mediación regulado en la clausula correspondiente de este convenio; fracasada ésta, será necesaria resolución judicial con carácter previo a la ejecución de cualquier decisión no consensuada.

Las cuestiones puramente cotidianas o rutinarias del menor distintas de las enunciadas, como alimentación, vestido, higiene, trasportes, horarios, participaciones en actos esporádicos de carácter escolar, festivo, social, etc, serán decididas por el progenitor que tenga consigo a los menores de conformidad con el régimen de convivencias que se establece en este documento, procurando cada uno de ellos no modificar unilateralmente costumbres asumidas por el menor en su vida anterior a la ruptura de la convivencia.

Para el supuesto de accidente incapacitante, enfermedad grave, hospitalización o internamiento, desplazamiento geográfico prolongado o cualquier otra circunstancia que impidiera el ejercicio normal de la guarda por parte de cualquiera de los progenitores durante más de dos turnos semanales consecutivos, y hasta tanto se modifica legalmente el régimen de custodia ésta recaerá necesariamente en el otro progenitor y no en cualquier otra persona distinta ni siquiera del entorno doméstico o familiar habitual del progenitor transitoriamente inhábil o ausente. Para tal eventualidad, cada uno de los dos progenitores queda expresamente autorizado por el otro en virtud de este documento para hacerse cargo del menor directamente, recogiéndolo personalmente en donde se encontrara, sin necesidad de entrega o trámite alguno por parte de terceros.

GUARDA Y CUSTODIA

La guarda y custodia será compartida por ambos progenitores por periodos de semanas alternas, comenzado cada uno de los periodos el viernes a la hora de terminación de las clases o de las actividades extraescolares en el centro de estudios. El progenitor al que corresponda convivir con los menores en cada periodo semanal deberá recogerlos en el centro de estudios o en su caso en la parada del autobús escolar el viernes por la tarde con arreglo al horario fijado por el centro. Si por enfermedad leve u otra circunstancia excepcional cualquiera de los menores no hubiera acudido ese viernes al centro de estudios hasta la hora de recogida, ésta se efectuaría en el domicilio paterno o materno en el que hubiese estado residiendo la semana anterior. Las recogidas podrán ser delegadas en terceras personas designadas por el progenitor respectivamente conviviente.

En los puentes o fines de semana largos corresponderá la convivencia con los menores la totalidad de los días del puente al progenitor al que le correspondería el fin de semana al que se encadenen las fiestas anteriores o posteriores. Por tanto, si la fiesta encadenada es un jueves, con viernes "de puente" el cambio de turno se efectuará el miércoles anterior, a la terminación de las clases; si la fiesta encadenada en un martes, con lunes de puente, el cambio de turno se efectuará el viernes anterior, sin reparto en ningún caso de las fiestas incluidas en el puente.

No procederá derecho de visitas alguno en los periodos semanales de convivencia. El progenitor que no esté conviviendo con los menores cada turno podrá comunicar con ellos por teléfono, mensajería electrónica o video conferencia, como mínimo una vez al día, con horario y duración que no perturbe las rutinas cotidianas del menor debiendo el progenitor conviviente facilitar los medios necesarios para dicha comunicación, con arreglo a los usos de la familia.

Los progenitores habrán de informarse mutuamente con antelación razonable del destino, dirección concreta de estancia y número de teléfono de localización en los supuestos de viajes dentro del territorio nacional, así como del estado de salud y tratamientos incluso en los casos de enfermedad leve.

VACACIONES:

Durante las vacaciones escolares la convivencia con los progenitores se distribuirá por mitad en cada uno de los periodos, con las especialidades que se detallan seguidamente. Las fechas de comienzo y fin se determinarán por el calendario oficial escolar.

Las vacaciones escolares de Navidad se dividirán en dos periodos: el primero desde la terminación de las clases hasta las diez horas del día treinta y uno de diciembre; el segundo desde la terminación del primero hasta el inicio de las clases.

Las vacaciones de Semana Santa se dividirán en dos periodos de igual duración. Si el número total de días de vacaciones, incluidos los días "no lectivos" encadenados, es par, la entrega se efectuará a las diez de la mañana del primer día del segundo periodo, sin consideración a si este día es o no festivo; si el número es impar la entrega se efectuará a las dieciséis horas del día intermedio entre los dos periodos.

Las vacaciones de verano se dividirán en dos periodos de igual duración. Si el número total de días de vacaciones de verano es par, la entrega se efectuará a las diez de la mañana del primer día del segundo periodo; si el número es impar la entrega se efectuará a las dieciséis horas del día intermedio entre los dos periodos.

Si los dos progenitores consensuan la asistencia de uno o varios de los menores a campamentos de verano o cursos en el extranjero, el correspondiente periodo de estancia se restará del cómputo global de las vacaciones, al efecto del reparto por mitad del tiempo restante.

Corresponderá la elección de los periodos al padre los años pares y a la madre los años impares. Se entenderá que las vacaciones de Navidad corresponden al año par o impar que esté discurriendo al inicio de las mismas. Las recogidas y entregas se efectuarán en el domicilio del progenitor que termina el correspondiente período vacacional de convivencia, pudiendo ser delegadas en terceras personas.

La elección de cada uno de los tres periodos deberá comunicarse directamente por el correspondiente progenitor al otro, con una antelación de al menos quince naturales días al de su comienzo, por cualquier medio escrito fehaciente, incluido el correo electrónico. La falta de notificación fehaciente con la antelación prevista determinará la pérdida del derecho a elegir para ese concreto periodo, que pasará al otro, pudiendo a su vez notificarlo al progenitor que ha perdido el turno en cualquier momento anterior al inicio del periodo correspondiente.

Durante los turnos de vacaciones el progenitor que no esté conviviendo con los menores podrá comunicar con ellos por teléfono, mensajería electrónica o video conferencia, como mínimo una vez al día, debiendo el progenitor conviviente facilitar los medios necesarios para dicha comunicación, con arreglo a los usos de la familia.

La primera semana lectiva inmediatamente posterior a la finalización de cada uno de los períodos de vacaciones, los menores convivirán con el progenitor con quien no hayan estado la segunda parte del período de vacaciones correspondiente, recogiéndolos a la terminación del horario escolar del primer día lectivo posterior las vacaciones, hasta el viernes siguiente.

- DÍAS ESPECIALES: En las festividades de cumpleaños del padre o de la madre, si no coinciden con estancias con el progenitor celebrante, los hijos podrán estar con éste dos horas, desde la salida del colegio, si coinciden con día lectivo; y cuatro horas en horario diurno a elección del celebrante, si coinciden con fines de semana o vacaciones. (32)

CLAUSULA *: CONTRIBUCIÓN A LOS ALIMENTOS DE LOS HIJOS.

Cada uno de los progenitores satisfará directamente las atenciones ordinarias de los menores durante el tiempo que permanezcan en su compañía. No procederá el abono de prestación periódica alguna entre progenitores. Esta medida es factible desde el momento en que los dos progenitores son económicamente independientes, pues la demandada confesó percibir entre 1500 y 1800 euros mensuales.

Los gastos ordinarios de educación, tales como de enseñanza reglada, comedor, autobús escolar, seguro, asociación de padres de alumnos, excursiones o actividades escolares ordinarias fuera del centro, libros de texto y restante material escolar, uniformes, vestuario y accesorios de uso escolares, serán sufragados por ambos progenitores, por mitad. A estos efectos se abrirá una cuenta corriente bancaria de cotitularidad solidaria exclusivamente entre ambos, donde ingresará cada uno de los dos la suma de * euros mensuales (((( (para el caso de contribución desigual la redacción sería "D* (padre) la suma de * euros euros mensuales y Doña (madre) la suma de * euros mensuales" o bien,"D* (padre) el sesenta* por ciento de la cantidad de * euros mensuales estimado inicialmente como montante global de tales gastos, y Doña (madre) el cuarenta por ciento))) o dentro de los cinco primeros días de cada mes, suma que se actualizará conforme al IPC o índice que los sustituya. Los cargos en dicha cuenta se realizarán siempre que sea posible por domiciliación bancaria de los correspondientes recibos o por pago a través de tarjeta de débito. Respecto de los restantes, el progenitor que hubiera hecho el gasto correspondiente conservará las facturas o justificantes escritos del gasto para ser comprobados por la otra parte, si le fuera requerido, durante un plazo no inferior a tres meses desde la fecha de la compra correspondiente.

Los gastos extraordinarios serán abonados por ambos progenitores por mitad. Se entiende por tales los imprevistos y que no tengan un devengo periódico, como gastos de enfermedad, hospitalización, tratamientos especiales, odontología, ortodoncia u óptica, o farmacéuticos no cubiertos por la seguridad social o por cualquier otra mutualidad u organismo al que pudieran estar asociados o afiliados los progenitores, actividades extraescolares o de apoyo académico, cursos fuera del centro escolar, etc. Salvo urgencia inaplazable, los progenitores deberán notificarse previamente el hecho que motiva el gasto y el importe del mismo para su aprobación por ambos entendiéndose que la falta de contestación a la notificación del gasto en el plazo de ocho días naturales implica la conformidad con el mismo. A falta de acuerdo o de resolución judicial que lo ampare, el gasto será a cargo de quien haya decidido la actividad o el hecho que lo genere, sin que tal decisión unilateral pueda en ningún caso alterar el régimen pactado de alternancia en la convivencia.

CUARTO.- Habida cuenta de la especial naturaleza del procedimiento en el que nos encontramos y del carácter de orden público de la cuestión discutida, pudiendo existir dudas de hecho sobre la misma, no procede hacer expresa declaración de las costas causadas en esta alzada.

QUINTO.- Por aplicación de la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 9 de la L. O. P. J., añadida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de Noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, ante la revocación de la resolución recurrida, se declara la devolución del depósito constituido por la parte apelante para recurrir.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.