Sentencia Civil 165/2023 Audiencia Provincial Civil de Jaén nº 1, Rec. 728/2021 de 24 de febrero del 2023

PRIMERO.- La sentencia de instancia estima la demanda ejercitada por el progenitor y su hija en reclamación de cantidad contra la progenitora por la disposición en cuenta corriente realizada por la misma de la que era titular su hija que aparecía como autorizada en su beneficio particular. En la sentencia de instancia, tras analizar las facultades o derechos que tiene quien se encuentra autorizado en una cuenta corriente para poder operar en dicha cuenta, considera que habiéndose acreditado por la contestación al oficio remitido el 7 de abril de 2020 por la entidad Unicaja Banco que dicho importe se destinó a la contratación de un seguro de ahorro infantil en el que aparecen como aseguradas la hija y la demandada y beneficiaría doña Adelina, y entendiendo que la operación realizada al ser de envergadura excedía de aquellas que realiza una menor de edad de 15 años dentro del tráfico ordinario, requería que la menor y en su caso el otro representante legal conociesen y autorizasen el trasvase de fondos a un depósito vinculado a un seguro con un beneficiario que no era ella. En consecuencia se estima la demanda en reclamación de cantidad.

Frente a dicha sentencia se alza la parte demandada, por considerar que la sentencia dictada incurre en error en la apreciación de la prueba. En primer lugar sostiene que su representada contrató con fondos propios un seguro de ahorro infantil, por cuanto su hija era menor de edad, no tenía capacidad contractual para realizar la contratación del seguro, ni disponía de ningún ingreso que la reportasen unos ahorros de más de 100.000 €. En el seguro aparecían como beneficiarias la menor y la progenitora y al especificar en la entidad bancaria a la demandada que no tendría derecho a los servicios de salud que aparecían en el contrato, se le aconsejó que le invirtiera en otros depósitos, por lo que no actuó con mala fe sino que realizó dicha operación siguiendo el consejo de la entidad bancaria, rescatando entonces su dinero y rescindiendo el contrato de ahorro infantil. En segundo lugar señala que el padre de la menor sabía que su representada había contratado un seguro de ahorro infantil para la hija en el que aparecían ambas como beneficiarias sin que se opusiera ningún momento a la firma de dicho contrato, entendiendo que la hija entonces era menor y por lo tanto dependiente de sus padres que ejercían la patria potestad no sólo en el ámbito personal sino también en el patrimonial, de forma que los progenitores podían administrar durante su minoría de edad todos los bienes que le pertenecieran, a lo que añade que no se solicita la nulidad de pleno derecho del acto de disposición realizado sino que se le devuelva a la hija de su representada la cantidad de 107.305,98 €, que pertenece íntegramente a Virtudes y no a la demandante.

Frente a dicho recurso se opone la parte actora, considerando que mediante el mismo se pretende sustituir el criterio objetivo e imparcial del recurrente mediante el criterio propio de la parte apelante. En relación a los motivos del recurso señala que la parte apelante pretende hacer ver ahora que ante una falta de entendimiento con la entidad bancaria dispuso del dinero de su hija, y añade que se trata de fondos propios por los que cambió a otra cuenta la cantidad existente. Frente a ellos sostiene que de la cartilla de ahorro infantil la titular era Tatiana, que la aperturó su padre la oficina en la que mismo tenía cuentas corrientes y que todos los ingresos los realizó el padre mediante traspasos de las cuentas de las que la titular, bien con cheques procedentes de ventas y fincas adquiridas por herencia de su mujer, o bien con ingresos en efectivo, todo ello según se relata en el escrito de recurso, comenzando a partir de enero de 2003 hacer traspasos periódicos mensuales de 480 €. En segundo lugar respecto al conocimiento de la contratación del producto señala que tanto la menor como su padre desconocían que con el dinero de esa cuenta se había contratado el referido producto y también que se había hecho a nombre de una nueva beneficiaría como es la hermana de la demandada, pues de haber sido informados de este extremo no lo hubieran permitido ya que la única beneficiaria del dinero debería ser la hija de ambos, no teniendo tampoco conocimiento de que se hubiera cancelado la cuenta, ni de dónde había sido transferido el dinero. Insiste en que los progenitores son autorizados en la cuenta corriente pero no son propietarios del capital de forma que no siendo dueños del objeto del depósito no pueden contratar de forma autónoma y a su voluntad un producto asociada la cuenta ni dar orden de cancelarla.

SEGUNDO.- Centrado así el objeto de debate en esta alzada y para su resolución conviene recordar con carácter general la reiterada y uniforme doctrina jurisprudencial, que establece que el recurso de apelación permite al Tribunal "ad quem" examinar el objeto de la litis con igual amplitud y potestad con la que lo hizo el Juzgador "a quo", y que por lo tanto no está obligado a respetar los hechos probados por éste, pues tales hechos no alcanzan la inviolabilidad de otros recursos. No obstante esa misma doctrina especifica que la práctica de la prueba se realiza ante el Juzgado de instancia y éste tiene ocasión de poder percibir con inmediación las pruebas practicadas, es decir, de estar en contacto directo con las mismas y con las personas intervinientes, y tal principio de inmediación que aparecía en la anterior LEC y con mayor rigor en actualmente vigente, debe implicar el respeto por la valoración probatoria realizada por el Juzgador de instancia, salvo que aparezca claramente una manifiesta inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba, o que el propio relato fáctico sea oscuro, impreciso, dubitativo, incongruente o contradictorio, pues caso contrario modificaríamos el criterio del juzgador por el interesado de la parte recurrente.

En este mismo sentido se ha pronunciado reiteradamente esta Audiencia Provincial -Ss. Secc. 2ª de 27-2-06, 6-7-06, 7-5-07, 12-5-09, 29-6-10 o en las más recientes de 17-1-12, 14-6-13 ó la de esta Secc. de 20-2-14, entre otras muchas-, declarando que no es admisible al apelante tratar de imponer su lógicamente parcial e interesada valoración, frente a la más objetiva y crítica del juzgador de instancia, pues es reiterada la jurisprudencia ( SSTS de 21-9-91, 18-4-92, 15-11-97 y 26-5-04, entre otras muchas) que atribuye a éste en principio plena soberanía para la apreciación de la prueba, salvo como hemos expuesto, ésta resulte ilógica, contraria a las máximas de experiencia o a las reglas de la sana crítica, únicos supuestos en que procede su revisión.

TERCERO.- En el caso que nos ocupa debemos atender a los motivos que en esta alzada se esgrimen en el recurso de apelación, no obstante señalar que la parte apelante introduce hechos nuevos al señalar en la alegación primera del recurso de apelación, extremo que no había alegado la contestación a la demanda que, tras la contratación del seguro que deja la cuenta de la menor sin saldo alguno, al observar que la documentación facilitada por la entidad bancaria no fue correcta decidió rescatar su dinero y rescindir el contrato de ahorro infantil, actuando como propietaria de los importes existentes en la cuenta. Este extremo no se mencionaba en su escrito de contestación tras relatar los diferentes movimientos que había sufrido dicha cuenta en el apartado segundo del mismo, remitiéndose en el hecho tercero a esa cantidad de 107.305,98 € "finalmente aportados al seguro de vida" sin especificar cuál ha sido el destino de tales importes.

Partiendo de lo expuesto la primera de las cuestiones que se alega en el recurso es que la demandada contrató con fondos propios la operación. Al respecto debemos señalar que la única titular de la cuenta corriente abierta en fecha 5 de abril de 1999 según figura en el contrato de apertura de cuenta, en el que firma en primer lugar el progenitor y en segundo lugar la progenitora como autorizados, era la menor Tatiana nacida el NUM000 de 1999. En el referido contrato de apertura de cuenta se hacía constar en relación a la disposición de fondos en el anexo que sería la aplicación el contenido de la condición especial número dos de la libreta de ahorro ordinario exigiendo que la orden de disposición fuera firmada por el representante legal del titular.

Tratándose de una hija menor de edad los padres, como titulares de la patria potestad tienen, entre otras funciones, la administración y representación del patrimonio de los hijos tal y como establece el artículo 154 párrafo tercero del Código Civil que indica que entre las funciones de la patria potestad se encuentra la de "representarlos y administrar sus bienes" y en el párrafo cuarto de dicho precepto establece que "si los hijos o hijas tuvieren suficiente madurez deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten sea en procedimiento contencioso o de mutuo acuerdo", sin distinguir si se trata de una decisión en el ámbito personal o en el ámbito patrimonial. En ese sentido el artículo 164 del Código civil señala que los padres administran los bienes de los hijos con la misma diligencia que los suyos propios y exceptúa determinados bienes de la administración paterna. Por otro lado el artículo 166 impide que los padres puedan renunciar a los derechos de los que los hijos sean titulares o enajenar o gravar sus bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos o valores mobiliarios salvo el derecho de suscripción preferente de acciones, sino por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa la autorización del juez del domicilio con audiencia del Ministerio Fiscal, exceptuando que el menor haya cumplido 16 años y consienta en documento público o que se trate de enajenación de valores mobiliarios siempre que su importe se reinvierta en valores seguros.

La cuenta corriente lo que viene a expresar es una disponibilidad de fondos a favor de los titulares de la misma frente al banco que los retiene. En este caso la titular de la cuenta bancaria era la hija menor y quienes figuraban como autorizados eran sus progenitores, por lo tanto dicha titular es la propietaria de los fondos con independencia de cuál sea el origen de los mismos (origen difícil de acreditar cuando se trata de ingresos en efectivo). Examinado el extracto de cuenta desde su apertura en fecha 5 de abril de 1999 con un traspaso de 1 millón de pesetas con el que se procedió al primer apunte bancario, se observan diversos ingresos y traspasos en la referida cuenta, observándose también como se realizan movimientos derivados de la contratación de diversos productos, como por ejemplo una imposición a plazo fijo el 23 de diciembre de 2002 de 96.000 € que se cancela el 22 de diciembre de 2004, apareciendo de nuevo el correspondiente abono, o un seguro contratado el 15 de octubre de 2004 por un importe de 48.000 € que se anula en la misma fecha. Tratándose de intereses que se ingresan, no son éstos sino frutos civiles del dinero, rendimientos que por lo tanto no proceden de ninguna cuenta. También aparece en dicha cuenta un ingreso periódico efectuado a partir del 20 de enero de 2003 por importe de 480 € mensuales que reconoce la parte demandada que es una aportación que realizaba el actor, ingreso que deja de efectuarse en fecha de 2 de diciembre de 2004 fecha que coincide con el momento en que, separados ambos cónyuges, se presenta la correspondiente propuesta de convenio regulador en enero de 2005, que se acoge en sentencia de separación de fecha 2 de marzo de 2005, dictándose con posterioridad sentencia de divorcio el 25 de septiembre de 2017. En la sentencia de separación ya se hacía constar expresamente que los cónyuges con posterioridad su matrimonio habían otorgado escritura de capitulaciones matrimoniales en la que establecía como régimen económico matrimonial el de separación de bienes, concretamente el 18 de marzo de 1998. Por lo tanto se trata de un matrimonio en el que a partir de dicho momento no existe ninguna confusión de bienes entre ambos ya que no estaban sometidos al régimen económico matrimonial de gananciales. En los movimientos que aparecen en la cuenta tras la separación de los cónyuges se observa un traspaso a cuenta el 22 de diciembre de 2004 de 83,880,00 €, un traspaso desde cuenta de 8000 € el 15 de febrero de 2006, un cargo por importe de 43.200 € en concepto cuya descripción no es clara, que deja la cuenta con un saldo de 62,05 €, abonos y reintegros en diversas fechas de febrero de 2008 que mantienen la cuenta con el mismo saldo y un abono el 4 de noviembre de 2009 de 101.392,99 €, produciéndose un cargo posterior el 17 de marzo de 2010 de la misma cantidad que deja la cuenta a cero, y un abono el 2 de abril de 2014 de 107.305,98 € con un cargo por la aportación inicial al seguro de ahorro infantil de 107.305,98 €. Según el oficio remitido Unicaja se trata de la contratación de un seguro de ahorro infantil con número de cuenta NUM001, firmado por doña Virtudes en el que intervenían como tomadores y asegurados su hija Tatiana y la propia Virtudes y en fecha 3 de abril de 2014 se incluyó como beneficiaria a Adelina. Desconocemos el extracto de la cuenta corriente acabada en 2819 por cuanto no se aporta al procedimiento, y desconocemos asimismo el origen del importe de 107.305,98 € que se realiza el 2 de abril de 2014 en concepto de "unicorp Vida, unicorp ahorro". No entraremos a analizar ahora tampoco, por cuanto nada se valora en la sentencia recurrida al respecto y nada se cuestiona en el recurso, si las cantidades existentes en la cuenta corriente respondían a una donación efectuada en relación a la hija menor de edad durante su minoría de edad respecto de la que pudiera tener falta de capacidad para su aceptación.

Así, con independencia del origen de los fondos, origen último por lo que respecta a la disposición de 107.305,98 € que no se acredita en modo alguno y que responde a esas operaciones de inversión en activos distintos que realizaban los progenitores en relación a la cuenta de la hija menor de edad, debemos señalar que la titular de la cuenta corriente era la hija menor de edad y que por lo tanto ella es la propietaria de los fondos depositados. Ello no obvia que la administración de tales fondos le correspondía a los padres como representantes legales de Doña Tatiana durante su minoría de edad, pero debemos entender que, dado que en el momento en que se realiza la operación relativa al cargo por la contratación del seguro de ahorro infantil, en fecha 2 de marzo de 2006 los cónyuges se encontraban separados, y la custodia de la menor la tenía atribuida la progenitora, en ausencia de ninguna prueba que acredite que el padre o la propia menor tuvieran conocimiento de la disposición efectuada, no estamos ante un acto de administración dentro del ejercicio ordinario que incumbe a los progenitores en el ejercicio de la patria potestad ya que se lleva a cabo la contratación de un producto financiero, cuyas características y riesgo desconocemos, en el que figura como beneficiaria una tercera persona, al parecer familiar de la demandada y respecto del que debería haberse escuchado a la menor, ya que es una decisión que podría afectar a nivel patrimonial a la hija, al dejar sin saldo la cuenta corriente de la que la titular, constando que la hija tenía entonces 15 años de edad y por lo tanto suficiente madurez para poder comprender el alcance dicho acto. De otro lado tratándose de un acto de disposición de una cantidad importante y pudiendo existir discrepancias entre los progenitores en el ejercicio de la patria potestad, la disposición de los fondos debería haberse comunicado al progenitor y en el caso de desacuerdo haber acudido la autoridad judicial de acuerdo con el artículo 156 del Código civil.

Por lo expuesto el primer motivo de apelación debe ser desestimado.

CUARTO.- En segundo lugar como un motivo de apelación la recurrente se refiere al último extremo antes mencionado y así al conocimiento que tenía el progenitor de la contratación de un seguro de ahorro infantil para la hija (añade que aparecían como "beneficiarias ambas") sin que ningún momento se opusiera a la firma del contrato.

Al respecto debemos indicar que del oficio remitido por Unicaja en ningún momento no consta que las beneficiarias eran Doña Virtudes y su hija, sino que la única beneficiaria era Doña Adelina, familiar de la progenitora, y de otro lado por lo que respecta al conocimiento por parte del progenitor de la contratación de dicho seguro y la falta de oposición, no se ha practicado ninguna prueba que evidencie que el padre conocía la contratación del seguro, y la disposición de fondos, además de que la contratación de dicho producto financiero ha supuesto dejar la cuenta con un saldo cero, y como la propia parte demandada manifiesta, dichos fondos no han sido reintegrados en la cuenta por entender que son de su propiedad.

En relación al resto de cuestiones que se alegan en el recurso, y así la minoría de edad de la hija menor, ciertamente, como hemos señalado, la administración de los bienes de la menor correspondía a sus progenitores de acuerdo con los preceptos del Código civil a los que antes nos hemos referido, pero dicha administración debe efectuarse "con la misma diligencia" que los bienes propios de todos los hijos, cumpliendo las obligaciones generales de todo administrador, y en este caso concreto se trata además de una disposición de fondos de una cuantía muy elevada, sin que pueda confundirse la "administración" de los bienes con la total disposición de los fondos para hacerlos suyos, pues la titularidad de la cuenta era de la menor y por lo tanto ella era la propietaria del saldo de la misma. Tampoco puede sostenerse una responsabilidad "por mitad" como sostiene la apelante en referencia una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, pues parte un supuesto de hecho distinto en el que al parecer la disposición de esas cantidades se hizo con conocimiento de ambos progenitores, y no como ocurre en este caso de forma unilateral por la parte demandada.

Por todo ello debemos desestimar también el segundo motivo de apelación confirmando íntegramente la sentencia de instancia.

QUINTO.- Dado el sentir de esta sentencia, por imperativo del artículo 398 de la L. E. Civil, desestimándose el recurso procede la condena en costas a la parte apelante

SEXTO.- Por aplicación de la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 8 de la L. O. P. J., añadida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de Noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, ante la estimación del recurso, procédase a la perdida a la parte apelante de la totalidad del depósito constituido para recurrir.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.